Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala II · Causa LM 17590 18
En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los días del mes de Febrero de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, Doctores Carlos Alberto Vitale y Luis Armando Rodríguez, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “KAUFER RICARDO LUIS S/ ACCION DECLARATIVA”, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Doctores Rodríguez-Vitale, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
Primera cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el doctor Luis Armando Rodríguez dijo:
I. Antecedentes y agravios.
Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto electrónicamente en fecha 11/11/2018, por la doctora Carmen Susana Ali, en carácter de letrada apoderada de la parte actora, contra la providencia de fojas 103/106vta por conducto de la cual el Señor Juez A Quo rechazó la Acción Declarativa interpuesta a fs. 79/81 por el Sr. Ricardo Luis Kaufer.
A fojas 109 - primer párrafo - se concede el recurso de apelación interpuesto (arts. 242/246 del CPCC).
En lo sustancial el recurrente se agravia porque entiende que el juez de grado yerra al entender que su representado cuenta con una vía legal para la renuncia o abandono de la propiedad, y que la misma es la de manifestar su voluntad a través de una escritura pública; pues bien concluye que esto es de imposible cumplimiento. Entiende que no se puede escriturar, porque: a) las normas registrales exigen libre deuda de todo el predio, b) el mismo registro de la propiedad inmueble de la Provincia de Buenos Aires, exige la realización de una cédula, estado parcelario o plancha catastral, firmada por un agrimensor y/ o ingeniero matriculado con incumbencia en el ejercicio de la agrimensura en dicha jurisdicción que refleje el estado actual del predio y que debe coincidir con el relevamiento del mismo, que difiere del que su representado es titular (ley 10707 art 4 y 5), razón por la cual ningún escribano público puede dar cumplimiento a dichos requerimientos ni confeccionar dicho instrumento público".
En este orden de ideas, sostiene que su poderdante se vió privado en todo momento de su propiedad, que la misma pasó de ser un asentamiento, una villa de emergencia o construcciones precarias, para transformarse hoy
día en casas de construcciones de material; impedido de ceder su parte del predio, atado de pies y manos; y además obligado por el FISCO a abonar esos impuestos, perjudicándole en forma desmedida, ya que además lo persigue con embargos de sus cuentas bancaria, juicios de apremio, etc; lo que le conlleva un innumerable perjuicio económico. Manifiesta que es el único perjudicado: no posee el bien, no hace uso de él, mientras que terceros hacen uso y goce del predio sin pagar impuestos, dado que el FISCO con su arbitrariedad se asegura el cobro de los impuestos de las cuentas bancarias de su representado.
Manifiesta su voluntad de renunciar o abandonar ese predio formalmente, pero se le exige que lo haga por escritura pública, y dicha escritura pública tampoco se puede celebrar por los requisitos que el mismo Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia de Bs AS establece y la imposibilidad fáctica de los escribanos públicos de la provincia de Bs As de llevar a cabo esa escritura pública que le exige para la renuncia . Agrega que estamos frente a una verdadera laguna del derecho, ya que no hay norma que recepte la solución específica a esta situación jurídica. A fojas 114 se dicta el llamamiento de autos para sentencia, providencia que una vez firme, motivó el sorteo que me desinsaculara como Magistrado preopinante.
II. La Solución a) Hecho Nuevo La jurisprudencia tiene dicho respecto a este tema que: "la solicitud de prueba en esta Alzada, siendo que dicho pedido no se encuadra en ninguno de los dos supuestos contemplados en el art. 255, inc. 5º del CPCC, pues no se trata de un hecho nuevo acaecido con posterioridad a la oportunidad prevista en el art. 363 del CPCC, ni de medidas probatorias
rechazadas (art. 377 del CPCC) o con declaración de negligencia (art. 383 del CPCC), deviene improcedente la apertura a prueba en esta instancia". Asimismo, el hecho nuevo invocable en la instancia apelatoria debe reunir ciertos requisitos esenciales a fin de que aquel se torne viable en los términos del artículo 255 ap. a del CPCC. Entre tales recaudos se halla el extremo que hace al factor temporal, es decir, que el hecho que se alega se haya producido o llegare a conocimiento del peticionante, con posterioridad a la oportunidad prevista por el artículo 363.
El andamiento del hecho nuevo tanto en primera como en segunda instancia necesita como presupuesto indispensable que tenga una directa relación con la cuestión que se ventila, para con ello evitar la introducción de cuestiones superficiales o sin importancia y desde luego debe ser posterior a la contestación de la demanda o reconvención (arts. 255 inc. 5 y 363 del CPCC). Del escrito electrónico de fecha 18/1/2019, se desprende que el Actor informa una nueva intimación de pago de ARBA e informando nuevo embargo sobre las cuentas corrientes de su mandante.
Sin embargo, dichas afirmaciones son tal como esgrime el apelante, "para reforzar sus argumentos", es decir que no reúnen los requisitos que establecen los artículos 255 y 363 del CPCC, en tanto se tratan de afirmaciones circunstanciales, sobre las cuales no se haya acreditado el factor temporal necesario para que esta Alzada proceda a analizarlas. Por tales motivos, se rechaza el planteo de hecho nuevo formulada por la apelante.
b) Quid de la cuestión. El iudex a quo, en su resolución de fojas 103/106vuelta rechaza la acción declarativa interpuesta a fojas 79/81. Para asi decidir, entendió que : " conforme lo ha descripto el accionante a fs. 79 vta. / 80, a mi entender si se configuran los tres primeros de ellos, pero no el último; dado que como ha mencionado con certeza el apoderado de la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Buenos Aires en su dictámen (el cual comparto en lo trascendental), resulta cierto que aquél si posee otro procedimiento legal mas idóneo para restaurar el menoscabo sufrido como lo es el contempado en el Artículo 1017 del CCCN, el cual en lo atinente indica que: deben ser otorgados por escritura pública: a) los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación, o extinción de derechos reales sobre inmuebles … b) los contratos que tienen por objetos derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles; c) todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados por escritura pública”… La adquisición, modificación, o extinción de derechos reales sobre inmuebles deberá hacerse por escritura pública, y las consecuencias de no otorgar el acto en la forma prescripta por la Ley están contenidas en los Artículos 285 y 969 del citado ordenamiento legal.- Y en éste punto deviene acertado resaltar a su vez que el Art. 1907 Legislación de Fondo enumera las causas generales de extinción de los derechos reales, mencionado al abandono como una de ellas. Al respecto se ha declarado: “…El abandono del derecho real, no de la posesión, debe ser categórico. Según el artículo 948 la voluntad de renunciar no se presume … Si se trata de inmuebles, debe ser formalizado por escritura pública…”. (Lorenzetti, Ricardo Luis; “CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. COMENTADO”, Tomo IX, págs. 89 y 90). Consecuentemente, a tenor del carácter restrictivo de la figura legal en análisis, y teniendo en cuenta que el actor posee otro procedimiento legal más adecuado para la satisfacción de su pretensión; estimo que la presente acción no debe prosperar". Sin embargo, equivoca el juez en cuanto que la cuestión de autos puede solucionarse con una escritura, situación no prevista. Debe destacarse que la situación está prevista por la ley y haremos un examen de la cuestión:
b) 1) Código de Velez Sarsfield.
El Capítulo V que trata sobre la extinción del dominio, regula el mismo en los artículos 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 y 2610. De dichos artículos podemos clasificar la extinción de dos formas: 1) Extinción absoluta: es cuando se pierde el dominio por una causa inherente a la cosa misma, sin que nadie lo adquiera. En este sentido se encuentran los casos que establecen, los arts. 2604 y 2605; 2) Extinción relativa: es cuando la cosa se pierda para el actual propietario y pasa en propiedad a otro. En tal sentido se reglan los casos de los arts. 2606, 2607, 2609 y 2610. El caso de marras se encontraría en esta segunda clasificación (Extinción relativa) y es aquí donde trataremos el tema.
La extinción relativa se produce: a) en los casos de transformación (art. 2567), accesión por adjunción (art. 2587), prescripción (art. 3948), al obtener el dominio una persona lo pierde otra.
En el abandono la perdida de la propiedad ocurre con el abandono mismo, aunque no hubiere apropiación por otro. Se aplica tanto a las cosas muebles como inmuebles, si en este ultimo caso, el dueño ha manifestado al respecto su voluntad.
Requisitos: para que procedan los requisitos del abandono se requiere: a) debe ser voluntario, pues no lo es el no ejercicio del derecho; b) debe ser efectuado por persona capaz de disponer a titulo gratuito; c) ante la falta de apropiación por otro el abandonante puede arrepentirse y recuperarla apropiándosela.
Asimismo, el artículo 874 establece. "La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva."
Vemos que el Código velezano ya establecía la figura del abandono, la cual supeditaba a una serie de requisitos a los fines de su perfección
b) 2) Cuestión en el Nuevo Código Civil y Comercial.
En el LIBRO CUARTO - DERECHOS REALES, Título IV, el artículo 1989 establece: "Facultades con relación a la parte indivisa. Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos".
El artículo 946 dice: “la aceptación de la renuncia por el beneficiario causa la extinción del derecho”.
El artículo 947, por su parte, sostiene: la renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceros.
El articulo 1907 reza: "Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono, por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena y por sentencia judicial que así lo disponga en un proceso de extinción de dominio".
3)Figura jurídica de la renuncia en nuestro ordenamiento legal.
En primer lugar, debemos referirnos al acto abdicativo. El mismo puede definirse como aquel acto jurídico, cualquiera sea este, en el que su agente tiene por fin inmediato la pérdida para si de una relación jurídica en la que se encuentra emplazado, o de algún derecho o facultad emergente de la
misma, y que puede producir o no su extinción.” El centro o punto clave para entender y distinguir al acto abdicativo de otros actos está en la causa final del mismo. “En el acto abdicativo el sujeto quiere (voluntad jurídica) y tiene por fin inmediato (causa final) el dejar de tener aquello que está en su órbita de intereses jurídicos”. Ahora corresponde adentrarnos en el concepto de renuncia, una especie dentro de los actos abdicativos. La misma esta regulada en los arts 944 a 949, en la Sección 5 “Renuncia y remisión”, del Capítulo 5 dedicado a “Otros modos de extinción” de las obligaciones. La renuncia puede catalogarse como el acto jurídico abdicativo unilateral y gratuito, generalmente sin efecto traslativo, en el que su otorgante tiene por fin inmediato la pérdida de un derecho del que es titular, o una facultad emergente del mismo, y que en el primer caso produce la extinción de la relación jurídica. Es menester analizar de esta definición el concepto de acto unilateral. Es muy discutido en doctrina si el mismo es unilateral o bilateral. Si bien la tesis mayoritaria apoya la idea de que es un acto unilateral, hay quienes sostienen que es un acto bilateral. Hay que aclarar que quienes sostienen que se trata de un acto bilateral, lo hacen en materia de derechos de crédito, porque hacen la distinción en relación a los derechos absolutos, y los derechos relativos, dejando claro que siempre en el primer caso es unilateral la renuncia y en el segundo caso bilateral. Asimismo, más confusión trajo la nueva redacción del Código Civil y Comercial, en el cual pareciera ser necesaria la aceptación. La doctrina anteriormente se basaba en el art. 868 del Cod de Velez que decía “hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida”. En este sentido, Llambías entendía que “dicho texto subordina claramente la eficacia extintiva de la renuncia a la aceptación del deudor". Por ello a contrario sensu, el rechazo de este último no causa la extinción de la obligación, se trata de una liberalidad (art 1791 inc 8º), y siendo ello así no es posible prescindir del consentimiento del beneficiario. La consecuencia es
importantísima, pues hasta que sobrevenga la aceptación del deudor, el crédito permanece incólume en el patrimonio del acreedor, y es pasible de embargo por los acreedores de este último” Entiendo, como lo señala la más destacada doctrina, que cualquiera sea el derecho que se renuncia, no cabe duda alguna que en su esencia la renuncia de los derechos es un acto unilateral, ya que la regulación expresa de la renuncia de las obligaciones no responde de manera adecuada a la verdadera naturaleza de las cosas, a la esencia misma de la Institución y desnaturaliza a la obligación misma, porque se presta a interpretaciones ambiguas. La aceptación contemporánea de la renuncia no obsta a que continúe siendo unilateral, pues aún en tal caso, dicha aceptación no constituye un requisito de validez del acto, sino que su efecto es impedir una posterior. Otra característica interesante de esta definición es que es un acto gratuito. Es de esencia misma de la renuncia la circunstancia de que su otorgante no recibe contraprestación alguna a cambio del acto que otorga. Cuando esto ocurre, podrá estarse en presencia de otro acto abdicativo, pero nunca podrá predicarse la existencia de una Renuncia de Derechos stricto sensu.” Llambias, por su lado, habla de renuncias onerosas y gratuitas como dice la ley, aclara que la figura típica de la renuncia es la gratuita, en el otro caso, “según sea el objeto de la prestación regirán, en lo pertinente las reglas de la compraventa, o la permuta”. La renuncia es así un acto abdicativo diferente a otros actos donde hay voluntad abdicativa, como la transacción, la donación, la rescisión, etc. La renuncia se limita a aquellos actos en los que únicamente se abandona un derecho (o alguna facultad emanada del mismo), sin recibir nada a cambio, y sin la intención de trasmitir a otra persona el derecho abdicado, aunque ello se produzca por imperio de la ley”.
4. Caso de autos. Renuncia en el Condominio. Había dos posturas anteriormente, una de ellas planteaba la posibilidad de que ante la renuncia del condómino el dominio revirtiera al estado. Así “Mariani de Vidal consideraba que "si el condominio recae sobre un inmueble, el abandono efectuado por uno de los comuneros beneficiaba al Estado, pasando la parte alícuota, a su dominio privado”. Esta posición estaba basada en la interpretación que se hacía de la renuncia al derecho de dominio. Para entender como era esta interpretación, vamos analizar la renuncia en el dominio, pero en base al nuevo Código. Antes, la renuncia al derecho de dominio, hacía pie en el art 2607 del Código de Velez Sarsfield que decía “Se pierde también desde que se abandone la cosa, aunque otro aún no se la hubiese apropiado. Mientras que otro no se apropie la cosa abandonada, es libre el que fue dueño de ella, de arrepentirse del abandono y adquirir de nuevo el dominio.” Por su parte, el art 1907 del Código Civil y Comercial establece como una causa común de extinción de los derechos reales, entre otros el abandono. Sin embargo, hay que hacer una distinción con respecto al abandono en las cosas muebles e inmuebles. Porque ante el abandono de una cosa mueble esta pasa a ser una cosa de nadie y cualquiera puede apropiársela (art 1947 inc a), en cambio ante el abandono de un inmueble este pasa al dominio del estado (art 236 inc a). Por otro lado el abandono, implica un doble aspecto, por un lado el desprendimiento material que se hace de la cosa y por otro lado la voluntad de perder la titularidad de ese derecho de dominio. Actualmente el Código exige que esa voluntad sea expresa (tanto para cosas muebles como para inmuebles). Hay que tener en cuenta que en el Código la renuncia no se presume (art 948), que en caso de duda, si la cosa, es de algún valor se debe presumir que fue perdida, y no abandonada (art 1947 inc b.i.) y que la relación se conserva sólo ánimo (art 1929), razones éstas por las cuales se exige que el abandono se realice en forma expresa.”. Por lo tanto no basta
en ambos casos simples hechos materiales, sino que es necesario hacer expresa esa voluntad abdicativa, que no es ni más ni menos que una renuncia, o sea que el abandono sería la renuncia acompañada no ya de una tradición sino de un desprendimiento material para dejar fuera de mi ámbito de poder la cosa. Asimismo, corresponde resaltar que el derecho de los restantes condóminos de acrecer como consecuencia de la renuncia de su parte por uno de los comuneros no estaba contemplado en el Código sustituido. Se recepta la doctrina mayoritaria que sostenía que ante el abandono del derecho por parte de un condómino, los demás acrecían en proporción de sus cuotas parte. El Código velezano permitía que el comunero, ante el requerimiento de otro para contribuir con los gastos de conservación o reparación, optara por el abandono de su derecho (art. 2685. Cód. Civil). Esta circunstancia planteaba la duda sobre el destino de la parte indivisa que correspondía a quien ejercía su derecho de abandono ante el silencio de la ley. La doctrina mayoritaria sostenía que esa porción acrecía la de los restantes condóminos con relación a sus proporciones. Esta es la solución adoptada por la nueva legislación, que admite la renuncia, en principio, sin necesidad de expresión de motivo alguno y otorgando a los restantes comuneros el derecho de acrecer. En relación a la inscripción, necesaria para lograr la oponibilidad frente a terceros, no va a ser suficiente para comunicar al nuevo titular su derecho como en el caso de la renuncia al dominio (porque en ese caso es el mismo Estado el que recibe el acto a inscribir), podríamos decir entonces que a los restantes condóminos les haría falta la comunicación, es decir que para que haya buena fe y no se le indilgara responsabilidad por “haber actuado con la omisión de las diligencias que le exigía la situación, y por otorgar el acto de abandono en cuestión. Una comunicación que no es necesariamente formal, pero con los recaudos suficientes para lograr el día de mañana su prueba. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que, quienes adquieren ese
derecho indiviso sobre la propiedad, ya son titulares de dominio de la cosa, y la posibilidad de responder objetivamente por la cosa, ya está presente, ellos ya conocen el estado de la cosa, y han tenido la posibilidad de prevenir la situación y no lo hicier
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