Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76810
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.810, "García Christensen, Verónica contra Municipalidad de Tres Arroyos. Acción de amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación deducido por la Municipalidad de Tres Arroyos y acogió el interpuesto por la parte actora. En consecuencia, modificó el pronunciamiento de grado, rectificando la condena al municipio demandado ordenándole que, en el plazo de quince días hábiles computados desde que adquiera firmeza el fallo, resuelva la solicitud de información ambiental (ptos. 2 a 5) formalizada el día 19 de julio de 2019 (v. sent. de 29-IX-2020).
Disconforme con esa sentencia, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-X-2020, 12:27:30 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de 26 de noviembre de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo :
I.1. La señora Verónica García Christensen promovió demanda de amparo contra la Municipalidad de Tres Arroyos, con el objeto de que se le ordene a la demandada a que se expida sobre la oportuna solicitud de información ambiental relativa a la realización del evento denominado "Rally Bonaerense", con el fin de hacer cesar la vulneración de su derecho al acceso a la información pública ambiental.
En esa línea, alegó que el mentado derecho constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los ciudadanos para el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente sano y el correlativo deber de preservarlo previsto en el art. 41 de la Constitución nacional.
En tal marco , la solicitud de información instrumentada el día 19 de julio de 2019 —y reiterada el día 18 de octubre de 2019— ante el municipio, respecto del "Rally bonaerense llevado a cabo en la localidad de Claromecó en fechas 3 y 4 de agosto de 2019" , constó de los siguientes puntos: "1) Si se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental, social y económico, como medida previa obligatoria que disponen la ley general del ambiente 25.675 y 11.723, y en su caso, se me otorgue copia del mismo. 2) Cual es el circuito establecido y su respaldo documentado. 3) Cuales son las medidas de seguridad y mediante que instrumento administrativo se han dispuesto, y se brinde copia del mismo. 4) Cual ha sido el dictamen de la Comisión Asesora de la Estación Forestal al respecto, en cumplimiento del art. 6 de la Ord. 6.361/10. 5) Se informe y brinde copia de cualquier otro instrumento público que tenga que ver con la realización del evento, como por ejemplo, contratos, ordenanzas, decretos, etc." (expte. adm. nota n° 283.126/19; y pedido de pronto despacho en expte. adm. nota n° 285.450/19 de 18-X-2019 adjuntados digitalmente con la demanda).
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional n° 1 de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción de amparo promovida contra la Municipalidad de Tres Arroyos, por no haber brindado esta en tiempo y forma la información ambiental requerida, e impuso las costas a la vencida (v. sent. de 23-VII-2020).
I.3. Disconformes con el pronunciamiento de grado, las partes actora y demandada incoaron sendos recursos de apelación (v. presentaciones electrónicas de 30-VII-2020, 07:08:08 hs. y 31-VII-2020, 11:43:56 hs.).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata acogió la impugnación articulada por la actora en tanto que rechazó la deducida por la demandada (v. presentaciones electrónicas de 30-VII-2020, 07:08:08 hs. y 31-VII-2020, 11:43:56 hs., respectivamente). Consecuentemente, modificó el decisorio de primera instancia rectificando la condena impuesta, y ordenó al municipio demandado a que, en el plazo de quince días hábiles, resuelva la solicitud de información ambiental formalizada por la actora el día 19 de julio de 2019, en relación con los requerimientos consignados en los puntos 2 a 5 de dicha pieza. Con costas del Tribunal de Alzada, por el recurso incoado por la actora, a la demandada en su calidad de vencida, mientras que las generadas por el embate instado por dicha parte se fijan en el orden causado al no haber mediado contradicción (v. sent. de 29-IX-2020).
II.1. Para así decidir, precisó que su intervención jurisdiccional se circunscribía a determinar la procedencia de una acción cuyo objeto portaba una pretensión de acceso a información pública ambiental, enderezada a que el municipio demandado proporcione la información solicitada el día 19 de julio de 2019 con relación a la realización del "Rally Bonaerense" en la localidad de Claromecó.
De tal modo, consideró que la pretensión de autos conllevaba, de un lado, un fin inmediato de acceso a documentos de índole administrativa, y, de otro, un fin mediato de potencial preservación del ambiente, hallando ambos objetivos basamento constitucional (conf. arts. 41 y 75 inc. 22, Const. nac. y 28, Const. prov.).
Con invocación de la doctrina de esta Corte y la cita de la ley 25.831, estimó que garantizar el acceso a la información ambiental era un imperativo justificado, en primer lugar, en evitar que la ciudadanía forme juicios de valor apresurados e infundados sobre las posibles consecuencias ambientales que podrían causar determinados emprendimientos públicos o privados y, además, en desincentivar peticiones jurisdiccionales prematuras de eventuales litigantes que no contaron con la posibilidad de verificar los documentos que abordaban la problemática ambiental involucrada.
Desde ese piso de marcha, sostuvo que carecía de andamiaje lo planteado por la demandada en cuanto a que la reclamante no se hallaría habilitada a formular el requerimiento que originaba estas actuaciones, al no acreditar que la actividad sobre la que se procuraba obtener información pudiera afectar significativamente al ambiente. En ese sentido, interpretó que se mostraba de toda obviedad que la solicitante no tenía certeza sobre el tópico ni contaba con información precisa sobre las particularidades que rodeaban al desarrollo de la competencia automovilística; pues de lo contrario, aquella no hubiera tenido la necesidad de acudir a la jurisdicción en pos de destrabar el acceso a la información y documentación que la Administración demandada, sin razón atendible, no puso a su disposición.
Entendió que, no obstante que ya se había materializado el "Rally Bonaerense" con anterioridad a la sentencia de grado, nos encontrábamos frente a esos particulares supuestos en los que resulta de aplicación la doctrina excepcional del derecho procesal norteamericano y admitida por nuestra Corte federal para sortear el pretendido valladar de la cuestión devenida abstracta postulado por la comuna.
Advirtió que, de acuerdo a la documental incorporada por el municipio (v. escrito electrónico de 1-VII-2020) y la simple consulta del sitio web de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo n° 3 Zona Sudoeste, existía alta probabilidad de que sobrevendría la realización de nuevas competencias automovilísticas como la que motiva el presente proceso.
II.2. Con respecto al pedido de información formalizado por la amparista ante la comuna, juzgó que no se encontraba totalmente satisfecho, pues pese al esfuerzo en cotejar la prueba acompañada con la contestación de la demanda no podía sostenerse que el ente comunal se haya pronunciado para satisfacer debidamente la solicitud efectuada en sede administrativa en cuanto a la información requerida en los puntos 2 a 5; en tanto que con relación al primer punto (estudio de impacto ambiental), al manifestar la interesada que fue el único contestado por la demandada, eximía a ese tribunal de indagar en tal sentido.
Ponderó que el informe del Secretario de Gestión Ambiental del municipio demandado era la pieza documental más relevante aportada a la causa, mientras que la restante documentación adjuntada —nota de vecinos de Claromecó y nota periodística de relevamiento de aves— carecía de trascendencia para comprobar tanto la actualidad de la pretensión instada en el sub lite como su eventual procedencia.
II.3. Al expedirse sobre la cuestión sustancial, consideró que las constancias de la causa exteriorizaban un obrar ilegítimo en la verificada omisión estatal, por no haber ofrecido la comuna respuesta alguna a la información requerida por la peticionante, lo cual ha resultado contrario al ordenamiento jurídico (arts. 1, 4 y 9, ley 25.831). Por otro lado, estimó que, de corresponder, era deber de la Administración comunicar oportunamente las razones que imposibilitaban cumplir con tal petición (conf. art. 7 inc. "f", ley 25.831).
Finalmente, concluyó que la inobservancia del régimen previsto en la ley 25.831 de parte del ente municipal por no evacuar la solicitud informativa a la que se hallaba compelido, implicaba la afectación actual y persistente del derecho de acceso a la información ambiental de la actora, debiendo soportar las consecuencias normativas de obrar en el modo referido (arts. 1, 2 y 4, ley 25.831).
III. Contra esa sentencia, se alza la Municipalidad demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 19-X-2020, 12:27:30 hs.), alegando que la cuestión debatida se ha tornado abstracta, indica que se ha violado la doctrina legal emanada de la Suprema Corte, denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y la vulneración del principio de congruencia con afectación del derecho de defensa.
III.1. En primer término (v. específicamente apdo. V del recurso), se hace una frondosa explicación respecto del absurdo, la que por no estar vinculada específicamente al caso de autos no reviste atingencia con la solución del pleito.
Algo similar hace respecto de la violación de doctrina legal donde se presenta una explicación del concepto de aquel vicio, más no se indica con la debida precisión cómo ello es aplicable al caso, ni qué doctrina ha sido quebrantada.
III.2. Luego, aduce que al igual que lo hizo al apelar el pronunciamiento de grado, la realización del rally en debate fue en el mes de agosto de 2019 y consecuentemente ha tornado la cuestión abstracta, circunstancia que —según sostiene— obstaculiza a la judicatura a expedirse. En ese sentido, cita y transcribe parágrafos de precedentes de este Tribunal relativos al mantenimiento del interés real de los litigantes que reputa soslayado por la Cámara.
En efecto, sostiene que la condena dispuesta por el Tribunal de Alzada a brindar información conforme a los requerimientos obrantes en los puntos 2 a 5 de la solicitud efectuada por la solicitante no se ajusta al caso, pues el reproche tendría que haber sido la extemporaneidad de la oportunidad en que ha sido satisfecha.
Asimismo, se agravia de que el a quo centró el debate en los principios constitucionales de la información pública ambiental para acceder a los reclamos de la actora, en tanto que —afirma— no es dable soslayar un aspecto sustancial como el informe emitido por el Secretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos, acompañado al contestar la demanda y de cuyo contenido subraya lo terminante en cuanto a la temporalidad, no persistencia y reversibilidad del pretenso daño ambiental invocado por la demandante.
Añade que tampoco fue apreciada en su justa dimensión la presentación que fuera aportada como prueba —expediente administrativo 4116-283196/2019— en la que vecinos de la comunidad de Claromecó suscribieron su conformidad a la realización de eventos como el rally u otros similares, porque —según manifestaron— no ocasionaban daño al ambiente e implicaban beneficios económicos, de difusión, deportivos, entre otros.
III.3. De la mano de lo anterior, alega la violación del principio de congruencia en virtud de que en el pronunciamiento que se impugna consta la consulta por la Cámara a un sitio web (Federación Regional de Automovilismo Deportivo n° 3 Sudoeste) que daría cuenta de una nueva fecha de una competencia, sin haberse peticionado por las partes ni ordenado en autos. En efecto, considera afectado su derecho de defensa por cuanto se da por cierta, como plena prueba, la realización de una competencia que nunca se hizo.
III.4. Finalmente, concluye que a la luz de los agravios expuestos no puede dejar de analizarse la carencia de legitimación de la amparista para solicitar en esta instancia la información requerida.
IV. El recurso extraordinario interpuesto no prospera.
IV.1. Inicialmente adelanto que esencialmente el planteo de la recurrente, más allá de como fuera estructurado, tiene su eje en que la cuestión es abstracta, pues según entiende la comuna el objeto de la pretensión se encuentra cumplido y consecuentemente, lo efectivamente decidido por la Cámara está por fuera del objeto de la pretensión, lo que importaría según su criterio una violación del principio de congruencia.
IV.1.a. En primer lugar, habré de señalar que la mera reiteración ante este Tribunal de argumentos esgrimidos —y rechazados— en la instancia anterior aparejan el rechazo de los agravios introducidos en la impugnación extraordinaria (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; e.o.). En este aspecto, los agravios que porta la pieza recursiva, aunque con mayor despliegue, son idénticos a los que oportunamente blandiera en el recurso de apelación, lo que sella la suerte adversa de la impugnación deducida ante esta Corte.
El a quo , más allá del acierto o error, expresó los motivos por lo que a su entender el objeto de la pretensión —que se ordene a la Municipalidad demandada a dar curso a la solicitud oportunamente requerida de información ambiental con relación al evento "Rally Bonaerense" y, consecuentemente, cese la vulneración del derecho al acceso a la información pública ambiental (v. demanda digitalizada de 11-XII-2019, pto. I)—, no se encontraba cumplido, aún con el evento deportivo ya finalizado.
Es este el tramo no atacado en el recurso, lo que resulta dirimente para la solución del caso.
IV.1.b. La Cámara entiende que el objeto de la pretensión perdura por cuanto este tipo de eventos se lleva a cabo con cierta regularidad, por lo que independientemente de la situación particular de esta carrera corresponde "…dejar sentada una interpretación jurisdiccional esclarecedora sobre institutos regidos por la Constitución. Entre tales supuestos ha englobado a las cuestiones traídas ante sus estrados y que son 'capable of repetition, but evading review' (siguiendo la terminología de la Suprema Corte de Justicia Americana) [cfr. C.S.J.N. in re A.1021-XLIII 'A., M. B. y otro c. E. N. Ministerio de Planificación Dto. 118/06 (ST) s. Amparo ley 16.986', sent. de 1-6-2010, por remisión al Dictamen de la Subprocuradora Fiscal]" (v. pto. 3.1.1. del decisorio).
Explica además que nos encontramos en un supuesto donde existiría una razonable expectativa de que este tipo de carreras deportivas se repitan en el futuro. Específicamente puntualiza que "La realización de nuevas competencias automovilísticas tales como la que motiva el presente proceso constitucional no se avizora solo como una razonable expectativa, como bien pudiera desprenderse de la documental incorporada por la Comuna en su escrito electrónico del 1-7-2020, por el que efectuó la contestación de demanda [v. nota periodística del 23-7-2019, presentación de vecinos de Claromecó que da inicio al expte. adm. N° 4116-283196/19 e informe del Secretario de Gestión Ambiental del 1-7-2020 en que se refiere que '(d)ado que el rally ya fue realizado y considerado el conflicto generado [...] se propuso al Delegado de Claromec(ó) [...] que ante pr(ó)xim(as) realizaciones se considere llevarlo a cabo entre las localidades balnearias (Reta-Claromecó y Orense) utilizando un circuito diagramado por los caminos rurales...'], sino que existen fundados elementos para inferir con un alto grado de probabilidad que ello sobrevendrá" (pto. 3.1.2. de la sentencia).
Estos puntos, medulares por cierto en el razonamiento seguido por el tribunal no han sido debidamente refutados por la recurrente, quien se limita a señalar que, por la sola culminación del evento, la cuestión ha devenido abstracta.
Así pues, aun cuando la realización de futuras carreras pudo no haber formado parte de la pretensión, y esto configurase una relativa extralimitación en el decisorio de la Cámara, lo cierto es que las razones del a quo para fundar aquella proyección hacia carreras venideras no ha sido materia de agravio. En particular la invocación de las corrientes doctrinarias blandidas para solventar este argumento, que ni siquiera se encuentran identificadas en el recurso.
Al respecto tiene dicho esta Corte que en sede extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo constituye un requisito ineludible para el impugnante. La falencia en el contenido impugnativo del recurso, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que —al margen de su acierto o error— se asienta el fallo del tribunal inferior, deja en pie la decisión controvertida (doctr. causas Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; C. 92.017, sent. de 28-VI-2006; C. 107.000, sent. de 7-V-2014; C. 116.903, sent. de 17-VII-2015; C. 119.210, sent. de 19-X-2016; entre muchas otras). Tal es, precisamente, la característica que exhibe la presentación recursiva aquí abordada.
Es dable destacar que debió refutarse —actividad preterida por el recurrente— con solvencia el argumento de la Cámara respecto a las posibles repeticiones del evento.
IV.2. Si bien lo anterior resulta suficiente para sellar la suerte adversa de la impugnación, hay además otra variable argumental de la sentencia que no ha merecido impugnación suficiente, y que por su autonomía da sustento al interés presente de la litis. Me estoy refiriendo a la "preservación del medio ambiente" en los términos expresados en el apartado 3.1.3. del decisorio, y el acceso a la información respecto del impacto de la carrera.
Así pues, además de lo expresado en el punto anterior, la Cámara agrega que tanto la cuestión ambiental como el acceso a la información, que tiene tutela constitucional "…no agotan su proyección en una faceta preventiva y precautoria de toda afectación ambiental (inteligencia que bien podría derivarse de la tesitura ensayada por la accionada), sino que comprenden también —de resultar procedente— una posterior faz restitutiva o reparatoria del ambiente, objetivoséstos que integran la política ambiental nacional que fluyen de la Ley General del Ambiente, cuyas disposiciones de orden público —llamadas a regir en todo el territorio de la Nación— han de guiar la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia [conf. arts. 2 incs. 'a', 'g', 'i', 'k' y 3, Ley 25.675]", y agrega "No es sino a través del acceso a la información pública ambiental que se posibilita plenamente, en caso de resultar menester ante toda afectación o daño ambiental que pudiera verificarse, el postrer accionar tendiente a procurar —de así corresponder— su debida recomposición y la eficacia del principio de responsabilidad enunciado en la citada norma [conf. arts. 4, 28 y 30, Ley 25.675]".
Es decir,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.