Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77652
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por los actores (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios a la letrada apoderada en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
B.77.652 “DI BATTISTA, CARLOS DANIEL Y OTROS C/ MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIÓN DE AMPARO. CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La doctora Cecilia Adriana Pazos, en su carácter de apoderada de Carlos Daniel Di Battista, Marina Silvia Gallia, Marcelo David Dadario, Natalia Andrea Passarelli, Magalí Dadario, Liliana Elizabethe Sverljuga, Valeria Yoana Sallustio, Mirta Elida Elisabet Damiano, Vanesa Ernaga, Nora Marta Pérez Mercader, Nancy Edith Tripiana, Teresa Haberle, Florencia Ernaga, Andrea Alicia Del Giudice, Lautaro Pons, Axel Brandon Ríos, Ana María Ramil, Silvina Mariana Carnovali, Olga Havris, Mónica Isabel Galan, Ricardo Fabián Cabanas, Cristina Mabel Varela, Silvia Susana Berruet, Andrea Valeria Viviana Vergara, Jorge Santiago Villalba, Pablo Ernesto De Grande, Diamela Abad, María Alejandra Miguens, Marcela Edith Larregui, Sergio Rubén Ortega, Javier Horacio Domínguez, María Lorena Leiva, Elvia Graciela Rodríguez, Gustavo Armando Desiati, María Adriana Damperat, Lorena Raquel Bertuzzi, Claudia Yolanda Ferretti, Néstor Manuel Jurado, Cristina Beatriz Cabrera, Nicolás Alejandro Burgos, María Valeria Tripodi, Jorgelina Di Paolo, Daniel Alberto Lauria, Nerina Melchior, Romina Belén Jarque, María Fernanda Asimi, Laura Julia Valdivia, Eduardo Alejandro Rafael Carreño, María Alejandra García Labandal, Gustavo Abel Navarro, Patricia Dora Falcón, Norma Haydee Laz, José Manuel Caballero, Juan Carlos Rueda, Leandro Matías Granato, Ileana Gorostidi, Ángela Susana Adala, Juan Manuel Becerra, María Agustina Vivalda Sola, Carolina Minaberry, Juan José Sorrento, Florencia Ruíz, Florencia Natalia Litvinov, Andrea Cristina Martín, Vanda Yanina Yaliz, Silvina Verónica Testuri, Julieta Guidi, Miriam Mabel Rosas, Juan Antonio De Cruz, Florencia Doñate, Mariana Verónica Conforti, Lucrecia Soledad Álvarez, Aldo Eduardo Giménez, Silvia Adriana Poloni, Juliana Casanovas, Daniel Alfredo Olcese, María de las Mercedes Moreno, Micaela Mariana Mendy, Alicia Mirta Cattoni, Sebastián Mouhape, Agustina Zanon Martínez, Carolina Micaela Pastor, Miriam Elisabet Orbe, Mabel Beatriz Blazina, Solange Erika Palacios, Ricardo David Segura, Dora Graciela Azambullo, Claudio Sergio Delorenzi, Aldo Roberto Cavasin, María Alicia Pagani, Javier Antonio Rolón, Laura Isabel Bruschi, Ana María Díaz, Yanina Nahir Maistruarena, Adriana Estela Moyano, Mariana García, Mercedes Raquel Díaz, María Gabriela Etchetto, Leticia Gloria Lavayen, Carla Varetta, María Valeria Tripodi, Patricia Leonilde González, Guido Ezequiel Guidi, Patricia Edith Emme, Silvia Pilar Pérez, José Vicente Giofre, Carina Aparicio, Claudio Maximino Rodríguez, Miriam Nancy Cabrera, Pablo Alejandro Zingoni, Martina Clau, Julia de los Ángeles Albiztur, Andrea Isabel Pido, Paula Andrea Risolia, María Inés Risolia, Kalil Barrios, María Luján Rivarola, María Lucía Rivarola, Jorge Antonio Del Valle Rodríguez, Carlos Alberto Tur, Mauricio Marcos Frías, Guillermo Manuel Chaparro, Juan Ángel Tasin, Beatriz Lenti, María Victoria Rapallini, Fabián Raúl Alejo Caprara, María Natalia Camio, Mario Javier García, Marcela Silvana Bertolotto, Luis Enrique Ibarra, Diana Graciela Cristofoli, Jorge Alberto Di Battista, César Gabriel Di Battista, Sonia Renee Atue, Verónica Inpes Nozieres, Juan Alberto Mendy, Silvana Luisa Demaría, Francisco Javier Herrador, Andrés García Bertolotto, María Salome García Bertolotto, Blas Raúl Peyrano Balduzzi, Daniel Eduardo Sciarrotta, Franco Eduardo Sciarrotta, Patricia Claudia Viñas, Martha Ofelia Antonia Ditarcio, Marta Marcela Vogrich, Eliana Rosa Luján Heredia, Nicolás Gonzalo Vogrich, Abel Uranga, Cristina Josefa Cejas, Agustín Armani Uranga, Dalmiro Pedro Dichiara, Isabel María Milanessi, Hugo Marcelo Torres, Andrea Lanestosa, Patricia Noemí Rodríguez, Juan Pablo Miguel Krvavica, Florencia Ascat, Miriam Andrea Girado, Matías Rivero Berti, Omar Crecencio Nieves, Juan Facundo Carrera, Claudio Daniel Sanchez, Nancy Graciela Ramírez, Selena Ailén Sánchez, Graciela Mabel Gardey, María Florencia Peralta, Mauricio Fulgenzi, Simón Guido, Elias Gabriel Marcantonio, Alejandra Haydee Tangorra, Julia Alejandra Payes –por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad S.
P.-, Emilio Alberto KAyko y Gladys Romina Villenas –ambos por derecho propio y en representación de su hija menor de edad S. A. K.-, María Cristina Candida Mathiasen, María Ludmila Lucas, Paola Bruno, Rodolfo Santiago Mange, Sandra Cecilia Otranto, Adalberto Damián Rojo, Dante Distefano, Noelia Soledad González, Sergio Gustavo Escudero y María Rosa Ullua –ambos por derecho propio y en representación de su hija menor de edad M. A. E. U.-, Alejandro Adriano Bonfante y Gisella Laura Morina –ambos por derecho propio y en representación de su hija menor de edad V. B., Vanesa Natalia Montenegro, Beatriz Mabel Mendiondo –por derecho propio y en representación de su hija menor de edad L. M.-, Susana Carolina Balduzzi, Jaqueline Virginia Ferraggine, Néstor Gustavo Archuby y Gabriela Alejandra Ruíz –ambos por derecho propio y en representación de su hija menor de edad M.
Y. A. R.-, Beatriz Elizabeth Subelza, Nélida Lucía García, Néstor Ademar Subelza y María Elisabet González –ambos por derecho propio y en representación de su hija menor de edad C. E. S.-, María Luisa Heredia, Joel David Biurrun, Norma Beatriz Heredia, Guido Rapallini, María Teresa Galazzo, Paloma Peralta, Francisco Rafael Di Pietro, Carmen Esther Nuñez, Estebán Di Pietro, Agostina Di Pietro, Juan Manuel Schang, José Luis Marino, Candela Ceide, Delia Noemí Petersen, María Cecilia Adami, Daniela Alejandra Ortelli, Eric Christensen Arocena, Juan José Guidi, Mariana Gabriela Casero, Sofía Belén Guidi, Aylén Guidi, Nilda Edith Fernández, Andrea Carolina Toledo, Julio Raúl Poletti Veloso y María Inés Jimenez –ambos por derecho propio y en representación de su hija menor de edad G.
P.-, Santiago Tomás Poletti, Nahuel Guidi, Carlos Román Sosa, Patricia Ana Rainoldi, Sergio Mauricio Bertolotti, Daiana Yanel Brelis Herrera, Silvina Andrea Herrera, Jonathan David Ferrando, Mariana Ayelén Brelis Herrera, Héctor Otiliano Pinto Molina, Ana Luisa Segura, todos ellos residentes de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con el esquema de vacunación completo y no se encuentran expresamente exceptuados de portar el pase sanitario, cuestiona la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que la norma en crisis vulnera los derechos a profesar la libertad de culto, a la educación, a peticionar ante las autoridades, a trabajar, a ejercer industria lícita, a la igualdad, a la salud, a la integridad física, a la libre reunión y a la intimidad; como así también los principios de supremacía constitucional, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil. Sin embargo, su magistrado se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 29-XII-2021), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió a los demandantes el plazo de diez días para que adecuen su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados (v. resol. de 10-II-2022).
III. Es así que el día 4 de marzo de 2022, la parte actora comparece y “ratifica la demanda presentada en todo y cada uno de sus puntos, solicitando se devuelvan las actuaciones a los juzgados inferiores para la tramitación del amparo colectivo como vía idónea conforme las argumentaciones vertida”.
En dicha oportunidad, la apoderada de los actores sostiene, con un tinte de evidente contenido impugnativo de la decisión que dirimió la cuestión de competencia suscitada, que en la pretensión incoada se ha demostrado una específica afectación a los derechos de quienes aquí demandan, que excede el marco de lo abstracto o conjetural. En esta línea, añade que “las restricciones tienen un evidente efecto en la vida real de las personas integrantes de la clase, con afectaciones concretas y no hipotéticas como pretenden al reencausar la acción de forma no solicitada” ( sic , v. punto 1.2 del escrito electrónico de fecha 4-III-2022).
En virtud de esto, concluye -y reitera- que la acción debe ser canalizada únicamente por el carril del amparo.
IV.1. En este estado de cosas, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
Al respecto, es útil destacar que es doctrina consolidada de este Tribunal que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la pretensión deducida en autos carece del minimun de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial.
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que la actora se ha limitado a manifestar su disconformidad con la decisión de este Tribunal mediante la cual –luego de evaluar las constancias obrantes en la causa- declaró que el caso era propio de su jurisdicción originaria y confirió a los actores el plazo de diez días para que adecuen su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV de dicho ordenamiento adjetivo -arts. 683 al 688-, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados.
En este sentido, insiste en que el juicio de amparo resulta ser la vía idónea, toda vez que se procura atacar “actos concretos y omisiones que por su carácter son particulares, mientras que las resoluciones son de alcance general y su vía impugnativa la constituye la acción originaria de inconstitucionalidad” (v. punto 1 de la presentación electrónica en proveimiento).
IV.3. Como sea, lo cierto es que las circunstancias vinculadas con el presunto daño actual y cierto que lesiona los derechos alegados y que se encuentra respaldado por una fundamentación en extremo genérica, en donde –por ejemplo- se expresa que “basta con ir a un lugar cerrado como un bar, un restaurante, una discoteca, un gimnasio, realizar un trámite ante un organismo público, ante un banco, etc.” (punto IV.C de la demanda de amparo), han sido oportunamente evaluadas por este Tribunal a la hora de declarar su competencia y radicar la contienda ante sus estrados.
A ello debe añadirse que las impresiones de pantalla que la parte demandante dice acompañar al escrito inaugural –algunas de ellas ininteligibles- y que denuncia ignoradas por los órganos jurisdiccionales intervinientes en autos, tampoco dan cuenta ni demuestran la existencia de algún acto aplicativo del precepto impugnado al numeroso grupo de actores individualizados al iniciar esta acción, circunstancia que prima facie escaparía a la órbita de conocimiento y, por ende, a la competencia de este Tribunal, tal como ha sido definida ut supra (conf. causa B. 77.654, “Vilches”, resol. de 10-II-2022).
Por el contrario, dichos elementos –que exhiben cómo determinados sujetos declaran la entrada en vigencia e implementación del “Pase Libre Covid”- permitirían acreditar eventualmente el carácter de “parte interesada” de quienes accionan, condición que –tal como ha destacado esta Corte- da cuenta de una cualidad en el impugnante que exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una "acción popular" o "pública", en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; I. 75.217, “Bassi”, resol. de 9-IV-2021 e I. 77.378, “Alberti Shcherbyna”, resol. de 25-IV-2022; e.o.).
Así pues, frente a la insistencia de la apoderada de los demandantes en que el litigio se rija por la ley específica que regula la acción de amparo y la oposición a adecuar su postulación a las reglas del ordenamiento ritual que delinean la acción originaria ante este Tribunal, no obstante advertirse que la discusión versa sustancialmente sobre la validez constitucional de la resolución conjunta 460/21 considerada en abstracto, no es posible tener por cumplimentada la adecuación de demanda a tenor de lo resuelto con fecha 10 de febrero de 2022.
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha efectuado correctamente y a pesar de la intimación a hacerlo, un planteo constitucional local, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por el grupo de actores y actoras representado por la doctora Pazos (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir adecuadamente por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por los actores (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios a la letrada apoderada en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2022 10:21:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:20:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2022 17:47:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 16:23:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 17:40:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 17:44:25 hs. bajo el número RR-525-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia