Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 72087
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 7, 2037 ss. y ccs., CCCN; arts. 11 y 57, Ley 14.967; arts. 36 inc. 1, 68, 69, 163. inc. 6, 260, 266, 322 y ccs., CPCC).
2Con costas de alzada a los actores que resultan vencidos en el trámite recursivo (arts. 68, 69, CPCC).
3Por las tareas de segunda instancia, regular los honorarios de la Dra. Alejandra Verónica Campane, en la suma equivalente a 5 jus arancelarios, más los aportes previsionales correspondientes (art. 31, Ley 14.967).
4Tener presente el pedido de la Dra. María Gabriela Pey de que no le sean regulados honorarios por sus trabajos de alzada (art. 11, Ley 14.967).
Causa nº: 2-72087-2024
"VILLAVERDE DELIA ZULEMA TERESA Y OTRO/A C/ CONSORCIO COCHERAS SARMIENTO S/ ACCION DECLARATIVA(SUMARIO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los veinticinco días del mes de febrero del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Villaverde Delia Zulema Teresa y otro/a c/. Consorcio Cocheras Sarmiento s/. Acción Declarativa (Sumario)” ( Causa Nº 72.087) . Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultó el siguiente orden de votación: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 05/02/24, contra la sentencia del 01/02/24?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
I.1. Los cónyuges Delia Zulema Teresa Villaverde de Pey y Roberto Jesús Pey, promovieron acción meramente declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal contra el “Consorcio Cocheras Sarmiento”, solicitando que se indique cómo liquidar las expensas comunes y extraordinarias por las oficinas identificadas como Unidades Funcionales 42, 84 y 85, de las que son titulares (08/9/22).
Afirmaron que, mediante una interpretación del Reglamento de Copropiedad y Administración que consideran incorrecta , la nueva Administración del edificio cambió el sistema de liquidación de expensas comunes, exigiéndoles ahora pagar montos sumamente superiores a los que venían pagando.
Sobre la base de la interpretación del Reglamento que estiman correcta, precisaron el modo en que deben liquidarse las expensas.
2. A su turno, la Administradora del Consorcio aseveró que el planteo es prematuro, pues primero debe dirigirse a la Asamblea de Propietarios (cf. contestación de demanda del 13/10/22, pto. 2).
Seguidamente, reconoció “que los aquí actores plantearon a la Administración su discrepancia con la interpretación del Reglamento de Copropiedad” , como así también “que el Consejo de Administración se reunió y dictaminó que la interpretación de la Administración era lo correcto ” (pto. 4.1).
Pero al mismo tiempo desconoció numerosas afirmaciones de los actores acerca de hechos basales de su planteo. En tal sentido dijo que no es cierto : que el monto mensual de las expensas del Grupo Uno, equivalen al 5% de la remuneración de la Administración; que se cambió el sistema de liquidación de expensas sin su conocimiento; que exista incertidumbre acerca de la relación jurídica que une a las partes, o que ello perjudique a los actores; que los gastos por mantenimiento de las partes comunes del Grupo Uno, es solventado únicamente por la actora.
3. La sentencia del 01/02/24 rechazó la demanda, al considerar que “la mera discrepancia en cuanto a la composición del monto que deben pagar en concepto de expensas comunes (esto es, la disímil interpretación de las normas contenidas en el Reglamento de Copropiedad y Administración a esos fines), no autoriza a acudir a esta vía” , ya que no se verifica una situación de incertidumbre que provoque un peligro amenazante a los actores.
Impuso las costas a los actores vencidos, y reguló los honorarios de las doctoras María Gabriela Pey y Alejandra Verónica Campane.
4. Los actores apelaron (05/02/24), siéndoles concedido el recurso libremente (06/02/24).
En la expresión de agravios del 26/4/24, insistieron en que la nueva Administración cambió el sistema de liquidación de expensas comunes sin su conocimiento, y que el Consejo de Administración resolvió desfavorablemente el cuestionamiento que dirigieron contra esa forma de liquidarlas.
A lo largo de la pieza recursiva dejaron entrever que existen posturas distintas sobre la interpretación del modo de liquidar las expensas, y aseveraron que no existe otra vía para esclarecer la temática.
5. Practicado el sorteo, corresponde resolver.
II. Los requisitos de admisibilidad de la acción meramente declarativa han sido expresados del siguiente modo: “1. Un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica. 2. La posibilidad de que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor. 3. Una indisposición de otro medio legal para poner término inmediatamente al estado de incertidumbre. Estos tres requisitos deben darse de manera concurrente. La falta de uno de ellos autoriza a rechazar in limine la acción declarativa. A ellos se suma un presupuesto negativo, representado porque la sentencia que se pretende no debe ser susceptible de ejecución forzada” (conf. Heredia, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Highton-Areán dirección, tomo 6, pág.89; esta Sala, causa n° 67.131 del 28/9/21, “Díaz Claudio Rubén c/. Asociación Civil Hospital de Día otros Lazos y otros s/. Acción Declarativa (Sumario)” ).
Pues bien, un rápido repaso por las afirmaciones contenidas en los escritos constitutivos del pleito, permitirá advertir que en autos no se verifica el estado de incertidumbre que habilita la vía de la acción meramente declarativa.
Es que desde un comienzo ha quedado en evidencia que el planteo de los consorcistas discurre en un tono de franca oposición con la postura defendida por el Consorcio demandado -que también integran-, lo que demuestra que no existe propiamente incertidumbre en torno a la relación jurídica que los vincula, sino que, antes bien, cada parte defiende una postura diferente sobre el modo en que deben liquidarse las expensas por las Unidades Funcionales individualizadas en la demanda .
En autos cada parte defiende -frente a la otra- lo que considera la interpretación correcta de las cláusulas del Reglamento de Copropiedad y Administración que regulan el régimen de liquidación de expensas. Y en un escenario tal, cual no puede predicarse que exista incertidumbre sino, antes bien, una verdadera situación de conflicto cuyo análisis y resolución excede el ámbito de la acción meramente declarativa, que debe ser canalizada a través del órgano consorcial competente y, eventualmente, mediante la vía judicial que resulte pertinente (arts. 7, 2037 ss. y ccs., CCCN; art. 322, CPCC).
En sentido coincidente, se ha decidido que “la acción declarativa no resulta la vía idónea para dirimir el conflicto suscitado entre los copropietarios en torno a la interpretación de los términos del reglamento de copropiedad y administración” , ya que “Si efectivamente existen criterios distintos sobre la cuestión a la que se alude en el escrito inicial, los interesados deberán someterlos al órgano deliberativo de la comunidad consorcial, quien a través del régimen de las mayorías propio del derecho real de que se trata pondrá fin a la situación de incertidumbre alegada como fundamento de la pretensión” (CNCiv., sala H, “Consorcio de Propietarios Jujuy 340”, del 09/4/1997, L.L. 1997-E, 169).
Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la acción meramente declarativa (arts. 7, 2037 ss. y ccs., CCCN; art. 322, CPCC).
III. Tampoco procede el agravio que los actores dirigieron contra la condena en costas (cf. ap. III de la expresión de agravios del 26/4/24), ya que no concurren circunstancias que ameriten apartarse del principio general en la materia, que manda imponerlas a la parte vencida (arts. 68 y 69, CPCC).
IV. Finalmente, es preciso hacer una distinción con respecto a la renuncia a percibir honorarios, que la Dra. María Gabriela Pey planteó recién con la expresión de agravios del 26/4/24, con fundamento en el artículo 11 de la Ley 14.967.
La parte pertinente de esta norma expresa que “El abogado que intervenga en actuaciones judiciales realizadas en representación o patrocinio de ascendientes…, cuyos honorarios fueren exclusivamente a cargo de aquellos, podrá solicitar que no le sean regulados y, en este caso, el pedido se considerará renuncia definitiva a la regulación y cobro de los honorarios respectivos” .
Luego, teniendo presente que el precepto legal exige que la petición sea anterior a la regulación – “que no le sean regulados” -, y que en el caso de autos fue recién introducida con la expresión de agravios, corresponde admitirla únicamente con relación a los honorarios de alzada, y no así con respecto a los de primera instancia, que ya fueron regulados y arriban firmes a esta sede por no haberse cuestionado su monto (arts. 11 y 57, Ley 14.967; arts. 36 inc. 1, 163. inc. 6, 260, 266 y ccs., CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 7, 2037 ss. y ccs., CCCN; arts. 11 y 57, Ley 14.967; arts. 36 inc. 1, 68, 69, 163. inc. 6, 260, 266, 322 y ccs., CPCC); 2) con costas de alzada a los actores que resultan vencidos en el trámite recursivo (arts. 68, 69, CPCC); 3) por las tareas en segunda instancia, regular los honorarios de la Dra. Alejandra Verónica Campane, en la suma equivalente a 5 jus arancelarios, más los aportes previsionales correspondientes (art. 31, Ley 14.967); 4) tener presente el pedido de la Dra. María Gabriela Pey de que no le sean regulados honorarios por sus trabajos de alzada (art. 11, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 25 de febrero de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 7, 2037 ss. y ccs., CCCN; arts. 11 y 57, Ley 14.967; arts. 36 inc. 1, 68, 69, 163. inc. 6, 260, 266, 322 y ccs., CPCC). 2) con costas de alzada a los actores que resultan vencidos en el trámite recursivo (arts. 68, 69, CPCC). 3) por las tareas de segunda instancia, regular los honorarios de la Dra. Alejandra Verónica Campane, en la suma equivalente a 5 jus arancelarios, más los aportes previsionales correspondientes (art. 31, Ley 14.967). 4) tener presente el pedido de la Dra. María Gabriela Pey de que no le sean regulados honorarios por sus trabajos de alzada (art. 11, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2025 09:53:05 - PERALTA REYES Víctor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2025 12:23:38 - LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2025 12:55:26 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 25/02/2025 12:55:44 hs. bajo el número RH-19-2025 por Camino claudio.
Fin de la sentencia