Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77841
B.77.841 “JUARA WALTER ADRIAN C/ MORON 2020 SAPEM S/ ACCION AMBIENTAL DE CESE - -CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Carral dijeron:
I. Walter Adrián Juara promueve una pretensión que denomina "acción ambiental de cese por clandestinidad" contra la empresa Morón 2020 SAPEM, con el fin de que se paralicen, por los efectos negativos que considera conllevan para el medio ambiente, las actividades que, en su carácter de entidad administradora, estaría llevando a cabo la mencionada firma sobre el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM). Ello por cuanto entiende que el despliegue de esas actividades, al no contar con la correspondiente "declaración de impacto ambiental", contraría distintas leyes relativas al orden público medio ambiental (leyes 25.675, 11.723 y 11.459), además de vulnerar disposiciones de orden constitucional (arts. 41 y 75 inc. 22, Const. nac. y 28, Const. prov.).
Relata que, frente a ese panorama y la inacción por parte de las autoridades locales, dio curso a las actuaciones "Juara, Walter Adrián c/ Municipalidad de Morón s/ Materia a categorizar" (expte. n° 22.163/17), tramitadas en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón. Remarca que en esos obrados obtuvo, el día 3 de febrero de 2020, una sentencia favorable, decisorio que fuera confirmado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
De igual manera, refiere que en el año 2021, luego de haber realizado reiterados reclamos ante las respectivas autoridades locales, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) informó que la empresa no contaba con el respectivo certificado ambiental. Esta circunstancia, añade, develaría el incumplimiento de dichos funcionarios en el ejercicio del poder de policía que, como garantes del medio ambiente, se les ha conferido (v. primer documento adunado al escrito electrónico de fecha 6-VIII-2021).
II. En virtud del trámite como acción de amparo que le imprimió la Receptoría General de Expedientes de Morón a las presentes actuaciones y de ser sorteada de conformidad con el régimen aplicable, la causa se inició ante el Tribunal en lo Criminal N°3 de aquella jurisdicción territorial.
Empero, sus titulares se declararon incompetentes tras reputar que, de conformidad con el relato de los hechos y del derecho invocado en la demanda, el actor "...expresamente interpone acción ambiental de cese por clandestinidad, cuyo procedimiento debe regirse bajo las normas del proceso sumarísimo", motivo por el cual, a criterio de los magistrados, debían intervenir los órganos del fuero en lo civil y comercial (art. 496, CPCC; v. resol. electrónica de fecha 6-VIII-2021).
Es así que los obrados recayeron, sorteo mediante, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 del mismo departamento.
Con posterioridad a que se efectuaran diferentes actos procesales -de los que cabe destacar la recaratulación de las actuaciones (de fecha 10-IX-2021), el recurso de apelación (de fecha 12-IX-2021), la recusación sin causa (de fecha 13-IX-2021) con su consecuente tramitación ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 departamental (de fecha 16-IX-2021) y la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón (de fecha 7-X-2021)-, la titular de la dependencia, en vista de la aclaración formulada por el actor en cuanto a que su pretensión se trataba de una acción de amparo ambiental (v. acta de audiencia de fecha 22-XII-2021), se declaró incompetente para seguir interviniendo.
En razón de ello, considerando que en el litigio correspondía estarse al sorteo realizado de conformidad con las resoluciones de esta Corte 1358/06 y 1794/06, le reenvió los actuados al tribunal de origen (v. resol. electrónica de fecha 29-XII-2021).
Sus integrantes, sin embargo, poniendo de resalto -en esta oportunidad- el tenor ambiental de la materia cuestionada en autos y lo dispuesto por el artículo 35 de la ley 11.723, no aceptaron la competencia que se les estaba endilgando, por entender que se trataba de un caso propio del ámbito de conocimiento asignado al fuero especializado en lo contencioso administrativo (v. resol. electrónica de fecha 22-II-2022).
A su turno, habiendo salido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, su titular, en análogo sentido a los argumentos expuestos por su par en lo civil y comercial e invocando doctrina de esta Corte como de su tribunal de alzada, se rehusó a intervenir en el asunto.
De este modo, advirtiendo además que el demandado resultaba ser "...una persona jurídica externa a la Administración Pública municipal", denunció formalmente la existencia de una contienda negativa, elevando los obrados a esta Suprema Corte para que sea resuelta (art. 7 inc. 1, CCA; v. resol. electrónica de fecha 23-II-2022).
III. La naturaleza del reclamo, por el cual se ha promovido un amparo ambiental ante las actividades que estaría realizando desde hace años una sociedad constituida con participación mayoritaria comunal sobre un parque industrial de la localidad de Morón, alegándose el incumplimiento de las previsiones legales que rigen la tutela ambiental según se desprende del relato efectuado (v. apdo. I del escrito inicial de fecha 6-VIII-2021), con negligencia de los funcionarios competentes, determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero contencioso administrativo.
En efecto, esta Corte ha destacado, con reiteración, la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los artículos 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De allí que, en supuestos como el presente, no son aplicables las resoluciones 1358/06 y 1794/06 traídas a colación, resultando competente exclusivamente dicho fuero (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 76.703, "Di Lullo", resol. de 23-II-2021; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021; B. 77.316, "Pellicone", resol. de 11-XI-2021 y B. 77.500, "Gugliotta", resol. de 20-XII-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Así lo votamos.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Disiento de la solución propuesta por mis colegas, atento los fundamentos que seguidamente expondré:
I.1.a. En primer lugar, he de señalar que antes de trabarse la litis, se suscitó un planteo de competencia entre los órganos judiciales intervinientes, en torno al tipo de demanda articulada.
Esto llevó a que –luego de un derrotero inusual- la jueza del Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 solicitase una Audiencia con el actor a fin de que éste aclarase si la acción intentada consistía en un proceso de amparo ambiental u otro tipo de acción (de acuerdo a los arts. 34 y 36 del CPCC).
Como resultado de esto, el actor indicó que se trataba de una acción de amparo ambiental y que dicha magistrada carecía de competencia para seguir entendiendo en este proceso debiendo remitirse los obrados al Sr. Juez que resultó sorteada originariamente (ref. Tribunal en lo Criminal n°3, v. acta audiencia de fecha 22 diciembre del 2021).
I.1.b. Aclarada la vía procesal elegida, el juzgado interviniente resolvió inhibirse de atender en las actuaciones en la consideración de que debía aplicarse a su respecto las normativas de asignación de expedientes que rigen para este tipo de procesos, de acuerdo a lo regulado por este Tribunal en las Resoluciones n°1358/06 y 1794/06, 957/09, ello a los fines de evitar el desplazamiento de la normal y legal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional de juez natural previsto en el art. 18 de la Constitución nacional.
En consecuencia, de lo expuesto, ordenó la devolución electrónica de los presentes actuados al Tribunal en lo Criminal N°3 departamental (dependencia designada en origen) a través de la Receptoría General de Expedientes, invitando al magistrado aludido, a plantear la contienda negativa de competencia ante el Tribunal Superior común en el caso de mantener el criterio expuesto en la resolución de fecha 6/8/2021 (por la que previamente había declinado su competencia).
Es así, que una vez radicados los autos por ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 Departamental, dicha judicatura resolvió dejar sin efecto la contienda de competencia suscitada con el Juzgado en lo Civil y Comercial Departamental, remitiendo sin más trámite los obrados al Juzgado Contencioso Administrativo Departamental en función de los dispuesto en el art. 35 de la Ley provincial 11.723.
Recibidas las actuaciones por el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 con asiento en la citada localidad, este también se rehusó a tratar la demanda con fundamento en que se trataba de un amparo y como tal las actuaciones debían ser atendidas por el órgano que resultare sorteado conforme la regulación establecida al efecto por la Suprema Corte.
Es en este punto en el que, luego del derrotero jurisdiccional relatado, quedó trabada la contienda negativa de competencia y la causa se elevó ante este Tribunal.
II.1. Ahora bien, expuesto y advertido el dispendio jurisdiccional y, en mi opinión, la indebida dilación, considero que el planteo de la accionante debió encausarse en el Tribunal en lo Criminal N°3 que fuere sorteado inicialmente, conforme la vía procesal elegida y la reglamentación que resulta aplicable, esto es: las Resoluciones 1358/06, 1794/06 y 957/09.
En orden a ello y en atención al objeto de demanda, es necesario recordar la especial tutela judicial que requiere el derecho a un ambiente sano con sustento legal en los arts. 41 (derecho a un ambiente sano y prevención del daño ambiental) y 43 segundo párrafo (acción de amaro ambiental) de la Constitución Nacional, art. 28 de la Constitución Provincial, 23 de la ley 11.723, 30 y 32 de la ley 25.675 y 2, 3 y 8 punto 2 y siguientes del Acuerdo de Escazú, ratificado por la ley 27.566 (acceso a la justicia ambiental) al respecto.
No debemos soslayar que el derecho ambiental se define por su esencia anticipatoria que, en línea con las consecuencias irreversibles y graves que acarrea la afectación del ambiente, es que, es su resguardo, la regulación tiene como principal objetivo evitar la concreción del daño, lograr la disminución del riesgo. En su defecto y ocurrido aquél, se persigue como segundo objetivo, en subsidio, la reconstitución integral del ambiente dañado.
Sólo ante la imposibilidad técnica científica de volver las cosas a su estado anterior, tendrá lugar su reparación económica sustitutiva, la que por definición siempre será insuficiente.
A la luz de lo expuesto, surge evidente que la discusión traída a debate por los jueces de primera instancia omitió evaluar el elemento nodal que hubiese esclarecido el panorama, sin necesidad de plantear una cuestión de competencia. Me refiero a que la petición de la parte actora consistió lisa y llanamente en un pedido de cese de una actividad presuntamente dañosa y de tenor clandestino, que pone en riesgo razonable el derecho a un ambiente sano consagrado por los arts. 28 de la Constitución provincial y 41 de la Constitución nacional y el cual es reconocido como un derecho humano, con protección en el Acuerdo de Escazú; pretensión entablada por la vía del amparo ambiental.
En el caso, no hay dudas de que la contienda negativa de competencia planteada afecta la tutela judicial efectiva al haberse visto dilatada por una secuencia de análisis que, tal como afirmaré seguidamente, resulta no sólo inadecuada sino también peligrosa si se tiene en cuenta que -tal como advirtió la accionante y luego se acreditó en la causa- se trata de una actividad desarrollada en ausencia de la declaración de impacto ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental, herramientas necesarias para garantizar la protección del ambiente y prevenir un daño que afecte a las generaciones actuales y futuras.
La materia que subyace en el particular, es determinante. A ese respecto, vale advertir que ya ha sido reconocido el derecho ambiental como una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional -Conferencia de Estocolmo en 1972, creación del PNUM; la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982 que aprobó la "Carta de la Tierra" y la creación de la Comisión del Medio Ambiente; la Comisión Brutland y su informe "Nuestro Futuro Común", reclamando la adopción de una nueva declaración universal sobre el Ambiente y Desarrollo, reunida en Río de Janeiro de 1992, Protocolo de Kioto, Conferencia de París de 2015, entre otras,- y, en el constitucional -art. 28 de la Constitución provincial y art. 41 y 43 de la Constitución nacional- como así también humanitario- Convención Americana sobre Derechos Humanos-. En concreto, su mera invocación en la escena de la judicatura obliga a un abordaje profundo a fin de dirimir, desde un enfoque ambiental, cualquier cuestión de forma o de fondo que se presente; la que siempre deberá estar guiada por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya hubiere sido afectado-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone. Es que, la esencia misma del derecho ambiental y el mandato de tutela que impone la Constitución (tanto Nacional como Provincial), conlleva a que el conflicto de competencia traído a resolución, nunca debería haberse dado. Su tratamiento es, por definición, urgente y prioritario; estando expresamente habilitado para su abordaje los tribunales de cualquier fuero, cuando la acción haya sido introducida a partir de la figura del amparo (ley 13.928) y de conformidad a lo dispuesto por este Tribunal en las Acordadas 1358/06 y 1794/06.
Desatender tal extremo abriendo una cuestión de competencia -insisto, con un innecesario efecto dilatorio- conlleva a incumplir con el mandato de tutela anticipatoria, además de generar un riesgo de ocurrencia o amplificación del eventual daño que debe evitarse o, eventualmente, remediarse si esto fuera posible.
II.2. Desde la perspectiva expuesta, considero hábil la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, acción que deberá ser atendida por cualquier Juez que tenga competencia territorial al efecto, no obstante, los particulares supuestos normados por los artículos 34, 35 y 36 de la ley 11.723.
Estas consideraciones me llevan a revisar mi adhesión a la doctrina de esta Suprema Corte emergente de las causas B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana S.A.", resol. de 21-XII-2011; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparraguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 77.316, "Pellicione", resol. de 11-XI-2021; e.o., la que busca armonizar el régimen de sorteos aplicable a tales juicios -amparos- con lo contemplado en los artículos 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, resolviendo que en dichos supuestos la adjudicación únicamente debe hacerse entre los organismos de ese fuero especializado, con exclusión de los demás. En adelante no he de compartir dicho criterio por cuanto –como señalé antes- considero que cualquier juez se encuentra en condiciones de atender un amparo ambiental, siempre que tenga competencia territorial, pero sin limitaciones relativas a su competencia material.
Así, ante un amparo ambiental, los principios establecidos en el art. 4 de la ley 25.675, que regula los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (conf. art. 41 de la Constitución nacional), son los que deben guiar la conducta del magistrado ante el posible daño al ambiente. Es así que “…en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas en sentido amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, pongan el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador y que un examen cerradamente literal de las normas rituales previstas para el clásico proceso adversarial de índole intersubjetivo sería frustratorio de los intereses superiores en juego…”(conf. Fallos: 331:1910).
Lo apuntado también se enmarca en el principio ético judicial de responsabilidad social que debe guiar la conducta de los jueces, el cual cobra especial relevancia en el supuesto de una contienda ambiental por cuanto: “El daño que un individuo causa al bien colectivo ambiente se lo está causando a sí mismo. La mejora o la degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos los mandatos constitucionales…” (conf. Fallos: 326:2316).
Asimismo, es menester recordar lo dicho por la CSJN en tanto: “…los jueces deben buscar soluciones que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales…” (conf. Fallos 327:2127 y 2413; 332: 1394, entre otros).
Conforme lo expuesto, son los principios de inmediatez y responsabilidad social los que así lo exigen, siendo este último aplicable en función de la prelación normativa que rige la materia, en tanto debe aplicarse la solución que resulte más favorable al ambiente: esto es, repito, que cualquier juez con competencia territorial pueda atenderlo.
II.3. Por otra parte, quisiera señalar que la interpretación de la Ley General del Ambiente, 25.675, en armonía con los arts. 2, 3 y 8 del Acuerdo de Escazú, en forma alguna habilita a que ante la interposición de una vía procesal que en forma concreta o tangencial aborde la temática ambiental de carácter transversal incida en la aplicación del régimen estatuido en los arts. 23, 36 y 35 de la ley 11.723. Ya que, la ley nacional citada y el Tratado ambiental humanitario complementa a las leyes locales siempre desde una perspectiva favorable a la tutela judicial del ambiente, por lo tanto, no correspondería evaluarse como una causal de excepción por la materia en un conflicto de competencia.
A esto, cabe agregar el principio pro natura –previsto en el art.2 del Acuerdo de Escazú, ratificado por la ley 27.566-, como postulado normativo aplicativo- que difiere del principio precautorio dispuesto en el art. 4 de la ley 25.765- en tanto el primer
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