Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126342
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.342, "Gaddi, Perla Beatriz contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 119/144 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-VI-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo consideró acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la señora Perla Beatriz Gaddi padece "disfonía funcional crónica", presentando una incapacidad del 18,3% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 119/122).
Luego, declaró que la accionante resultaba acreedora de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, calculada según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Con sustento en dicha norma, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador y arribó a la suma de $49.484,14 aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE, v. sent. fs. 126 y 128). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, ello, conforme el art. 12 apartado 2, ley citada y elevó el ingreso base de la actora a la suma de $112.787,20 (v. sent., fs. cits.).
Posteriormente, se abocó a analizar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada respecto del mencionado art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348). Al respecto, afirmó que la norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos: durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice RIPTE (art. 12 apdo. 1); y desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización por conducto de la tasa activa del Banco Nación (art. 12 apdo. 2). Estos, destacó, son compatibles con el carácter de deudas de valor puesto que -según argumentó- en la ocasión en que resulta determinada la liquidación de la indemnización, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago.
Expuso que, si bien el art. 11 de la ley 27.348 no importa un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, de todas maneras, dicha normativa, por ser una ley especial y posterior, puede diferir de lo establecido por la ley 23.928 de igual jerarquía.
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($1.871.184,16), con más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 ($374.236,83), arribando a un monto total de $2.245.420,99 (v. fs. 137 vta.).
Cuantificado el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el tribunal de grado señaló que en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Fue allí que consideró aplicable el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por la ley 27.348-, el cual interpretó- "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios..." en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial, desplazando así, tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 -texto según ley 14.399- por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso -continuó expresando- lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios (v. fs. 138 y vta.).
Con esa definición, sostuvo que dicho precepto -claro: el mentado art. 12 apartado 3 de la ley de infortunios laborales- debía ser interpretado en forma sistemática con los apartados 1 y 2 del mismo artículo que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación. A partir de ello, precisó que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito.
En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa "pura" del 6% anual. Seguidamente, decidió que la suma obtenida en dicho cálculo se capitalice conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, debiendo devengar -desde el momento del fallo y hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., fs. 138/141).
Seguidamente, dijo que devenían inoficiosas las defensas introducidas por la demandada y que la doctrina legal sentada en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016) no eran aplicables a los créditos del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo en los que la primera manifestación invalidante hubiera ocurrido con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.348, cuerpo normativo que crea una tasa legal de interés que desplaza a la indicada doctrina judicial, elaborada sobre la base de circunstancias fácticas y jurídicas disímiles a las que se presentan en el caso (arts. 768 apdo. "b", Cód. Civ. y Com. y 12 apdo. 3, ley 24.557 -texto ley 27.348-).
Clausurando esta parte del fallo, agregó que no existía impedimento jurídico alguno para que se verifique un supuesto de "anatocismo", en tanto el art 770 inc. "d" del Código Civil y Comercial establece una excepción que se configura en el caso con lo previsto en el art 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, reformado por la ley 27.348 (v. fs. 141).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conf. art. 4, ley 25.561-; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 8-VI-2020).
II.1. Por un lado, cuestiona que el tribunal de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado precepto plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.2. Objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Controvierte el argumento dado por el juzgador de grado respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto -afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1. El cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348- y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022).
Entonces, ha de permanecer incólume este tramo del pronunciamiento (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Sentado lo anterior, tampoco es de recibo el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia.
III.2.a. Circunscripta la potestad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 3-III-2020 y L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021), puede observarse que los agravios traídos por el recurrente lucen insuficientes para neutralizar lo decidido en la instancia de grado.
III.2.b. Es que los argumentos que despliega el impugnante contra el modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pretenden encontrar apoyo en su propia visión del caso en vinculación con la lectura que propone de las normas y la jurisprudencia que refiere. Ello no alcanza en esta sede extraordinaria para obtener la revocación de lo juzgado en el pronunciamiento.
El discurso que trae el quejoso, con cardinal andamiaje en el inc. "c" del art. 770 del Código Civil y Comercial, parte de afirmar que la accionada a la fecha de la sentencia no incurrió en ningún supuesto de mora pues es obvio que al momento de su dictado no se verifica ninguna dilación en el pago de la liquidación ordenada judicialmente, como -asegura- exige la normativa aplicable.
Sin embargo, con tales afirmaciones se desentiende de que lo decidido por el a quo se fundó en la interpretación que hizo del contenido del mentado art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 -texto modificado por ley 27.348- precepto que -en un razonamiento que en este preciso aspecto implicó el desplazamiento de toda otra previsión- dijo que "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios...". Ello no es un dato menor si se considera que bajo esa inteligencia, también hubo de sostener que el punto de partida del cómputo de los intereses moratorios -situado en la exigibilidad del crédito- debía remontarse a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad; así, no aludió a ninguna hipótesis de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia para aplicar la especial tasa de interés del último de los incisos del referido art. 12, más allá que juzgó que debía operar -a causa de la "actualización" realizada del crédito- sobre el importe capitalizado y recién desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago (v. fs. 138 y vta.).
III.2.c. Firme aquella motivación, pierde vigor el núcleo argumental sobre el cual pretende encontrar fundamento la impugnación.
Y en nada modifica la suerte adversa del recurso la reiterada remisión que efectúa el recurrente al mentado art. 770 del digesto civil y comercial, cuando una vez más pretende sortear el razonamiento del fallo para desconocer la "actualización" del crédito a la que allí se aludió conforme la lectura interconectada de los distintos preceptos del art. 12 de la ley laboral tantas veces aquí citada.
Otro tanto cabe decir de la jurisprudencia de esta Corte que se alega vulnerada.
Y vinculado con esto, en rigor, no se constata un embate que dé por tierra con las consideraciones que brindó el tribunal de trabajo acerca de los presupuestos sobre los que se forjó la doctrina elaborada en el caso C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), entre otros precedentes que desde sus distintas aristas se vinculan con la aplicación de las tasas de intereses a los créditos fijados en sede judicial. Y así, por ejemplo, en lo tocante a las directrices sentadas por este Tribunal en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016) que juzgó inaplicables a partir de la pertinencia al caso de la tasa legal de interés que contiene la ley 27.348 (v. fs. 140 vta. in fine y 141).
III.2.d. En virtud de lo hasta aquí dicho, son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; e.o.).
Entonces, la insuficiencia en la fundamentación del medio de impugnación traído sella su suerte adversa, no quedando margen para que esta Suprema Corte pueda ingresar en el análisis vinculado con el acierto sustancial de lo decidido por el órgano inferior en grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2023 09:33:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2023 15:00:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2023 10:02:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:04:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 11:01:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 12:55:19 hs. bajo el número RS-63-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia