Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79653
Lo que resolvió el tribunal
I. Dejar sin efecto lo decidido, por mayoría, por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín en la resolución de fecha 13-IX-2024 respecto a la eximición del depósito a los efectos de la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II. Intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco (5) días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación a la impugnante de la referida diligencia.
A.79.653 "W., M. M. C/ IOMA S/ ACCION DE AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso ordenar al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) que le brinde a la amparista la cobertura en un 100% del tratamiento médico acorde a la obesidad mórbida que padece, por algún especialista médico de la cartilla de esa entidad; bajo apercibimiento de astreintes. Ello, haciendo saber que -mientras no se modifiquen las circunstancias allí ponderadas- IOMA debía cubrir, en caso de así ser requerido por la actora y con la urgencia que se impone, ya sea la atención de la amparista en un centro ambulatorio o en su caso, de las distintas prestaciones ambulatorias, con la celeridad del caso. Asimismo, revocó la decisión de la instancia anterior en cuanto resolvió no imponer costas, estableciendo tanto las de primera instancia como las de la Alzada, por su orden (v. sent. de 24-V-2024).
I.2. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Solicitó la inaplicabilidad o, eventualmente, la declaración de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto exige la constitución de un depósito previo. Adujo que goza del beneficio de gratuidad establecido en el art. 20 de la ley 13.928. Planteó la cuestión federal a los fines de los arts. 14 y 15 de la ley 48 (v. present. electr. de 10-VI-2024).
I.3. En lo que aquí interesa, la Cámara interviniente -por mayoría- no obstante pronunciarse por el rechazo de la tacha de inconstitucionalidad del art. 280 referido, entendió que el caso en análisis se encuentra comprendido en la excepción que prevé la citada norma en el párrafo tercero, por tratarse de una reclamación originada en un hecho, acto u omisión del IOMA que goza del beneficio de gratuidad conforme la ley provincial 12.200. Con base en ello, concluyó que la parte actora se encuentra eximida del depósito previo, en el marco de las previsiones de la citada norma (conf. arts. 280 y 281 y concs., CPCC, de aplicación en la especie por expresa remisión del art. 25 de la ley 13.928) y concedió, por ante esta Corte, el recurso extraordinario articulado por la amparista (v. resol. de 13-IX-2024).
II. Pasando a analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la vía extraordinaria que fue concedida por el Tribunal de Alzada, conforme a las previsiones contenidas en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo, cabe exigir a la recurrente el depósito allí previsto.
II.1. Al respecto, en principio, este Tribunal ha resuelto que en las acciones de amparo los litigantes no se encuentran eximidos de efectuar el depósito previo establecido en la referida norma, desde que no están incluidos en ninguno de los supuestos de excepción previstos en la misma y porque dicha carga económica no es un impuesto, sellado de actuación ni la Tasa de Servicios Judiciales a los que se refiere el art. 20 de la ley 13.928 (conf. doctr. causas A. 70.755, "Lizziero", resol. de 5-V-2010; A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", resol. de 29-VI-2011; Q. 72.662, "Asociación por los Derechos Civiles", resol. de 11-IX-2013 y Q. 73.886, "Martín", resol. de 28-IX-2016).
II.2. En relación a los planteos formulados por la recurrente con respecto a tal exigencia -peticionando su inaplicabilidad o inconstitucionalidad-, cabe observar que este Tribunal tiene dicho que ella no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017; C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020; C. 125.861, "Enrique M. Baya Casal S.A.", resol. de 29-IX-2023 y C. 128.344, "S.D.A.", resol. de 9-VIII-2024).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni el acceso a la justicia (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, C. 120.941, C. 123.625, C. 125.861 y C. 128.344, cits.).
En tal sentido, se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 98.938; C. 120.941; C. 123.625 y C. 128.344, cits.).
El derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941, C. 123.625 y C. 128.344, cits.).
II.3. A lo expuesto se agrega que la propia ley permite al impugnante, en el supuesto de verdadera falta de recursos, demostrar judicialmente su situación y litigar sin responsabilidad pecuniaria en materia de gastos causídicos, por lo que, en razón de ello, la exigencia del depósito previo no resulta contraria a las normas constitucionales invocadas, si no se le impide al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial y, utilizando los medios a su alcance, acceder a la instancia extraordinaria obviando la carga procesal cuestionada ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II- 435 y 1959-III-200; conf. doctr. causas C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, C. 121.498 y C. 128.344, cits.), opción que no surge que haya sido ejercida por la recurrente.
II.4. Finalmente, frente a lo resuelto por la Cámara en la resolución de fecha 13-IX-2024 con relación a la eximición del depósito de previo, no se advierte en esta instancia que el supuesto de autos se halle incluido en la excepción prevista por el art. 280, párrafo tercero, del Código Procesal Civil y Comercial al no encuadrar en los términos expresos de la ley 12.200 (reclamo de origen laboral o de seguridad social).
III. Así, no habiéndose satisfecho la carga pecuniaria en cuestión, ni solicitado la recurrente la tramitación de un beneficio de litigar sin gastos (conf. art. 78 y sigs., CPCC), y atendiendo a la indeterminación de la cuantía económica del juicio conforme la pretensión deducida, corresponde intimar a la impugnante para que en el término de cinco (5) días acompañe comprobante que acredite haber depositado a la orden del tribunal que dictó el pronunciamiento atacado el monto mínimo contemplado en el ordenamiento ritual, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (art. 280, segundo y cuarto párrafo, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Dejar sin efecto lo decidido, por mayoría, por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín en la resolución de fecha 13-IX-2024 respecto a la eximición del depósito a los efectos de la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II. Intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco (5) días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación a la impugnante de la referida diligencia.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y ofíciese a la Cámara a los fines aquí indicados.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2025 12:53:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2025 13:45:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 10:01:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 16:05:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2025 09:04:58 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2025 09:06:43 hs. bajo el número RR-51-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia