Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 68 y 289 in fine, CPCC y 19, ley 13.928).
A.77.301 “G. R. A. C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora R. A. G. -por derecho propio y en representación de sus hijos menores- y, con base en las leyes 26.182 y 11.215, condenó en forma solidaria a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a proveer a la actora y su familia una solución habitacional adecuada en los términos del art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su reglamentación. Al mismo tiempo, ordenó que sea incluida en un régimen de subsidios mensuales para sostener los costos de una vivienda digna y satisfacer las necesidades de supervivencia (v. sent. de fecha 13-IV-2021).
I.2.a. Para así decidir, comenzó por expresar que en el marco de la situación expuesta por la amparista y corroborada en la causa, debía confirmarse el decisorio de grado a la luz de precedentes de esta Suprema Corte (causas A 70.717, “P.”, sent. de 14-VI-2010 y A. 70.138, “B.”, sent. de 13-VII-2013).
Luego, señaló que en supuestos como el presente en que el desamparo coloca a un grupo familiar -en este caso compuesto, entre otras, por personas menores de edad con capacidades disminuidas- en severo riesgo de vida, la judicatura debe procurar una visualización proactiva de los derechos en juego. Ello, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución nacional en cuanto requiere especial protección a las mujeres, menores y personas en situación de discapacidad en tanto atribuye al Congreso el deber de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos con amparo constitucional y convencional respecto a los mencionados colectivos.
Asimismo, remarcó que la prestación del servicio de justicia no debe soslayar la obligación, puesta en cabeza de los magistrados, de ejercer el control de convencionalidad mediante la evaluación del respeto al plexo internacional de derechos de las normas aplicadas en cada caso y, en tales condiciones, debía analizarse y comprenderse la situación de desamparo que padece el mencionado grupo familiar, a fin de dar solución a una situación en extremo delicada, en especial para los menores que lo integran.
I.2.b. En tal contexto, sostuvo -en primer lugar- que no asistía razón al recurrente en cuanto propiciaba que la cuestión resultaba abstracta en función de las políticas públicas preexistentes. Ello así, por entender que no surgía acreditado en autos que los derechos antes descriptos, y que hacen a la dignidad de la persona humana, se encontraran garantizados ni satisfechos.
I.2.c. Asimismo, rechazó el agravio dirigido a reprochar el exceso jurisdiccional atribuido a la magistrada de primera instancia, en el entendimiento de que los sistemas judiciales se ven requeridos a dar respuestas a diversas demandas de contenido social en procura de la realización efectiva del sentido de justicia distributiva.
Expresó la Cámara interviniente, que las decisiones judiciales en nada menoscaban el principio de separación de poderes, ni se introducen indebidamente en la administración, en cuanto dicho control propugne la revisión de las obligaciones asumidas para la ejecución de sus políticas públicas, derivadas de un mandato expreso y positivo del legislador.
I.2.d. Por otra parte, en relación con la alegada inexistencia de recursos por no haber sido prevista presupuestariamente tal erogación, resaltó que tanto su invocación como el desarrollo progresivo deben acreditarse y ser susceptibles de control, rindiendo cuentas de las medidas adoptadas tendientes al cumplimiento, situación que no aconteció en autos.
Consecuentemente concluyó que, en el marco del reexamen que de la cuestión correspondía efectuar, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no lograban desvirtuar la motivación del pronunciamiento impugnado, debiendo ser confirmado.
II. Frente a ello, la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual, reeditando agravios ya vertidos respecto a la existencia de políticas públicas predispuestas en materia de vivienda para dar solución a los requerimientos como el que aquí se plantea, esgrime -sin desconocer la vigencia u operatividad de los derechos fundamentales en juego- que el fallo atacado incurre en exceso jurisdiccional y consuma un desarreglo institucional de incumbencias, arrogándose competencias supralegales.
Agrega que no resulta necesario tolerar el desborde jurisdiccional que denuncia, toda vez que no existe realmente un conflicto de intereses que habilite el presente proceso.
Por último, expresa que la intervención judicial resulta innecesaria e improcedente en la causa, superponiéndose indebidamente su actuación con la tutela que administrativamente se encuentra implementada y predispuesta en la atención de las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad (v. presentación electrónica de fecha 30-IV-2021 a las 13:36:52).
III. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.370, "Marisa", resol. de 11-VII-2018, A. 77.112, "Ahumada", resol. de 15-X-2021; entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que ni el amparo ni las medidas cautelares son campos de discrecionalidad absoluta de los magistrados donde pueden obrar sin sujeción al derecho vigente, no pasan de expresar criterios divergentes, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.028, "Bruzzo", resol. de 20-III-2019, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018; A. 74.837, "Betancur", resol. de 20-III-2019, entre otras).
III.2. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Madagán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019).
IV. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 68 y 289 in fine, CPCC y 19, ley 13.928).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:52:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:29:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 10:00:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 22:54:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2021 07:21:49 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 07:48:31 hs. bajo el número RR-876-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia