Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.682 "AVILA CARLOS APULINO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS S/ ACCIÓN DE AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Gustavo Moller, María Cecilia Del Águila, Omar Agustín Bartneche, Marisa Cecilia Marioli, Carlos Paulino Ávila, Juan Agustín Rossi, Alberto Eduardo Giordano y Daiana De Grazia, en su carácter de concejales del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tres Arroyos, promueven acción de amparo contra esa comuna a los fines de que se les brinde acceso al Registro de Administración Financiera y Administrativa Municipal (RAFAM).
En tal sentido, arguyen que la negativa arbitraria por parte del ejecutivo comunal a permitirles acceder a esa fuente informativa impediría directamente el ejercicio de la función legislativa, dado que allí se registran datos relevantes vinculados a la contabilidad, finanzas y contrataciones del municipio.
Citan disposiciones de la ley 12.475 y destacan que el Tribunal de Cuentas ha dispuesto la obligatoriedad de entregar a los concejales un nombre de usuario y clave de acceso al sistema informático RAFAM (resol. 15/16).
II. La causa fue asignada -previo sorteo- al Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, cuya titular se declaró incompetente tras considerar que en el caso no correspondía aplicar las pautas para la asignación de acciones de amparo que establecen las resoluciones 1.328/06 y 1.784/06 de esta Suprema Corte.
En este orden de ideas, sostuvo que, por tratarse de una cuestión vinculada al acceso a la información pública en poder de autoridades locales, era el juez en lo contencioso administrativo el que debía intervenir (v. resol. de 19-IX-2024, adunada en archivo PDF al trámite "resolución registrable", de 27-IX-2024).
De este modo, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, el magistrado a cargo de dicho órgano rechazó la competencia que se le endilgara luego de estimar que no existían razones para apartarse del régimen de sorteo vigente para este tipo de juicio.
Al así decidir, planteó formalmente la contienda negativa de competencia y elevó los presentes obrados a este Tribunal para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de 27-IX-2024).
III. Sin perjuicio de la regla de adjudicación por ante cualquier juez plasmada en las resoluciones de esta Suprema Corte n°1358/06 y 1794/06 -ratificadas por resolución 957/09- para los juicios de amparo, en fecha reciente hemos sostenido que resulta competencia del fuero contencioso administrativo conocer y decidir en dichas acciones cuando encuadran en los términos del art. 8 de la ley 12.475, en las cuales se persigue la obtención de información pública en poder de las autoridades locales, sin que quepa en tales supuestos observar el referido régimen de asignación de expedientes (conf. arts. 166 in fine, Const. prov.; 1 y 2 in fine, CCA; v. nuestro voto en causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022; B. 77.433, “Lowy”, resol. de 10-II-2023; B. 78.108, “Etulain”, resol. de 13-IV-2023 y B. 78.744, "Frade", resol. de 31-X-2023).
IV. En consecuencia, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con la solución propuesta por mis colegas.
Al votar en las causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022 y B. 77.433, “Lowy”, resol. de 10-II-2023, en las cuales se abordaron acciones de amparo en procura de acceso a la información pública, me aparté del criterio que aquí reiteran el doctor Soria y la doctora Kogan, conforme al cual los procesos de ese tipo deben tramitar en la justicia de primera instancia en lo contencioso administrativo.
Cierto es que, en las oportunidades referidas, la información reclamada versaba sobre cuestiones ambientales, lo cual justificó en gran medida la posición que allí asumí, pues -como entonces lo sostuve- la transversalidad de dicha materia constituye una característica esencial que la diferencia de otras disciplinas y que, en el conflicto de competencia planteado, cobraba especial relevancia (v. mis votos en las causas B. 77.402 y B. 77.433, cits., punto I.1.d, primer párrafo).
Ahora bien, con independencia de lo manifestado, lo cierto es que no participo de la opinión que advierte en los arts. 8 de la ley 12.475 y 4 de la ley 14.214 fundamentos para exceptuar de las reglas generales sobre la competencia en el amparo (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928; y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09) a un proceso como el que aquí nos ocupa, en el que la vía mencionada pretende ser utilizada para acceder a información pública, sin perjuicio de cuál sea el contenido concreto de esta última.
Viene al caso recordar que, en las causas B. 77.841, “Juara” y B. 78.191, “Zadikian” (resols. de 10-II-2023) y B. 78.108, “Etulain” (resol. de 13-IV-2023), entre otras, he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, la cual -en mi opinión- debe ser atendida por cualquier juez con competencia territorial al efecto, sin que quepa reconocer prevalencia en tal escenario procesal al fuero contencioso administrativo.
Para expedirme en el sentido indicado, en las ocasiones que acabo de mencionar consideré, entre otras razones, que los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, empleados por la mayoría de este Tribunal para justificar la competencia contencioso administrativa en los procesos de amparo de naturaleza ambiental, aluden en verdad a supuestos particulares, diferentes de los tramitados mediante la vía referida, a la cual -por ende- no puede aplicársele una regla de especialización material que excluya la intervención de “cualquier juez", prevista para ella con alcance general en la normativa correspondiente.
Pues bien, con una lógica similar a la descripta, he de destacar aquí que el art. 8 de la ley 12.475 se limita a señalar que, contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos administrativos (o cuando la autoridad no se hubiera expedido sobre la solicitud de que este se hiciera efectivo en el término de treinta días), “…podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data , según corresponda”.
Por su parte, el art. 4 de la ley 14.214 determina que las acciones de habeas data tramiten ante la justicia en lo contencioso administrativo, siempre que involucren archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Como puede apreciarse, los preceptos citados no establecen la competencia contencioso administrativa para procesos de amparo en procura de acceso a la información pública, tales como el que aquí se debate.
II. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, corresponde declarar la competencia para intervenir en autos del Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928 y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. Adherimos a la propuesta decisoria del voto del señor Juez doctor Soria y de la señora Jueza doctora Kogan.
Tal como ha sostenido esta Corte en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021 y B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
II. Siguiendo esta línea de ideas, de la lectura del escrito postulatorio es dable advertir que los actores, en su carácter de miembros del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tres Arroyos, solicitan que se ordene al ejecutivo comunal brindar acceso a información pública vinculada a la administración financiera y contable del municipio registrada en el RAFAM.
Inicialmente, la voluntad de los demandantes y los hechos narrados en su presentación involucran los contenidos de la ley 12.475, la que a su vez preceptúa que contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en el caso previsto en el art. 7, podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data , según corresponda.
En la especie, la naturaleza del reclamo incoado determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero contencioso administrativo.
III. Es importante destacar que si bien este Tribunal ha afirmado que el sistema para asignar casos en el proceso constitucional de amparo -regido por las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06, ratificadas por la resolución 957/09- no requiere una especialización en razón de la materia y establece una amplia regla de competencia, también ha resaltado la necesidad de armonizar las acciones de amparo relacionadas con distintos regímenes legales (v.gr., arts. 34 y 35 de la ley 11.723).
IV. En este caso, el factor de atribución del órgano jurisdiccional que debiera entender en autos es la eventual negativa de brindar a los peticionarios la información –de contenido público- que reclamara en los términos de la ley 12.475.
Ante ello, la presunción establecida por el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 –texto según ley 13.101-, permite concluir que se trata de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166, Constitución de la Provincia y 1 inc. 1, ley 12.008 –texto según ley 13.101-).
V. En la presentación inicial se argumenta que el municipio demandado habría incumplido obligaciones que tiene atribuidas en materia de acceso a la información pública (ley 12.475), motivo por el cual, en tanto esta tiene su origen en el ejercicio de la función administrativa por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, corresponde declarar que la cuestión resulta propia de la competencia de los órganos del fuero en lo contencioso administrativo.
De allí que, en casos como el presente, no corresponde efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones reseñadas.
VI. Siendo así, por las razones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Así lo votamos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Garantías del Joven N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:06:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:08:43 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:13:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2024 12:21:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 12:38:05 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 13:25:42 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:43:25 hs. bajo el número RR-903-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia