Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada por las razones expuestas en el punto III.2.a. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, pondere las constancias obrantes en la causa y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.794, "Pellegrini, Cinzia contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires). Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 3-V-2021 y aclaratoria de 26-V-2021).
Se interpuso, por la legitimada activa, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 18-V-2021 y 7-VI-2021). Sin perjuicio de ello, esta Corte declaró mal concedido el segundo de los articulados (v. resol. de fecha 20-XII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto con fecha 18 de mayo de 2021?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la acción que la señora Cinzia Pellegrini promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba el pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo sufrido el día 3 de marzo de 2015 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 3-V-2021).
Para así decidir, determinó la indemnización a la que resultó acreedora la trabajadora en virtud del reclamo realizado en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo. En tales condiciones, y de acuerdo a los hechos que tuvo por probados, cuantificó la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 -modificado por el decreto 1.694/09-, en la suma de $501.709 (53 x $21.442 x 33,96% x 65/50). A dicho importe adicionó la indemnización estipulada en el art. 3 de la ley 26.773 ($100.341); totalizando la condena a cargo de la demandada el importe de $602.050.
Luego, dispuso que a dicha suma debía descontarse el dinero percibido por la actora en concepto de incapacidad permanente, parcial y definitiva abonada por la contraparte ($205.655).
Por otro lado, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por el que se objetaba que el ingreso base mensual fuera cuantificado teniendo en cuenta los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
Para así decidir, sostuvo que el agravio era "marcadamente insuficiente para conmover lo resuelto" (sent. pág. 13). En tal sentido, manifestó que la accionante pretendía que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley especial, pero omitió indicar cuál sería el método adecuado a sus intereses, limitándose a señalar que el precepto impugnado violaría los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, pero sin fundamentar, con debido sustento, de qué manera habrían sido conculcadas -en el caso- dichas garantías constitucionales.
Finalmente, por mayoría, resolvió que al capital de condena se le aplicaran intereses moratorios desde la fecha del accidente (3 de marzo de 2015) y hasta la fecha del supuesto pago parcial (12 de septiembre de 2017), a la tasa pasiva (BIP) del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Luego, descontó el monto que señaló como percibido por la trabajadora y -desde dicho hito- ordenó adicionar intereses hasta la fecha de la sentencia, a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en la resolución aclaratoria de fecha 26 de mayo de 2021, tras advertir que resultaba exacto lo sostenido por la parte actora en orden a que no se encontraba acreditado ni denunciado pago alguno por la aseguradora demandada en favor de la accionante en concepto de indemnización, dispuso que el capital de condena original ($602.050) devengara intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el día del accidente de trabajo (3 de marzo 2015) hasta el día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348 (4 de marzo 2017) y, a partir de allí y hasta la fecha de la sentencia, los accesorios fueran liquidados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (arts. 11, ley 27.348; 7 y 768, inc. "b", Cód. Civ. y Com.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 18-V-2021).
II.1. Se agravia de la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual dispuso descontar del capital de condena la suma de $205.655 en virtud de considerar probado que la aseguradora abonó dicho monto a la trabajadora. Denuncia que medió absurdo en la valoración de las constancias de la causa, en tanto -afirma- que aquel pago no fue alegado por ninguna de las partes.
En tal sentido, manifiesta que lo único que se denunció al respecto -como hecho nuevo- fue un ofrecimiento por parte de la demandada, el cual nunca se efectivizó.
II.2. Por demás, critica la conclusión amparada en el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, bajo el argumento de la ausencia de indicación del mecanismo que se debía aplicar.
Advierte que el a quo incurrió nuevamente en absurdo en la ponderación de las constancias de la causa, en tanto en el escrito de inicio se sostuvo que el ingreso base debía calcularse conforme la mejor remuneración normal y habitual percibida por la actora según el informe del perito contador. En ese orden, alega que en el punto 3 del dictamen pericial contable se indicó que dicho valor era de $59.742,07, suma muy superior a los $21.442 tomados por el órgano de origen. De esta manera, aduce que su petición fue debidamente fundada y acreditada en autos.
Agrega que, al aplicar el ingreso base tal como lo dispone en su redacción original la norma cuestionada, también se apartó de la pericia aludida, desde que en la respuesta al punto 4, la experta determinó como tal, la suma de $25.040.
En definitiva, sostiene que las conclusiones del fallo de origen se apoyan en meras afirmaciones dogmáticas.
II.3. Por otra parte, asegura que la sentencia debe ser revocada por cuanto se aparta de la doctrina legal establecida en los precedentes L. 119.314, "Gómez" (sent. de 27-XII-2017); L. 121.127, "Galarze" (sent. de 13-III-2019); L. 118.403, "Bruch" (sent. de 21-VI-2017) y L. 119.914, "A., D.A." (sent. de 22-VI-2020).
Manifiesta que de las causas citadas surge que es criterio de esta Suprema Corte que, con el fin de atender al principio de reparación plena, la indemnización debida al trabajador resulta ser una deuda de valor.
En ese marco, señala que no existe impedimento jurídico alguno para calcular el importe del resarcimiento con arreglo al salario vigente al momento en que se paga la indemnización, en tanto lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago. De este modo, resalta la diferencia del salario base al aplicar de modo literal el art. 12 de la ley 24.557 y calcularlo conforme la mejor remuneración percibida por la actora.
II.4. Para la hipótesis de declararse procedente el agravio vinculado con el cálculo del ingreso base, solicita se declare la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14, inc. 2 de la ley 24.557, en tanto el importe de la prestación lo superaría.
II.5. Finalmente, cuestiona que no se hayan capitalizado los intereses conforme el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial, el que -destaca- se encontraba vigente al momento de iniciar demanda. De este modo, solicita la acumulación de los accesorios al capital a partir de la fecha de la notificación de la demanda y, desde allí, la nueva cuantificación de los intereses.
III. El recurso procede parcialmente.
III.1. Inicialmente, corresponde observar que el agravio relativo a la suma descontada del capital de condena ha devenido sobrevinientemente abstracto, desde que fue acogido por el tribunal en la resolución aclaratoria del 26 de mayo de 2021, al abordar una crítica similar a la aquí introducida por la ahora recurrente en el escrito electrónico de fecha 7 de mayo de 2021, razón por la cual no corresponde emitir pronunciamiento alguno (Causas L. 92.594, "Milesi", sent. de 3-X-2007; L. 103.559, "Abrain", sent. de 10-X-2012; L. 108.219, "González", sent. de 6-IV-2016; L. 120.562, "González Roldan", resol. de 6-XII-2017; L. 120.948, "Cano", resol. de 29-VIII-2017; e.o.).
III.2. Por otro lado, sin abrir juicio respecto de la solución que corresponda adoptar en cuanto a la cuestión sustancial sometida a conocimiento del juzgador de mérito, considero que asiste la razón a la impugnante al denunciar que el tribunal de grado desatendió el tópico propuesto por su parte al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base.
III.2.a. De un lado, porque contrariamente a lo expresado por el a quo -y como acertadamente se expone en el recurso-, de la presentación inicial se desprende que la parte actora solicitó "...se tome el haber mensual que informe el perito contador como mejor remuneración normal y habitual..." (fs. 65), circunstancia que torna manifiesto el desacierto en que incurrió el tribunal actuante al desestimar dicho planteo bajo el equívoco razonamiento afincado en la omisión de la actora de "...indicar cuál sería el mecanismo adecuado a sus intereses..." (sent. pág. 13).
No resulta ocioso memorar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en Casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; e.o.). Asimismo, ha sostenido este Tribunal que para encontrar configurada dicha anomalía se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023; e.o.), circunstancias que, por concurrir en el caso, habilitan a tenerlo por cometido.
III.2.b. De otro lado, porque en virtud de los antecedentes de la causa, cuya síntesis obra en el apartado inaugural, también acierta la quejosa cuando alega que el fundamento de la respuesta brindada al planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito de inicio con relación al art. 12 de la ley 24.557, ha resultado dogmático.
En efecto, de la lectura de la sentencia atacada (v. sent. págs. 13/14) se advierte que la conclusión sobre el tema constitucional en cuestión se limitó a considerar como insuficiente el planteo contenido en la demanda, sin brindar despliegue argumental alguno para justificar la declaración de congruencia constitucional frente al expreso pedido de invalidez articulado por la legitimada activa, a la luz del mecanismo de cómputo del ingreso base propuesto expresamente en lugar del previsto en la norma (v. fs. 65 y vta., escrito de demanda).
Desprovisto de suficiente sustento jurídico a la luz del planteo sometido a su consideración, el órgano de origen arribó a una decisión teñida de arbitrariedad, que -como tal- obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte (causas L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019; L. 120.182, "B., C. M.", sent. de 17-II-2021; L. 123.375, "Sindicato", sent. de 7-X-2021; L. 126.075, "Correa", sent. de 27-III-2023; e.o.), ameritando -sin que ello implique abrir juicio respecto de la cuestión de fondo- su revocación.
Sabido es que constituye deber de los magistrados motivar sus fallos (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, CPCC; 47 y 63, ley 11.653), máxime si ello importa per se la única réplica a una concreta petición vinculada nada menos que a la tacha de invalidez constitucional de una norma esgrimida de modo expreso por una de las partes.
III.2.c. En definitiva, la interesada logra evidenciar el desacierto del pronunciamiento que pone en tela de juicio, por lo que propongo hacer lugar al remedio interpuesto, casar el fallo de grado en lo que ha sido materia de agravio y devolver los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, pondere las constancias obrantes en la causa y dicte nuevo pronunciamiento, abordando debidamente la cuestión debatida.
III.3. Lo resuelto en el apartado anterior torna carente de virtualidad el abordaje de las criticas ensayadas en los puntos II.3. y II.4.
III.4. A su turno, debe ser desestimada la crítica afincada en que el tribunal de origen debió aplicar la capitalización de los intereses prevista en el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial.
En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en la Casación (causas L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; L. 125.100, "Aguirre", sent. de 29-XI-2022; L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022; e.o.).
En ese orden, se advierte que la petición concerniente a la aplicación de la citada norma legal -tal cual fue diseñada en el recurso-, bien pudo integrar la pretensión liminar, pues el Código Civil y Comercial de la Nación se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda (conf. art. 7, ley 26.994, modif. por ley 27.077), sin embargo, no lo hizo; tampoco, durante el trámite del presente proceso, la interesada desplegó argumento o solicitud peticionando aquella capitalización mensual tal como establece el mencionado art. 770, inc. "b"; ello, para posibilitar -de ese modo- la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, Const. nac.).
En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce la actora en esta instancia extraordinaria, se advierte que la crítica constituye una cuestión novedosa y, por ello, no susceptible de ser abordada por este Tribunal.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado de conformidad con lo indicado. En consecuencia, la causa deberá volver al tribunal de grado para que, con diferente integración, proceda conforme lo dicho en el punto III.2.c. de la presente.
Costas por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Solo he de aclarar que en orden al agravio emparentado con el rechazo dispuesto por el a quo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, acompaño la solución a la que arriba el ponente pues, como señala en el apartado III.2.a., lo resuelto en la instancia es fruto de una absurda valoración del contenido argumental que le fuere llevado por la parte actora oportunamente. Ese señalamiento es suficiente a mi juicio para justificar la revocación propuesta.
Costas por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio del doctor Torres con los alcances expresados por el doctor Soria en el propio.
Costas por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada por las razones expuestas en el punto III.2.a. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, pondere las constancias obrantes en la causa y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia