Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124589
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.589, "M. L. F. contra C. M. E. Acción de Compensación Económica", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó la decisión de primera instancia y, por lo tanto, declaró procedente la caducidad de la acción de compensación económica iniciada por la señora M. (v. sent. de 29-IX-2020).
Contra dicha forma de decidir se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 19-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Junín resolvió rechazar el planteo de caducidad de la acción de compensación económica articulado por el accionado (v. sent. de 2-III-2020).
Fundó su decisión en que, en el caso, la fecha de quiebre de la unión convivencial resultó ser dudosa y requirió ser probada judicialmente, lo que efectivamente sucedió en la causa caratulada "M. L. F. c/ C. M. E. s/ Materia a Categorizar" (v. sent. de 6-VIII-2019). De este modo, sostuvo que el plazo de caducidad no podía comenzar a computarse desde antes de alcanzada la decisión acerca de la existencia -o no- de la unión convivencial, máxime cuando de dichos obrados dimanaba que la actora había iniciado el proceso a los fines de acreditar dicha circunstancia con la ulterior pretensión de emprender el reclamo por compensación económica (v. sent. cit., pág. 4).
De esta manera, señaló que habiéndose iniciado el reclamo dentro de los seis meses posteriores a la sentencia dictada en los mentados autos, correspondía el rechazo del planteo de caducidad opuesto por el demandado.
I.2. Contra dicha forma de resolver el accionado interpuso recurso de apelación (v. presentación de fecha 18-III-2020). Entre sus fundamentos destacó que la ley impone un plazo de caducidad y no de prescripción, contado desde la fecha de cese de convivencia, de la cual la actora siempre tuvo conocimiento sin que hubiese requerido de ninguna sentencia que así lo dispusiera.
Señaló que el proceso ocurrido en los autos que por "materia a categorizar" tramitó entre las partes no tuvo ningún sentido y solamente le acarreó costos innecesarios, pues ni la unión convivencial ni su fecha de cese fueron controvertidas. En este sentido, concluyó que mal podía entenderse como punto de partida del cómputo del plazo de caducidad la fecha de la sentencia allí recaída, ocurrida dos años y medio posteriores a la fecha del cese de la unión, contrariando lo dispuesto por los arts. 523 y 525 del Código Civil y Comercial.
II. A su turno, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín destacó que el proceso transcurrido en los autos arriba referidos no tuvo como misión el reclamo de compensación económica, sino que se limitó al pedido de constatación de la existencia de la unión convivencial y su ruptura. Asimismo, aclaró que "...la mera intención exteriorizada en la demanda de reclamar la compensación económica una vez declarada la existencia y cese de la unión convivencial resulta a todas luces insuficiente en miras de evadir la caducidad..." (sent. de 29-IX-2020, pág. 4).
A la par, señaló que "...el inicio del término de caducidad está configurado por el cese de la convivencia mantenida, cuya determinación no requiere de un proceso autónomo como el intentado por la accionante, el que en ningún caso suspende o interrumpe el plazo de caducidad..." (sent. cit., pág. 6).
De este modo, hizo lugar a la apelación deducida revocando la sentencia de primera instancia y declarando la caducidad de la acción de compensación económica intentada por la actora.
III. Contra dicha decisión se alza la interesada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual sostiene la existencia de absurdo y, a la vez, violación de los arts. 1, 2, 525, 705, 706 y concordantes del Código Civil y Comercial; 16, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. presentación de fecha 19-X-2020).
Destaca que "...en materia de derecho de género y de protección de la mujer, la igualdad exige actuar de manera proactiva para hacer desaparecer una situación de desigualdad..." (presentación cit., pág. 8), circunstancia que enlaza con lo normado por el art. 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Sostiene que la Cámara se aparta de lo normado por los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial, propiciando una aplicación literal de la norma "...que prescinde de los fines, los principios y valores jurídicos y la coherencia del ordenamiento, contrariando claramente la finalidad de las garantías constitucionales aplicables al caso..." (presentación cit., pág. 9).
Afirma que "...ante una situación dudosa que tienda a cercenar derechos a la mujer, en el caso en concreto en el cual existe una demanda, aun cuando pueda considerarse defectuosa, necesariamente debe ceder la caducidad en pos de garantizar la igualdad y la tutela judicial efectiva..." (presentación cit., pág. 9).
Por último, hace hincapié en que no puede desconocerse que la finalidad del proceso transitado entre las partes por "materia a categorizar" -ya mencionado- ha tenido por finalidad iniciar un reclamo por compensación económica. De esta manera, una solución armónica y conteste con las normas citadas permitiría interpretar a la demanda aquí acompañada como una continuación de aquel juicio, como "...si se tratara de un proceso de ejecución de sentencia..." (presentación cit., pág. 11).
IV. El recurso debe prosperar.
IV.1. Si bien el Código Civil y Comercial no define qué debemos entender por compensación económica, a partir de su contenido (arts. 441 y 524, Cód. Civ. y Com.) algunos autores señalan que "...se trata de un derecho reconocido al cónyuge o conviviente a quien el divorcio o cese del proyecto de vida en común produce un desequilibrio manifiesto, que representa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial o la unión convivencial y su ruptura" (Pellegrini, María Victoria; "Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica", en R.C.C. y C., año III, n° 2, marzo de 2017, pág. 29, AR/DOC/356/2017). En igual sentido, se dice que es el instituto mediante el cual el "...cónyuge o conviviente que ha sufrido un desequilibrio durante el matrimonio o la unión convivencial, tiene derecho a exigir al otro una compensación por el empeoramiento padecido, al momento del divorcio o el cese de la convivencia" (Solari, Néstor; "Algunas cuestiones sobre la compensación económica", en R.C.C. y C., año III, n° 2, marzo de 2017, pág. 57).
Asimismo, a los fines de esclarecer el espíritu de este instituto, si bien matizado en nuestro ordenamiento jurídico interno, resulta elocuente revisar la doctrina española que ha realizado enormes avances al respecto.
Encarna Roca señala que la compensación económica "...propicia la superación de la pérdida económica que el divorcio puede provocar en alguno de los cónyuges, especialmente cuando el matrimonio haya producido una desigualdad entre las capacidades de ambos de obtener ingresos; cuestión que en la mayoría de las oportunidades, el régimen económico matrimonial resulta incapaz de solucionar" (Roca Trías, Encarna; Familia y cambio social (de la "casa" a la persona) , Civitas, Madrid, 1999, pág. 141 y sigs.).
Si bien refiere a cónyuges, tal definición traída a nuestro ordenamiento jurídico resulta igualmente aplicable a las uniones convivenciales.
De estas definiciones podemos concluir que la compensación económica se trata de una acción de contenido patrimonial, derivada de las relaciones familiares, y que se estructura sobre un factor estrictamente objetivo: el desequilibrio económico causado. En otros términos, deja de lado toda otra consideración o imputación subjetiva.
De este modo, se dice que el derecho a la compensación económica es esencialmente disponible para las partes, no pudiendo el juez fijarla si nadie la solicitó. De allí que, inclusive, las partes puedan renunciar al reclamo o al cobro de la compensación fijada. Renuncia que puede ser expresa o tácita, al dejar transcurrir el tiempo del plazo de caducidad previsto por la ley sin efectuar el reclamo (arts. 442 y 525, Cód. Civ. y Com.).
En el caso en estudio se da una situación particular, pues la discusión versa sobre el tiempo transcurrido durante el cual se debatió acerca de la fecha de separación o quiebre de la unión convivencial, incidente al que expresamente dio inicio la recurrente con el fin ulterior de reclamar la compensación económica, en tanto que el accionado plantea que no puede haber reserva de derecho alguno toda vez que no se trata de un plazo de prescripción sino de caducidad.
Al respecto, destacada doctrina señala que entender que la reserva del derecho -en este caso efectuada en los autos vinculados "M. L. F. c/ C. M. E. s/ Materia a Categorizar"- suspendería el cómputo del plazo de caducidad legal -por entender el presente proceso como una continuación de aquel- llevaría a confundir tal cuestión con la prescripción procesal, ya que "...importaría caer en una contradicción insoslayable, la acción ya no tendría vencimiento y en ese caso sólo sería posible oponer la prescripción genérica de los cinco años (conf. art. 2560, Cód. Civ. y Com.), cuestión que se aparta completamente del fin buscado por la norma al estipular un plazo perentorio de caducidad (art. 2, Cód. Civ. y Com.)" (Molina de Juan, Mariel F.; Compensación Económica. Teoría y práctica, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, pág. 111).
Sin embargo, y pese a que no se dan excepciones que permitan torcer el carácter disponible del derecho, dentro de la óptica mencionada precedentemente entiendo que un apego estricto a la norma generaría una injusticia y un perjuicio irreparable a los derechos de la recurrente de acceder a la justicia (art. 706, Cód. Civ. y Com.). Las particularidades que encierra el caso invitan a matizar las normas que entran en juego pues, en definitiva, es función jurisdiccional efectuar una revisión de la renuncia tácita que aquí pretende hacer valer el accionado sobre el derecho al reclamo de compensación económica de la actora.
Veamos.
IV.2. Sabido es que, ante la ruptura de la unión convivencial, sea por mutuo acuerdo o por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, cualquiera de ellos está legitimado para demandar el pago de la compensación económica.
El plazo de caducidad tiene como misión brindar seguridad jurídica y soluciones rápidas frente a la ruptura. Sigue el principio del clean break del derecho anglosajón que pregona un cese total y definitivo de las relaciones de toda naturaleza luego de la ruptura, desprendiéndose del pasado (v. TS de España, 3-VI-2015, 2574/2016, Id Cendoj: 28079110012016100356, 3-VI-2016, n° recurso: 3019/2015). Es por ello que, una vez vencido el plazo de caducidad legal allí previsto, no se podrá ejercer el derecho que se ha dejado de usar.
La particular situación de autos exige una mirada más profunda que el simple punteo de plazos. La señora M. en el expediente caratulado "M. L. F. c. C. M. s/ materia a categorizar", con fecha 29 de junio de 2017, solicitó se declare la existencia de la unión convivencial con el señor C. por el plazo de ocho años y hasta el mes de enero de 2017, con la ulterior pretensión de reclamar la compensación económica (v. presentación de fecha 29-VI-2017, en arch. adj. de 5-VII-2017).
Aunque resulta ser cierto que debió haberse iniciado directamente la compensación económica, también es cierto que la disponibilidad y la caducidad refieren al ejercicio efectivo del derecho. En autos, la aquí recurrente no tuvo la intención de efectuar una reserva y con ello eludir el plazo de caducidad, sino que, por el contrario, ejerció su derecho -dispuso de él- con la particularidad de que se creyó en la necesidad de iniciar el incidente de determinación de la fecha de cese de la unión convivencial previo al proceso de compensación económica, algo que manifestó expresamente en autos.
En otras palabras, la actora no puede verse perjudicada frente a las estrategias jurídicas fallidas en la instancia ordinaria y la tramitación de un procedimiento que, en todo caso, de ser objeto de discusión la fecha de separación debió haberse planteado como defensa por parte del accionado en el proceso mismo de compensación económica.
Como decía Couture, "...lo que el proceso requiere no es solamente la verdad formal; requiere la lealtad, el juego limpio y no el subterfugio. El proceso no es una red para que el adversario caiga en ella, ni una emboscada para sustraer del debate la natural exposición de los hechos y el Derecho" (Couture, Eduardo J.; Estudios del Derecho Procesal , 5° ed., La Ley, Bs. As., 2010, t. 3, pág. 253).
Se dice que el derecho, como producto de los hombres, tendrá momentos en que sea insuficiente, en que no se baste así mismo. En estas ocasiones resulta muy necesaria la figura del juez capaz de hacer que el derecho cumpla su destino: alcanzar la justicia (Vial-Dumas, Manuel; Martínez Zorrilla, David; Pensando al juez , Marcial Pons, Madrid, 2019, pág. 47).
Para cumplir tal finalidad, el Código Civil y Comercial, a partir de los arts. 1 y 2, dota al ordenamiento jurídico interno de la elasticidad necesaria para que los jueces y juezas podamos encontrar aquellas soluciones que mejor se adapten al caso y permitan alcanzar y garantizar el valor justicia.
IV.3. Es dable remarcar que desde una mirada constitucional-convencional existe una obligación reforzada a la hora de garantizar el acceso a la justicia, en este caso, de la señora M.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende un triple e inescindible enfoque: a) la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) el obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión; c) el que esa sentencia se cumpla, es decir, la ejecutoriedad del fallo (arts. 706, Cód. Civ. y Com.; 18, Const. nac.; 7, 8, 9 y 25, CADH; 10 y 11, DADDH; 14, PIDESC).
En las 100 Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad se establece que componen esta categoría "...aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico" (Regla 3).
Tampoco puede soslayarse el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485). Del allí se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta necesaria perspectiva que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g", Convención de Belém do Pará; 3, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24, CADH; Observación General 21, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28, CEDAW, párr. 18; Observaciones Finales de la CEDAW sobre Argentina del 16 de agosto de 2010, ptos. 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos a la hora de impartir justicia.
De este modo, el análisis efectuado se tiñe de esta visión con perspectiva de género que debe imperar en todo decisorio judicial, siendo necesario, en el caso particular de autos, evitar que a través de un rigor formal que se desentienda de los hechos que componen la realidad, se genere inconscientemente una discriminación en el acceso a la justicia de la recurrente para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando de este modo la igualdad efectiva de condiciones.
V. En consecuencia, toda vez que la señora M. dispuso de su derecho al reclamo de compensación económica dentro de los seis meses de producida la ruptura, esto es el día 29 de junio de 2017, sin perjuicio de las estrategias judiciales y el obrar jurisdiccional que no le puede ser imputable ni ocasionarle perjuicio alguno, y entendiendo que se encuentran configuradas las infracciones legales denunciadas por la recurrente, correspondiendo hacer lugar al recurso extraordinario y revocar el fallo impugnado en cuanto declaró operada la caducidad de la acción destinada a la compensación económica (arts. 278 y 279, CPCC).
Las costas se imponen al demandado en su condición de vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Torres en cuanto señala que esta causa debe ser analizada a la luz de la problemática de género. En virtud de ello considero que al enmarcarse el presente caso dentro de aquellos que precisan de la aplicación en concreto de dicha perspectiva por parte de quienes debemos juzgar, es necesario puntualizar algunas cuestiones.
Esto es así pues el estudio de la causa permite observar que estamos frente a un reclamo económico por parte de una mujer que se encuentra dentro de una situación de desequilibrio estructural, donde debemos tener en consideración que las mujeres en general -por el solo hecho de serlo- se encuentran en una relación asimétrica respecto de los hombres en su capacidad económica, circunstancia que encuentra en gran medida su causa en tratos diferenciados en cuanto al nivel salarial en el mercado laboral, donde a su vez sufren las mayores tasas de desempleo.
Además, cabe señalar que las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico, aun cuando la comparación se realice entre un varón desempleado y una mujer que trabaja fuera del hogar con paga de una jornada completa (v. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf ).
Los datos expuestos son relevantes para mostrar el trasfondo de desigualdad existente en el plano laboral entre hombres y mujeres, que genera que esas desigualdades se reproduzcan y amplíen. Por ello, es preciso que en causas en las que se discutan situaciones económicas, como lo es la de una compensación en los términos del art. 525 del Código Civil y Comercial, se tenga en cuenta que resolver con perspectiva de género implica no limitarse a la aplicación neutral de las normas internas vigentes sino de hacerlo a la luz de la Constitución y de las convenciones, observándose la realidad en concreto y situándola en el contexto en que se desarrolla, para generar una tutela efectiva; proceder que omitió desplegar la Cámara.
Así, en el caso, la Cámara relat
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.