Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.969, "Díaz, Alejandra Verónica contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó el planteo de caducidad opuesto por la parte demandada, con costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 11-II-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 22-III-2022), el que, denegado en la instancia de origen (v. resol. de 21-IV-2022), fue concedido por esta Suprema Corte (v. pronunciamiento electrónico de fecha 19-IX-2022), previa deducción de la queja respectiva del 3 de mayo de 2022 (art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado, en el marco de la acción iniciada por la señora Alejandra Verónica Díaz contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por accidente de trabajo, rechazó el planteo de caducidad opuesto por la legitimada pasiva (v. pronunciamiento de fecha 11-II-2022).
Para así decidir, juzgó que —en el caso— no resultaban aplicables las disposiciones de la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), en tanto no se encontraban vigentes al momento del infortunio laboral, el cual, conforme lo expuesto en el escrito de inicio, había ocurrido el día 19 de abril de 2018.
Por ello, tras sostener la imposibilidad de aplicar retroactivamente las normas (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.), concluyó en que no se podía obligar al trabajador a cumplir con los plazos previstos en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, por lo que correspondía desestimar el pedido de declaración de caducidad de la acción iniciada el 10 de marzo de 2020.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 1, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 12, 58, 258 y 259 de la ley 20.744; 44 inc. 1 de la ley 24.557; 1, 2 y 3 de la ley 27.348; 34 inc. 4 y 266 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057; de la ley 14.997; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 22-III-2022).
II.1. Manifiesta que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 es aplicable al caso.
Alega que, si bien el art. 104 del citado cuerpo normativo indica que su entrada en vigencia es a partir del primer día hábil del mes de febrero de 2020, el art. 103 establece que desde la sanción de la ley de procedimiento citada y hasta tanto se pongan en funcionamiento los juzgados y Cámaras de Apelación del trabajo, la revisión establecida en el mencionado precepto estará a cargo de los tribunales de trabajo que sean competentes, configurándose de este modo, una excepción a la fecha de entrada en vigor, por lo que la disposición de referencia se encontraba plenamente operativa.
En ese marco, advierte que el órgano de grado incurrió en un razonamiento absurdo, vulnerando, a su vez, la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020), en la cual —destaca— al resolver acerca del ámbito temporal de aplicación de la ley 14.997, estableció que esta es de orden procesal y se aplica a los hechos in fieri o en curso de desarrollo. Sobre esos lindes, expresa que dichos lineamientos deben aplicarse respecto de la mentada ley 15.057, cuya naturaleza es también procesal.
En este sentido, concluye que la fecha de acaecimiento del siniestro no fija la aplicación de una determinada norma procesal, sino —sostiene— es el momento del inicio de la acción el que define su actuación. En el caso, según destaca, la demanda fue promovida cuando la norma en cuestión se encontraba vigente.
II.2. Luego, esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento previsto en las leyes 14.997 y 27.348, y del plazo de caducidad establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Al respecto, denuncia vulnerada la doctrina legal fijada por este Tribunal en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), ratificada luego en los autos L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
Manifiesta que el régimen legal en vigor deja expedita una doble vía de revisión, a saber: 1) apelar ante la Comisión Médica Central; o bien, 2) concurrir por vía de apelación ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial (arts. 17 y 18, resol. SRT 298/17). En ese marco, sostiene que, en el caso de autos, la parte actora ejerció la segunda opción fuera del plazo perentorio y fatal para hacerlo.
Agrega que esta Corte en las causas A. 69.495, "Bambill" (sent. de 21-X-2009) y A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos" (sent. de 18-X-2017) ha convalidado la constitucionalidad de los plazos de caducidad para incoar la acción judicial.
En conclusión, sostiene que la imposición del plazo de caducidad resulta razonable y adecuado al fin que propende y al derecho que reglamenta, y que —en modo alguno— implica cercenar el derecho a la jurisdicción ni el de defensa en juicio, garantías estas que, conforme la doctrina de este Superior Tribunal, se hallan plenamente aseguradas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, cabe señalar que la decisión cuestionada fue equiparada a definitiva cuando esta Corte se pronunció respecto de la queja deducida contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Asimismo, corresponde destacar que en aquella ocasión se declaró que el valor del litigio no superaba el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido solo podía justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso— (v. pronunciamiento electrónico de 19-IX-2022).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
III.2. Reducido de tal modo el marco de análisis del recurso, no se verifica la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva local.
III.2.a. Considero necesario aclarar que, aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), dicha posición ha resultado minoritaria. Siendo ello así, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y —especialmente— procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
III.2.b. Con arreglo a tal premisa entonces, como anticipé, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que mediante la denuncia de violación de la doctrina legal se pretenden someter a revisión de esta Suprema Corte agravios vinculados con la interpretación de normas procesales —concretamente, cuestionamientos atingentes al ámbito de aplicación temporal de una norma adjetiva—. Como tales, dichas críticas se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653 aplicable en la especie (conf. causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 125.310, "Huanca", resol. de 7-VI-2022; e.o.).
IV. En virtud de lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo señala mi distinguida colega doctora Kogan en su sufragio, al acoger la queja deducida en autos esta Corte equiparó a definitiva la resolución impugnada, cuando a su vez, precisó que el valor de lo cuestionado no superaba en el caso el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, con lo cual —sostuvo— cabía verificar la existencia —o no— de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso).
I.2. En dicho contexto, emprendiendo el examen referido, no se observa que el recurrente evidencie la violación de doctrina legal con el alcance dado por este Tribunal, en tanto es sabido que esa transgresión se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
Antes bien, y en sustancial concordancia con lo dicho por la ponente en el punto III.2.b. de su sufragio, los cuestionamientos traídos bajo la alegada infracción giran en torno al ámbito de aplicación temporal de una norma procesal, lo que resulta ajeno al carril de excepción por el que transita el recurso (causas L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.085, "Pedrozo", resol. de 10-IV-2023). Ello conduce a desestimar el medio de impugnación.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso deducido como se indica en el sufragio inaugural, con costas (art. 289, CCPC).
Con el alcance indicado , así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2024 11:32:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/12/2024 00:01:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 13:47:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 09:57:49 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 11:05:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 12:05:10 hs. bajo el número RS-123-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia