Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76840
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.840, "Barroso, Esther Elsa c/ Instituto de Previsión Social s/ Acción de amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Carral, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida, condenando al Instituto de Previsión Social (IPS) a practicar las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias debido por el actor únicamente sobre el rubro "cargo o sueldo básico" de su haber, con costas a la demandada vencida (conf. art. 19, ley 13.928).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde aceptar las excusaciones formuladas por los señores Jueces doctores Soria y Genoud?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En autos, los señores Jueces doctores Soria y Genoud, con fundamento en lo dispuesto por los arts. 17 inc. 7 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial, se excusaron de intervenir en razón de haber suscripto la resolución 436/19 de esta Suprema Corte, cuya aplicación fuera extendida al ámbito del Tribunal de Cuentas por medio de la resolución 5/19, dictada por dicho organismo (conf. arts. primero, segundo y considerandos, resol. cit.).
Ambas preceptivas han sido invocadas por la actora, quien antes de acogerse a la jubilación desempeñó funciones en el ámbito de la última entidad nombrada.
Ahora bien, sin perjuicio de considerar, en mi íntima convicción, que el criterio adoptado en la citada resolución 436/19, en ejercicio de la función administrativa que le compete a este Tribunal, no constituye la emisión de opinión a la que alude el art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, también observo que, en tanto el apartamiento de mis distinguidos colegas se funda además en motivos de decoro y delicadeza, corresponde que su excusación sea aceptada (conf. art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Carral y Kohan , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora Esther Elsa Barroso promovió acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social (IPS), solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas; 4.385/00 y 436/19, emanadas de esta Suprema Corte; y la jurisprudencia sentada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata en las causas n° 24.273, "Servin", sentencia de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sentencia de 16-VI-2020 y 25.315, "Perazzo", sentencia de 18-VI-2020.
Con respecto a la competencia para entender en el litigio planteado, señaló que la acción impulsada no busca evitar el pago del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, materia que correspondería al fuero federal, sino obtener una sentencia que condene al IPS -órgano provincial- a liquidar correctamente los haberes. En abono de esta posición invocó lo resuelto por la jueza de grado en la citada causa "Servin"; la decisión adoptada por la Cámara antes nombrada en el caso "Ilari, Liliana Elisa" y el pronunciamiento de la Corte nacional recaído en autos "Baum, Daniel", resolución de 6-X-2015.
Relató que, como jubilada del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el IPS liquida y abona mensualmente su haber, practicándole una retención en concepto de impuesto a las ganancias, para calcular la cual toma en cuenta la totalidad de los rubros que componen la prestación.
Explicó que la problemática relativa a la inclusión de diversos conceptos dentro de la base de cálculo del impuesto a las ganancias motivó en su momento el dictado de la Acordada 56/96 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la resolución 4.385/00 de esta Suprema Corte, mediante la cual se excluyeron del cómputo los rubros denominados gastos funcionales, bonificación especial, bloqueo de título, bonificación por antigüedad y permanencia, es decir, todos aquellos que no constituyan el haber básico.
Añadió que, de manera análoga, el Tribunal de Cuentas dictó las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, logrando que las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias de los empleados del organismo se practicaran únicamente sobre el sueldo básico, pero que esto no fue cumplido por el IPS para el caso de los jubilados.
En cuanto a la admisibilidad de la acción de amparo impulsada, sostuvo que se trata de la única vía suficientemente capaz de proporcionarle tutela judicial efectiva y que se encuentran configurados los requisitos previstos en los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 2 de la ley 13.928. Aseguró encontrarse dentro del plazo de treinta días establecido por el art. 5 de la ley 13.928, en el entendimiento de que este se interrumpe todos los meses debido a la reiteración de la conducta adoptada por el IPS, que -en su visión- genera un "estado de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta continuado" hasta el presente.
Añadió que la situación descripta conlleva una arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, ya que la entidad previsional desoye e incumple las resoluciones del Tribunal de Cuentas y de esta Corte que han sido citadas. Acusó asimismo una notoria alteración del principio constitucional de igualdad, debido al diferente tratamiento dispensado por un lado a los trabajadores en actividad y por otro, a los jubilados del Tribunal de Cuentas. Alegó también violación del derecho de propiedad, de derechos alimentarios como los haberes previsionales y de los principios rectores en materia de seguridad social.
Más adelante, requirió el dictado de una medida cautelar, aduciendo el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y no afectación del interés público.
Finalmente, solicitó que se dicte sentencia definitiva, ordenando al IPS cumplir lo establecido mediante las resoluciones de esta Suprema Corte y el Tribunal de Cuentas que antes han sido citadas; y que en consecuencia el organismo liquide las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sin considerar ningún otro rubro por fuera del "haber/sueldo básico".
II. En oportunidad de contestar demanda, la Fiscalía de Estado planteó, ante todo, la incompetencia del fuero provincial para intervenir en el caso planteado, tanto en razón de la materia (por tratarse del cobro de un tributo establecido por normativa federal) como de la condición jurídica del sujeto titular de la relación sustancial (AFIP).
Adujo que la cuestión predominante reside en la aplicación de un impuesto nacional sobre el haber jubilatorio de la amparista, con independencia del modo en que esta Suprema Corte ordenara liquidar el gravamen respecto de los agentes en actividad. Añadió que el IPS actúa como responsable por deuda ajena (agente de recaudación) y que realiza retenciones en virtud de una obligación impuesta por una ley nacional, relacionada con un impuesto cuyos elementos y sujetos también son determinados por normas nacionales. Manifestó que lo que se discute en definitiva es el modo de calcular la base imponible de un tributo regido por las leyes nacionales 11.683 y 20.628.
Más adelante, señaló que -a su entender- la normativa aplicable al caso se encuentra constituida por la ley 27.346, su decreto reglamentario, la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 2.437 y sus modificatorias y complementarias. Puntualizó que las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte, resultan aplicables a los empleados del Poder Judicial en actividad, no así a sus agentes pasivos. Concluyó que, cuando forman parte del haber de jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires, los conceptos de gastos funcionales, bonificaciones especiales, bloqueo de título, bonificación por permanencia y antigüedad integran la base imponible del impuesto a las ganancias.
En otro orden, planteó que el Estado provincial no es legitimado pasivo de la relación jurídica controvertida en autos. Consideró que, en tanto reviste carácter de agente de retención, el IPS no integra la relación jurídica sustancial y que no se encuentra facultado legalmente para determinar quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto discutido, el hecho o la base imponible, sino que todos esos parámetros surgen de normas nacionales a las que el organismo debe ajustar su actuación.
Con posterioridad, reputó inadmisible la vía procesal elegida por la actora, debido a la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, a la falta de afectación de derechos constitucionales fundamentales y a la inexistencia de razones graves de urgencia que justifiquen la promoción de un amparo.
Destacó que -a su entender- el remedio excepcional del amparo excede la posibilidad de ventilar cuestiones de índole económica; que las deducciones impositivas no son parte del haber jubilatorio, motivo por el cual no se afectaría en la especie el principio de movilidad jubilatoria; y que tampoco se hallarían comprometidos los derechos alimentarios de la actora.
Por último, solicitó la citación como tercero del Estado nacional (AFIP), ofreció prueba, designó las personas autorizadas a intervenir en el expediente, hizo reserva del caso federal y peticionó tanto que se haga lugar a la declinatoria de competencia planteada como que en su oportunidad se rechace la acción incoada.
III.1. Mediante resolución de fecha 9-IX-2020, la titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la excepción de incompetencia articulada por la Fiscalía de Estado.
Para así resolver, manifestó que la elucidación de dicha cuestión obligaba a analizar la pretensión articulada por la actora en los términos por ella planteados. Sostuvo que en autos no se verifica la impugnación de normas tributarias de carácter federal, ya que la amparista sitúa el origen de la controversia en la conducta desplegada por el IPS. Admitió que este organismo provincial desarrolla una actividad regida por un plexo normativo compuesto en parte por legislación federal, pero puntualizó que lo que debe analizarse es su comportamiento a la luz de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas y esta Suprema Corte. Apuntó que, en todo caso, lo que se debate en el caso es la interpretación que la autoridad provincial realiza de preceptos nacionales.
En apoyo de su decisión, citó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Baum, Daniel y otro c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén y otro s/ Amparo", sentencia de 6-X-2015.
III.2. En ocasión de dictar sentencia definitiva, la magistrada hizo lugar a la acción de amparo promovida y en consecuencia condenó al IPS a practicar las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias únicamente sobre el rubro "cargo o sueldo básico" del haber de la actora, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas. Asimismo, declaró abstracta la solicitud de medida cautelar realizada -por haber acogido la pretensión articulada- e impuso las costas a la demandada vencida.
En esa dirección, estimó cumplidos los requisitos de procedencia del amparo establecidos por el art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y por la ley 13.928. Advirtió que a través de la vía intentada se pone en tela de juicio la conducta de una autoridad pública provincial, acusada de contravenir con arbitrariedad manifiesta resoluciones dictadas por esta Suprema Corte y el Tribunal de Cuentas; que como resultado de lo expuesto se lesionarían derechos constitucionales; y que corresponde ponderar especialmente la condición de jubilada de la amparista y el carácter alimentario de la pretensión.
Con respecto al fondo de la cuestión debatida, consideró que el caso planteado resultaba análogo al que había tenido oportunidad de resolver en el precedente "Servin", decisión posteriormente confirmada por la Cámara interviniente.
Observó que la resolución del Tribunal de Cuentas 5/19 no especifica si se dirige solo a los agentes en actividad o también a los pasivos, pero que su objetivo consiste en adherir al régimen del Poder Judicial, en el cual -interpretó- se postula una aplicación homogénea para trabajadores y jubilados.
Añadió que lo antedicho guarda relación con el principio de proporcionalidad (según el cual debe existir un correlato entre la suma percibida como prestación previsional y los salarios de los trabajadores activos) y con el carácter alimentario de los haberes jubilatorios.
IV. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia.
En abono de esa solución, remitió al criterio sentado en precedentes propios de análoga configuración, a saber, las causas n° 24.273, "Servin", sentencia de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sentencia de 16-VI-2020 y 26.200, "Bosnic Bagatela", sentencia de 22-IX-2020.
Puntualizó que allí se admitió la vía del amparo para analizar y resolver plataformas fácticas similares a la discutida en autos, relacionadas con la determinación de los conceptos que deben computarse como base imponible respecto de la retención del impuesto a las ganancias para determinados agentes pasivos.
En cuanto a los agravios vinculados a que el IPS sólo actúa como agente de retención, pero no forma parte de la relación jurídica sustancial, indicó que la controversia planteada no viene confinada por un acto -expreso ni tácito- de la AFIP, quien en todo caso podrá formular sus observaciones al contribuyente, sino por una conducta del organismo previsional, al cual se le reprocha interpretar el mandato legal ejercido sin considerar las variantes reglamentarias a las que debe sujeción.
Añadió que las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, en tanto establecen los conceptos que integran la base imponible para la retención del impuesto a las ganancias de sus agentes, resultan de aplicación tanto para los sujetos activos como para quienes se hallen en situación de pasividad.
Observó en tal sentido que las resoluciones citadas no contienen una restricción o exclusión de personas jubiladas como la actora, motivo por el cual interpretó que no corresponde limitar su alcance a quienes actualmente se desempeñan dentro del referido organismo constitucional.
Agregó que -a su entender- la conducta de la demandada vulnera la garantía de progresividad que rige en materia de seguridad social, consagrada por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
V. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En primer lugar, desarrolla un cuestionamiento relacionado con la presunta falta de fundamentación del pronunciamiento atacado. Señala que la Cámara interviniente sustentó su decisión con la simple remisión al contenido de un precedente propio, incumpliendo de esa manera los estándares mínimos aplicables (conf. arts. 18, Const. nac.; 168 y 171, Const. prov.; 34 inc. 4, 161, 163 inc. 6 y 266, CPCC; 49 y 59 inc. 4, CCA). Entiende que ello evidencia ligereza, si bien aclara que no está en su espíritu rehuir al debate y que por ese motivo no ha acudido a la vía prevista en el art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial.
Más adelante observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 628/96 y la resolución general de AFIP 2.437.
Sostiene que las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, resultan manifiestamente inadecuadas para dirimir la cuestión sometida a debate, debido a que se refieren con exclusividad a la situación del personal en actividad (no a los jubilados) y a que se limitan a obligar a las dependencias administrativas de dicho organismo (no al IPS).
Expone que en "...la normativa de la AFIP en su conjunto [...] no se hace ninguna referencia a los jubilados, ni al IPS como agente de retención". Predica que el art. 1 apartado 4 (sic) de la ley 27.346, modificatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se limita a contemplar la situación de los agentes judiciales en actividad.
Destaca que tampoco media en el caso "...un expreso reconocimiento por parte de la AFIP, que habilite a limitar el cálculo del Impuesto a las Ganancias, solamente al sueldo básico, como sí ocurrió en otros casos en los cuales se acudió a la justicia federal a fin de que se restituyan derechos que se consideraban vulnerados demandando al verdadero sujeto sustancial de la relación tributaria (el Estado Nacional - AFIP) ('Szelagowski, Ricardo c/ Estado Nacional-Afip s/ Acción Declarativa de Certeza' causa S. 231. XLV. REX, sentencia del 28-IX-2010, en Fallos: 333:1841)".
Manifiesta que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, so riesgo de quedar expuesto a reclamos e incluso multas por parte de la AFIP.
De allí deriva que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
VI. Al igual que en la causa A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.