Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122661
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.661, "M., L. J. contra L., E. R. y otros. Acción de colación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca modificó parcialmente la sentencia de primera instancia en lo concerniente al porcentaje en el que el valor del bien inmueble donado debía incorporarse a la masa partible del sucesorio, estableciéndolo en el 50%, lo que se traducía en que los donatarios restituyeran entre todos el 12,5% del valor del bien. Asimismo, dispuso que la valuación debía realizarse a valores corrientes a la fecha de fallecimiento del causante y actualizarse mediante el índice de precios al consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), desde dicha fecha y hasta el momento en que se realizara la partición. Confirmó las costas de primera instancia impuestas a los vencidos. En cuanto a las de alzada, por el rechazo de las acciones subsidiarias de reducción de donación inoficiosa y complemento de legítima, las impuso al actor (v. fs. 344 vta. y 345).
Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 353/363).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor L. J. M., por apoderado, inició demanda de colación y subsidiariamente de reducción de donación inoficiosa contra las señoras M. D. L. y E. R. L. y el señor O. R. L. Interpuso la acción en su carácter de hijo extramatrimonial del señor L. L., emplazado en ese estado por sentencia judicial firme dictada el día 5 de noviembre de 2013. Manifestó, además, que el progenitor estaba casado con la señora I. S., unión matrimonial de la que habían nacido los hijos aquí demandados; que había donado a ellos, con reserva de usufructo, el inmueble rural ubicado en el Partido de Coronel Dorrego, cuya nomenclatura catastral era circunscripción XIV, parcela 861, matrícula n° 10.018 del año 1973, de trescientas noventa (390) hectáreas de superficie, de titularidad exclusiva de su padre, aunque de carácter ganancial respecto de la cónyuge, quien había prestado su asentimiento en el acto notarial; que el donante había fallecido el día 7 de julio de 2001 y su cónyuge el día 17 de marzo de 2007. Peticionó intereses sobre el valor colacionable desde la interpelación extrajudicial a los demandados y hasta el efectivo pago o los frutos del inmueble de prosperar la acción de reducción de donación inoficiosa que había promovido en subsidio (v. fs. 16/23 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentaron los demandados -por medio de apoderado- admitiendo la obligación de colacionar el valor del 12,5% pero oponiéndose a la valuación del bien a la fecha de sentencia, así como también al reclamo de los frutos por la acción subsidiaria planteada por el actor (v. fs. 51/57). Del allanamiento parcial se dio traslado al actor, quien lo contestó repeliéndolo (v. fs. 68/69).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, ordenando colacionar en los autos "L. L. s/ Sucesión ab intestato" -en trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Pringles- el valor total del inmueble, el que se determinaría cuando se efectuara el avalúo dentro del sucesorio, para luego imputarse a cada hijuela de herederos forzosos declarados, lo que se traducía en que los donatarios restituyeran el 25% del valor del bien en el que se había excedido la legítima. Determinó que se liquidarían intereses moratorios sobre el valor final de la hijuela del actor a la tasa pasiva más alta que fijara el Banco oficial en sus operaciones de depósito a treinta días, desde la fecha de la interpelación extrajudicial (28 de junio de 2013) hasta la fecha de efectivo cumplimiento de esa manda judicial. Impuso las costas a los demandados, en razón de que el allanamiento no había sido real (v. fs. 298/309 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por el actor (v. fs. 310), quien luego desistió de su recurso (v. fs. 326), y por los demandados (v. fs. 313), que presentaron el pertinente memorial a fs. 321/325 vta., el que fue respondido por la parte contraria (v. fs. 328/333).
I.2. Elevados los autos a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, esta modificó parcialmente la sentencia de grado anterior.
I.2.a. Dispuso, en principio, que debía ingresar a la masa relicta el 50% del valor del inmueble, lo que se traducía en que los donatarios debían integrar el patrimonio de la sucesión en el 12,5% de ese valor.
Para decidir de esa manera, comenzó el análisis del instituto de la colación transcribiendo la opinión de tratadistas especializados en el tema, teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en el art. 3.476 del Código Civil, que le permitió concluir que la finalidad de la norma era mantener la igualdad entre los herederos legitimarios (v. fs. 339/340).
Seguidamente abordó el tratamiento de la colación de bienes gananciales para recordar que la doctrina y la jurisprudencia eran contestes en que el donatario de un bien ganancial debía colacionar el 100% del bien donado, a solicitud de un coheredero legitimario, en la sucesión del cónyuge donante fallecido que contase con la titularidad exclusiva, la disposición y la libre administración de ese bien ganancial, aclarando que el cónyuge supérstite no se convertía en donante, pero que por aplicación analógica del art. 3.753 del Código Civil podía peticionar la recompensa por la mitad del valor de la donación en el sucesorio de quien había sido su cónyuge (v. fs. 340).
Encontró que esos principios serían de aplicación si las partes en conflicto fueran todos hijos del donante y de su cónyuge, pero que en el caso y con el fin de equilibrar las porciones de los herederos mediante la colación del bien denunciado, esta debía realizarse en el 50% del valor, que es lo que ingresaría en el sucesorio del padre de los herederos de no haberse realizado la donación (v. fs. 340 vta. y 341).
Agregó que de otra forma se burlaría la legítima de los accionados al otorgar derechos al actor sobre el valor que correspondía a la cónyuge del donante -quien luego falleció- en desmedro de los hijos de esta, en razón del carácter ganancial del bien inmueble donado (v. fs. 341).
I.2.b. Por último, se pronunció sobre el momento en que debía fijarse el valor colacionable, transcribiendo lo que esta Corte había expresado en la causa C. 117.312, "Camuyrano" (sent. de 19-X-2016), en el sentido de que el régimen legal aplicable era el vigente al momento de la muerte del causante, pues allí se generaba la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederles por testamento o por la ley (v. fs. 341 y vta.).
En razón de ello, encuadró el caso en el art. 3.477, segundo párrafo del Código Civil. El valor colacionable debía entonces ser fijado al momento del fallecimiento del donante (v. fs. 341 vta.).
Sin embargo, advirtió que los accionados, al contestar demanda, habían ofrecido actualizar por depreciación monetaria el valor que se determinara a la fecha del deceso y hasta el momento de la partición, para arribar, de esa manera, a una solución más justa y mantener la igualdad de los herederos a la fecha del reparto (v. fs. 342).
Consideró, entonces, que la cuestión era meramente patrimonial y por lo tanto disponible para las partes en clara ventaja para el accionante, pues se sorteaba la prohibición de actualización por índices establecida en el art. 10 de la ley 23.928. Dispuso, pues, la aplicación del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC (v. fs. 342 y vta.).
II. Se agravia el recurrente denunciando la aplicación errónea de los arts. 1.272, 1.276, 1.277, 3.476, 3.477 y 3.483 del Código Civil.
II.1. Comienza su impugnación refiriéndose al régimen patrimonial del matrimonio, resaltando que los bienes gananciales -según la ley- pertenecen al cónyuge administrador y que el cónyuge no administrador solo tiene la expectativa de, a la muerte o al divorcio del otro, adquirir los bienes existentes a ese momento. Sobre esa base afirma que de la estricta hermenéutica del art. 1.276 del Código Civil surge que cada cónyuge es el exclusivo propietario de los bienes que tiene en cabeza y los administra y dispone libremente (v. fs. 355/357).
Señala que el señor L. L. había dispuesto a favor de sus tres hijos transmitir por donación la totalidad del campo de su propiedad. Transcribe un párrafo de la causa C. 98.210, "Fernández" (sent. de 14-IV-2010), destacando el carácter de propietario exclusivo del donante, en lo que basa la violación legal que le endilga a la Cámara (v. fs. 357 y vta.).
II.2. Seguidamente reseña la doctrina de autores referida a la finalidad de la colación de igualar la situación de los herederos legitimarios, para luego desplegar sus argumentos respecto de la colación de los bienes gananciales (v. fs. 357 vta./359 vta.).
Se queja de que la Cámara haya incorporado a la masa partible el 50% del valor del bien donado cuando corresponde el 100%, pues -señala- a partir de la sanción de la ley 17.711 y la modificación de los arts. 1.276 y 1.277, que consagran el régimen de separación de bienes y administración de los propios, la donación de un bien ganancial realizada por el cónyuge que tiene la administración vale por el total sin que interfiera la sociedad conyugal, que concluye con su disolución (v. fs. 359 vta./360 vta.).
II.3. Por último, se agravia de la manera en que la Cámara dispuso la conformación del valor del bien.
Puntualiza que el art. 2.385 del Código Civil y Comercial establece que el valor se determina a la época de la partición y que siguiendo lo dispuesto por esta Corte en la causa C. 107.897, "Gabino" (sent. de 24-V-2013), la finalidad de la acción de colación es la igualación de los herederos respecto del patrimonio del causante.
Entiende por ello que el valor del campo debe fijarse al momento de la partición porque así se equiparan los derechos y se respetan las legítimas. Adoptar otra solución, concluye, importaría un menoscabo económico que empobrecería a un heredero para beneficiar a otro (v. fs. 360 vta./362).
Alega que la jurisprudencia caracterizó a la colación como una obligación de valor, la que -además- está contemplada en el art. 772 del Código Civil y Comercial (v. fs. 361 vta. y 362).
III. El recurso prospera.
III.1. El señor L. L. donó en vida a sus tres hijos nacidos de su matrimonio con la señora I. S. -aquí demandados- un bien inmueble de su titularidad registral, pero de carácter ganancial, prestando su cónyuge el pertinente consentimiento (v. fs. 11/14).
Luego de fallecidos tanto el donante como su esposa, y habiendo el actor obtenido sentencia de filiación que lo emplazó en el carácter de hijo extramatrimonial del señor L. L., promovió la presente demanda tendiente a obtener de parte de los donatarios la colación del bien inmueble objeto de autos.
No se encuentra en tela de juicio el deber de colacionar que pesa sobre los demandados respecto del bien, en virtud del allanamiento a la pretensión formulado a fs. 52 vta. Tampoco la subsunción del caso en las normas del Código Civil de Vélez.
Sí es objeto de disputa, en cambio, si los accionados deben colacionar por el total del valor del inmueble, como pretende el actor, o -como sostienen los demandados- únicamente sobre la mitad del mismo.
Los donatarios postulan esta última interpretación porque consideran que, si bien el acto jurídico tuvo por objeto la transmisión de un bien de carácter ganancial cuya administración correspondía al donante, de admitirse la pretensión del actor con los alcances señalados se violaría la porción que les corresponde. Ello desde que, según argumentan, al concurrir la cónyuge supérstite a la sucesión del donante le hubiera correspondido el 50% del inmueble, por lo que solo podría computarse para la adjudicación de las hijuelas de los cuatro hijos el restante 50%, pues es inimaginable entender que la cónyuge hubiera prestado su asentimiento en la donación de la totalidad del inmueble con aquel alcance (v. fs. 53 vta./55 vta.).
Mientras que la decisión recaída en la instancia de origen reconoció que la acción prosperaba respecto de la totalidad del fundo -caso en el cual correspondía reconocer al actor un 25% de su valor-, el Tribunal de Alzada entendió que debía prosperar sobre la mitad -lo que redujo aquella participación al 12,5% del mismo-.
III.2. El recurrente denuncia que tal modo de resolver importa infracción de los arts. 1.272, 1.276, 1.277, 3.476, 3.477, 3.478 y 3.483 del Código Civil.
Encuentro que en este punto le asiste razón (art. 289, CPCC). Veamos.
III.2.a. Bajo el régimen del Código Civil, conforme a la redacción dada por la ley 17.711, la libertad e igualdad en la gestión es un derecho que compete a ambos cónyuges. Cada uno administra y dispone de sus bienes propios y gananciales (art. 1.276, Cód. Civ.), con la única limitación de la necesidad de requerir el asentimiento del otro para los supuestos previstos en el art. 1.277 del citado ordenamiento (mi voto en la causa C. 117.327, "P. M. P.", sent. de 1-VII-2015).
Así, "...el carácter propio o ganancial de un bien no afecta la propiedad exclusiva de su dueño salvo en cuanto hace a la limitación establecida por el art. 1.277 del Código Civil mientras la sociedad conyugal subsista (art. 1.276 cit.), sin que esto convierta al cónyuge del propietario en parte en el acto de disposición, quien no deja de ser un tercero por más que se exija su asentimiento . Dicho de otra manera, 'la ganancialidad es simplemente una calidad de cada bien, que define su destino en caso de permanecer en el patrimonio de su titular al tiempo de disolver el régimen ; y ocasiona en ciertas hipótesis una limitación en el poder dispositivo del cónyuge propietario del bien'" (causa Ac. 64.403, "Sazowski", sent. de 10-XI-1998; con cita de Guaglianone, Aquiles Horacio; Régimen Patrimonial del Matrimonio II, n° 220, Ediar, Buenos Aires, 1975, págs. 144/145; el destacado me pertenece).
El mentado art. 1.276, en lo que aquí interesa, disponía que "...cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad prevista en el artículo 1.277"; mientras que este último, a su turno y en lo que de momento importa, imponía como "necesario" el "...consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria".
Por otra parte, como punto de partida, la colación supone que la donación de un bien a uno de los herederos forzosos del donante funcione como un adelanto, sin que implique favorecerlos especialmente. De acuerdo con este instituto "...en esencia, las donaciones quedan transformadas en una ventaja de tiempo (anticipación de la cuota), más que en una ventaja de contenido (no hay mayor caudal para un heredero que para otro)" (Maffia, Jorge O.; Manual de derecho sucesorio , 3ra. Edición, Tomo I, Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 396. En similar sentido, Trujillo, Juan Carlos; "Acción de colación", LL 1985-D-806; causa C. 115.276, "Bentivegna", sent. de 27-XI-2013).
Lo que ha de desentrañarse entonces, dados los límites de la contienda sometida a juzgamiento, es si aquella primitiva calificación del bien, que fue donado en vida por el causante, resulta de algún modo relevante al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal por muerte del otorgante del acto, como pretenden los demandados como plataforma a partir de la cual proyectan la limitación al derecho postulado por el accionante.
III.2.b. Cierto es que un importante sector de la doctrina ha sostenido una tesis que parece mostrar un resultado cercano al que proponen los accionados. En esa corriente se han enrolado autores de la talla de Borda (Borda, Guillermo A.; Tratado de derecho civil. Sucesiones , Tomo I, Perrot, Buenos Aires), Martínez Ruíz (Martínez Ruíz, Roberto; La colación en el derecho sucesorio , Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1943) y Fornieles (Fornieles, Salvador; Tratado de las sucesiones , Tomo I, TEA, Buenos Aires, 1958). Con todo, la atenta lectura de esa doctrina la exhibe aquí inaplicable, dado que ella se refiere al supuesto de una donación que se ha realizado sin el consentimiento del cónyuge, excluyendo el supuesto de los inmuebles, puesto que para estos casos -advierte Borda- se requiere dicho consentimiento o autorización judicial (ob. cit., pág. 460). En tales hipótesis, precisa, al tiempo de la muerte del donante -que en el ejemplo que el autor de la cita propone sería el marido- en la sucesión de este "... la esposa tiene derecho a recibir la parte que a ella le corresponde en los gananciales", puesto que, "...si las donaciones hechas por el marido salieran del conjunto de los gananciales, la mujer no recibiría íntegramente la parte que le corresponde como socia" . Y en la situación inversa -esto es, que muera primero la esposa- sostiene que "...en la sucesión de ella debe colacionarse la mitad y la otra mitad cuando muera el donante . Se explica que así sea - continúa-, porque la mujer no recibiría íntegramente la parte que le corresponde" (ob. cit., pág. 460; el destacado me pertenece).
La opinión citada encuentra a su turno apoyo en las enseñanzas de Salvador Fornieles (ob. cit., págs. 393/396). Este autor parte de la misma premisa: la liberalidad sobre bienes que no son inmuebles, realizada sin el consentimiento de su esposa, "...porque el esposo está impedido de donar inmuebles del matrimonio sin la concurrencia de la mujer" (ob. cit., pág. 393).
Para Fornieles, en tales casos "...la donación que hace el padre a uno de sus hijos, lleva impresa una característica que no puede olvidarse: es un anticipo de herencia -art. 3476- y por más extensos que sean los poderes que tiene como administrador de la sociedad conyugal, es indudable que no alcanzan hasta permitirle hacer anticipos de la herencia de su mujer [...]. El hecho de que pueda servirse de un bien ganancial para hacer la donación, no induce que comprometa con ello la voluntad de la mujer, en forma de que ésta resulte haciendo un anticipo de herencia sin saberlo o sin quererlo . Como los bienes gananciales pertenecen por mitad a ambos cónyuges, aunque no estén divididos, lo único que resulta de ahí es que, al hacerse la división, se le descontará de su haber el valor del objeto de que dispuso " (ob. cit., págs. 394/395; el destacado me pertenece).
Y en tren de explicar su razonamiento concluye: "El motivo más serio es que si las donaciones del marido salieran del conjunto de los bienes gananciales y no exclusivamente de la parte suya, se disminuirían los derechos de la mujer, y ésta no recibiría íntegramente la mitad que le corresponde como socia . El esposo, por el camino indirecto de las donaciones a los hijos, reduciría los gananciales de su esposa, a lo que se opone el artículo 1315. En conclusión: si ella no ha participado en las donaciones, tiene derecho a tomar íntegramente su mitad de gananciales. De ahí se deduce que, si el marido muere primero, los hijos a quienes éste hizo un anticipo de herencia, deben colacionarlo por el todo, deduciéndose de los gananciales del donante " (íd.; el destacado me pertenece). Similar línea de sentido propone Martínez Ruíz (ob. cit., pág. 187).
Las con
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