Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168926
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 435 y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada a fs. 423/431 en cuanto fue materia de agravio.
II. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCCBA).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 14967).
IV. Pasar a resolver en auto por separado el recurso de fs. 438vta./439 respecto a la base regulatoria y contra el monto de los honorarios (arts. 34 y 36 CPCCBA).
REGISTRO N ° 14-S FOLIO N° 56/60
EXPEDIENTE N° 168926 JUZGADO DE FAMILIA N ° 1
En la ciudad de Mar del Plata, a los11 días del mes de FEBRERO de 2020, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "M. J. G. C/ A. L. D. Y OTROS S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 423/431?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada a fs. 423/431 viene a conocimiento de este Tribunal, con motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 435.
En lo que aquí interesa, la Sra. Jueza rechazó la demanda de compensación económica interpuesta por la Sra. M.; declaró caídas en abstracto las excepciones articuladas por el accionado en razón de lo anterior; e impuso las costas a la accionante vencida por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCBA).
Para así decidirlo, argumentó en lo normado por el art. 7 del CCyC. Sostuvo que por las reglas del derecho transitorio, las compensaciones económicas no rigen para los casos como el de autos, en los que el cese de la convivencia se produjo antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (1-8-2015).
En cuanto a este tipo de uniones hizo mención que tampoco tenían un status jurídico reconocido por ley antes de regir el CCyC.
En base a la prueba testimonial rendida concluyó conforme a la sana crítica que, el elemento volitivo, entendido como un proyecto de vida en común o comunidad de vida de naturaleza familiar, con publicidad y notoriedad entre los Sres. M. J. G. y A. L. D., no se extendió con posterioridad al 1° de agosto de 2015 y por tanto el cese de la convivencia aconteció antes de la entrada en vigencia del citado cuerpo normativo. Por tal circunstancia indicó que la demanda debía ser desestimada por aplicación del art. 7 del CCyC, al haberse agotado no sólo la situación, sino también las consecuencias de esa relación antes de la creación del instituto.
II. Síntesis de los agravios.
La accionante presentó su expresión de agravios a fs. 435/440, la que mereció la réplica mediante presentación electrónica del 11-11-2019 a las 09:29:44 a.m.
En primer lugar reprocha la apelante que se hiciera lugar a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva por considerar la magistrada que el cese de la convivencia se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del CCyC y que en base a ello rechazara la demanda, con expresa imposición de costas a su parte.
Fundamenta que se ha realizado una errónea y parcial interpretación de la prueba y constancias del expediente.
Indica que en la demanda reconoció que a fines del año 2014 se retiró de la vivienda; pero que mantuvo una relación de convivencia con el Sr. A. por un lapso mayor a 15 años, la que finalizó en forma definitiva y fehaciente el día 1° de septiembre de 2015. Reitera que a finales del año 2014, principios del 2015, el nombrado le manifestó que estaba atravesando una crisis personal y que necesitaba un tiempo. Agrega que dicho planteo fue coincidente con los primeros síntomas de lo que luego se le diagnosticara como infección en sus riñones de origen bacterial. Debido a esas circunstancias acontecidas simultáneamente, señala que accedió a irse del hogar, y él le facilitó en préstamo un PH ubicado en la calle … (depto. …), lugar donde se instaló en febrero de 2015. Expresa que a pesar de que no compartía en forma permanente la vivienda, su ex pareja lo visitaba en forma frecuente, y se quedaba a pernoctar en varias oportunidades.
Remarca que desde que se fue del hogar hasta que lo intimó en forma fehaciente al demandado para que manifestara el carácter de la interrupción de la convivencia, la relación entre las partes continuó durante dicho lapso.
Refiere que las declaraciones testimoniales de C. rendida a fs. 275/276 y B. a fs. 277/278 resultan irrelevantes. Argumenta que la mudanza del departamento que compartía con el accionado ya había sido denunciada en su escrito de demanda.
Relata que al contestar la carta documento que le remitiera la contraria, consignó que tenía por finalizada en forma fehaciente y definitiva la separación a partir de la recepción de aquella pieza, es decir, el 1-9-2015. Reconoce que no existe controversia alguna sobre la existencia de la relación convivencial, sino en cuanto a su extinción definitiva y fehaciente. Destaca que tal intercambio epistolar no fue tenido en consideración por la sentenciadora en su valoración probatoria y dicha cuestión debe prevalecer frente a las testimoniales, las que vuelve a calificar de irrelevantes. Hace mención a la doctrina que entiende que la disolución de la unión convivencial se produce “(…) por voluntad conjunta de ambas partes o bien por la unilateral de uno de sus miembros, en tanto sea comunicada y, más estrictamente, notificada al otro por medio fehaciente (…)” –fs. 437vta.-
Sostiene que jamás se constató la existencia de una nueva relación afectiva a la que hiciera mención la testigo S. a fs. 279/280 y sobre la que indicara que se habría exhibido una publicación que ella hiciera en la red social facebook, la que supuestamente dataría del mes de julio de 2015. Alega que el comentario a dicha publicación “Volví a las pistas” y el agradecimiento efectuado, estaban dirigidos a un amigo que le facilitó el cuatriciclo que allí se visualiza; y que de joven competía en dicho tipo de rodados.
Pide se revoque la resolución cuestionada y se haga lugar a la acción impetrada.
Se queja también de la imposición de costas, por entender que ha quedado acreditada en autos la larga relación de convivencia habida entre las partes y por tanto existían motivos valederos para considerarse con derecho a litigar. Atento ello, solicita se establezcan por su orden. Cita jurisprudencia.
III. Tratamiento del recurso.
Adelanto mi opinión en el sentido que el recurso no habrá de prosperar.
1. En cuanto al plazo de caducidad que rige en las uniones convivenciales para formular reclamo por compensación económica, si bien se estipuló en seis meses a contar desde la separación de la pareja (art. 525 CCyC), se pueden presentar distintas variables. Pues corresponde distinguir si se trata de una unión convivencial que haya sido registrada, como así también su posterior cese, ya sea por ruptura o por fallecimiento, o por el contrario, si se refiere a una unión convivencial de hecho en la que la fecha de la separación puede resultar controversial. En este último supuesto, quien alegue que el quiebre se produjo en una fecha determinada, resulta necesario que lo acredite, a cuyo fin deberá aportar al proceso todos los elementos demostrativos que logren la convicción del juzgador al respecto. (Mestre, Vanesa Débora, “La compensación económica en el divorcio y en las uniones convivenciales” , Thomson Reuters, Sup. Esp. CP 2019 (noviembre), 175. Cita Online: AR/DOC/3881/2019).
Como bien se ha sostenido “Cumplido el término decae la facultad de perseguir su cumplimiento. De igual manera que el tiempo no es un elemento neutral en el ordenamiento jurídico, no lo es en las relaciones de la vida familiar. El paso de los días, meses o años, consolida situaciones personales, sociales y familiares, y afianza derechos. Pero también los atenúa, debilita, o incluso aniquila en aras de la seguridad jurídica o la paz familiar.” (Molina de Juan, Mariel F., “Compensación económica. Teoría y práctica” , 1ª ed. Revisada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2018, p. 98).
2. Sentado lo anterior, no puedo soslayar que la cuestión sometida a estudio es un tema de derecho transitorio, esto es, que las compensaciones económicas no rigen para los supuestos en que el cese de la convivencia se produjo antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, debido a que en ese momento se agotó no solamente la situación, sino también las consecuencias que de esa relación se derivan. (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones existentes” , Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, p. 133; Juzgado del Menor y la Familia N° 6 de Resistencia, en autos “B., A. G. c/ M., H.M. s/ Compensación económica”, sentencia del 16-5-2016, con comentario de Rato, María Clara, “Compensación económica, aplicación temporal. Cuando la unión se termina antes de la regulación del Derecho”, en R.D.F. 2016-VI-103/108; Thomson Reuters, Cita Online: AR/JUR/64991/2016). Y esto no puede generar mayores inconvenientes, si tenemos en consideración que este tipo de formas familiares ni siquiera tenían un status jurídico reconocido por la ley cuando regía el Código Civil derogado.
3. En este caso, la apelante reprocha que se hiciera lugar a las excepciones planteadas de falta de legitimación activa y pasiva por haberse considerado que el cese de la convivencia se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del CCyC, y que en base a ello se rechazara la demanda con expresa imposición de costas a su parte. En realidad la magistrada consignó que aquéllas cayeron en abstracto, precisamente en función de lo decidido en cuanto a la caducidad de la acción deducida.
Es sabido que las cuestiones y recursos pierden relevancia y convierten en abstracto el asunto, cuando se tornan inoperantes por su falta de litigiosidad y perjuicios sobrevinientes, al haber desaparecido el interés jurídico concreto que antes tuvieran y se invocara voluntariamente (esta Sala, en autos “Moisés, Gisele Eva c/ Gallardo, Maximiliano Matías s/ Protección contra la violencia familiar (ley 12569”) , expte. 163.767, sentencia del 15-8-2017; “Lago, Luciana Andrea c/ Bustamante, Liliana Beatriz s/ Protección contra la violencia familiar (ley 12569) – art. 250 CPC” , expte. 163.931, sentencia del 17-10-2017, entre otros). Y ello es lo que aconteció con la oposición de las excepciones referenciadas.
Aclarado lo anterior, de los propios escritos postulatorios, ya surgía que ha existido un planteo de cese de convivencia controversial (que ya se había puesto de manifiesto en el intercambio epistolar habido entre las partes antes del inicio del proceso, v. fs. 24/25). Mientras la actora aludió al 1° de septiembre de 2015 (v. fs. 76vta.), el demandado expresó que tal acontecimiento sucedió a principios del año 2014 (v. fs. 190) y por esa razón, tratándose de una materia disponible (esta Cámara, Sala I, en autos “Rodríguez Vilariño, Josefa c/ Alonso, Miguel Angel s/ Accción compensación económica” , expte. 162.942, sentencia del 20-4-2017), formuló el planteo de caducidad de la acción instaurada (v. fs. 189/195vta.). Por lo tanto, en nada incide al resultado del pleito, lo manifestado por la impugnante en cuanto a que la colega de la instancia previa no ha considerado el envío de las misivas.
Lo cierto es que ha quedado probado con las testimoniales rendidas, que el fin de la relación se ha producido en fecha anterior a la entrada en vigencia del instituto. Ello se desprende, como lo ha indicado la jueza de origen, de los testimonios rendidos a fs. 275/276 (testigo C, respuestas a la 5°, 6° y 7°: ruptura a finales de julio de 2014, vive a una cuadra de la casa sede de la unión convivencial, vió el camión de la mudanza, a los pocos días la actora le comentó que estaban separados, no los vió más juntos desde esa fecha; lo recordaba con tanta exactitud porque él el 6-8-2014 cumplió 50 años y fue un acto trascendente para sí); fs. 277/278 (testigo B, respuesta a la 5° y 2° repregunta: en cuanto a la certeza de tal fecha –julio de 2014- lo era porque su marido cumplió 50 años y aquél siguió viendo al accionado debido a que todos los días compraba en un mercado que lindaba a la casa de aquél); y fs. 279/280 (testigo S, respuestas a la 4°, 5° y 6°: se enteró de la interrupción en agosto o septiembre de 2014, fue en 2014 y por facebook, que terminaron separándose porque la Sra. M. quería tener un hijo y el Sr. A. se negaba, conocía una nueva relación de la accionante que se iniciara en julio de 2015).
Todos los testimonios son coincidentes en la finalización de la unión previo al 1°de agosto de 2015. Remarco lo sostenido por la sentenciadora y lo comparto, respecto a que no solamente ya estaba presente para esa época el elemento volitivo por el alejamiento de una de las partes del hogar (mudanza), sino también por la existencia de una nueva pareja en relación a la otra.
A las anteriores, cabe agregar las declaraciones de fs. 255 (testigo B, respuestas a la 3°, 4° y 5°: los vió juntos por última vez en su hogar en el año 2012, indicó que siete meses antes de rendir su testimonio vió a la actora con una nueva pareja, esto es, aproximadamente en marzo de 2015); y fs. 351 (testigo P: la última vez que vió juntas a las partes databa aproximadamente de marzo de 2015).
Tales declaraciones se sustentan en la percepción directa de los testigos, por lo tanto tienen un valor convictivo superior a la testimonial “de oídas” . En cuestiones análogas a la presente nos hemos pronunciado respecto a que “La valoración crítica y prudente de la prueba testimonial a la luz de las denominadas reglas de la sana crítica –motiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe incluir a la vinculación directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (arts. 375, 384 del C.P.C.) . ” (esta Sala, en autos “Leguizamón, Rubén Darío e Iglesias, Vanesa Andrea c/ González , Darío y Paraná S.A. de Seguros s/ Daños y Perjuicios” , expte. 162.070, sentencia del 15-6-2017; “Lopérfido, Carlos Alberto y otros c/ Asociación Cultural de Habla Alemana Inst. J. G. y otros s/ Daños y Perjuicios” , expte. 144.258, sentencia del 18-10-2016).
Por otro lado, en lo tocante a la valoración de la prueba testimonial, debe tenerse en cuenta que es función del órgano jurisdiccional apreciar la sinceridad de los testigos sin atenerse rigurosamente a la exigencia de una absoluta precisión y que es facultad judicial el seleccionar los que lo lleven a la convicción de certeza y descartar los que estime superfluos. Cabe destacar que a la hora de la apreciación de la prueba en su totalidad, prevalece la discrecionalidad del juez. Nótese que la magistrada ha hecho hincapié en los testimonios referenciados para concluir –y en esto coincido-, que el elemento volitivo necesario o intención para un proyecto de vida en común o comunidad de vida familiar, con publicidad y notoriedad entre actora y demandado no se extendió con posterioridad a la entrada en vigencia del CCyC.
En virtud de todas las circunstancias apuntadas y la exigencia prioritaria de la constatación en este caso en concreto de la fecha del cese de la convivencia para el cómputo del plazo de caducidad -como requisito previo para poder adentrarse o no a analizar la procedencia del reclamo-, considero que la valoración efectuada por la juzgadora no ha sido arbitraria. Muy por el contrario, entiendo que se ha configurado el resultado de una convicción reflexiva y razonable, ajustada a las reglas de la sana crítica, en base a las leyes de la lógica y de la experiencia y respetando un correcto razonamiento (art. 384 CPCCBA; Leguisamón, Héctor Eduardo, “La prueba en el proceso civil de la provincia de Buenos Aires” , Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014, p. 113/119; esta Sala, en autos “Bouzas, María Emilia c/ Bouzas, Carlos Alberto s/ Alimentos” , expte. 165.389, sentencia del 1-6-2018).
En función de tales lineamientos y en relación a la irrelevancia tachada por la impugnante respecto de los testimonios por ella referidos, ha de aplicarse lo sostenido por la Corte Bonaerense en cuanto a que “Corresponde rechazar el agravio que cuestiona la valoración de la prueba testimonial efectuada por el sentenciante, si el recurrente no logra demostrar su desacierto.” (SCBA, LP C 116.715, en autos “Villalba, Juana Ramona c/ El Nuevo Halcón S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 10-6-2015).
Por lo expresado, esta queja debe ser desestimada.
4. Atento al resultado del recurso en relación al agravio referido a la imposición de las costas de primera instancia, corresponde mantener el principio objetivo de la derrota, por lo que deberán ser soportadas por la accionante vencida (art. 68 CPCCBA).
Por todo lo expuesto, citas legales, doctrina y jurisprudencia reseñada, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas, y en consecuencia confirmar la sentencia cuestionada en cuanto fue materia de agravio.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 435 y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada a fs. 423/431 en cuanto fue materia de agravio. II. Propongo que las costas de Alzada se impongan a la apelante vencida (art. 68 CPCCBA).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 435 y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada a fs. 423/431 en cuanto fue materia de agravio. II. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCCBA). III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 14967). IV. Pasar a resolver en auto por separado el recurso de fs. 438vta./439 respecto a la base regulatoria y contra el monto de los honorarios (arts. 34 y 36 CPCCBA). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 CPCCBA).
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia