Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5319
Causa Nº MO-5319-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O. N. I. C/ R. J. L. S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA Causa N º MO-5319-2021" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La sentencia de fecha 10 de Agosto de 2022, que admitió el reclamo de compensación económica, ha sido apelada por el demandado.
Su recurso se concedió en relación, presentándose con fecha 6 de Septiembre de 2022 el memorial, que fue replicado con fecha 17 de Septiembre de 2022.
El demandado objetó dicha forma de concesión, resolviéndose el tema en el interlocutorio de fecha 13 de Diciembre de 2022, denegándose con fecha 9 de Febrero de 2022 el recurso extraordinario interpuesto a su respecto.
En su momento se había llamado "autos" y sorteado el expediente, llamamiento que fue suspendido el 13 de Octubre de 2022 y reanudado el 13 de Diciembre de 2022, denegándose el recurso interpuesto contra dicha resolución y no dándose el supuesto del art. 292 último párrafo del CPCC, quedan entonces las actuaciones en condición de ser resueltas sin mas trámite.
2. En esencia el apelante comienza planteando el caso federal y cuestionando el procedimiento previo a la sentencia, especialmente lo sucedido con su contestación de demanda.
Luego introduce la nulidad del fallo, señalando que el mismo carecería de fundamentación.
Posteriormente, trae una serie de cuestiones atinentes al tiempo transcurrido entre la fecha de separación y la del divorcio, y tocantes a la falta de inserción de su ex-cónyuge en el mercado laboral.
También sostiene que no está acreditado el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al comienzo y al finalizar la relación, argumentando al respecto y con relación a la situación económica y subsistencia de la accionante durante su separación.
Del mismo modo, argumenta en relación a la no acreditación del estado de salud de la cónyuge y sus hijos, como así también la no ponderación de la capacitación laboral de la accionante, y lo relativo a la vivienda ocupada por la reclamante y sus hijos.
Se refiere a la prueba rendida en autos, poniendo el foco en lo declarado por los testigos y su idoneidad.
También se queja del monto de la condena y la forma en que se mandó a cumplirla.
Todo ello en consideraciones a las que cabe remitirse para su lectura extensiva, por razones de brevedad.
3. Partiendo de la base de que la fundamentación recursiva satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC, he de ingresar al tratamiento de los agravios traídos.
Y, desde mi punto de vista, hay dos cuestiones previas a considerar.
La primera, es relativa al trámite de las actuaciones.
En este sentido, el debate acerca del trámite incidental de las actuaciones y lo acontecido con la contestación de demanda está, a esta altura, superado y precluído.
La apelación contra la sentencia es, justamente, ámbito para analizar lo decidido en la sentencia, no el procedimiento anterior.
Amén de lo cual, ya existe una resolución de este mismo tribunal (tal como lo reconoce el apelante) donde se confirmó el proveído de primera instancia en el cual se había tenido por contestada la demanda fuera de término.
Esa resolución de esta Sala no ha sido recurrida por el quejoso.
Con lo cual, no puede venir reeditarse esa discusión ahora.
Lo propio ha sucedido con la forma de concesión del recurso y su intento de producir prueba en Cámara, lo cual ya ha sido abordado por esta Sala.
La segunda cuestión previa que se introduce en los agravios es la relativa a la fundamentación del fallo y, aquí, creo que tampoco le asiste razón al quejoso.
Desde mi punto de vista, la decisión que llega apelada cuenta con su propia fundamentación jurídica y motivación fáctica, apoyándose en elementos de convicción allegados al proceso, mas allá de que transcriba -o no- los dichos testimoniales.
Cumple, así, con las exigencias del art. 34 inc. 4º y 163 del CPCC.
La disconformidad del demandado con el resultado de la controversia no es, desde ya, motivo de nulidad de la decisión en los términos del art. 253 del CPCC.
Desde esta Sala se ha sostenido que la nulidad de una decisión no procede si las cuestiones que se denuncian pueden subsanarse mediante el tratamiento del recurso de apelación (esta Sala en causa nro. 46676 R.S. 120/02, entre infinidad de otras).
Lo cual no es mas que una aplicación, en este ámbito, del principio de conservación que rige en materia de nulidades procesales.
Vistas las cosas desde esta perspectiva, e insistiendo en que el decisorio cuenta con su fundamentación, ha respetado el principio de congruencia y no se observa razón alguna para nulificarlo (mas allá de lo que pudiera decidirse al abordar la apelación y los agravios traídos contra sus consideraciones), este planteamiento tampoco ha de prosperar.
Zanjadas estas dos cuestiones, voy a referirme, ahora, al fondo del asunto.
Y para hacerlo, creo conveniente empezar reeditando, aquí, algunas consideraciones hechas por la Sala III de este Tribunal en un proceso análogo, que también versaba sobre un reclamo de compensación económica.
Aclaro que me limitaré, aquí, a traer a colación aquellas consideraciones con las que comulgo y que resultan aplicables al presente, mas allá de otras que pudieran haberse efectuado allí y que considero innecesarias para definir el presente.
Se ha dicho en la Causa n° F7-11161 (resolución del 25 de Marzo de 2021) que
"Continuando la idea de la compensación como forma de igualar traeré palabras de la Dra. Molina de Juan: "...La nueva figura persigue "compensar" el menoscabo económico que la vida en común y su ruptura puede haber provocado en unos de los cónyuges o convivientes, con el propósito de evitar que la nueva situación familiar consolide un perjuicio injusto. Consiste en una prestación destinada a "corregir" un desequilibrio patrimonial -hasta entonces oculto- que se visibiliza con el divorcio o el cese de la convivencia..." (Cfme. Molina de Juan, Mariel F. " Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas, La Ley Online, AR/DOC/1018/2016).-
En tal sentido, es el propio Código Civil y Comercial de la Nación es el que propone dar una solución para los casos en los que en razón de la asignación de roles y responsabilidades uno de los cónyuges sufra una desigualdad patrimonial, poniendo en valor las tareas invisibilizadas anteriormente y, como he dicho antes, suelen ser desarrolladas en su mayoría por mujeres.-
Continuando, y ya partiendo de la base que la finalidad es compensar, siempre se debe tener como norte un proyecto a futuro que pueda ser realizado por cada uno de los integrantes de la ex pareja porque parten del mismo punto.-
Ahora bien, debo establecer cuando procede tal compensación económica para luego analizar si en el caso correspondía otorgarla como decidió el Magistrado de Grado.-
Como presupuesto inicial vemos que es necesario un desequilibrio económico manifiesto .-
Se ha dicho al respecto: "...Este presupuesto exige comparar la situación económica de las partes en dos sentidos. Uno interno, entre si; el otro temporal (análisis de la evolución patrimonial de cada uno). El desajuste que se compensa es el que expresa posibilidades diferentes derivadas del proyecto en común; no así la disparidad producida por una inicial situación de desigualdad entre patrimonios o de calificaciones profesionales. Se manifiesta como un enriquecimiento injusto del obligado al pago. Este mecanismo no se pone en marcha por cualquier diferencia mínima; exige una desigualdad en las posibilidades económicas y de inserción laboral de entidad tal que condicione el desarrollo individual para el futuro. Sin embargo, no exige una situación de necesidad, aunque siempre será necesario valorar la totalidad de las circunstancias existentes para evitar el abuso del derecho o enriquecimiento injusto del que la peticiona..." (Cfme. Molina de Juan, Mariel F. Ob Cit., pág 2).-
Tal desequilibrio no resulta estático ya que cuenta con una dinámica propia del contexto particular de los integrantes.-
En relación a tal concepto se ha expresado: "...Y es a partir de esta situación no estática sino dinámica, que será objeto de prueba a cargo de quien pretenda recibir la compensación, sin perjuicio de los efectos que el principio de la carga probatoria dinámica pueda ocsionar en el caso concreto por aplicación del principio consagrado en el art. 710 del CCyCN, que nace el derecho a requerir la compensación económica, que gira en torno al concepto de desequilibrio, no es un análisis estático de situaciones patrimoniales, sino analizado desde la dinámica propia de cada relación familiar y personal entre los cónyuges, prolongada y desarrollada a lo largo del tiempo que ha durado esa situación y esa conformación familiar. De forma que al momento de evaluar la viabilidad de aplicar o no un régimen de compensaciones económicas, corresponde el análisis que someta el desarrollo de las relaciones familiares habidas entre los cónyuges o lo convivientes a lo largo de la vida en común y su necesario cotejo con el desarrollo personal y no sólo patrimonial de ellos, partiendo desde el inicio de la relación que ahora culmina y evaluando la injerencia en este desarrollo personal, de los roles o comportamientos intrafamiliares que cada uno tomo dentro de esa convivencia ..." (Cfme. Santiso, Javier "Compensaciones Económicas", DFyP 2017 (julio) 12/07/2017, AR/DOC/1576/2017).-
Otro de los presupuestos, es el empeoramiento de la situación del que reclama , aquí se debe evaluar como se desarrollo la cuestión patrimonial desde antes del inicio de la relación, durante y después. Esto claro, poniendo la debida atención en observar si se ha producido una debilitación patrimonial que como causa tenga la exclusiva dedicación a las tareas de cuidado de los hijos y el hogar o del trabajo del otro cónyuge que produjo el alejamiento de oportunidades laborales.-
Entonces, ya adelantamos la necesidad también de contar con una causa adecuada en el proyecto común y su ruptura, tiene que existir un nexo causal entre la organización familiar y asignación de roles y el desajuste económico.-
En ese sentido es sabido que tal supuesto no cuenta con connotación subjetiva alguna ya que no importa que definió la ruptura o si se estuvo totalmente de acuerdo con la dinámica familiar, en conclusión tiene su apoyatura en el respeto por los pactos que los miembros de la pareja realizaron para distribuir los roles.-
De allí que no solo se deba considerar las diferencias a nivel económico sino también qué causo esa desigualdad.-
(...)
Asimismo y remitiendo a la letra especifica de nuestro CCyCN encontramos en su art. 442 : "... Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del. cónyuge que solicita la compensación económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio..."
Tales conceptos son aplicables al caso que nos convoca.
Y comenzando a tratar los agravios diré, en cuanto al referido al tiempo transcurrido entre la separación y el divorcio, que esta cuestión debió haber sido introducida al momento de contestar demanda (art. 354 del CPCC).
Pero, como lo hemos visto, el quejoso contestó demanda fuera de término .
Con todo, y aun así, aunque se lo hubiera traído en su momento, el planteo en nada modificaría la procedencia de la compensación económica.
En efecto: si bien la norma se refiere al trámite del divorcio (y al convenio regulador) también reconoce una acción autónoma, que puede iniciarse con posterioridad (y dentro de dicho plazo de caducidad).
Así que no es obstáculo que no se hubiera introducido el reclamo junto con la demanda de divorcio.
Por otro lado, el tiempo transcurrido entre la separación de hecho y el divorcio tampoco modifica las cosas.
Nótese que la norma que rige el caso nada dice en ese sentido.
Y esto es lógico, pues entre la separación de hecho y el divorcio, subsistían los deberes matrimoniales, entre ellos, el de asistencia.
El art. 432 del CCyCN es muy claro en este sentido.
Luego, existiendo este deber de asistencia (hubiera reclamado la accionante o no los pertinentes alimentos) es lógico que el art. 441 del CCyCN compute el divorcio y la ruptura del vínculo marital.
La cuestión de la búsqueda, o no, de trabajo es tema que debemos analizar mas adelante, al valorar la prueba traída y las condiciones de procedencia de la compensación económica.
Pero no existe norma legal alguna que sustente un planteo como el traído en el memorial, en el sentido de que el transcurso del tiempo entre la separación y el divorcio podría incidir, de algún modo, sobre la atendibilidad del pedido de compensación.
Amén de lo cual, la cuestión y argumentos que se introducen relativos a las perspectivas futuras de búsqueda laboral de la actora tampoco parecen atendibles.
Es que, evidentemente, con la compensación económica no se tiende a solucionar el problema de la subsistencia futura de quien la reclame, y por el resto de su existencia.
Aquí podemos preguntarnos si es válido considerar que con la suma que se está reconociendo la accionante podría subsistir años (aunque sea uno) sin realizar actividad.
La respuesta negativa se impone.
El fundamento de la compensación económica, como lo hemos visto, es otro.
Pero, en respuesta al quejoso, podremos decir que -según las máximas de la experiencia- un adolescente de 17 años puede no requerir tantos cuidados parentales, pero aun los necesita; quien ha sido padre sabe que esto es un hecho notorio. Y mas aun un adolescente de 13, en plena etapa de comenzar a transitar esta compleja etapa de la vida.
Con lo cual, los intensos reproches que formula quien no ha tenido que ocuparse de la crianza y cuidado de los hijos de la pareja durante la mayoría de su existencia (nótese que se reconoce que al momento de la separación los niños tenían 4 y 7 años) parecen, cuanto menos, desmedidos.
Pero dejando al margen tal circunstancia, y volviendo a la línea troncal, en lo que debemos focalizarnos es en las condiciones de procedencia de la compensación económica articulada.
Para lo cual, es menester detenernos en la prueba rendida.
Sin olvidar, y recalcar, que aquí el quejoso no ha contestado demanda en término, lo que trae aparejadas las consecuencias del art. 354 del CPCC, con los efectos que ello apareja no solo en relación a los hechos afirmados, sino también en cuanto a los documentos aportados por la contraria.
Con todo, esta sola circunstancia no es condición de procedencia, de manera solitaria, para la demanda.
Hay que mirar todo el contexto (art. 384 del CPCC) y eso es lo que voy a hacer.
Para ello, vamos a centrarnos en los extremos que deberían acreditarse y en las distintas pruebas rendidas.
Obviamente, si bien la valoración las comprende todas, no haré referencia explícita y textual a todas, sino solo a las que van a ser esenciales.
Comienzo señalando que está fuera de discusión que, al contraer matrimonio, la actora tenía un título profesional (periodista), con una calificación considerable (ver informe glosado con fecha 20 y 23 de Noviembre de 2021, 30 de Diciembre de 2021 y 9 de Febrero de 2022 y documental aportada al inicio) esto no es un hecho sobre el que exista discusión siquiera.
Está reconocido, también, que las partes contrajeron matrimonio en el año 2003 y que tuvieron dos hijos, nacidos en los años 2004 y 2007 .
Tenemos, además, la absolución de posiciones del demandado (actas de fecha 10 y 16 de Marzo de 2022, a tenor del pliego del 9 de ese mismo mes y año).
Destaco los reconocimientos mas importantes que allí efectúa el quejoso:
Que al contraer matrimonio él trabajaba en Descartables Caromar S.A. (posición 3)
Que al nacer su hijo el demandado continúa trabajando allí para sostener al grupo familiar (posición 8).
Que el demandado continuó trabajando allí hasta el momento de la declaración (posiciones 90 a 92)
Que la ruptura conyugal dejó a la actora dependiente del demandado (posición 96)
Que desde la ruptura los hijos del matrimonio quedaron viviendo con la actora (posición 99)
Que los dos hijos viven con la actora en un inmueble que era del padre de ella (posición 136)
Cuando se le pregunta si desde la ruptura los hijos de la pareja quedaron a cargo de la actora (posición 141) lo niega, y agrega que el ofreció que los niños quedaran con su madre y hermana a los fines de tener oportunidad de mas horarios de trabajo para la actora, a lo cual ella se negó. Luego aclara que se está refiriendo a su hermana Candelaria, que falleció en 2004/5 y que ella cuidaría a los niños
Que comienza su jornada laboral a primera hora de la mañana y que su horario finaliza a las 15.30 (posiciones 143 y 144).
A la lectura de lo allí declarado, podemos remitirnos; en tanto la audiencia es extensa y ha transitado, en algunos momentos, por cuestiones familiares que, si bien pueden ser relevantes a otros efectos, no son determinantes para las compensaciones económicas.
El otro medio probatorio rendido ha sido el testimonial.
Al respecto tenemos las declaraciones de O. (hermana de la actora) y R., ambas recibidas el 1 de Junio de 2022.
Antes de comenzar a referirme a ellas, destaco que en ambos casos son testigos que podrían traerse a declarar en los términos de los arts. 710 y 711 del CCyCN; por lo demás, ninguno es siquiera testigo excluido en los términos del art. 425 del CPCC, y el hecho de que pudieran tener alguna vinculación con la actora, no los inhibe a declarar.
Obviamente, ello será tenido en cuenta a la hora de ponderar sus dichos (arts. 384 y 456 del CPCC).
Con todo, es preciso destacar que las cuestiones que el apelante trae en su memorial, acerca de la idoneidad de estos testigos, debió canalizarlas, en la instancia previa, por la vía del art. 456 del CPCC.
Como se ve, nueva articulación, tardía, del demandado en este proceso.
En cuanto al supuesto interés de los testigos en el proceso, no veo que el mismo quede configurado. Si la actora triunfara, es claro que recibiría una suma económica, pero no está demostrado que ella beneficiaría a la testigo; por lo demás, R. es pareja de la doctora R., pero no surge que se encuentren casados, con lo cual los patrimonios son independientes.
Zanjado ello, vamos a las declaraciones y comienz
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