Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122928
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 843/846, reputándose inoficiosa dicha actuación y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 24 de Abril de 2019.
I. La parte actora interpone recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley oportunamente articulado, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827; v. fs. 827/840 vta. y fs. 821/823, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento de origen que, a su turno, rechazara la acción de colación al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 733/739 y fs. 793/799 vta.).
II. En la vía ahora intentada, la recurrente funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los derechos de propiedad, debido proceso, igualdad y a ser oído, amparados en los arts. 16, 17, 18, 31 y 33 de la Constitución nacional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (v. fs. 828 vta./829, 833/835 vta. y 839 vta./840).
II.1. Afirma que la resolución de esta Corte incurrió en arbitrariedad por exceso ritual manifiesto al negar la viabilidad del recurso de inaplicabilidad de ley aduciendo -según su criterio- cuestiones formales. Y en ese devenir, se omitió resolver sobre la cuestión de fondo planteada en el juicio de colación, referida a la simulación de venta realizada por los padres a un hijo -el demandado en autos- desvirtuando -así- el derecho constitucional de propiedad (v. fs. 829).
En ese sentido, sostiene que a través de una errónea y dogmática aplicación de normas adjetivas, que el Tribunal hizo primar sobre la verdad objetiva, se dejó firme la sentencia del inferior lesionando su alegado derecho de propiedad (v. fs. 833). Y que en ese marco, se dictó un fallo sin fundamentación suficiente y que se apartó del derecho, doctrina y jurisprudencia aplicables (v. fs. 838 vta.).
II.2. Aduce que esta Corte -al sellar la suerte del planteo incoado- desconoció la aplicación de diversas normas federales e internacionales con jerarquía constitucional (v. fs. 832 vta.).
II.3. Insiste en la arbitrariedad del pronunciamiento cuestionado en tanto violó -a su entender- el principio de congruencia, a la vez que omitió la consideración de pruebas conducentes, causándole un gravamen personal (v. fs. 833 y vta.).
II.4. Finalmente, sostiene que la cuestión federal se configura al haber decidido este órgano sobre la insuficiencia del recurso local cuando -a su entender- la propia Cámara a quo había resuelto conceder el mismo. Con ello, concluye, se vulneraron los derechos de raigambre constitucional ya enunciados (v. fs. 834/835 vta.)
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 841/842), el mismo fue contestado por la parte demandada mediante apoderado al que, en atención a la copia digitalizada de poder acompañado -luego de ser intimado-, se lo tiene por presentado en tal carácter (art. 47, CPCC)
Con relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito vinculado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 reglones a fs. 843). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
IV. Respecto al recurso extraordinario federal interpuesto corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara para rechazar la acción de colación impetrada, así como la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos de la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
IV.1. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual manifiesto, omisión de cuestiones, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable (v. fs. 829, 832 vta./833 y 838 vta./839 vta.), tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. Por otro lado, cabe apuntar que la simple denuncia de la pretendida vulneración de garantías constitucionales y convencionales (arts. 16, 17, 18, 31 y 33 de la Const. nac. y el art. 8.1 de la CADH; v. fs. 828 vta./829, 833/835 vta. y 839 vta./840), no abastece el medio de impugnación formulado, dado que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. SCBA, causas Ac. 96.343, resol. de 24-IX-2008; C. 100.875, resol. de 2-III-2011; C. 103.368, resol. de 26-XII-2012; entre tantas otras).
IV.3. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 839).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 843/846, reputándose inoficiosa dicha actuación y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia