Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79206
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
A.79.206 "LAGUZZI MARIA GABRIELA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROV. DE BS. AS. S/ ACCIÓN DE AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Carral y Kohan dijeron:
I. En autos -en el marco de una acción de amparo entablada por la señora María Gabriela Laguzzi contra el Instituto de Previsión Social por la que solicita que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones n°4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte- la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó -por mayoría- la decisión de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada así como también la que rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la parte demandada (v. resol. de fecha 22-XII-2022).
I.1. Para así decidir, en relación al planteo de incompetencia sostuvo -remitiendo a precedentes propios de análoga configuración- que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues, desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso, colocan a aquél que realiza el descuento como agente de la administración pública -IPS- y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló, además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015 y "Buffoni", sent. de 18-XII-2018.
I.2. Ahora bien, para resolver en cuanto a la medida cautelar otorgada, entendió que -en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares- se encuentra presente en autos el requisito de verosimilitud en el derecho, citando el precedente propio “Colavita” (sent. del 16-VI-2020). Asimismo, juzgó que las consideraciones expresadas por el magistrado de grado en lo atinente al peligro en la demora se ajustan a derecho y no han logrado ser desvirtuadas por la recurrente.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley agraviándose tanto del rechazo de la excepción de incompetencia como de la procedencia de la medida cautelar peticionada (v. presentación de fecha 10-II-2023).
III. Que frente al recurso interpuesto, la Cámara interviniente lo concedió solo en cuanto respecta a la competencia del fuero provincial, no así en punto a la medida cautelar (v. resol. de fecha 6-II-2024).
IV. Corresponde entonces aquí abordar el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley parcialmente concedido.
IV.1. En la vía incoada, la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la apelación- denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilada, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asimismo, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
IV.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar la postura que había asumido previamente, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto por el Tribunal de grado como por la Cámara de Apelación interviniente para rechazarla, quien han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente y relacionados con la denegatoria de la excepción de incompetencia no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 74.540, "Bahía Petroleo", sent. de 13-XI-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
Por último, deviene ineficaz el agravio desarrollado por la demandada por el que sostiene que la Cámara, al resolver, desoyó la decisión adoptada en el caso "Méndez" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello en tanto que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A.77.310 "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (cfr. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2024 13:57:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/12/2024 11:42:27 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 12:06:25 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 13:50:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 14:37:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2024 14:41:58 hs. bajo el número RR-1047-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia