Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 140382
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: 1) Se confirma la resolución del 17 de marzo de 2025. 2) Las costas por la intervención en la Alzada se imponen al demandado en su calidad de vencido.
La Plata, 26 de Junio de 2025.
1. Mediante la decisión del día 17/3/2025 el la Sr. Juez de la instancia de origen resolvió, desestimar la nulidad deducida por Gustavo Daniel Martinez. Para así resolver valoró que, no se logra evidenciar que las falencias consignadas le hubiese irrogado perjuicio efectivo alguno al interesado. Asimismo que el traslado de la negligencia acusada por la parte actora fue efectuado conforme lo normado en el art. 133 del CPCC, mereciendo el dictado del resolutorio del 25/10/2024 luego de transcurrido el correspondiente plazo legal que así dispone el citado artículo, desestimándose también la impugnación planteada por la demandada por tratarse de cuestiones vinculadas a materia probatoria y no susceptibles -por ende- de ataque a través de apelación, todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 377 del CPCC.
Contra esa decisión, el demandado interpuso recurso de apelación sosteniendo sus agravios en escrito del 14/4/2025 (art. 246 CPCC, traslado 21/4/2025 con su réplica 29/4/2025).
2. El apelante alegó, sucintamente, que el proveído por el que se da traslado de la negligencia no le fue debidamente notificado y que el certificado de prueba contiene datos erróneos respecto de la prueba producida por lo que requiere su corrección.
En su contestación del memorial, la parte actora solicitó se declare desierto el recurso interpuesto por insuficiencia técnica además de resultar extemporáneo el planteo, por que en definitiva lo que pretende es la nulidad de la resolución de fecha 25/10/2024.
3. Abordando la tarea revisora, y dando las debidas razones del caso (aers. 168, Constitución Provincial, 3, Código Civil y Comercial), para un mejor entendimiento de la cuestión a resolver, corresponde realizar una breve reseña de lo actuado.
En dicha directriz, se advierte que en fecha 30/9/2024 Diego Guillermo Martínez peticionó la declaración de negligencia de la parte demandada respecto de la prueba pendiente de producción que allí detalló.
De tal solicitud se ordenó el traslado respectivo en los términos del art. 133 del Código Procesal (4/10/2024), el que no se notificó conforme establece el Ac.4013/21 SCBA t.o. Ac. 4039/21 SCBA en su artículo 10, es decir en el domicilio electrónico constituído por el demandado; véase que únicamente se notificó en el domicilio electrónico del actor.
A raíz de la incontestación del referido traslado, se dictó el resolutorio de fecha 25/10/2024 por el que se hizo lugar a la negligencia pedida, que pasara luego en autoridad de cosa juzgada, como más adelante se desarrollará.
Tal resolución, tampoco se notificó a la parte demandada en su domicilio electrónico, sino únicamente a la parte actora.
Ahora bien, mediante escrito de fecha 5/11/2024 la Dra. Maria Alejandra Alcalde en representación del demandado (art. 48 Código Procesal) interpuso apelación contra el pronunciamiento que decidió la negligencia, recurso éste declarado inadmisible en los términos del art. 377 CPCC y notificado al demandado en los términos del art. 10 citado (14/11/2024).
El 25/11/2024 se certificó prueba por la Sra. Secretaria del Juzgado y el 5/12/2024 el accionado articuló el planteo de nulidad resuelto el 17/3/2025 que viene ahora apelado.
4. En primer término, ante el planteo de insuficiencia efectuado por el accionante, cabe recordar que expresar agravios importa refutar y poner de relieve los errores de hecho o de derecho que a juicio del recurrente contiene la resolución atacada, y la impugnación que se intente contra esta última debe hacerse de modo de rebatir todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. Así, resulta insuficiente el memorial de agravios que no se hace cargo de los fundamentos o premisas conclusivas de la decisión apelada, o bien que transita por carriles distintos a los que vertebra el fallo y se desentiende de la estructura argumental y jurídica del mismo o bien que reitera lo expuesto en escritos anteriores sin aportar nada nuevo" (esta Sala, causa 116.994, RSD 28/14, e. o.).
Asimismo, conforme lo dispone el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial, la impugnación debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se aprecien equivocadas. Aplicando un criterio amplio a los fines de facilitar la vía recursiva, deviene admisible el tratamiento de los agravios si el ataque se muestra suficientemente claro para su abordaje, respetando su fundamentación las consignas establecidas en esa norma del Código ritual (esta Sala, causa 116.373, RSD 20/14, e. o.).
Del análisis del memorial objetado, a la luz de estos criterios lleva a concluir que el mismo satisface el estándar del citado precepto adjetivo por lo que no corresponde acceder a la declaración de deserción pedida (arts. 260, 261 del Cód. Procesal).
5. Sentado ello, concordante con lo establecido anteriormente, es dable sostener que el demandado debió realizar el planteo nulitivo en su debida oportunidad (léase presentación de fecha 5/11/2024 y/o eventualmente al notificársele el proveído de fecha 14/11/2024) mediante la vía procesal específica prevista al efecto (arts. 169 y ss. del CPCC), en lugar de plantear un recurso de apelación manifiestamente inadmisible (art. 377 del CPCC) ya que el vicio alegado radicaba en la falta de debida notificación del pedido de negligencia y no en la resolución que así lo declaraba.
Al haber Gustavo Daniel Martinez apelado desde dicha fecha se encuentra notificado de lo actuado con anterioridad, por lo que se ha agotado su oportunidad de plantear la nulidad de lo actuado, ya que ha operado la preclusión y ha convalidado el eventual vicio (art. 170 del CPCC). Corresponde señalar que esta Sala ha decidido en otras oportunidades que "la preclusión es una institución general que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una fase del juicio" (Chiovenda, Giuseppe, "Instituciones de Derecho Procesal Civil", trad. por E. Gómez Orbaneja, 2da. edic., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, Tomo I, pág. 385; causas 113.294, RSD 17/12, 115.335, RSD 53/16, 121.442, RSD 111/17).
En este sentido, se ha dicho que este principio "... implica la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que puede ser consecuencia de: 1° no haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio; 2° haberse realizado una actividad incompatible con el ejercicio de la facultad, y 3° haberse ejercitado ya válidamente una vez la facultad (consumación propiamente dicha)." Y, que en materia recursiva suele capitalizarse la preclusión por consumación y así se indica que si la impugnación ha sido incoada errónea o deficitariamente no puede volver a reproducrise para enmendar los errores..." (conf. Quadri, Gabriel Hernán. "Los recursos ordinarios en el proceso civil y comercial de la provincia de Buenos Aires". Ed. Abeledo Perrot, Avellaneda, Bs. As., 2013, págs. 56 y 57).
6. A lo reseñado, debe agregarse que la cosa juzgada, impide recepcionar los agravios del apelante ya que resolución de fecha 25/10/2024, por lo antes expuesto, ha adquirido ese carácter.
Lo dicho se puntualiza, por cuanto, como ya ha señalado esta Sala, el precepto de autoridad de la cosa juzgada responde a la necesidad que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que las partes renueven indefinidamente los debates.
Por consiguiente, no corresponde hacer lugar al agravio en tratamiento.
7. Por lo demás y en relación al agravio contra el certificado de prueba firmado por la Secretaria del Juzgado, sin perjuicio de resultar extemporáneo, se comienza por señalar que el tribunal de alzada es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, por ejemplo, si aquel fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurre, sin estar atado ni por lo resuelto por el juez "a quo" ni por lo acordado por las partes (S.C.B.A., en "D.J.B.A.", Tº 143, pág. 3797; esta Sala, causas B-80.539, reg. int. 39/95; B-81.262, reg. sent. 117/95; B-83.358, reg. sent. 130/96 y B-85.763, reg. int. 369/97, 122.958, RSI 68/18, e. o.).
Y ello es así, por cuanto se trata de una cuestión en la que está comprometido el orden público, toda vez que se refiere a la jurisdicción y a la competencia funcional, lo cual habilita a la Cámara para determinar oficiosamente la procedencia formal de los recursos para los cuales es llamada a conocer (S.C.B.A., en "Acuerdos y Sentencias", 1970-II-166; esta Sala, causas citadas precedentemente).
Dicho esto, se señala que el certificado de la Actuaria del 25 de noviembre de 2024 no reviste la naturaleza de sentencia o providencia en los términos del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial por lo que no resulta susceptible de ser impugnado mediante un recurso de apelación y menos aún de modo directo (art. 38 del CPCC). Eventualmente contra dicho acto procesal cabría haber incoado un incidente de nulidad a fin de su refutación (art. 169 y ss. del CPCC).
8. Conforme lo decidido, corresponde cargar las costas al demandado vencido (arts. 68, 242, 246, 270, 155 del Código Procesal).
POR ELLO: 1) Se confirma la resolución del 17 de marzo de 2025. 2) Las costas por la intervención en la Alzada se imponen al demandado en su calidad de vencido. Regístrese. Notifíquese (SCBA art. 10 de la AC. 4013 mod. por AC. 4039). Devuélvase.
FRANCISCO A. HANKOVITS ANDRES A. SOTO PRESIDENTE JUEZ
Fin de la sentencia