Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 10388
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de grado, salvo en lo relativo a la excepción de defecto legal, a la que se hace lugar, fijándose un plazo de diez (10) días desde que la presente quede firme a fin de que la actora subsane el señalado defecto en la determinación de la época en que sucedieron los hechos fundantes de la demanda (art. 352 inc. 4° CPCC bajo el apercibimiento de su segundo párrafo), modificándose así parcialmente la resolución apelada. Costas en ambas instancias en un 70% a la demandada y en un 30% al actor (arts. 68; 69 y 274 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904). Devuélvanse juntamente con los principales “LARREA, HUGO MARTIN C/GAVILAN, ANA MARIA S/DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO”, expte. 33.808.
Expte. 10388; Reg. 71 (S) del 5/6/2017
En la ciudad de Necochea, a los días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “LARREA, HUGO MARTIN C/GAVILAN, ANA MARIA S/ACCION CALIFICACION DEL BIEN" expte. 10.388, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Señores Jueces Doctores Fabián Marcelo Loiza, Oscar Alfredo Capalbo y Señora Jueza Doctora Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a ¿Es justa la sentencia de fs. 131/134vta.?.
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
I. La Sra. Jueza de grado Dra. Manis dictó sentencia en la que resolvió “Rechazar las excepciones de incompetencia, cosa juzgada y defecto legal, planteadas por la demandada. (…) Imponer las costas de la presente incidencia a la Sra. Gavilán en su carácter de vencida (arts. 68 y 69 del ritual). (…) Diferir la regulación de honorarios de los letrados actuantes para la oportunidad prevista en el art. 51 de la Ley 8904.”
Para decidir de ese modo entendió, respecto de la excepción de incompetencia, que “la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, resulta a todas luces una cuestión no sólo conexa sino incluida dentro del trámite de liquidación de sociedad conyugal” añadiendo, con cita jurisprudencial que lo avalaría, que “deben llevarse a conocimiento de un mismo Juez cuestiones que, si bien en atención a su naturaleza pudieran ser competencia de otros, presentan suficientes elementos comunes como para mantenerlas vinculadas (…)”.
En cuanto a la defensa de cosa juzgada entendió que “el art. 347 del Código ritual, expresamente determina que no se dará curso a las excepciones si la de cosa juzgada no se presentare con el testimonio de la sentencia respectiva (art. 347 inc. 3 del CPCC), por lo que, no habiéndose dado cumplimiento a la misma, la excepción interpuesta debe ser rechazada sin más.”
A mayor abundamiento y con cita de la sentencia obrante en el sistema informático, sostuvo que “no se dan en el caso de autos –donde se persigue la determinación de la naturaleza propia o ganancial de los inmuebles denunciados-, identidad de objeto, por lo que no se dan los recaudos pertinentes para la configuración del instituto de la cosa juzgada.” estimando que en el caso no podía darse la coexistencia de sentencias contradictorias sobre una misma cuestión.
Finalmente respecto de la excepción de defecto legal, y con apoyo en la doctrina nacional, concluyó que “sin perjuicio de la evaluación, análisis y examen que de los términos de la demanda corresponde hacer en el momento procesal oportuno, de la misma, en el modo en que se encuentra formulada, no se advierte la consecuente vulneración del derecho de defensa de la contraria, desde que la Sra. Gavilán ha esgrimido profusamente las defensas de las que ha pretendido valerse, por lo que corresponde el rechazo de la excepción planteada.”
II. La decisión agravia a la demandada excepcionante quien apela a fs. 139 y funda sus agravios a fs. 141/145vta.
Efectúa allí un repaso de las actuaciones de autos y del expediente sobre liquidación de sociedad de hecho que tramitara ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 departamental.
Seguidamente expone sus agravios comenzando por la defensa de defecto legal.
En este punto entiende la recurrente que la demanda no plantea exactamente en qué momento el alegado mandato oculto entre las partes dejó de ser respetado por la accionada. Añade que ello tiene incidencia a la hora de evaluar las defensas a esbozar, ejemplificando con la prescripción.
Critica la decisión de grado por no referirse al dato central del caso y la trascendencia de la información omitidas. Añade que es claro que se la privó de la posibilidad de oponerse adecuadamente a una pretensión, en especial cuando los bienes que se dicen comprados bajo el supuesto mandato oculto datan de hace más de treinta años.
Respecto del rechazo de la excepción de incompetencia alega que nada se reclama en relación a la sociedad conyugal y se procura el reconocimiento de bienes como propios del actor siendo que aparecen como propios de la demandada, ello en virtud de la alegación de un mandato oculto.
Arguye que siendo ello así la cuestión debatida resulta de naturaleza propia del fuero civil y no del fuero de familia, excediéndose la magistrada de grado en su competencia material.
Afirma que se encuentra violado el principio de Juez natural y de debido proceso, y alega que el reclamo ninguna incidencia tiene sobre la sociedad conyugal, añadiendo que se requiere un debate más amplio por ante el Juez civil.
Finalmente en relación al rechazo de la excepción de cosa juzgada califica de exceso ritual manifiesto la exigencia del testimonio de la sentencia cuando la recurrente al excepcionarse sostuvo la imposibilidad de hacerse de dicha constancia, añadiendo que la jueza contaba con copias en el expediente principal, a las que podía acceder mediante las facultades del art. 36 CPCC.
En cuanto a la excepción en sí sostiene que la Jueza de grado ha errado pues “sobre la misma base de hechos y derechos debatidos en el proceso anterior, pretende el actor darle otra significancia jurídica, lo que (…) resulta un despropósito inadmisible.
Pues tanto en este proceso como en el anterior la discusión se da en torno a la titularidad de la propiedad de los bienes denunciados en los dos expedientes, que son los mismos.”
Indica que “el rechazo de la pretensión del Sr. Larrea tiene efectos que se vinculan derechamente a la sustancialidad del objeto del juicio y su contenido; de esta forma la sentencia sella la controversia con fuerza de cosa juzgada material en base a los hechos y derechos argüidos por el actor –causa petendi-.”
Y concluye alegando que pretender que en el presente proceso se debatan las mismas cosas (titularidad) sosteniendo la misma plataforma fáctica, pero con un sentido jurídico diferente entre una y otra (mandato oculto y sociedad de hecho) resulta a todas luces una intentona de reeditar un asunto que paso a autoridad de cosa juzgada.
El actor a fs. 147/149vta. contesta agravios solicitando la confirmación de la resolución apelada con costas a la demandada.
III. Entiendo que el recurso prospera solo parcialmente.
Analizaré cada una de las excepciones rechazadas en el grado conforme el orden en que allí fueron tratadas.
III.1. Respecto de la excepción de incompetencia, cabe recordar que para juzgar la pertinencia de la intervención de un determinado magistrado “corresponde tomar en cuenta la exposición de los hechos que el actor hiciera en la demanda y el derecho que invoca como fundamento de la acción sin atender al contenido de las defensas opuestas por el accionado; no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva de la acción entablada, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se juzgue sobre la procedencia de los derechos invocados; concretamente si el actor no acredita el vínculo que aduce procedería el rechazo de la demanda y no la declaración de incompetencia (CSJN F 279:95 entre otros).” (CCCyCorr. De Necochea en Expte. N° 222 “Bailac, Raúl c. García Villanueva y Zorzi SRL s. Daños y perjuicios” reg. int. 5 (R) del 15/02/1990.”).
Más recientemente esta Cámara, reafirmando esa línea interpretativa, ha sostenido ”para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (S.C.B.A. doctr. causa B-68.059, "Baez", res. del 3-XI-04 y C.S.N., fallos: 308:229; 310:116; 311:172; 313:971, 318: 298, entre otros) (art. 5 CPC.; este tribunal expte. 607, reg. int. 27 (S) del 13/04/2010; ídem. expte. 9786; reg. int. 133 (R) del 3/7/2014).” (expte. 10517 "Alea y Cía. S.A. c/ Transporte y Logística del Paraná S.R.L S/Cobro Sumario Sumas Dinero” reg. int. 82 (R) del 10/6/2016).
Siendo ello así y analizado el escrito obrante en autos a fs. 19/24vta. –en especial su apartado “I.- Objeto” (fs. 19 y vta.) cabe concluir en la pertinencia de la continuación del presente proceso ante la Sra. Jueza de Familia pues lo pretendido (calificación de bienes como propios) más allá de la suerte de tal petición, se enmarca dentro de la materia propia de ese Juzgado especializado (arts. 330 inc. 3° y 827 del CPCC).
III.2. En cuanto a la excepción de cosa juzgada la Suprema Corte Provincial ha sostenido que “La institución respectiva está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento. Tal proceso de identificación se practica mediante la comparación de los elementos de las acciones y para que la defensa resulte procedente deben coincidir los sujetos, el objeto y la causa, bastando que uno sólo difiera para que la excepción sea improcedente.” (Ac. B. 50.333, "Nida S.A.C.I.F.I. contra Municipalidad de Quilmes. Demanda contencioso administrativa" del 02/03/1999).
Bajo ese parámetro –y sin que quepa detenerse en la circunstancia formal de la ausencia de testimonio- cabe analizar lo actuado.
En autos coinciden las partes mas no el objeto de la acción, lo que resulta evidente del mero cotejo de una y otra, pues mientras en la primera se perseguía la disolución y liquidación de la supuesta sociedad de hecho entre ambas partes (fs. 31 del expediente 33.808 agregado por cuerda) en el presente se peticiona la calificación como bienes propios del actor de ciertos bienes inmuebles (fs. 19/vta.).
A ello cabe adunar que la litis antecedente no alumbró un pronunciamiento sobre los hechos fundantes de aquel primer proceso entre las mismas partes. A poco que se analiza la decisión que obtuvo fuerza de cosa juzgada (fs. 159/163 de aquel expediente) se advierte que una cuestión previa impidió ingresar al juzgamiento de los hechos, pues se estimó que la demanda resultaba de aquellas calificables como objetivamente improponibles (v. fs. 161vta.) lo que viene a reforzar la improcedencia de la excepción de cosa juzgada.
III.3. Finalmente en relación a la excepción de defecto legal cabe recordar que tal defensa “tiene por finalidad tutelar el derecho de defensa del demandado de raigambre constitucional (art. 18 C.N.). Pero para que ella sea admisible los defectos deben ser graves y de tal magnitud que no permitan al excepcionante producir las defensas adecuadas (conf. Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala I, 28-2-84, cit. por Higthon, Juicio Hipotecario, T. I, p. 689). En similares términos se ha sostenido que “la excepción de defecto legal tiende a lograr el efectivo cumplimiento de las formalidades prescriptas para la interposición de la demanda, de modo de permitir el eficaz ejercicio del derecho de defensa; no se refiere al fondo o justicia de la pretensión y sólo procede cuando por su forma el contenido de la demanda no se ajusta a los requisitos y solemnidades que prescribe la ley, siendo menester para su admisibilidad que la oscuridad de la demanda pueda colocar al demandado en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas o producir las pruebas conducentes (conf. CNCiv., Sala C, 14/10/75, RepJa, 1976, síntesis; cit. por Highton, op. cit. p. 686).” (precedente Cámara departamental en expte. 6101 “Banco Rio de la Plata S.A. c/Bilo, Roberto A. y ot. s/Ejecución Hipotecaria”, reg. int. 129 (R) 8-05-03).
Cabe entonces indagar si el escrito de demanda conforma un oscuro libelo en relación al relato de los hechos tal como pretende el recurrente. A tal fin debe analizárselo en relación al art. 330 inc. 4° del CPCC, que impone al actor la narración de los hechos “explicados claramente”. Lógicamente ese “hablar claro” tiene raíces en el principio general de la buena fe e impone a quien demanda ser explícito en los hechos que darían pie a su pretensión, pues de lo contrario podría derivarse una afectación de las garantías constitucionales.
En el caso la demandada se queja puntualmente respecto de la ausencia de determinación temporal de la imputada violación al supuesto acuerdo existente entre las partes (fs. 83vta.). Es decir, se alegó la existencia de un mandato (fs. 21/23vta.) y se denunció su incumplimiento (“la demandada en su calidad de mandataria ha violado con su proceder los límites del acuerdo existente entre ambos, en mi perjuicio”) pero se omitió referencia temporal respecto de ese acontecimiento (o serie de ellos) lo que evidencia un faltante que no puede ser tolerado pues contraviene el deber legalmente impuesto por el referido art. 330 del ritual.
No impide la conclusión expuesta lo sostenido por el actor respecto de que la oportunidad de oponer la excepción ya ha transcurrido, pues sin la previa especificación de la temporalidad de los hechos fundantes, no puede entenderse que esa oportunidad haya realmente existido.
Es que si falta un recaudo esencial de la demanda (explicación clara de los hechos) ésta no puede estimarse completa, de donde la previsión del art. 3962 del CC no se haya configurada.
Tampoco una defensa “profusa” en algunos aspectos puede implicar la limitación de ese derecho en otros; así las excepciones y defensas de fondo que pueden apuntar a otras circunstancias no pueden significar resignar ese ejercicio en otros que pueden resultar de relevancia para la dilucidación de la causa.
De igual modo, si al contestar demanda la recurrente se refirió al contrato argüido, ello por sí solo no le podría negar la pertinencia de la excepción, en tanto la defensa que dice perder –aun subsidiariamente- guarda lógica con aquella contestación.
En definitiva entiendo que cabe hacer lugar al recurso únicamente respecto de la procedencia de la excepción de defecto legal fijándose un plazo de diez (10) días desde que la presente quede firme a fin de que la actora subsane el señalado defecto en la determinación de la época en que sucedieron los hechos fundantes de la demanda (art. 352 inc. 4° CPCC, bajo el apercibimiento de su segundo párrafo), modificándose así parcialmente la resolución apelada.
Atento el modo en que propicio se resuelva la cuestión, propongo que las costas en ambas instancias se impongan en un 70% a la demandada y en un 30% al actor (arts. 68; 69 y 274 del CPCC).
En consecuencia, a la cuestión plateada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez doctor Capalbo votó en igual sentido y por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de grado salvo en lo relativo a la excepción de defecto legal, a la que se hace lugar, fijándose un plazo de diez (10) días desde que la presente quede firme a fin de que la actora subsane el señalado defecto en la determinación de la época en que sucedieron los hechos fundantes de la demanda (art. 352 inc. 4° CPCC bajo el apercibimiento de su segundo párrafo), modificándose así parcialmente la resolución apelada. Costas en ambas instancias en un 70% a la demandada y en un 30% al actor (arts. 68; 69 y 274 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Capalbo votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, de junio de 2017.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de grado, salvo en lo relativo a la excepción de defecto legal, a la que se hace lugar, fijándose un plazo de diez (10) días desde que la presente quede firme a fin de que la actora subsane el señalado defecto en la determinación de la época en que sucedieron los hechos fundantes de la demanda (art. 352 inc. 4° CPCC bajo el apercibimiento de su segundo párrafo), modificándose así parcialmente la resolución apelada. Costas en ambas instancias en un 70% a la demandada y en un 30% al actor (arts. 68; 69 y 274 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904). Devuélvanse juntamente con los principales “LARREA, HUGO MARTIN C/GAVILAN, ANA MARIA S/DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO”, expte. 33.808. Notifíquese personalmente o por cedula (art. 135 CPC).
Dr. Fabián M. Loiza Dr. Oscar A. Capalbo
Juez de Cámara Juez de Cámara
Dra. Ana Clara Issin
Juez de Cámara
Dra. Daniela M. Pierresteguy
Secretaria
Fin de la sentencia