Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar carente de virtualidad la queja deducida el 22 de febrero de 2023; reputando inoficiosa la referida presentación (art. 30, ley 14.967);
2Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto el 8 de marzo de 2023 (art. 296, CPCC) e inoficioso a los fines regulatorios;
3Desestimar la queja articulada con fecha 28 de marzo frente a la denegatoria de la vía de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC); con costas y 4) desestimar la queja traída el 24 de abril del corriente año (art. 292 cit.); con costas.
C. 126.325 "O. N. I. C/ R. J. L. S/ ACCIÓN COMPENSACIÓN ECONÓMICA"
I. El Juzgado de Familia n°7 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora N. I. O. y fijó en concepto de compensación económica el pago de doce cuotas por la cantidad de pesos sesenta mil ($60.000) con más los intereses que surjan de aplicar la tasa más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de plazo fijo a treinta días -Tasa BIP- (v. sent. de 10-VIII-2022).
Apelada tal decisión por el demandado (v. escrito de 23-VIII-2022), el Juzgado concedió el recurso en relación, frente a lo cual el señor R. interpuso una nueva apelación mediante el cual cuestionó la forma en la que se la había otorgado (v. escrito de 6-X-2023).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, confirmó lo decidido en la instancia de origen y, en consecuencia, mantuvo la apelación concedida en relación (art. 243, CPCC; v. resol. de 16-XII-2022).
Contra dicha resolución se interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos de 6-II-2023), cuya denegatoria -sustentada en la falta de definitividad del fallo atacado- (v. resol. de 10-II-2023), motivó la articulación ante esta Corte de la queja de fecha 22 de febrero de 2023 (art. 292, CPCC; v. escrito de la citada fecha ingresado como C. 126.325).
Luego, la Cámara dictó sentencia por la cual resolvió confirmar la sentencia que hiciera lugar a la compensación económica solicitada por la actora (v. sent. de 16-II-2023).
Frente a dicho pronunciamiento el demandado dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 8-III-2023). El Tribunal de Alzada concedió el primero y denegó la restante vía, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio para acceder a la instancia extraordinaria (v. resol. de 16-III-2023). Esta última denegatoria motivó una nueva queja ante esta instancia (art. 292, CPCC; v. presentación de 28-III-2023 identificada inicialmente como C. 126.439).
Por otra parte, en la misma decisión de fecha 16 de marzo la Cámara desestimó el pedido de sanciones efectuado por el demandado, como el intento tardío de incorporar prueba documental. Señaló el Tribunal que -en cuanto a las sanciones conminatorias- no se daba ningún supuesto que amerite dinamizarlas y, si se tratara de sanciones por inconducta, el planteo era tardío porque el tribunal ya había dictado sentencia. Frente a tal parcela éste dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad y nulidad (v. escrito de fecha 4-IV-2023), los que fueron denegados con fundamento en la falta de definitividad de la decisión atacada (v. resol. de 13-IV-2023). Contra tal resolución se interpuso una nueva queja en esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de 24-IV-2023 ingresada como C. 126.503).
Radicados los autos principales en esta Corte por la vía extraordinaria de nulidad otorgada, se dispuso la agregación de la queja ya presentada y también de las ingresadas posteriormente identificadas bajo los números C. 126.439 y C. 126.503 (v. proveídos de 22-III-2023 y 28-IV-2023), pasándose a tratar en la presente todas las articulaciones recursivas.
II. En cuanto a la vía directa planteada con fecha 22 de febrero de 2023, atento la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Alzada el 16 de febrero de 2023 y toda vez que la misma tenía por objeto cuestionar la denegatoria de los recursos extraordinarios por los cuales se cuestionaba la forma de la concesión de la apelación -en relación- que ya ha sido tratada y resuelta -e impugnada la sentencia dictada al respecto-, su tratamiento ha perdido virtualidad (conf. doctr. causas C. 122.239, "Matus", resol. de 5-XII-2018; C. 122.429, "Moliendas Pergamino S.A.", resol. de 14-VIII-2019; C. 124.013, "Lima,", resol. de 2-IX-2020 y C. 123.225, "Demchum", resol. de 11-VII-2023).
Se impone asimismo reputar inoficiosa a los fines regulatorios la mencionada presentación (art. 30, ley 14.967).
III. Pasando ahora a tratar las impugnaciones traídas contra la sentencia que confirmó la que acogiera la pretensión, es del caso señalar en relación al remedio de nulidad otorgado que, conforme ha dicho este Tribunal en repetidas oportunidades, dicha vía extraordinaria sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020 y C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021).
En el supuesto que se considera, si bien se denuncia la infracción de los citados arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. acápite VI, del escrito del 8-III-2023), lo cierto es que, en los breves argumentos esbozados en el escrito en cuestión no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos constitucionales, sino que en rigor, esgrime de modo genérico una serie de tópicos vinculados a cuestiones probatorias y expresa una crítica al acierto jurídico del fallo y tales planteos, orientados a controvertir el mérito de la decisión, no resultan propios del recurso bajo estudio sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.041, "Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 123.454, "Bravo", resol. de 6-XI-2019; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 123.777, "Anselmi", resol. de 27-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.072, "Malmierca", resol. de 21-X-2020 y C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021).
Por otra parte, en cuanto a la invocada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, corresponde adunar que reiteradamente ha sostenido esta Corte que aquélla sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fallo de 16-II-2023; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021).
En tales condiciones, el carril recursivo de nulidad incoado resulta inadmisible (arts. 168 y 171, Const. prov. y 296, CPCC) y, asimismo, se impone reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018).
IV. Con respecto a la vía de inaplicabilidad de ley también articulada contra la sentencia definitiva -cuya denegatoria motivara una queja ante esta sede-, cabe recordar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que el valor del agravio en casos como el presente está representado por el importe de la condena recaída en el presente contra el accionado recurrente (conf. doctr. causas C. 125.179, "Batistelli", resol. de 9-XI-2021; C. 125.406, "A. M. E.", resol. de 29-XII-2021; C. 124.304, "S.A.D.A.I.C.", resol. de 23-IV-2021; C. 124.024, "Mendes", resol. de 18-V-2021 y C. 124.853, "San Cristobal", resol. de 10-III-2022). De ello se sigue que devienen inatendibles los planteos esgrimidos en la queja tendientes a sortear dicho valladar (v. acápite VII del escrito de 28-III-2023).
Así, la cuantía económica de su agravio no alcanza el mínimo establecido en el art. 278 citado (texto según ley 14.141 y Ac. 4.097/23 vigentes al momento de incoar la vía extraordinaria), para acceder a esta instancia por el carril revisor intentado, sin que corresponda -como se ha sostenido reiteradamente- adicionar a dicho importe intereses ni actualizar (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; doctr. causas Ac. 100.588, "Chamas", resol. de 11-III-2009; C. 103.488, "Antonetti", resol. de 23-III-2010; C. 108.631, "A., M. Á.", resol. de 15-VI-2011; C. 120.932, "Cozcueta", resol. de 21-XII-2016; C. 121.488, "Cazzulo", resol. de 28-VI-2017; C. 122.239, "Matus", resol. de 5-XII-2017; C. 122.786, "Poceiro de Dieguez", resol. de 7-III-2019; C. 122.699 "Vallejos" y C. 122.757, "Cardano", ambas resols. de 26-II- 2020; C. 123.798, "N. C. S. R.", resol. de 29-VII-2020).
Por lo demás, en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del límite cuantitativo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en numerosos precedentes esta Corte ha dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (causas C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019; C. 123.344 "Cooperativa Industrial Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda. (CITA)", resol. 29-VII-2020; C. 125.294, "Zurro", resol. de 29-XII-2022).
A ello se agrega que reiteradamente se ha sostenido que resulta compatible con el art. 161 de la Constitución de la Provincia, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 11-X-2006; C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 124.399, "Sucesores y herederos de Reichel Joachim", resol. de 24-V-2022). Asimismo, la igualdad que contempla la Constitución comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, conforme a la legislación vigente (conf. causas Ac. 98.574, "Mazza", resol. de 2-V-2007; C. 116.433, "Pertierra", resol. de 7-III-2012 y C. 119.437, "Choque", resol. de 3-XII-2014).
Finalmente, tampoco se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.798, cit.).
De lo expuesto se concluye que la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada con fecha 8 de marzo del corriente año resulta inadmisible (art. 278 cit.) y, en consecuencia, corresponde desestimar la queja articulada a su respecto (art. 292, CPCC; v. escrito de 28-III-2023); con costas.
V. En relación a la queja traída ante la denegatoria de las vías extraordinarias deducidas contra la parcela de la resolución de la Cámara que desestimó las sanciones peticionadas por el demandado (v. resol. de 16-III-2023), se impone observar que los remedios extraordinarios sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (doctr. arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas C. 120.987, "Di Carlo", resol. de 8-III-2017; C. 121.786, "G. C., F.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.147, "Campacena", resol. de 7-III-2018 y C. 123.256, "Riccilo", resol. de 5-VI-2019).
Así, la resolución de la Cámara -dictada en fecha 16 de marzo junto con el pronunciamiento sobre la admisibilidad de los recursos deducidos contra la sentencia definitiva- que, por los motivos expuestos, desestimó la solicitud de sanciones efectuada por el letrado del demandado (en su presentación del 9 de marzo), no reviste el indicado carácter a los fines de las impugnaciones extraordinarias incoadas (arts. 278, 296 y 297, CPCC; conf. doctr. causas C. 113.763, "Ordoñez", resol. de 2-III-2011; C. 119.409, "Cuneo", resol. de 10-XII-2014 y C. 123.500, "Fedoruk", resol. de 16-X-2019), desde que no produce el indicado efecto.
Corresponde así la desestimación de la queja traída con fecha 24 de abril (art. 292 cit.); con costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. declarar carente de virtualidad la queja deducida el 22 de febrero de 2023; reputando inoficiosa la referida presentación (art. 30, ley 14.967); 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto el 8 de marzo de 2023 (art. 296, CPCC) e inoficioso a los fines regulatorios; 3) desestimar la queja articulada con fecha 28 de marzo frente a la denegatoria de la vía de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC); con costas y 4) desestimar la queja traída el 24 de abril del corriente año (art. 292 cit.); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/10/2023 17:34:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:05:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2023 11:03:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:52:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:16:16 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:04:38 hs. bajo el número RR-754-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia