Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78931
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Necochea (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.931 “ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DEL PARQUE MIGUEL LILLO NECOCHEA Y SRA. FONALLERAS MARIA DEL CARMEN C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S/ ACCION DE AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo y la señora María del Carmen Fonallera promueven acción de amparo contra la Municipalidad de Necochea, a fin de que se declare la nulidad de los decretos 2.141/20, 2.268/20 y 2.127/20 y de la ordenanza 10.239/20; actos que dieran sustento al llamado a Licitación Pública N°3/20, para el “Concurso integral de proyecto de venta de inmueble para desarrollo urbano en el actual sector Complejo Casino Necochea, con opción a concesión de uso y explotación de unidad turística fiscal”.
Al respecto, explican que el referido complejo se encuentra emplazado en unas parcelas que integran el Parque Miguel Lillo, motivo por el cual resultaría aplicable al caso toda la normativa protectoria del ambiente. En este marco, alegan que el procedimiento licitatorio fue realizado sin la debida participación ciudadana, sin haber llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA) y, en consecuencia, sin haber obtenido una declaración de impacto ambiental (DIA), vulnerando con ello lo previsto en los arts. 28 y 44 de la Constitución provincial, el Acuerdo de Escazú -ratificado por la ley 27.566-, las leyes 11.723 y 25.675 y el decreto ley 8.912/77.
Finalmente, requieren que se suspendan cautelarmente los efectos de los preceptos impugnados, ante el perjuicio irreparable que puede ocasionar el tiempo que insuma el desarrollo de este litigio al ambiente.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Necochea, cuyos integrantes declararon inadmisible la pretensión entablada (v. resol. de 19-XI-2020).
Contra dicho pronunciamiento, las actoras interpusieron recurso de apelación, el cual fue acogido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata (v. resol. de 9-II-2021).
Devueltas las actuaciones al órgano de origen, las demandantes ampliaron demanda, incorporando nuevos argumentos tendientes a demostrar –entre otras cuestiones- la violación de las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la ley 14.449. Asimismo, adujeron que la comuna había efectuado un nuevo llamado licitatorio para la venta del “Complejo Casino” (v. presentación electrónica de fecha 4-II-2022).
Frente a esto, el Tribunal interviniente resolvió declarar abstracto el planteo formulado con fecha 19 de noviembre de 2021, en relación a la nulidad de los decretos 2.141/20, 2.268/20 y 2.127/20 y de la ordenanza 10.239/20. A su vez, denegó la concesión de la medida precautoria peticionada y ordenó correr traslado de la ampliación de demanda (v. resol. de 7-II-2022).
Tal decisión también fue cuestionada por la parte actora mediante un nuevo recurso de apelación. A su turno, la Cámara –luego de dictar una medida para mejor proveer- hizo lugar parcialmente al remedio impetrado y revocó la resolución impugnada en cuanto declaró abstracto el tratamiento del primer punto propuesto por las amparistas.
Una vez radicados los obrados en la instancia de origen, se corrió traslado del escrito inaugural y su ampliación, como así también de la prueba documental acompañada a la contestación de demanda efectuada por el municipio. Tras ello, se proveyó la prueba oportunamente ofrecida por las partes (v. proveídos de fechas 22-VIII-2022, 15-XI-2022, 3-V-2022 y 17-V-2022).
Fue en este contexto que el Tribunal se rehusó a continuar conociendo en el asunto, en la inteligencia de que debía armonizarse el régimen de sorteos aplicable a tales juicios con lo contemplado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, citando precedentes de esta Corte en apoyo de su postura (v. resol. de 10-VII-2023).
De este modo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su magistrado se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por estimar que la declaración de incompetencia por parte del órgano que previno había sido extemporánea (v. resol. de 14-VII-2023).
En virtud de esto, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es preciso recordar que esta Corte se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017; B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018; B. 75.702, "Pahl", resol. de 7-III-2019; B. 75.964, "Perez", resol. de 18-IX-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.520, “Fernández”, resol. de 23-XI-2020; B. 76.547, “Municipalidad de Monte Hermoso”, resol. de 30-III-2021; B. 77.105, “Tellería”, resol. de 15-VII-2021; B. 78.665, “Perez Orbanich”, resol. de 10-IV-2023 y B. 78.888, “Materia Hnos. SACIF”, resol. de 11-VIII-2023, e.o.).
IV. Como quedó relatado, en esta litis el tribunal de origen –luego de que se sortearan las vicisitudes procesales arriba detalladas- corrió traslado de la demanda incoada por las actoras y su ampliación, dio vista de la documentación acompañada por el municipio y proveyó los distintos medios probatorios ofrecidos oportunamente por las partes. Así, fue recién cuando las demandantes confeccionaron los oficios ordenados en el auto de apertura a prueba que el órgano resolvió desprenderse de manera oficiosa de la causa.
Pues bien, a la luz de las referidas constancias, resulta claro que lo actuado por el Tribunal que previno luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas y que, en consecuencia, la declaración de fecha 10 de julio de 2023 fue indebida (conf. arts. 25, ley 13.928 y 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Necochea quien continúe conociendo en el presente litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Necochea (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 13:27:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:28:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:20:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:50:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 15:16:15 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 15:29:22 hs. bajo el número RR-854-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia