Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación articulado por la Sra. Cepeda el 24/11/2023 y, en consecuencia, se confirma la sentencia dictada el 22/11/2023. II) Las costas de alzada se imponen a la vencida (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE Nº 179.367 Juzgado de Familia N° 2
En Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “CEPEDA FLAVIA VALERIA C/ MARTÍNEZ MARCOS MAXIMILIANO S/ ACCIÓN DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA – Art. 250 del CPCC”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto José Loustaunau y Ricardo Domingo Monterisi.
1. ¿Es justa la resolución dictada el 22/11/2023?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU DIJO:
I. En la resolución apelada, la Jueza de Familia hizo lugar al planteo formulado por el Sr. Martínez, y declaró la caducidad del derecho invocado por la Sra. Cepeda y, en consecuencia, por extinguida la presente acción (conf. art 525 del CCyC).
Impuso las costas a la accionante y difirió la regulación de los honorarios profesionales hasta que se determinara y aprobara la base regulatoria.
Por último, firme la presente y cumplido lo dispuesto por el art. 21 de la ley 6716, ordenó el archivo de las actuaciones, previa vista a la Receptoría General de Expedientes.
El pronunciamiento fue apelado por la actora el 24/11/2023, y fundado el 5/12/2023. El recurso fue contestado el 18/12/2023.
II. La recurrente señala que, además de la sentencia, apela el rechazo de los hechos nuevos del escrito de ampliación de demanda (del 21/6/2023) para que sean evaluados, pues se afecta su derecho de defensa y, subsidiariamente, solicita que se declare la inconstitucionalidad del plazo de caducidad del art. 525 in fine.
Alega que no se tuvieron en cuenta los hechos nuevos denunciados como víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, lo que motivó que ampliara la demanda para ofrecer más prueba, ya que el mayor debate probatorio no tiene un fin malicioso, sino que intenta evidenciar la situación de vulnerabilidad durante la convivencia, que no se animó a denunciar.
Entiende necesario referirse a la perspectiva de género, ya que de lo contrario los hechos relatados se volverían inconsistentes. Explica que sufrió violencia verbal (manipulaciones e improperios) y económica (no la dejaba manejar sus propios ingresos, luego de una larga jornada laboral en el restaurante o en la zapatería del demandado), aunque la jueza no los tuvo en cuenta.
Manifiesta que el demandado siempre fue asesorado por su letrado e incluso habría llegado a un acuerdo verbal con su parte, por el cual se obligaba a realizar un pago anual, que no es más que el monto que plasmó en su demanda, con el único fin de que se venciera el plazo de 6 meses de la acción intentada.
Refiere que el plazo para interponer la compensación económica del art. 525 del CCyC el 23/12/2022, estaba vencido sólo 13 días, pero no se tuvo en cuenta que este término debía ser interpretado por las normas de género y leyes internacionales (Convención de Belém Do Pará, Convención para Erradicar la Violencia contra la Mujer, Las Reglas de Brasilia y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otras), pues unos meses después de interponer la demanda su parte denunció sucesos que dejaron expuesta la conflictiva relación de convivencia, y el juzgador debió haberlos interpretado en el sentido indicado, lo que no ocurrió.
Expresa que nunca reparó en tales hechos y, por ello, nada dijo en la demanda, aunque al ampliarla, con la ayuda de profesionales y asesoramiento pudo reunir el coraje para realizar una denuncia contra el padre de sus hijos, que de no haberla efectuado le habría costado la pérdida de su derecho de reclamar lo que logró con esfuerzo y de manera conjunta con su ex pareja y agresor, a fin de construir lo que sería su futura vivienda.
Reitera que la violencia de género no debería ser objeto de análisis, ya que -en todo caso- debería ser evaluada por el equipo interdisciplinario del Juzgado de Paz de Miramar donde radicó la denuncia. Agrega que la cuestión se reduce a la interpretación y a entender que sufrió violencia durante la convivencia, más allá de la demanda presentada 13 días después del vencimiento del plazo de 6 meses del art. 525 CCyC, y que la haya ampliado 5 meses más tarde, pues este fue el tiempo que tardó en darse cuenta que fue víctima de violencia.
Considera que el plazo para interponer la acción de compensación no debe interpretarse de manera restrictiva, sino flexible, a fin de entender que los 13 días que demoró en realizar la demanda, más los 5 meses que tardó en reflexionar y denunciar fue el tiempo necesario para comprender lo que sucedía y recibir ayuda.
Por ello, solicita que se declare inaplicable el plazo de caducidad de la norma citada y que se dicte una sentencia expansiva, con aplicación de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
En caso de considerarlo necesario, pide que se declare la inconstitucional del plazo de caducidad de 6 meses establecido en el art. 525 del CCyC.
III. Tratamiento del recurso.
1. Es preciso aclarar que en la ampliación de demanda, la actora se refirió a la violencia de género sufrida durante la convivencia con el demandado, entre 2016 y 2022. Este escrito fue presentado el 21/6/2023, esto es, 6 meses después de haber interpuesto la acción de compensación económica (el 23/12/2022), y luego de 40 días de que el accionado contestara en forma espontánea la demanda -el 10/5/2023-, y planteara la caducidad del plazo previsto en el art. 525 del CCyC para interponer la acción de compensación económica.
Advierto, también, que en la providencia del 5/6/2023 la jueza tuvo por presentado al Sr. Martínez y por contestada la demanda. Asimismo, de la caducidad alegada corrió traslado a la actora por el plazo de 5 días, el que venció con cargo el 14/6/2023. Por ello, la presentación de la actora efectuada el 21/6/2023 es extemporánea.
Cabe agregar, que este planteo no fue objeto de tratamiento en la sentencia apelada, por lo cual -contrariamente a lo afirmado- no fue rechazado.
2. El art. 525 del CCyC , en su párrafo final establece que “la acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el art. 523”. La previsión de esta norma contiene un plazo de caducidad que extingue la acción por el mero transcurso del término configurado por la ley como carga para su ejercicio, y comienza a computarse desde que se haya producido el cese de la unión convivencial por alguna de las causas previstas para su finalización (conf. KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, T. II, p. 190).
En este caso, la actora promovió el proceso el 23/12/2022, y en concepto de compensación económica solicitó una suma en pesos equivalente a U$S 1.500, a la cotización de la fecha de pago, de manera anual durante el plazo de 10 años, o en caso de no llegar a un acuerdo, se resolviera por el correspondiente 50% del valor de los bienes adquiridos durante la convivencia, que figuraban inscriptos a nombre del demandado.
Señaló que la unión convivencial con el Sr. Martínez comenzó el 1/5/2016 y finalizó el 10/6/2022.
Efectuó un relato de la relación que mantuvieron, y se refirió a la actividad desarrollada por el accionado en dos comercios (zapatería y restaurante, éste se vendió un tiempo después), en los que ella también colaboraba y realizaba tareas; a “Victorina Boutique”, instalada para que ella la atendiera, en el año 2020 (vendida más adelante); al terreno adquirido para la futura vivienda familiar, inscripto sólo a nombre del Sr. Martínez, pues ella se encontraba en pleno proceso de divorcio, la que fue construida entre 2017/2020, y fue terminada con un crédito Pro.Cre.Ar. con el que el accionado fue beneficiado. Adjuntó documental y ofreció las restantes pruebas.
2. A una compensación económica se puede arribar por dos caminos: a) por el acuerdo entre los convivientes -mediante pactos-, o b) por decisión del juez que establece su procedencia y la cuantía.
Ante la inexistencia de un acuerdo entre las partes, sólo resta analizar si la acción se interpuso dentro del plazo establecido por el art. 525 in fine del CCyC.
Al respecto, se ha sostenido que el último presupuesto formal exigido para el reclamo de una compensación económica es que no haya transcurrido el curso del plazo legal que opera para dar finiquito a los derechos y deberes de las partes. Cumplido el término decae la facultad de perseguir su cumplimiento. De igual manera que el tiempo no es un elemento neutral en el ordenamiento jurídico, no lo es en las relaciones de la vida familiar. El paso de los días, meses o años, consolida situaciones personales, sociales y familiares, y afianza derechos. Pero también los atenúa, debilita, o incluso aniquila en aras de la seguridad jurídica o la paz familiar (argto. MOLINA de JUAN, Mariel F., Compensación económica. Teoría y práctica, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2018, p. 98).
En relación al comienzo del cómputo del plazo, la citada autora explica que, entre ex convivientes, ante el cese de la convivencia mantenida, el plazo irremediable comienza su curso a partir de la finalización de la vida en común, sea por acuerdo, sea por decisión unilateral, sin que existan más circunstancias demostrativas del hecho que el retiro de uno de ellos del hogar que compartían (…). Los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen salvo disposición expresa de la ley (art. 2567 CCyC). Son inalterables, y una vez que empiezan a correr conducen indefectiblemente al decaimiento del derecho por el solo vencimiento del término, de modo que no importan las vicisitudes personales que pudieran acontecer al reclamante. Es decir, que conforme al art. 2569 CCyC la única acción que podrá impedir que se produzca la caducidad, es el efectivo ejercicio del derecho, y ello ocurre cuando se cumple con el acto previsto por la ley o por el acto jurídico (conf. MOLINA de JUAN, op. cit. p. 107/108).
4. Si de acuerdo a lo manifestado en la demanda, el cese de la unión convivencial se produjo el 10/6/2022 y la Sra. Cepeda interpuso la demanda por compensación económica el 23/12/2022, fecha en que el plazo de 6 meses dispuesto en el art. 525 del CCyC ya se encontraba vencido, no cabe duda que ha operado la caducidad de la acción para formular el presente reclamo.
La apelante no ha explicado de que modo la violencia de género que acusa haber sufrido, le impidió el ejercicio oportuno de la acción. Ni de que modo, trece días después de producida la caducidad, se encontró en situación de hacer lo que antes no pudo . En síntesis, en su relato no ha vinculado aquella violencia denunciada con el transcurso del plazo de caducidad con la suficiente precisión como para superar la pérdida del derecho (art.2566 CCyC).
Finalmente, la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad del plazo previsto en el art. 525 in fine del CCyC no resulta atendible, toda vez que la recurrente se limitó a solicitarlo sin brindar ningún fundamento .
Por las razones y citas legales expuestas voto por la AFIRMATIVA
El Señor Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación articulado por la Sra. Cepeda el 24/11/2023 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada el 22/11/2023. II) Las costas de alzada se imponen a la vencida (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Así lo voto.
El Señor Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación articulado por la Sra. Cepeda el 24/11/2023 y, en consecuencia, se confirma la sentencia dictada el 22/11/2023. II) Las costas de alzada se imponen a la vencida (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2024 09:47:52 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 13:58:05 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2024 18:22:27 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/06/2024 09:25:33 hs. bajo el número RS-128-2024 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia