Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 4942
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 4942-23 caratulada "PINEDA ARIEL FERNANDO C/ FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO FRANKEL S/ ACCION DECLARATIVA (TRAM. SUMARISIMO)", Expte. 65.657 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada por Ariel Fernando Pineda, declarando operada la prescripción liberatoria de las deudas derivadas de las tarjetas de crédito Visa Internacional y Mastercard Internacional, asociadas a la CUENTA N° 353083569 del Banco Galicia y Buenos Aires S. A.. Aplicó las costas a la parte demandada vencida (Art. 68 C.P.C.). Reguló los honorarios de los letrados, Dres. Oscar Alberto Aranda y María Fernanda Cecive, por las tareas cumplidas, teniendo en cuenta que no se hubo producido prueba y tomando como base el monto de las deudas cuya prescripción se declarara, en SIETE UNIDADES DE JUS ( 7 jus) para cada uno de ellos, con más los aportes de ley ( Art. 14/16, 21 de la Ley 14.967 ). Rechazó la demanda que instaurara Ariel Fernando Pineda contra COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERO S.A. con costas a la parte actora (Art. 68 C.P.C.). Aplicó las costas a la parte actora, por las razones dadas en el considerando III (Arts. 68, 70 y ccdts. del C.P.C., Art. 15 Ley 14.214). Reguló los honorarios de los letrados, Dres. Oscar Alberto Aranda y María Fernanda Cecive, en el mínimo que prevé el Art. 49 de la Ley 14.967, esto es, CINCUENTA UNIDADES DE JUS para cada uno de ellos (Art. 14/16,y 49 de la Ley 14.967 ).-
Tal decisorio fue apelado por la parte actora el día 3-4-2023 y concedido en relación el 14-4-2023 y fundado el 21-4-2023. Con fecha 9-5-2023 se dio traslado a la parte demandada, quien evacua el mismo el 15-04-2023. Y con fecha 2-05-2023 es evacuado el traslado por la parte demandada. Elevados los autos a esta Alzada, el 30-5-2023 se llamó autos para dictar sentencia, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
A) En una porción del fallo se hizo lugar a la acción declarativa interpuesta por el reclamante Ariel Fernando Pineda y deducida contra el Comafi Fiduciario Financiero S. A. en su carácter de administrador del Fideicomiso Financiero Privado Frenkel, declarándose prescriptas las deudas derivadas de las tarjetas Visa Internacional y Mastercard Internacional, asociadas a la cuenta Nro 3530083569 del Banco de Galicia y Buenos Aires S. A., cuestión que ha quedado firme.-
B) Pero el apelante se disgusta contra la segunda parte del decisorio que rechaza la demanda incoada contra Comafi Fiduciario Financiero S. A. en cuanto pretendía que la demandada arbitrara los medios para dar de baja las deudas en cuestión de las bases de datos de información crediticia en las que se encuentre informada.-
El a quo denegó el pedido acudiendo al art. 26 de la ley 25.326, señalando que no aplica la reducción de dos años, entendiendo que la prescripción liberatoria no es atribuible al deudor sino a la inacción del acreedor, y que no estaría comprendido dentro de las previsiones de esa norma.-
C) Contra esto se duele la quejosa denunciando una incorrecta aplicación normativa del operador de grado, que tiene como consecuencia una decisión disvaliosa, consistente en mantener y difundir una información crediticia que al corriente es inexacta, omitiendo a su decir los estándares de tutela que amparan al consumidor en un proceso.-
Achaca una interpretación sesgada y regresiva del art. 26 inc. 4 de la ley 25.326 y omite toda consideración al deber de exactitud que pesa sobre la contraparte. Indica el recurrente que hay dos deudas que se encuentran prescriptas el 19/08/2021 derivada de la Tarjeta Visa Internacional y desde el 14/11/2021 derivada de la Tarjeta de Crédito Mastercard, respectivamente; pese a ello actualmente dichas acreencias se encuentran informadas como activas, de lo que desprende que la información resulta desactualizada e inexacta.-
Subraya que como derivado lógico y necesario de la declaración de prescripción dispuesta en la sentencia, la contraparte se encuentra sujeta al imperativo legal de suprimir el dato inexacto, y eventualmente sustituirlo por el correcto, señalando que el art. 4 inc 5 de la ley 25.326 es claro al respecto. Indica que actualmente según fluye del central de deudores del BCRA se encuentra informado por el fideicomiso financiero privado Frankel como deudor situación 5, sin ninguna observación que permita conocer que la deuda se ha extinguido por efecto de la prescripción liberatoria. Subraya que la prescripción de la deuda informada es un dato relevante a la hora de evaluar su situación crediticia, ya que al encontrarse prescripta no existe riesgo alguno de que sus bienes, cuentas o salario mensual se vean comprometidos ni disminuidos por un reclamo del Fideicomiso.-
Aspira a obtener el deber de exactitud que la normativa de datos personales le impone a la contraria.-
Por otra parte reprocha una errónea interpretación al art. 26 inc. 4 de la ley 25.326., señalando que se trata de un proceso de consumo y que dicho vínculo abarca todas las etapas de la relación que une a los sujetos, comprendiendo las etapas propias de la ejecución del contrato, como así las instancias previas y posteriores a su finalización.-
Alude a las normas aplicables a las relaciones de consumo previstas en el art. 1094 del CCCN, el art. 3 de la ley 24.240, art. 65 Ley 24.240 y dice que el operador apartándose de esta pauta protectoria, interpreta en forma sesgada el art. 26 inc. 4 de la ley 25.326, consistente en incluir diferenciaciones donde el texto normativo no lo hace. En particular, considerar que la prescripción liberatoria no constituye un supuesto de extinción válido para reducir el plazo durante el cual se podrá informar la deuda, señalando que esta diferenciación no resulta del texto de la ley ni tampoco se infiere de su génesis.-
Reprocha además que la postura adoptada atenta contra el principio de progresividad de los derechos del titular de datos a la que la ley busca proteger, acudiendo al art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-
D) Liminarmente he de señalar que el derecho a la privacidad está garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Al respecto, se puede mencionar la primera parte del art. 19 de la Constitución, el cual dispone que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas a la autoridad de los magistrados".-
Ahora, si nos ceñimos específicamente a la protección de los datos personales, la Constitución Nacional protege y reconoce el derecho a la autodeterminación informativa en su art. 43. Específicamente, el tercer párrafo regula el remedio procesal del "Habeas Data" en los siguientes términos: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística...". Esta disposición fue incluida en la reforma del año 1994.-
"En el año 2000, con el objeto de asegurar y fortalecer la protección integral de los datos personales, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP). La ley regula los datos asentados en archivos, registros y bases de datos para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. La LPDP fue posteriormente reglamentada por el dec. 1558/2001, el cual creó la autoridad de aplicación que en su momento fue la Dirección Nacional de Protección de Datos, luego reemplazada por la Agencia de Acceso a la Información Pública.-
En el año 2017 Argentina adhirió al Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal suscripto en la Ciudad de Estrasburgo el 28/01/1981. Este instrumento multilateral tiene por objeto proteger la privacidad de los individuos contra posibles abusos en el tratamiento de sus datos. Dado que cualquier Estado cuenta con la posibilidad de adherirse, tiene el potencial de aplicarse en todo el mundo, proporcionando seguridad jurídica y previsibilidad en las relaciones internacionales.-
Por ende, la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, la LPDP y las normas que la reglamentan y complementan, incluyendo las disposiciones y resoluciones emitidas por el regulador, así como la Convención 108, constituyen el marco regulatorio de protección de datos personales.-
La autoridad de aplicación de la LPDP se ha ocupado de establecer lineamientos aplicables al tratamiento de datos personales realizado por el sector público. Este objetivo se ha concretado mediante el diseño de pautas que tuvieron en cuenta los principios generales de la LPDP, así como también las particularidades del procesamiento de datos que realizan los organismos públicos. En este esfuerzo cabe destacar la "Guía de buenas prácticas en políticas de privacidad para las bases de datos del ámbito público", documento adoptado a través de la disp. 7/2008 .-
Con el fin de profundizar la cultura de la protección de datos personales en el sector público, en el año 2018 la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió la res. 40/2018 que aprobó la "Política modelo de Protección de Datos Personales para Organismos Públicos". Este documento propone una serie de pautas básicas para el diseño del documento que estructure los lineamientos relativos a la protección de datos personales de aquellos organismos públicos titulares de bases de datos personales. Su objetivo está relacionado con la posibilidad de facilitar el cumplimiento de la LPDP en cuanto a la administración, planificación, control y mejora continua de la seguridad de la información.-
La Política Modelo determina una serie de aspectos dentro de los cuales merecen ser destacados los siguientes:
a Registro de bases de datos. Recuerda la obligación de inscribir las bases de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos.-
b Principios. Indica que debe respetarse los principios de finalidad y calidad en tanto los datos serán recabados para el ejercicio de las funciones del organismo.-
c Conservación de datos. Destaca la obligación de suprimir, destruir o archivar los datos cuando hayan dejado de ser estrictamente necesarios o pertinentes a los fines de la competencia del organismo.-
d Confidencialidad. Señala la importancia de requerir la firma de convenios de confidencialidad por parte del personal, terceros que presten servicios y demás funcionarios que acceden al contenido de las bases de datos.-
e Seguridad. Indica la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.-
En caso de detectarse un incidente de seguridad que implique un riesgo significativo para el titular del dato, debe comunicarse sin dilación a la Agencia de Acceso a la Información Pública. La LPDP no impone la obligación de notificar un incidente de seguridad a la autoridad de control.-
f Cesión y transferencia internacional de datos personales. Recuerda las reglas sobre cesión, transmisión y transferencia internacional de datos personales aplicables a organismos públicos.-
g Derechos de los titulares de datos. Considera la necesidad e importancia de reconocer los derechos e implementar un procedimiento para responder a su ejercicio.-
h Capacitación. Impone la realización de capacitación permanente al personal cuyas funciones estén relacionadas al tratamiento de datos personales.-
D).- Luego de este repaso de los aspectos normativos relativos a los datos personales y su protección, es dable referir que la cuestión aquí a resolver atañe a la interpretación y aplicación de la ley 25.326 específicamente en su art. 26 inc 4 , puesta en crisis por el recurrente con los distintos argumentos desplegados, y en aras de subsanar el daño que le provoca un informe de morosidad grado 5 motivado en una deuda que se ha declarado justamente prescripta.-
Entiendo que le asiste razón al apelante. Numerosos son los fundamentos que habilitan una solución distinta a la dada, conforme voy a desarrollar.-
La supresión de datos efectivamente es una subespecie de hábeas data y así lo entendió el operador de grado en cuanto dio curso a la acción y posterior tratamiento.
Si bien es cierto que la obligación de las entidades crediticias (y las cesionarias de carteras) de calificar e informar al Banco Central sobre sus deudores y las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad es un deber impuesto normativamente por el citado ente Comunicaciones A 2216, A 2729, A 7540 y ccs) que abarca a distintas entidades y a los fideicomisos financieros, también es verdad que la consignación de los datos debe ser fidedigna y actualizada, no sólo por los principios que rigen esa materia sino por cuanto hoy día los sistemas de comunicación permiten reflejarlos en tiempo real.-
Claramente la cuestión versa sobre la interpretación del art. 26 inc 4 de la ley 25.326 que dice textualmente: "Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho".-
De allí el operador de grado extrae que el plazo de 5 años no es aplicable contado desde la fecha de la mora (agosto y noviembre de 2018 respectivamente), lo cual es correcto. Para luego asumir que tampoco es aplicable el de dos años, en tanto dice que la prescripción liberatoria no es atribuible al deudor sino a la acción del acreedor.-
Aquí esté el nudo de la cuestión, en cuanto la norma permite reducir a 2 años cuando "el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación", interpretando el aquo que "el otro modo" consignado no incluye como supuesto la prescripción liberatoria. Lo cual a mi criterio de ninguna manera es así: a) la ley habla de "otros modos de extinción" en alusión a un concepto de textura abierta, que no es taxativo, pudiendo encuadrarse dentro de tal expresión todos aquellos casos en que opere la extinción de la obligación del deudor, incluso la prescripción adquisitiva que la doctrina y jurisprudencia en forma prácticamente unánime reconoce y define como "un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo" siendo una de sus notas distintivas "su sentido indudablemente extintivo de obligaciones" (PIZARRO, Daniel Ramón, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Tomo 3, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, pag. 655).-
b) El artículo en análisis no exige que la causal extintiva sea atribuible al deudor como lo pregona el sentenciante. Pero aún asumiendo por vía de hipótesis que así fuese, la misma puede verificarse en cuanto mínimamente el deudor para poder hacer valer la prescripción liberatoria planteó expresamente tal causal de extinción. Incluso, lo ha hecho por vía de acción y no por excepción lo que resulta revelador de un inequívoco y categórico activismo en punto a que se declarase la eficacia extintiva de la obligación por el conducto de referencia. Es que aún cuando la prescripción se produzca de pleno derecho por el solo transcurso del término legal de inacción del acreedor, ello no significa que el juez pueda declararla de oficio ni que ésta pueda hacerse valer con independencia de toda declaración judicial (art. 2552 del CCyC). Como bien ha señalado Moisset de Espanés, "las partes son dueñas de su derecho y de las pruebas". Una vez que la prescripción se produjo, la posibilidad de esgrimirla es privativa del deudor. Por lo que el juez no puede decir que la obligación se ha extinguido si el deudor no la alega y prueba. Todo ello pone de manifiesto el carácter esencial y necesario de la actividad del deudor a la hora de hacer valer la prescripción como modo extintivo de obligaciones (Cf. MOISSET DE ESPANES, Luis, La oportunidad procesal para plantear la prescripción, JA, 29-1975-463).-
c) Finalmente, huelga decir como pauta hermenéutica fundamental que cuando se plantea alguna cuestión interpretativa respecto al alcance de una disposición normativa que, como en el caso, no enumera exhaustivamente los supuestos de aplicación de la regla instituida (el art. 26 inc. 4 alude a extinguir "de otros modos", más no especifica puntualmente si la prescripción estaría incluido en esa categoría amplia), corresponde completar la interpretación de la norma en crisis con los principios, valores y estándares que surgen del ordenamiento jurídico y, en particular, del campo de aplicación práctica del derecho en el que se suscita la cuestión controvertida (art. 2 del CCyC).-
Así pues, debe aquí acudirse a la necesaria integración con los principios que operan en materia de datos personales, que pregonan la exactitud y la actualización de los mismos, adunándose a ello el art. 3 de la Ley de Defensa al Consumidor, que prevé en caso de duda una interpretación más favorable al consumidor .-
Profundizando, cabe señalar que el art. 4 de la ley de Protección de Datos Personales establece dos grandes principios y es que los datos deben ser "exactos" y actualizados" , o sea absolutamente correspondientes con la realidad, esto es, puestos al día, modificados según varíen las circunstancias que les dieron origen y que esa actualización procede en el caso que ello fuere necesario" (Cfr Oscar Puccinelli "protección de datos de carácter personal" Editorial Astre pág. 197.- Agregando el art. 5 que cuando los datos sean total o parcialmente inexactos, o estén incompletos, deben ser "suprimidos y sustituidos" o en su caso "completados" por el responsable del archivo o base de datos).-
En un interesante trabajo de doctrina se ha señalado que "Los informes comerciales, como hemos manifestados en los puntos anteriores, pueden involucrar cuestiones que hacen a los derechos privados de los particulares, los que comúnmente llamamos derechos personalísimos.-
Los derechos personalísimos comprenden las normas que hacen a la privacidad: el buen nombre y honor, como la reputación e imagen de una persona. Actualmente estos derechos se encuentran reconocidos por nuestra Constitución Nacional en los arts. 18, 19, 43 y, en tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22).-
Ciñéndose a esta línea de p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.