Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fecha 1 de febrero de 2024, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de idéntica fecha (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.325 "O. N. I. C/ R. J. L. S/ ACCIÓN COMPENSACIÓN ECONÓMICA"
I. El apoderado de la parte demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, primero declaró carente de virtualidad la queja deducida el 22 de febrero de 2023 -reputándola inoficiosa a los fines regulatorios-; en segundo lugar, declaró mal concedido el de nulidad por desarrollar agravios que no eran propios de la vía incoada -resultando también inoficioso a efectos regulatorios-; en tercer lugar, desestimó la queja articulada el 28 de marzo de 2023 frente a la denegatoria del de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia; y por último rechazó la queja traída el 24 de abril de 2023, con costas (conf. arts. 278, 292 y 296, CPCC; 30, ley 14.967; v. trámites: "Resolución registrable" de 14-XI-2023 y "Recurso extraordinario federal-deduce" de 13-XII-2023 y su PDF adj.).
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno hizo lugar a la demanda de compensación económica impulsada por la señora N. I. O. contra el señor J. L. R. y ordenó el pago de las cuotas e intereses que fijó (v. "Sentencia definitiva" de fechas 10-VIII-2022 y de 16-II-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, debido proceso, defensa en juicio, acceso a la justicia, propiedad y de los principios de congruencia y supremacía constitucional (arts. 16, 17, 18, 19, 31, Const. nac.; 15, Const. prov.; págs. 4,8 y 14/23 adj. cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, desestimó -erróneamente, según su modo de ver- el recurso de hecho deducido el 28 de marzo de 2023. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- los derechos constitucionales mencionados, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía.
En tal sentido, aduce que la decisión atacada descartó equivocadamente los agravios federales que asegura haber planteado. Y en razón de ello, reitera, con base en los antecedentes de la Corte Suprema nacional (Fallos: 308:490 y 311:2478, que menciona como aplicables al presente), que debió hacerse una excepción y declarar la inconstitucionalidad del art. 278 del Código de rito para, de ese modo, ingresar al estudio del recurso de inaplicabilidad de ley, cuyos agravios también replica (v. págs. 16/23, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. "Proveído" de 20-XII-2023), el mismo fue contestado por la actora (v. trámite "Recurso extraordinario federal-contesta traslado" de 1-II-2024 y su PDF adj.).
Respecto de dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema nacional (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 1/28 del archivo adjunto al trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 1 de febrero de 2024 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. En lo que refiere a la vía federal deducida, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para confirmar la sentencia de primera instancia y el rechazo de la vía de hecho por insuficiencia del valor del agravio, conforme el art. 278 CPCC) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación, omisión de tratamiento de cuestiones y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un caso excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado-. Asimismo, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos vertidos en la vía de hecho -referidos a la inconstitucionalidad del art. 278 del Código de rito- que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido oportuna respuesta en la decisión atacada (v. "Recurso de queja-deduce" de 28-III-2023, punto VII y "Resolución registrable" de 14-XI-2023 y "Recurso extraordinario federal-deduce" de 13-XII-2023 y su PDF adj.).
IV.3. Finalmente, es dable apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17, 18, 19, 31, Const. nac.; 15, Const. prov.; págs. 4,8 y 14/23 adj. cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Giménez", resol. de 29-IV-2020; C. 124.023, "Bertolin", resol. de 19-IV-2021; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fecha 1 de febrero de 2024, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de idéntica fecha (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/07/2024 14:50:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2024 18:17:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2024 09:32:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:45:15 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:40:52 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:01:40 hs. bajo el número RR-550-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia