Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 137060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por José Luis González De La Mata, continuada tras su fallecimiento -en carácter de única heredera- por Carolina Vanesa González De La Mata-, y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle a esta última la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo del accidente de trabajo sufrido por el trabajador el día 1 de junio de 2007 (v. sent. de 23-VI-2025).
En lo que interesa destacar por ser motivo de agravio, respecto al modo de calcular la indemnización, y con sustento en el precedente que cita, tras declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, concluyó -por mayoría- que correspondía actualizar el valor del ingreso base mensual mediante la utilización del índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-, con más intereses calculados a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 11-VII-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 22-VIII-2025).
En su presentación, con denuncia de las normas y las garantías constitucionales que considera infringidas, objeta, en esencia, lo que entiende sería la errónea aplicación del decreto 669/19, al reprochar que no se tuvieron en consideración, para establecer la cuantía del resarcimiento, las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Cabe inicialmente señalar que la recurrente no especifica, a tenor del agravio desplegado en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio, ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado supere el mínimo establecido por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En este sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024 y L. 133.658, "Miner", resol. de 13-III-2026; e.o.).
III.1.b. Asimismo, debe indicarse que la recurrente no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.135, "Cabello", resol. de 29-V-2025).
III.1.c. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025; e.o.).
Entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 134.900, "De Mugica", resol. de 11-XII-2025).
III.2.a. Sin dejar de señalar que la normativa que se denuncia erróneamente aplicada no constituyó la base legal de la decisión de grado, lo cierto es que, bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la reclamante omite citar como vulnerada, en apoyo de su pretensión, doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022; L. 131.299, "Iuliano", resol. de 21-III-2024 y L. 133.141, "Segovia", resol. de 5-VIII-2026).
III.2.b. Finalmente, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023; L. 133.743, "Fiori", resol. de 27-X-2025 y L. 135.825, "Fernández", resol. de 2-IX-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:04:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/09/2026 15:11:02 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:22:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:28:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:38:15 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:44:18 hs. bajo el número RR-2251-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia