Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126547
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad traído. Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.547, "Ayala, Marcelo Eugenio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó la impugnación formulada por la parte demandada a la liquidación practicada por el perito médico y dispuso su formal aprobación (v. pronunciamiento de fecha 14-X-2020).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-X-2020), el que fue denegado en la instancia de grado y luego concedido por esta Suprema Corte al hacerse lugar a la queja interpuesta en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen, en la etapa de ejecución de la sentencia, tuvo por aprobada la liquidación de intereses practicada por el perito psiquiatra Mario Benente y, en consecuencia, rechazó la impugnación que realizó la ejecutada (v. pronunciamiento de fecha 14-X-2020).
Para así decidir, con apoyo en lo normado por el art. 54 inc. "b" de la ley 14.967 y considerando inaplicable el precedente A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015), entendió que debía resolver con apoyo en el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto contempla la adición de intereses según la tasa activa, conforme lo preceptuado en el art. 552 de dicho digesto.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 10 de la ley 23.928; 4 y concordantes de la ley 25.561; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica.
II.1. De un lado, considera que el tribunal de grado, al aprobar la liquidación practicada por el perito médico y sostener la aplicación de la tasa activa, con fundamento en los arts. 54 inc. "b" de la ley 14.967 y 552 del Código Civil y Comercial de la Nación, actuó en clara violación del art. 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Expone que esta última norma importa la derogación del art. 197 de la ley 10.620 —texto según ley 13.750— en la medida en que establece, para el caso de mora en el pago de honorarios profesionales de peritos, la aplicación de la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.
Explica que dicha tasa activa, destinada a retribuir la actividad comercial financiera de las entidades bancarias, contiene, además del "interés puro o real", una serie de ingredientes entre los que se encuentran el costo operativo del banco, la tasa de riesgo y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda o "indexación por inflación", consagrando así una "indexación encubierta" que el art. 10 de la ley 23.928 repudia y prohíbe de manera imperativa.
Agrega que el interés previsto en la referida norma arancelaria no es exclusivamente moratorio, sino también compensatorio, pues no solo pretende resarcir al perito acreedor por la falta de cobro durante el tiempo de la mora, sino que, además, pretende ponerlo a resguardo de la depreciación monetaria.
II.2. Por otro lado, pone de relieve que la decisión adoptada por el juzgador de origen transgrede doctrina legal de esta Corte sentada a partir de la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015), así como también en la causa L. 119.603, "Quetglas" (sent. de 6-XI-2019), en la que hace extensivo el criterio sostenido en el primero de los precedentes citados respecto de los intereses sobre los honorarios de los peritos contadores.
Puntualiza que, en el presente caso, se trata de la ejecución de honorarios del perito psiquiatra, con lo cual ante la analogía —según indica— entre las normas aludidas (ley 8.904 de honorarios de abogados y ley 10.620 de honorarios de peritos contadores), el criterio del fallo señalado debe hacerse extensivo a los emolumentos de peritos psiquiatras, los cuales —refiere— no contienen una normativa específica que regule el cobro de sus estipendios. Aduce entonces que al tratarse de un servicio profesional objeto de regulación judicial deben aplicarse idénticas pautas, pues lo contrario importaría la violación del derecho a la igualdad.
Resalta que, tal como dijo el exjuez doctor de Lázzari al emitir su voto en el referido fallo "Quetglas", resultaría injusto que exista un distinto tratamiento en lo que respecta a los honorarios de los letrados y auxiliares de justicia.
De igual modo, entiende que la solución adoptada por el tribunal de grado transgrede la doctrina legal que emerge de las causas L. 90.768, "Vitkauskas" (sent. de 13-XI-2013); L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.690, "Vera" (sent. de 11-X-2017) y C. 121.360, "Fuentes Benitez" (sent. de 14-VI-2020).
Asimismo, destaca que tampoco es procedente la actualización de honorarios del profesional patrocinante, con sustento en la normativa del art. 54 inc. "b" de la ley 14.967, por ser contraria a la doctrina legal de las causas ya citadas "Isla" y "Fuentes Benítez".
II.3. Por último, indica que el juzgador de grado realizó una aplicación mecánica y arbitraria del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que —señala— dicha normativa específica se refiere a las deudas por alimentos entre parientes, estableciendo —en el caso de incumplimiento— la tasa de interés más alta que cobran los bancos a sus clientes.
Expone que los presupuestos fácticos que podrían habilitar tal discusión —sobre la aplicación o no del precepto referido—, no han sido invocados e introducidos en tiempo oportuno, en respeto de los principios de bilateralidad y contradicción, implicando la violación de los derechos de defensa y propiedad (arts. 17 y 18, Const. nac.).
III. El recurso debe desestimarse por los siguientes motivos.
III.1. Corresponde señalar que a la época en que se suscitó, en la etapa de ejecución de la sentencia, la controversia entre las partes interesadas, la doctrina legal vigente sobre el tema vinculada con los intereses a aplicar respecto de los honorarios de los abogados es la que emana del precedente A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015), mencionado por el Fisco recurrente, y que fuera reiterada —con posterioridad— en las causas registradas como A. 75.502, "Mascali" (sent. de 29-XII-2020) y C. 121.813, "Ripoll" (sent. de 30-VIII-2021) —en esta última, destaco, en la que tuve la oportunidad de intervenir—.
Desde esta perspectiva, le asiste la razón a la impugnante, incluso en cuanto sostiene que en los autos L. 119.603, "Quetglas" (sent. de 6-XI-2019), esta Suprema Corte —por mayoría— anunció la extensión por analogía de la solución adoptada en la referida causa "Isla" con relación a los emolumentos de un perito contador.
III.2. Ahora bien, tal circunstancia no resulta gravitante per se para resolver el caso bajo estudio, toda vez que —a mi modo de ver— las constancias obrantes en la causa han tornado abstracto cualquier pronunciamiento por parte de esta Suprema Corte, más allá de lo dispuesto en la resolución de fecha 30 de noviembre de 2022 y lo manifestado por el Estado provincial al evacuar el traslado conferido (v. escrito de fecha 12-XII-2022), porque lo cierto es que de aquellas se desprende que este último abonó al perito psiquiatra los honorarios y los intereses calculados según la tasa dispuesta por el órgano de grado (v. proveído de fecha 4-XII-2020), que ahora impugna.
En este sentido, no es ocioso recordar que tiene establecido este Tribunal que el dictado de decisiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 125.708, "Agra", sent. de 31-VIII-2022; L. 128.224, "Medina", sent. de 28-X-2024; L. 130.709, "Toffoli", sent. de 17-IX-2025; L. 129.793, "Valenti", sent. de 25-II-2026; e.o.), de modo que —considero— no cabe adentrarme en el análisis de los planteos traídos, y menos aún en el marco que provee el art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827 (y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad traído. Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo manifestado por el colega doctor Torres en el punto III.2. de su propuesta, por resultar ello suficiente para brindar respuesta al agravio que se analiza.
Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo manifestado por el colega doctor Torres en los mismos términos en que lo hace la doctora Kogan en su sufragio, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero a lo manifestado por el colega doctor Torres en los mismos términos en que lo hace la doctora Kogan en su sufragio, por considerar que tal consideración abastece la desestimación del recurso interpuesto. Las costas deberán imponerse conforme lo establecido en el voto inaugural.
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad traído. Sin costas, en atención a la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 segundo párr., CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2026 21:46:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:52:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:51:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:24:19 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:14:31 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 11:49:16 hs. bajo el número RS-84-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia