Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78071
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte demandada; se revoca la sentencia cuestionada exclusivamente en lo que se refiere a la necesidad de que la cobertura asistencial sea prestada por la empresa "Aires de City Bell" y, en consecuencia, se ordena al señor juez de primera instancia, a efectos de evitar cualquier inconveniente que pueda suscitarse en la fase de ejecución de esta decisión, que arbitre todos los medios a su alcance a fin de garantizar que la cobertura dispuesta no sufra interrupciones, vigilando que las prestaciones objeto de condena por parte de la empresa que elija la actora entre las adheridas al sistema del IOMA, se hagan efectivas en forma inmediata al cese de la actividad de la empresa "Aires de City Bell", siempre y cuando sigan las condiciones de afiliación de la señora Tirao (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas en todas las instancias se imponen en el orden causado atento existir vencimientos mutuos (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 68 segundo párr., 71, 274, 289 y concs., CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.071, "Sansone, María Laura s/ acción de amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres , Soria , Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado e hizo lugar parcialmente al deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que reconozca la cobertura integral a la señora Tirao, madre de la amparista, en el Hogar "Aires de City Bell", con costas a la demandada en su calidad de vencida (conf. art. 19 y concs., ley 13.928).
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28 de marzo de 2022, 10:46:41 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El titular del Juzgado Correccional n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por la señora María Laura Sansone en representación de su madre María Isabel Tirao, ordenando al IOMA que otorgue a esta última cobertura de las siguientes prestaciones: internación permanente en una residencia geriátrica con atención psiquiátrica, médica clínica y de enfermería, vinculada a los cuidados de sostén y mantenimiento, a través de terceros competentes, para el manejo y asistencia de todas las actividades básicas de la vida diaria, relacionadas a la higiene y aseo, alimentación, provisión de medicamentos en forma oral, apoyo en traslados, movilización, rotación, recreación, equipamiento ortopédico e insumos necesarios. La totalidad de lo señalado, en tanto y en cuanto subsistan las condiciones de afiliación y los profesionales tratantes de la señora Tirao así lo consideren justificado. Aclaró que dicho servicio tendría que ser prestado en alguno de los hogares para ancianos que tuviere convenio con el IOMA y que cuente con las prestaciones que el estado de salud de la misma impone y exige, entre las que podrá optar la persona afiliada, o sus representantes, tal como lo establece el art. 22 de la ley 6.982.
Dispuso además que la institución que atienda a la señora Tirao debía garantizarle un adecuado tratamiento a efectos de que tenga mejor calidad de vida, dentro de lo que sus dolencias le permitan, con la posibilidad de que el IOMA audite los servicios prestados.
Asimismo el magistrado hizo saber al IOMA que, en el plazo de un (1) mes de quedar firme el fallo, debía "...arbitrar todos los medios a su alcance, a fin de garantizar que la cobertura dispuesta a favor de la señora Tirao no sufra interrupciones, y así la amparista pueda optar entre las instituciones adheridas al sistema de IOMA y que las mismas se hagan efectivas en forma inmediata al cese de la actividad del 'Hogar Aires de City Bell'". Condenó en costas a la demandada (art. 19, ley 13.928 y modif.).
I.2. Contra dicho pronunciamiento, la amparista interpuso recurso de apelación agraviándose de que la prestación sea brindada por alguno de los hogares para ancianos que tenga convenio con el IOMA. Por su parte, la demandada interpuso recurso de apelación en disconformidad con el modo en que se impusieron las costas.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y rechazó el incoado por la Fiscalía de Estado.
En consecuencia, hizo lugar al pedido de cobertura integral de la prestación de atención de ancianos con alojamiento en el Hogar "Aires de City Bell" según la prescripción del médico tratante de la señora Tirao, mientras se mantengan las condiciones y situación de salud justificadas en autos (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 20 inc. 2 y 36 inc. 8, Const. prov.; 5, 9, 16 inc. 2, 17, 17 bis, 25 y concs., ley 13.928), con costas a la demandada en su calidad de vencida (conf. art. 19 y concs., ley 13.928).
Para así decidir:
II.1. Se basó en fallos anteriores de la propia Cámara y tuvo en cuenta que no se hallaba controvertido el delicado estado de salud de la señora Tirao y su edad avanzada, como tampoco la procedencia de la cobertura de la prestación de salud requerida.
II.2. Sostuvo que se debía hacer lugar al pedido de internación de la actora en el Hogar "Aires de City Bell", la cual, por la patología documentada, no admitía interrupción, ya que su discontinuidad colocaría en severo riesgo la salud de la paciente. Consideró que para ello debían tenerse en cuenta los derechos en juego, las razones médicas justificadas, la premura en la obtención de la autorización de la internación, la naturaleza de los hechos, que la prestación no admitía interrupción, como así también las probanzas agregadas en autos (cfr. doctr. arts. 384, CPCC y 25, ley 13.928, texto según ley 14.192).
Todo ello, sin perjuicio de las facultades de auditoría que posee el IOMA.
II.3. Destacó la raigambre constitucional del derecho a la salud y a la vida (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; XI, DADDH; 25.1, DUDH; 4, CADH; e.o.). Citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Evaluó que, sin perjuicio de tratarse en el caso de una empresa prestadora -no sujeta a convenio-, en atención a las particulares circunstancias de la causa y la delicada situación de salud de la parte actora, correspondía hacer lugar a la cobertura peticionada.
II.4. Entendió que el caso posee circunstancias fácticas y probatorias diferentes a las del precedente de esta Suprema Corte de Justicia caratulado A. 76.471, "Sánchez", sent. de 30-III-2021.
II.5. Agregó que la demandada no acreditó cuáles serían las empresas incluidas en el convenio ofrecidas como alternativa, ni de qué modo las mismas darían eventualmente suficiente y cabal cobertura a la prestación que la delicada situación de salud de la amparista requiere; ello, sumado a la premura y necesidad de asegurar su continuidad del modo en que viene siendo satisfecha a favor de la señora Tirao.
II.6. Hizo referencia a que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia y que tal coyuntura constituía una grave emergencia sanitaria nacional, lo cual dificulta aún más una eventual situación de interrupción o modificación de prestación de servicio, frente al grave estado de salud, y los bienes jurídicos tutelados (la vida y la salud).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 19, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22 y 23 y concordantes de la Constitución nacional; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial; 10 y concordantes de la ley 6.982; 1.I. del decreto reglamentario 7.881/84 y 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, denuncia violación de doctrina legal, absurdo y arbitrariedad. En especial alega la violación de la doctrina legal recaída en la causa A. 76.471, "Sánchez" , sentencia de 30-III-2021.
Señala que la sentencia impugnada carece de los elementos esenciales que permitan considerarla un acto judicial válido, ya que los motivos en los que se encuentra fundada son solo aparentes. Que se ha apartado de los escritos constitutivos de la litis y no ha evaluado de modo adecuado las constancias documentales de la causa, apoyándose únicamente en afirmaciones de naturaleza dogmática, o inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el solo sustento de la voluntad de los jueces. Y que su falta de fundamentación viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso y vulnera, asimismo, lo dispuesto por los arts. 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
Expresa que no se ha justificado la condena al IOMA a cubrir el 100% del valor de cobro del geriátrico, que resultan holgadamente superiores a los de otras instituciones de iguales características.
Aduce que no se advierte tampoco cuál sería la "ilegalidad manifiesta" en la que incurriera el IOMA. Más bien surgiría lo contrario: que ningún obrar arbitrario o ilegal puede ser imputado al Instituto demandado.
En ese sentido, expone que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo por cuanto no se ha probado la existencia de una arbitrariedad. De esta manera, la sentencia de la Cámara, sostiene, conmueve violentamente la doctrina imperante en la materia. Cita jurisprudencia de esta Suprema Corte.
En ese orden, considera que no se verifican los presupuestos de procedencia de la acción de amparo intentada y además que la condena impuesta por la Cámara va más allá de lo que el IOMA reconoce por la prestación brindada con un universo de empresas que sí tienen convenio con IOMA, lo cual agrava más el vicio de absurdo denunciado.
Estima que de esta forma el Hogar "Aires de City Bell", que es una empresa fuera de convenio, se convierte en una institución privilegiada por sobre el resto de las empresas al facturar un importe por demás excesivo con relación a la prestación brindada y en comparación al resto de las empresas que cumplen la misma prestación. Entiende que la Cámara de esta forma viola los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional.
Dice además que si bien la Cámara pondera que la condena que dicta lo es, "...sin perjuicio de las facultades de auditoría que posee el IOMA..." omite considerar la abultada suma que la empresa indicada percibe por el servicio que brinda como así también que no puede obligarse a la Administración a que la cobertura sea prestada por una empresa no vinculada con el IOMA, salvo circunstancias especiales, las cuales, claramente, no concurren en el presente caso.
Agrega que no se ha evaluado si la actora se hallaba en imposibilidad de costear la parte del arancel no reintegrado por el IOMA conforme resoluciones vigentes para aquellas instituciones por fuera de convenio o la imposibilidad de que pudiera ser alojada en otro establecimiento con convenio con la obra social. Contrario a ello, aduce, el Tribunal de Alzada invirtió la carga procesal que cabía a la actora, reprochándole a su parte no haber acreditado la posibilidad de modificar las condiciones de internación de la amparista sin riesgo para su salud; como así también no haber demostrado que con el listado de prestadoras que ofrece IOMA pueda garantizarse la calidad y eficiencia en la atención de salud que las particularidades del caso ameritan.
En contraposición a lo sentenciado por la Cámara, consigna lo resuelto por esta Corte en la causa A. 76.471, "Sánchez", cuya doctrina, dice, resulta plenamente aplicable al caso y, aun así, fue violada. Ello, en razón de que este Tribunal tiene dicho que en este tipo de casos la empresa que debe encargarse de cumplir la prestación, como así también los profesionales intervinientes, deben integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de la obra social. Afirma que dicha doctrina legal fue enunciada en la causa A. 75.422, "Cáceres", sentencia de 28-VIII-2019, y tomada como precedente para resolver en la causa "Sánchez", sentencia de 30-III-2021.
Añade que la decisión impugnada incurre en arbitrariedad al carecer de fundamento adecuado que dé base a la condena impuesta al IOMA. Lo cual no queda suplido con la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.).
Entiende que no luce suficiente la alegación de cuestiones particulares que generen un estado de situación especial que sostenga la excepcionalidad propuesta por el fallo, no explicándose la razón por la cual no se pueda utilizar una institución perteneciente al Registro de Prestadores de IOMA, o cuál sería el daño concreto que ello pudiera ocasionar a la amparista.
Afirma que el proceder de la Cámara es palmariamente dogmático porque se apoya en una serie de normas superiores de índole local e internacional que aparecen desvinculadas del concreto presupuesto de hecho de esta causa y de las disposiciones legales que directa e inmediatamente rigen el punto en debate.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En primer orden cabe advertir que los agravios vinculados con la procedencia de la vía del amparo elegida por la parte actora y la consecuente cobertura de las prestaciones médicas a cargo del IOMA, no son de recibo.
El tema de la procedencia de la vía elegida llega a esta instancia firme y consentido, en tanto el señor juez de grado declaró la procedencia de la vía del amparo y de la cobertura integral lo cual no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes. No obstante ello, la demandada intenta reeditar un tema ya debatido y resuelto coincidentemente en ambas instancias.
A mayor abundamiento, el embate de la recurrente se limita a reiterar los argumentos referidos a que no se encuentran configurados los requisitos de procedencia de la acción con motivo de que el IOMA no incurrió en un obrar ilegítimo porque no tuvo oportunidad de analizar ni resolver la prestación reclamada por la actora.
Tales argumentos no van más allá de meros disentimientos personales con la solución dada por la Cámara a la contienda y, como tales, no logran demostrar que la sentencia, en este aspecto, no constituya una derivación razonada del derecho vigente (art. 279, CPCC).
IV.2. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que se ha violado la doctrina legal de esta Corte en relación con la empresa que debe otorgar la prestación en casos como el presente.
En ese orden, cabe destacar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, esta Corte, en una causa en la que se suscitó una cuestión de hecho análoga -pues el actor había requerido la cobertura por parte del IOMA de un servicio de internación llevado a cabo por una entidad fuera de convenio-, se resolvió que la empresa encargada de cumplir la prestación debía integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de dicha obra social (causa A. 76.471, "Sánchez", sent. de 30-III-2021). Más recientemente, y en el mismo sentido, se decidió la causa A. 77.130, "Sabbatini", sentencia de 23-II-2022.
En los mentados precedentes este Tribunal señaló que de acuerdo al régimen implementado por el IOMA -en términos generales- el principio de libre elección del prestador (art. 25, ley 23.661) se hace efectivo permitiendo a sus afiliados optar entre una cartilla de profesionales adheridos al sistema (conf. arts. 1, 22 in fine y concs., ley 6.982), cuya actuación se encuentra controlada no solamente por los colegios respectivos y las autoridades sanitarias estatales, sino también a través de los mecanismos que despliega la propia obra social. De tal modo, estos profesionales han de suponerse igualmente idóneos para atender adecuadamente las dolencias, salvo que exista prueba en contrario.
Al igual que en los aludidos fallos, en autos, la citada normativa del IOMA no ha sido controvertida y tampoco se ha producido prueba que demuestre la falta de idoneidad de los médicos adheridos al referido sistema (art. 384, CPCC).
Como reiteradamente ha señalado este Tribunal, el derecho de los afiliados -en principio- debe circunscribirse a la libre elección de los profesionales y servicios que en opinión del IOMA -organismo competente para cumplimentar los fines de la ley 6.982- brinden una atención eficiente, satisfactoria o que no fueran sancionados (causas I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich Neurosiquiátrica S.A.", sent. de 5-III-1996; I. 1.655, "Mosquera", sent. de 28-XI-2001; B. 55.312, "R., R. O.", sent. de 28-III-2012 y A. 76.471, cit.).
V. En definitiva, de lo expuesto se desprende que corresponde revocar la sentencia cuestionada en lo que refiere a la necesidad de que la cobertura asistencial sea prestada por la empresa "Aires de City Bell", confirmando en este aspecto lo decidido por el señor juez de primera instancia.
Con todo, y a efectos de evitar cualquier inconveniente que pueda suscitarse en la fase de ejecución de esta decisión, se instruye al magistrado de primera instancia que arbitre todos los medios a su alcance a fin de garantizar que la cobertura dispuesta no sufra interrupciones, vigilando que las prestaciones objeto de condena por parte de la empresa que elija la actora entre las adheridas al sistema del IOMA, se hagan efectivas en forma inmediata al cese de la actividad de la empresa "Aires de City Bell", siempre y cuando sigan las condiciones de afiliación de la señora Tirao.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Las costas en todas las instancias se imponen en el orden causado atento existir vencimientos mutuos (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 68 segundo párr., 71, 274, 289 y concs., CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte demandada; se revoca la sentencia cuestionada exclusivamente en lo que se refiere a la necesidad de que la cobertura asistencial sea prestada por la empresa "Aires de City Bell" y, en consecuencia, se ordena al señor juez de primera instancia, a efectos de evitar cualquier inconveniente que pueda suscitarse en la fase de ejecución de esta decisión, que arbitre todos los medios a su alcance a fin de garantizar que la cobertura dispuesta no sufra interrupciones, vigilando que las prestaciones objeto de condena por parte de la empresa que elija la actora entre las adheridas al sistema del IOMA, se hagan efectivas en forma inmediata al cese de la actividad de la empresa "Aires de City Bell", siempre y cuando sigan las condiciones de afiliación de la señora Tirao (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas en todas las instancias se imponen en el orden causado atento existir vencimientos mutuos (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 68 segundo párr., 71, 274, 289 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:08:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.