Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77355
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite. (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
B.77.355 “M. C. B. C/ FUNDACION COMEI S/ ACCION DE AMPARO. INCIDENTE DE COMPETENCIA”
I. La señora V. C., en representación de su hijo B. M. C., promueve acción de amparo contra la Fundación CO.ME.I, a fin de que se le garantice -en su condición de afiliado- la cobertura integral de la escolaridad primaria y las restantes prestaciones prescriptas por su médico para tratar los trastornos de la percepción del lenguaje y del espectro autista que padece, de conformidad con lo establecido en la ley nacional 24.901.
Al respecto, relata que mediante las cartas documento 129348695 y 129348700 requirió a la obra social una serie de terapias de rehabilitación que debían emprenderse en forma conjunta, las cuales -según aduce- obtuvieron una respuesta negativa por parte de la demandada.
Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal.
II. En lo que aquí concierne, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°3 de Lomas de Zamora, se inhibió de conocer en el asunto tras considerar que en autos no se hallaba comprometida la materia federal. Por consiguiente, ordenó remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para que se procediera a su sorteo entre los juzgados del fuero especializado (v. resol. de 4-VIII-2021).
De esta manera, resultó designado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental. No obstante, su magistrada rechazó la radicación efectuada luego de advertir que no se había dado cumplimiento al régimen de adjudicación vigente y, en consecuencia, devolvió los obrados a la Receptoría General para que se realizara un nuevo sorteo (v. resol. de 11-VIII-2021).
Fue así que el expediente recayó en el Juzgado en lo Correccional N°5 de aquel departamento judicial. Sin embargo, su titular estimó que tampoco correspondía su intervención en el litigio, toda vez que la lesión o restricción denunciada habría tenido lugar en el partido de Lanús, por lo que resultaba aplicable lo previsto en el art. 3 de la ley 13.928, en cuanto dispone un criterio de distribución de competencia en razón del territorio (v. resol. de 12-VIII-2021).
En virtud de ello, la causa fue asignada al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús, cuyos integrantes señalaron que el perjuicio alegado se circunscribía al ámbito escolar y que, al encontrarse el Colegio Boston Trasposición Didáctica SRL ubicado en la localidad de Banfield, el caso debía ventilarse ante el órgano que previno (v. resol. de 30-VIII-2021).
Devueltas las actuaciones al juez de origen, éste mantuvo su primigenia postura, planteando una contienda negativa que fue elevada al Tribunal de Casación de Penal para que la dirima (v. proveído de fecha 14-IX-2021).
A su turno, el mencionado Tribunal, advirtiendo que no se trataba de uno de los supuestos contemplados en los arts. 20 inc. 4 y 35 inc. 1 del Código Procesal Penal, dado que la potestad allí normada se limita a las controversias regidas por dicho ordenamiento, giró los obrados a esta Suprema Corte a sus efectos (v. resol. de fecha 18-II-2022).
III.1. En primer término, cabe recordar que el criterio de asignación territorial plasmado en el art. 3 de la ley 13.928 establece que intervendrá en la acción de amparo el órgano judicial "con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos".
Así, esta Corte tiene dicho que la amplia atribución de competencia consagrada en el art. 20 inc. 2° de la Constitución provincial en favor de "cualquier juez", se conjuga con la norma transcripta en el párrafo anterior, dando cuenta de la intención legislativa de confiar la decisión al órgano que, por su localización, cabe presumir en mejores condiciones de resolver la cuestión (doctr. causas B. 72.948, "Arbizu", resol. de 23-XII-2013; B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014; B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015; B. 76.211, “Ruberti Delma”, resol. de 11-XII-2019 y B. 77.268, “Gutierrez”, resol. de 6-IX-2021).
III.2. Sentado lo que antecede, es dable destacar que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes es competente el órgano jurisdiccional del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2 y 3, ley 26.061; 3, decr. 415/2006; 1, 11, 15 y 36 inc. 2, Const. prov.; 4, 5, 6 y 7, ley 13.298; causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.342, "R., G. C. A.", resol. de 10-VII-2019 y C. 125.266 "A. T. B. S”, resol. de 18-XI-2021, e.o.).
En este orden de ideas, es útil señalar que es la misma pauta que venía sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("F., M. A.", sent. de 20-VIII-2008) cuyo criterio se ha visto reforzado con la sanción del Código Civil y Comercial (conf. causas "C., R. F.", resol. de 30-VIII-2016 y C. 125.266, cit.).
IV. A la luz de las premisas reseñadas y las particulares circunstancias del caso, cabe ponderar, de un lado, que el objeto de la pretensión incoada excede el reclamo de la cobertura de la escolaridad de B. M. C. involucrando otro tipo de prestaciones que en principio no fueron satisfechas por la fundación demandada (v. punto II del escrito postulatorio), razón por la cual la regla de atribución de competencia territorial estatuida en el art. 3 de la ley 13.928 no devendría aplicable en la forma en que ha sido interpretada en el sub lite y, de otro, que de las constancias obrantes en la causa surge que el centro de vida del niño -quien vive con su madre- se encuentra en la localidad de Lanús.
V. Sobre tales bases, corresponde que sea el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús el órgano que continúe conociendo en el pleito, por hallarse en mejores condiciones para resolver las peticiones que la situación impone.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite. (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Hágase saber lo resuelto al Juzgado en lo Correccional N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2022 13:42:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2022 20:23:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 01:56:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 08:31:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2022 16:10:06 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 16:10:26 hs. bajo el número RR-256-2022 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia