Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76131
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.131, "Servin, Mónica c/ Instituto de Previsión social de Buenos Aires s/ Acción de amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres, Violini, Natiello .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo, condenando al Instituto de Previsión Social (IPS) a practicarle a la actora las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias únicamente sobre el rubro "sueldo básico", de conformidad con lo dispuesto por esta Suprema Corte mediante las resoluciones 302/16 y 1.141/16 (v. fs. 121/124 y 182/185).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. presentación electrónica de fecha 13 de agosto de 2019, 11:59:11 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 189/190).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 192) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
1. ¿Corresponde aceptar las excusaciones formuladas por los señores Jueces doctores Genoud y Soria?
2. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En autos, los señores Jueces doctores Genoud y Soria, con fundamento en lo dispuesto en los arts. 17 inc. 7° y 30 del CPCC se excusaron de intervenir en razón de haber suscripto las resoluciones dictadas por esta Suprema Corte cuya aplicación al caso se encuentra controvertida.
Ahora bien, sin perjuicio de considerar, en mi íntima convicción, que el criterio adoptado en esas resoluciones, en ejercicio de la función administrativa que le compete a este Tribunal, no constituye la emisión de opinión a la que alude el art. 17 inc. 7° del CPCC, también observo que, en tanto el apartamiento de mis distinguidos colegas se funda además en graves motivos de decoro y delicadeza, corresponde que su excusación sea aceptada (art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Violini y Natiello , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, a la primera cuestión planteada también votaron por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La doctora Mónica Servin promovió acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social (IPS), solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata la resolución 1.141/16, dictada por esta Suprema Corte.
Explicó que, como jubilada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el IPS liquida y abona mensualmente su haber. Puntualizó que en tales oportunidades el organismo le practica una retención en concepto de impuesto a las ganancias, para cuyo cálculo toma en cuenta la totalidad de los rubros que componen la prestación.
Luego de mencionar la Acordada 56/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la resolución 4.385/00 de esta Suprema Corte, advirtió que más recientemente este Tribunal provincial dictó la resolución 302/16, por medio de la cual determinó que, al efecto de practicar la liquidación del impuesto a las ganancias en el ámbito del Poder Judicial, a partir del día 1 de enero de 2016 se tomaría como base imponible únicamente el rubro "sueldo básico" de la estructura salarial vigente.
Añadió que, con posterioridad, el Tribunal emitió la resolución 1.141/16, por medio de la cual ordenó comunicar al IPS la anteriormente nombrada resolución 302/16, de manera de indicarle la forma en que debía practicar las retenciones del impuesto a las ganancias sobre los haberes de los jubilados del Poder Judicial, lo que sin embargo fue desoído por el ente previsional.
Sostuvo que la situación descripta le genera un patente perjuicio económico y que afecta con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas el principio de igualdad, debido al diferente tratamiento dispensado por un lado a los trabajadores judiciales en actividad y, por otro, a los jubilados del Poder Judicial. Asimismo, acusó la violación del derecho de propiedad, de derechos alimentarios como los haberes previsionales y de los principios rectores en materia de seguridad social.
En cuanto a los restantes requisitos necesarios para la admisibilidad del amparo, planteó la inexistencia de otras vías idóneas. Aseguró, además, encontrarse dentro del plazo de treinta días establecido por el art. 5 de la ley 13.928, en el entendimiento de que este se interrumpe todos los meses debido a la reiteración de la conducta adoptada por el IPS, que -en su visión- genera un "estado de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta continuado" hasta el presente.
Finalmente, solicitó que se ordene al IPS a cumplir lo ordenado mediante la resolución 1.141/16 y que en consecuencia el organismo liquide las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sin considerar ningún otro rubro por fuera del "sueldo/haber básico".
II. En oportunidad de contestar la demanda, la Fiscalía de Estado planteó, ante todo, la incompetencia del fuero provincial para intervenir en el caso traído a conocimiento de la jurisdicción local, por entender que involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional.
Adujo que la cuestión predominante reside en la aplicación de un impuesto nacional sobre el haber jubilatorio de la amparista, con independencia del modo en que esta Suprema Corte ordenara liquidar el gravamen respecto de los agentes en actividad. Añadió que el IPS actúa como responsable por deuda ajena (agente de recaudación) y que realiza retenciones en virtud de una obligación impuesta por una ley nacional, relacionada con un impuesto cuyos elementos y sujetos también son determinados por normas nacionales. Manifestó que lo que se discute en definitiva es el modo de calcular la base imponible de un tributo regido por las leyes nacionales 11.683 y 20.628.
Más adelante sostuvo que el Estado provincial no es legitimado pasivo de la relación jurídica controvertida en autos. Consideró que, en tanto reviste carácter de agente de retención, el IPS no integra la relación jurídica sustancial y que no se encuentra facultado legalmente para determinar quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto discutido, el hecho o la base imponible, sino que todos esos parámetros surgen de normas nacionales a las que el organismo debe ajustar su actuación. Agregó que, de lo contrario, se expone a que el Fisco nacional le imponga sanciones.
En otro orden, reputó inadmisible la vía procesal elegida por la actora, debido a la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, a la falta de afectación de derechos constitucionales fundamentales y a la inexistencia de razones graves de urgencia que -a su juicio- justifiquen la promoción de un amparo. Aludió a la posibilidad de peticionar, en todo caso, medidas cautelares anticipadas, en los términos del art. 22 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
Por último, defendió la actuación desplegada por el IPS desde el punto de vista de la legalidad, basándose para ello en el informe confeccionado por dicho organismo en el marco del expediente administrativo 5.100-61.356/18, en normativa nacional y en jurisprudencia. Concluyó que las resoluciones 4.385/00, 302/16 y 1.141/16, dictadas por esta Suprema Corte, no resultan aplicables a los agentes pasivos del Poder Judicial ni vinculantes para el ente previsional provincial. Negó también que la movilidad jubilatoria reconocida por el decreto ley 9.650/80 proyecte consecuencias en materia tributaria.
III.1. A fs. 59/60, la señora titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó las excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva articuladas por la Fiscalía de Estado.
Para así resolver, manifestó que la elucidación de las cuestiones sujetas a decisión obligaba analizar la pretensión articulada por la actora en los términos por ella planteados. Sostuvo que en autos no se verifica la impugnación de normas tributarias de carácter federal, ya que la amparista sitúa el origen de la controversia en la conducta desplegada por el IPS. Admitió que este organismo provincial desarrolla una actividad regida por un plexo normativo compuesto en parte por la legislación federal, pero puntualizó que lo que debe analizarse es su comportamiento a la luz de las resoluciones dictadas por esta Suprema Corte. Apuntó que, en todo caso, lo que se debate en el caso es la interpretación que la autoridad provincial realiza de preceptos nacionales.
En apoyo de su decisión, citó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Baum, Daniel y otro c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén y otro s/ Amparo", sentencia de 6-X-2015.
III.2. En ocasión de dictar sentencia definitiva, la señora magistrada hizo lugar a la acción de amparo promovida y en consecuencia condenó al IPS a practicar las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias únicamente sobre el "sueldo básico" de la actora, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones 302/16 y 1.141/16.
En esa dirección, estimó cumplidos los requisitos de procedencia del amparo establecidos por el art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y por la ley 13.928. Advirtió que a través de la vía intentada se pone en tela de juicio la conducta de una autoridad pública provincial acusada de contravenir con arbitrariedad manifiesta resoluciones dictadas por esta Suprema Corte, que como resultado de lo expuesto se lesionarían derechos constitucionales y que corresponde ponderar especialmente la condición de jubilada de la amparista y el carácter alimentario de la pretensión.
Con respecto al fondo de la cuestión debatida, observó que la resolución 302/16 no especifica si se dirige solo a los agentes en actividad o también a los pasivos, mas propició una interpretación amplia sobre los destinatarios que incluyera a ambas categorías. En sustento de su posición, invocó el principio hermenéutico según el cual no debe discriminarse donde la ley no distingue y lo dispuesto por la ya citada resolución 1.141/16, que dispuso comunicar al IPS la orden ya impartida en el ámbito del Poder Judicial.
Expresó que el temperamento adoptado conduce a la aplicación de un régimen tributario homogéneo para el trabajador judicial -se encuentre o no en actividad-, que se ajusta al principio de proporcionalidad que rige en materia previsional y que se condice con la especial consideración que merecen las jubilaciones como prestaciones de carácter alimentario.
IV. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia.
En abono de esa solución, sostuvo que el comportamiento material de la Administración provincial se aparta manifiestamente del bloque de legalidad al que debe sujeción, compuesto por las resoluciones 302/16 y 1.141/16. Añadió que dicha actividad lesiona la garantía de progresividad en materia de seguridad social consagrada por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y que compromete derechos alimentarios. De lo indicado extrajo que la vía de amparo escogida se encuentra justificada en el caso.
En cuanto a la legitimación pasiva del Estado provincial, entendió que la controversia suscitada no recae sobre un acto expreso ni tácito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sino en rigor sobre la conducta del agente de retención.
Con respecto al fondo de la cuestión, sostuvo que la resolución 1.141/16 se dirige con claridad hacia los agentes pasivos del Poder Judicial e importa un inequívoco resguardo de la movilidad jubilatoria, de raigambre constitucional. Estimó que esta Suprema Corte fijó pautas para las retenciones que comprenden por igual a los agentes activos y a los jubilados y que el IPS quebrantó esos mandatos a través de un comportamiento inequitativo, reñido con el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
V. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia, en primer término, violación o errónea aplicación de los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 de la ley 13.928. Asevera que la sentencia atacada transgrede de manera flagrante las normas que determinan los requisitos de procedencia del amparo, ya que -a su entender- no media en la especie acción ni omisión alguna que pueda ser catalogada como arbitraria o ilegítima.
Seguidamente, alega que la condena impuesta carece de lógica jurídica, que resulta absurda y arbitraria y que reviste gravedad institucional por entrometerse en la recaudación tributaria. Asegura que el Tribunal de Alzada omitió considerar que, en su carácter de agente de retención, el IPS se limita a aplicar la normativa nacional que rige el impuesto a las ganancias, que por ello no forma parte de la relación jurídica sustancial y que en virtud de lo expuesto no puede erigirse como legitimado pasivo de la acción intentada.
Agrega que los sujetos obligados al pago del impuesto a las ganancias, su hecho imponible y la forma de establecer la base de cálculo surgen de la legislación nacional aplicada por el IPS, razón por la cual entiende que la actuación debatida no puede calificarse como arbitraria, ilegal ni ilegítima.
A continuación, postula que las resoluciones 4.385/00, 302/16 y 1.141/16 resultan inaplicables a la contienda de autos. Afirma que tales normas solo producen efectos sobre los empleados del Poder Judicial en actividad, ya que esta Suprema Corte, organismo que las dictó, posee facultades de superintendencia únicamente con respecto a ellos.
Puntualiza que de acuerdo con el informe producido por el IPS en el marco del expediente administrativo 5.100-61.536/18, las retenciones sobre haberes previsionales practicadas en concepto de impuesto a las ganancias derivan de la ley nacional 20.628 y sus modificatorias, del decreto reglamentario 628/96 y de la resolución general 2.437 de AFIP. Interpreta que dicho marco normativo no establece las deducciones identificadas por las ya mencionadas resoluciones de esta Suprema Corte.
Sin perjuicio de lo anterior, razona que la base de cálculo establecida por este Tribunal no podría implementarse fácticamente en el orden previsional, toda vez que el haber jubilatorio es único y no discrimina rubros.
En lo atinente a la movilidad jubilatoria reconocida mediante el decreto ley 9.650/80, señala que -a su entender- no resulta aplicable a la materia tributaria.
VI. Anticipo que el recurso no puede prosperar, en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
VI.1. En primer lugar, he de puntualizar que no es de recibo el agravio en torno a la supuesta inadmisibilidad de la vía del amparo (conf. art. 20 inc. 2, Const. prov.).
En esta parcela la impugnante repite argumentos expuestos en escritos anteriores, pues reitera que en la especie no se acredita la existencia de acciones u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegítimas por parte del IPS, pese a que los señores jueces de las instancias ordinarias entendieron que el desconocimiento de lo indicado en las resoluciones 302/16 y 1.141/16, dictadas por esta Suprema Corte, configuraba una conducta que reunía tales características al afectar -entre otros- los derechos previsionales de la actora y el principio constitucional de igualdad.
En los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente con respecto a la vía intentada no pueden ser atendidos, ya que, además de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018).
En particular, la Fiscalía de Estado ha omitido argumentar acerca de los principios constitucionales que de acuerdo con los señores magistrados de grado resultan afectados en la especie, aspecto que devenía especialmente relevante dada la índole de las cuestiones encauzadas por la vía procesal promovida y la naturaleza de los derechos en juego.
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
VI.2. Algo similar cabe decir de la crítica atinente a la supuesta falta de legitimación pasiva del Estado provincial por el mero carácter de agente de retención del IPS frente al impuesto a las ganancias.
También en este punto la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto por la señora jueza de grado como por la Cámara de Apelación interviniente, quienes han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Cabe recordar, por otra parte, que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, por lo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
VI.3. En lo concerniente a las cuestiones de fondo debatidas, la impugnante: a) afirma genéricamente que el IPS ajusta su actuación a lo dispuesto por la normativa nacional en materia de impuesto a las ganancias; b) postula la inaplicabilidad de las resoluciones 4.385/00, 302/16 y 1.141/16, dictadas por esta Suprema Corte, a los jubilados del Poder Judicial provincial; c) añade que la base de cálculo establecida por este Tribunal no podría implementarse fácticamente en el orden previsional y d) pregona que la movilidad jubilatoria no resulta aplicable a la materia tributaria.
VI.3.a. La Fiscalía de Estado hace referencia en su escrito a la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, a la modificación introducida en el art. 79 incs. "a" y "c" de esta última por la ley 27.346, al decreto reglamentario 649/96 y a la resolución general 2.437, dictada por la AFIP, pero en ningún momento explica concretamente de qué manera esa preceptiva sería violada por las resoluciones de esta Suprema Corte consideradas por los señores magistrados de grado.
Tampoco individualiza con precisión
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.