Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125306
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.306, "Jacobo, Estefanía Soledad contra Yacobone, Gustavo y otros. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino rechazó la acción deducida e impuso las costas a la parte actora vencida (v. fs. 477/492).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 499/507 vta.). A fs. 509/510 el a quo concedió dicho remedio y otro de nulidad. Este último, con posterioridad, fue declarado mal concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 499/507 vta.).
Dictada la providencia de autos el día 2 de junio de 2021 (llamamiento que, suspendido el 29-IV-2022, fue reanudado el 8-VIII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la demanda instaurada por Estefanía Soledad Jacobo contra José Molinari, Carlos Molinari, María Inés Fandiño, Dinoba S.A. y Gustavo Yacobone, mediante la que procuraba el cobro de indemnización por daños y perjuicios padecidos como consecuencia del accidente de trabajo en el que perdiera la vida su padre Eduardo Daniel Jacobo (v. fs. 477/492).
Con las declaraciones testimoniales, la documental y las constancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), tuvo por probado que los codemandados José Antonio Molinari, Carlos Alberto Molinari, María Inés Fandiño y Dinoba S.A. eran los comitentes de la obra y los señores Ricardo Miguel Jacobo y Eduardo Daniel Jacobo eran los contratistas, que se vincularon contractualmente bajo la figura de la locación de obra. Asimismo, consideró que el infortunio se produjo mientras el causante ejecutaba las tareas de reparación encomendadas.
Con base en las pruebas rendidas en autos -y conforme lo determinado en el veredicto- concluyó que la demandante no logró acreditar la existencia de un vínculo laboral entre su padre y los codemandados, y añadió que "...es poco lo que explica en relación a la extensión y modalidad de la relación de trabajo" (fs. 478).
Entendió que tal conclusión era suficiente para relevar de responsabilidad al codemandado Gustavo Yacobone, toda vez que la pretensión había sido introducida con sustento en la vinculación laboral y la actora no demostró que el señor Eduardo Daniel Jacobo se desempeñara en relación de trabajo subordinado.
Señala que de la IPP -que luce agregada por cuerda- surge que Miguel Ricardo Jacobo era el encargado de la obra y que él había contratado gente, entre ellos, a su hermano, con quien tenía una sociedad. En esa línea, se refiere a una conversación entre ambos, la que había conocido Yacobone, en la que sostenían que debían "...hacer un seguro por una ART..." (fs. 480 vta.).
Luego, sostuvo que habiéndose concluido que no existía relación laboral, sino que se encontraban vinculados por un contrato de locación de obra, no correspondía atribuirles a los codemandados responsabilidad por el riesgo de la actividad con fundamento en las previsiones del art. 1.113 del Código Civil. Indicó que los trabajos de reparación en los techos del inmueble encomendados son ciertamente riesgosos, de modo tal que conforman el concepto de "cosa" en los términos del mentado artículo. Sin embargo, a la hora de endilgar responsabilidad por el riesgo de la actividad en sí misma, sostuvo que es menester que quien es sindicado como responsable revista el carácter de guardián de dicha actividad, condición que -consideró- no era dable atribuir a los coaccionados comitentes de la obra.
Asimismo, estableció que tampoco podía atribuirse a los codemandados responsabilidad subjetiva en los términos del art. 1.109 del Código Civil, pues no era su obligación supervisar si el contratista cumplía con las normas de seguridad e higiene en el trabajo respecto a su persona. En ese orden, aclaró que no se refería a la responsabilidad solidaria del art. 32 de la ley 22.250 en relación con los dependientes del contratista, sino de la responsabilidad subjetiva del comitente o dueño de la obra frente al mismo empresario responsable de las tareas de reparación.
Entendió que no había elementos de prueba tendientes a acreditar la mecánica del hecho, ni la altura del techo del inmueble en reparación, ni qué tareas se encontraba realizando Eduardo Daniel Jacobo.
Destacó que si bien tampoco se probó de manera concluyente cuál había sido la participación de las cosas (la chapa del techo del inmueble en reparación) en la producción del daño -ello es, la caída del señor Jacobo, que desencadenara el luctuoso final-, no debía soslayarse que correspondía evaluarse en el contexto del riesgo mismo de toda obra en construcción, que se encontraba precisamente bajo la guarda del constructor (carácter que, junto a su hermano, revestía el padre de la actora). De allí que la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa productora del daño no debía endilgarse a los propietarios, en tanto se verificó que el accidente se produjo mientras se estaban ejecutando los trabajos.
II. La legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 499/507 vta.), en el que denuncia violación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 35 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.198 del Código Civil; 9 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y 32 de la ley 22.250.
II.1. Sostiene que debieron aplicarse los principios de primacía de la realidad y de buena fe, plasmados no solo en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo sino también en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que -sostiene- expresamente legisla que, en caso de duda, la interpretación debe realizarse a favor del trabajador.
II.2. Refiere que el órgano de grado incurrió en el vicio de autocontradicción y alega vulneración de la doctrina de los actos propios, así como la violación del postulado de la congruencia y la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte a su respecto.
Se afirma en esa conclusión por cuanto el tribunal de grado a fs. 234/236 rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia -planteada por los coaccionados-, aunque -luego- en la sentencia, determinó que no existió entre las partes una típica relación de trabajo, sino un contrato de locación de obra.
II.3. Cuestiona que el sentenciante no haya tenido por acreditada la relación laboral con los codemandados.
Afirma que el vínculo encuadraba en la ley 22.250, en tanto, de las pruebas colectadas en autos -en especial, la testimonial- surge que el día de su muerte, el señor Jacobo -padre de la actora- realizaba tareas como albañil en el reacondicionamiento de un local comercial propiedad de los codemandados.
Indica que Yacobone fue traído al juicio como uno de los contratistas o empleadores y, por ende, era responsable y dirigía los trabajos. Considera que, en el caso, resulta evidente la vinculación laboral entre el causante y aquel, así como también la responsabilidad solidaria de los titulares de la obra.
II.4. Destaca que el sentenciante rechazó la acción basado en la premisa de que los codemandados José Antonio y Carlos Alberto Molinari y María Inés Fandiño eran los comitentes de la obra y los señores Ricardo Miguel y Eduardo Daniel Jacobo, eran los contratistas.
En esa línea, denuncia que el fallo del tribunal de origen viola principios laborales fundamentales sobre la base de errores o desinterpretaciones que llevan al absurdo. Asimismo, manifiesta que aplicó equivocadamente la ley y la doctrina legal, y valoró de modo arbitrario la prueba producida en autos, especialmente las declaraciones testimoniales, la causa penal y el contrato de locación de obra presentado por los coaccionados, cuya falsedad -entiende- quedó demostrada.
Alega que, si bien estos últimos acompañaron dicho contrato, de la pericia caligráfica surgió que no era de su padre la firma allí inserta, lo que implica una "estafa procesal" (v. fs. 504), que no fue considerada por el tribunal de mérito como un elemento riguroso de evaluación al momento de sentenciar, ni tampoco como una presunción a favor de la parte actora.
Entiende que el juzgador de grado incurrió en absurda y errónea apreciación de la prueba, toda vez que con apoyo en los testimonios ofrecidos tuvo por acreditado que el causante era el contratista de la obra, dejando a la actora sin derecho al cobro de la indemnización por la muerte de su padre. Insiste en que, pese a que la carga de la prueba correspondía a los codemandados, estos no realizaron actividad procesal útil a los fines de demostrar la existencia del contrato de locación de obra.
II.5. Advierte que el órgano de grado incurrió en el mencionado vicio, en tanto, para resolver, consideró que no había elementos de prueba tendientes a demostrar la mecánica del accidente ocurrido.
Plantea que de los elementos de juicio colectados en sede penal (IPP 55.019/06, agregada por cuerda) se extraen todas las constancias del suceso, forma de ocurrencia y demás circunstancias que rodearon el desenlace fatal, y que, si bien como principio los jueces no están obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas, la prescindencia de ciertos elementos -a su criterio- fundamentales, decidiendo en contrario a lo que inequívocamente surge de ellos, implica un menoscabo directo e inmediato a la defensa en juicio.
Añade que la demanda se basó en el art. 1.113 del Código Civil, esto es, el riesgo mismo de la cosa y de la actividad llevado a cabo por el obrero, lo que puso fin a su vida. Señala que el trabajador cayó del techo por no contar con arnés de seguridad ni elementos de protección suficientes. En definitiva, enfatiza que el infortunio aconteció por el riesgo mismo de la labor encomendada.
En ese orden, entiende que los codemandados no produjeron prueba a los fines de demostrar la culpa de la víctima o de un tercero, mientras que -argumenta- la parte actora probó que la caída que produjo el deceso fue en la propiedad de aquellos.
III. El recurso no prospera.
Por razones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios traídos a los fines de su abordaje.
III.1.a. En primer lugar, cabe señalar que resulta inatendible el embate dirigido a evidenciar la contradicción que se atribuye al fallo dictado por el órgano de grado.
Oportunamente el tribunal de origen rechazó la excepción de incompetencia planteada al contestar la demanda, con fundamento en que, en el limitado marco cognoscitivo de esa etapa procesal, no era posible determinar la naturaleza de la relación invocada por las partes -habiendo la actora alegado un vínculo de tipo laboral-, porque dicho extremo debía sujetarse a prueba, toda vez que el objeto de la pretensión era una cuestión de fondo y no de previo y especial pronunciamiento y debía ser resuelta en oportunidad de dictar sentencia (v. fs. 235 y vta.).
Luego, conforme surge de la reseña efectuada precedentemente, en esta última etapa, entendió probada la existencia de un contrato de locación de obra y no de la relación de trabajo invocada en el escrito de inicio.
En estas condiciones, el yerro que se imputa al tribunal interviniente no se observa verificado.
III.1.b. Luego, tampoco es de recibo el agravio relativo a la pretendida trasgresión del principio de congruencia.
Sabido es que dicho postulado implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014; L. 116.721, "Arce", sent. de 10-XII-2014 y L. 114.401, "Stanley", sent. de 11-II-2015); extremos que la interesada no consigue poner en evidencia en la especie.
III.2.a. También debe desestimarse la crítica orientada a cuestionar la falta de acreditación de la relación de dependencia invocada.
Esta Suprema Corte tiene dicho que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017 y L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa. Ahora bien, en la especie, no se observan verificadas estas extremas anomalías.
Recuérdese que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el referido vicio (causas L. 118.442, "Lama", sent. de 26-XII-2018; L. 120.395, "Laterza", sent. de 29-VI-2020 y L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020).
III.2.b. Para más, en el caso, las motivaciones que definen el contenido de la crítica se reducen a la exposición de un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el absurdo (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020).
En efecto, la réplica ensayada no es apta para desvirtuar el razonamiento que condujo al juzgador de grado a considerar no acreditado en autos que el padre de la actora tuviera un vínculo de índole laboral con los codemandados y, a la par, la conclusión que, asentada en las declaraciones testimoniales, la documental adunada a la causa y las constancias de las actuaciones penales, estableció demostrado que los hermanos Jacobo eran los encargados de la obra.
La crítica traída transita sobre meras apreciaciones personales de la recurrente en torno al modo en que considera que debió valorarse la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo solo puede tenerse por configurado ante una cabal demostración de su existencia, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido solo se dirige -como acontece en el caso- a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación del material probatorio (causas L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014; L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021).
III.3.a. Idéntica suerte adversa ha de correr el agravio dirigido a cuestionar la valoración de la prueba testimonial, en tanto tal faena también se halla reservada a los jueces de origen, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
III.3.b. Tampoco resultan útiles para conmover la decisión de grado las alegaciones formuladas sobre la prueba pericial caligráfica producida en autos a fs. 374/412 vta.
A propósito del concreto planteo expuesto en la pieza impugnativa, preciso es señalar que, luego de analizarla, el tribunal de grado expresó que dicho medio probatorio no fue gravitante para arribar a la conclusión fáctica central del fallo.
Expresó que fue realizada sobre la documental obrante a fs. 110, que -destacó- estaba fechada el 8 de enero de 2007, es decir, con posterioridad al deceso del señor Eduardo Daniel Jacobo (v. vered., fs. 481), sin que la recurrente aporte argumentos destinados a rebatir esta concluyente declaración.
III.4. En otro orden, no merecen recepción los agravios dirigidos a revertir la aplicación de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil.
III.4.a. Corresponde recordar que esta Suprema Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 100.037, "Negretti", sent. de 5-V-2010; L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
Con sujeción a estas premisas, la impugnación no resulta eficaz para conmover lo resuelto en el fallo atacado.
III.4.a.i. En efecto, ninguna réplica con aptitud formula la interesada a fin de descalificar el rechazo de la responsabilidad en los términos del citado art. 1.113.
Más allá de las conclusiones a las que arribó el sentenciante de grado en el veredicto respecto de la prueba de la mecánica del accidente, lo cierto es que, a la hora de resolver sobre el encuadre del caso en la mencionada norma, lo hizo amparado en distintos argumentos.
Obsérvese que, en primer lugar, tuvo por acreditado que el padre de la actora era uno de los contratistas de la obra, y que el infortunio se produjo mientras ejecutaba las tareas de reparación encomendadas.
Luego, conforme fue reseñado en los antecedentes, consideró que no existía relación laboral entre el padre de la accionante y los codemandados, sino que se encontraban vinculados por un contrato de locación de obra.
En ese contexto, hizo hincapié en que a la hora de endilgar responsabilidad por el riesgo de la actividad en sí misma, era menester que quien es sindicado como responsable revista el carácter de guardián de dicha actividad, condición que -sostuvo- no era factible atribuir a los coaccionados comitentes de la obra. Señaló, asimismo, que la responsabilidad por el riesgo de la actividad se atribuye al empleador en el marco del contrato de trabajo, por ser el guardián de la misma, lo que se refuerza con el deber de seguridad que surge del art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, más -indicó- no es el caso de autos, en que el empresario es el productor de la actividad riesgosa.
En síntesis, destacó que toda obra en construcción implica un riesgo y que se halla bajo la guarda del constructor, carácter que -según entendió- revestían el padre de la actora y su hermano.
III.4.a.ii. Sin atender los argumentos medulares del pronunciamiento, la recurrente circunscribe el planteo a intentar poner en evidencia el riesgo mismo de la cosa y de la actividad desarrollada por el causante, adjudicando el fatal desenlace a la ausencia de arnés y elementos de protección, insistiendo en que correspondía a los codemandados probar la culpa de la víctima o de un tercero.
Desde esta perspectiva y, a la luz de las razones blandidas en el fallo de grado, no es difícil colegir que las motivaciones esenciales que lo dotan de sustento lucen -como anuncié- incontrovertidas.
III.4.b. Concerniente al fundamento de la sentencia amparado en la no configuración de los presupuestos del art. 1.109 del Código Civil, en el pronunciamiento de origen se estableció que tampoco podía atribuirse a los comitentes codemandados responsabilidad subjetiva en los términos de la citada norma. Sostuvo el tribunal que no era su obligación supervisar si el contratista cumplía con las normas de seguridad e higiene en el trabajo en relación a su
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