Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78504 P
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la queja traída con el alcance indicado en el considerando V.1. y, admitiéndola parcialmente, conceder -con el alcance indicado en el considerando V.2.- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068).
II. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine, CPCC; art. 31 de la ley 14.967).
A.78.504-P "ASSAD SILVIA SUSANA C/ I.P.S. S/ ACCION DE AMPARO"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Carral y Kohan dijeron:
I. En autos -en el marco de una acción de amparo entablada por la señora Silvia Susana Assad contra el Instituto de Previsión Social solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones 4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte- la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la decisión de grado en cuanto rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la demandada y el pedido de citación de tercero (v. resol. de fecha 4-VIII-2022).
I.1. Para así decidir, en relación al planteo de incompetencia sostuvo -remitiendo a precedentes propios de análoga configuración- que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues, desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso, colocan a aquél que realiza el descuento como agente de la administración pública -IPS- y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló, además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015.
I.2. En cuanto a la citación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como tercero en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, entendió que no resulta ser uno de los supuestos que cabe considerar comprendidos como regla en el art. 16 de la ley 13.928 y puntualizó que en el presente litigio no se encontraría discutida la norma que regula el impuesto a las ganancias (ley 20.628), sino la actuación del ente previsional local en su rol de recaudador y la aplicación al caso de otras disposiciones que regulan el modo en que debe liquidarse el mencionado tributo.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 25-VIII-2022), cuya denegatoria -con sustento en la falta de definitividad de la resolución impugnada- (v. resol. de 10-XI-2022), motivó la presentación de la queja ante esta Corte (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 25-XI-2022).
III. Requeridos los autos principales mediante notificación directa el 19 de abril de 2023, éstos fueron recibidos electrónicamente el 27 de abril de 2023.
IV. En primer lugar, es del caso resaltar que encontrándose los autos principales en esta Corte a los efectos de resolver la queja deducida, la Cámara interviniente, dictó sentencia definitiva. Al respecto corresponde señalar a dicho organismo que la petición de las actuaciones principales tiene por efecto la suspensión de la sustanciación de la causa desde la recepción de la requisitoria (conf. arg. art. 292, último párrafo del CPCC).
V.1. Pasando ahora a analizar la vía intentada y respecto del cuestionamiento dirigido a objetar el rechazo de la citación de tercero, corresponde señalar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (conf. causas Q. 75.585, "Mancuso", resol. de 26-XII-2018; Q. 75.702, Fernández Urricelqui", resol. de 22-V-2019).
Así, en el caso, el pronunciamiento de la Cámara que confirmó la decisión del juez de grado que rechazó la citación del tercero por entender que no resulta ser uno de los supuestos que cabe considerar comprendidos como regla en el artículo 16 de la ley 13.928, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código citado, desde que no produce el efecto indicado anteriormente, sin que se observen motivos de excepción que permitan apartarse del criterio señalado (conf. causas C. 117.828, "Del Valle Martínez", resol. de 9-X-2013; A. 73.648, "Vigil", resol. de 10-VI-2015; A. 75.360, "Córdoba", resol. de 9-VIII-2018; Q. 76.950, "Caricatto", resol. de 5-VII-2021; Q. 78.153, "Oliva", resol. de 14-III-2023).
En consecuencia, corresponde desestimar el embate traído en relación al mencionado cuestionamiento (arts. 278 y 292, CPCC).
V.2. Analizando -ahora- el agravio dirigido a atacar el rechazo de la excepción de incompetencia planteada, cabe recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti", resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003 cits.; Fallos 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
De esta manera, se aprecia que el caso sub examine encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal admitió la apertura de la vía extraordinaria en cuestiones de competencia, en cuanto a través del canal extraordinario de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del fuero federal (doctr. causas Ac. 107.089, resol. de 17-VI-2009; C. 103.835, "Montanari", resol. de 20-III-2010; C. 118.983, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 3-VI-2015; Q. 78.360, "Lyall", resol. de 28-IV-2023).
En atención a lo expuesto, revistiendo carácter definitivo lo resuelto en el fallo sobre la incompetencia planteada y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder -al respecto- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 292, Cód. cit. y Acordada 4068).
VI. Pasando a analizar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se advierte que no puede prosperar, atento a la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
VI.1. En la vía extraordinaria incoada, la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la apelación - denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Por último, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
VI.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto po r el juez de grado como por la Cámara interviniente, quienes han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente y relacionados con la denegatoria de la excepción de incompetencia no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 74.540, "Bahía Petroleo", sent. de 13-XI-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
También deviene ineficaz el agravio desarrollado por la demandada por el que sostiene que la Cámara, al resolver, desoyó la decisión adoptada en el caso "Méndez" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello en tanto que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A.77.310 "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022).
VII. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (cfr. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la queja traída con el alcance indicado en el considerando V.1. y, admitiéndola parcialmente, conceder -con el alcance indicado en el considerando V.2.- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC; Acordada 4068).
II. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine, CPCC; art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:06:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:12:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/11/2024 11:09:16 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 14:03:31 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 17:04:53 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2024 17:07:23 hs. bajo el número RR-900-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia