Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo abordado en el punto III.2. del voto emitido en primer término ha sido insuficientemente fundado, y que los tratados en los apartados III.3. y III.4. del mismo voto, no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida por la señora Ana María Salazar y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente que sufrió el día 17 de noviembre de 2008 (v. sent. de fecha 5-II-2025).
En lo que resulta de interés, efectuó el cálculo de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo conforme las pautas del decreto 1.278/00, por ser la normativa vigente a la fecha del infortunio.
Luego, atento el planteo de inconstitucionalidad formulado por la accionante en el escrito de inicio y lo resuelto en el precedente de esta Corte que menciona, declaró la invalidez legal del art. 7 de la ley 23.928.
En ese sentido, señaló que: "no encontrándose en juzgamiento la validez constitucional del sistema tarifado del régimen de riesgos del trabajo, la única diferencia de valor comprendida en el planteo era aquella que pudiera surgir por el daño moratorio, es decir, el accesorio generado por el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de ocurrencia del siniestro y el dictado de la sentencia que reconoce el derecho del trabajador".
En consecuencia, estimó adecuado actualizar la prestación mediante el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 18-II-2025), que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 21-II-2025).
II.1. En el inicio de la crítica, se agravia de la determinación del ingreso base mensual conforme las prescripciones del art. 12 de la ley 24.557, considerando que resulta absurdo y alejado de la realidad, en tanto congela su valor al año anterior al siniestro, del que transcurrieron más de dieciséis años. Al respecto, solicita se declare su inconstitucionalidad.
II.2. En segundo término, con sustento en la errónea aplicación del fallo que cita, objeta el índice utilizado por el juzgador de origen para actualizar el crédito, sin considerar otros índices que preserven el valor real de la prestación. Sobre el punto, alega que vulnera sus derechos constitucionales, porque resulta evidentemente insuficiente.
Asimismo, impugna que no hubiera adicionado intereses moratorios a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual.
II.3. Finalmente, plantea que la sentencia debe ser descalificada atento su arbitrariedad y la falta de fundamentación.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, corresponde señalar que la interesada no ha demostrado que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere eventualmente el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Concretamente, en función de dicha norma, no ha cuantificado las diferencias que hipotéticamente arrojarían los montos de la condena a la luz de los agravios traídos.
Tal falencia no puede ser salvada en esta sede extraordinaria, toda vez que esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e. o.).
En estas condiciones, y atento lo establecido por el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024-, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023; L. 132.963, "Bazán", resol. de 4-VI-2025 y L. 136.716, "Harisgarat", resol. de 28-VIII-2026).
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que la impugnación dirigida a poner en tela de juicio la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 82 de la ley 15.057, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, solo la mencionada parcela de la impugnación será abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, se advierte que la impugnación vinculada con el citado art. 12 de la ley 24.557 (anterior a la ley 27.348) no puede resultar de recibo.
En la especie, tal como ocurrió en la causa L. 131.524, "Acosta" (sent. de 13-III-2026), en la que abrí la votación, el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo recién fue incorporado en el litigio con el recurso bajo examen. En efecto, la lectura del expediente revela que la interesada no sometió a la consideración del tribunal de origen la tacha que ahora arguye, de modo que no resulta susceptible de ser evaluada en esta instancia casatoria (causas L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
Luego, y en ausencia de argumentos que permitan arribar a una solución contraria, el planteo se exhibe como el producto de una reflexión tardía que no puede ser atendida en esta instancia extraordinaria (causas L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; L. 130.091, "Moreno", sent. de 9-X-2025; e.o.).
Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en la causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023). De allí que, por las razones expuestas, corresponda su rechazo.
III.3. Por otro lado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del cuestionamiento por el que se controvierte el índice utilizado por el tribunal de grado para actualizar la prestación dineraria.
Ello así, desde que bajo la denuncia de violación del precedente jurisprudencial que individualizó, la recurrente intenta revisar cuestiones privativas de los jueces de grado, como lo es la determinación del quantum resarcitorio y la elección del mecanismo de actualización del crédito laboral, labores que -debe destacarse- son fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causas L. 40.855, L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025; L. 133.284, "García", resol. de 2-X-2025 y L. 133.658, "Miner", resol. de 13-III-2026).
III.4. Finalmente, igualmente inatendible resulta el restante reproche traído, desde que, en definitiva, refiere al error en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021; L. 127.778, "Dubois", resol. de 23-II-2022 y L. 132.306, "Moreno", resol. de 30-XII-2024).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en su voto.
Solamente he de señalar, en lo concerniente a los argumentos expuestos por mi colega para desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- que, de conformidad con doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto en la causa L.129.296, "Florentin", sent. de 20-XI-2024, y mi adhesión en las causas C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 131.524, "Acosta", cit.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Conforme lo expresado por mi colega doctor Torres, el recurrente no ha cumplido con la carga de demostrar que el valor de lo cuestionado eventualmente supere el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso-, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e. o.).
No obsta a lo señalado que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la ley 27.348-, puesto que al respecto nada argumenta la impugnante con el objeto de evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del expresamente previsto en la ley de procedimiento laboral- autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
I.2. Sentado ello, el agravio formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 resulta inadmisible, en tanto la impugnante omite denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021; L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.451, "Fernández", resol. de 15-IV-2025).
I.3. Luego, adhiero a lo expuesto por la colega ponente en los apartados III.3 y III.4.
Los señores Jueces doctores Kohan y Mancini , por los mismos fundamentos vertidos, adhieren al voto del señor Juez doctor Torres.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo abordado en el punto III.2. del voto emitido en primer término ha sido insuficientemente fundado, y que los tratados en los apartados III.3. y III.4. del mismo voto, no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2026 12:49:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2026 15:36:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2026 11:33:05 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:04:22 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/10/2026 17:26:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2026 08:29:29 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2026 11:16:24 hs. bajo el número RR-2156-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia