Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138904
JS
PILUM SOCIEDAD ANONIMA C/ AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA S/ ACCION DECLARATIVA (SUMARIO)
Causa: 138904
La Plata, 29 de Noviembre de 2024
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 29 de octubre de 2024, el Sr. Juez de la instancia desestimó in limine la demanda.
Para resolver de tal modo, consideró, por un lado, que el art. 2553 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que existe una oportunidad procesal para oponer la defensa de prescripción liberatoria, esto es, dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento, y dentro del plazo para oponer excepciones en los procesos de ejecución, de allí que el modo y oportunidad utilizado por la parte actora es contrario a la ley, al hacerlo por medio de un proceso autónomo.
Y por el otro, sostuvo que la actora no brindó las razones por las cuales no concurrió a ABSA a dar de baja los períodos adeudados, presuntamente prescriptos; que la referida persigue propiamente la constitución de derechos, sin ocurrir por las vías legales específicas que se prevén para el caso, consistente en deducir en los procesos que inicie ABSA la defensa de prescripción liberatoria o ejercer los reclamos administrativos correspondiente; y que la sociedad accionante tampoco explicó la razón por la cual los mecanismos específicos previstos por el ordenamiento jurídico vigente no constituyen una vía idónea para la obtención del resultado que persigue.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó Pilum S.A., a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 16 de noviembre de 2024; donde comenzó por referir que el sentenciante omitió tener en consideración el art. 2551 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece de manera concreta que la prescripción puede ser articulada por vía de acción como de excepción, cuestión que ya estaba aceptada por la doctrina durante la vigencia del Código Civil.
Adujo entonces que, al obrar de ese modo, se incurrió en un criterio excesivamente restrictivo, formal, dogmático y arbitrario, máxime en un estadio liminar del proceso, afectando de manera grave el acceso a la justicia y consecuentemente el derecho de defensa y propiedad de su parte, consagrados en el art. 17 y 18 de la Constitución Nacional, debiendo adoptarse una interpretación amplia de acceso a la justicia, a la luz de garantizar la eficacia de los derechos, de forma justa y equitativa.
Por otro lado, relató que, previo a interponer demanda, se mantuvieron conversaciones telefónicas con la sociedad demandada, quien les manifestó que no se recibían más reclamos administrativos a efectos de dar de baja los periodos prescriptos y que, ante esa situación, debíamos acudir a la vía judicial; por lo que resultaba superfluo -como indica el Magistrado- realizar actividades tendientes al reconocimiento de las deudas prescriptas por la vía administrativa, o realizar erogaciones económicas -como el envío de carta documento-, atento a que el resultado de las mismas iba a ser negativo, ante la postura de ABSA S.A. de no recibir este tipo de reclamos.
Finalmente, indicó que su parte no se encuentra en posición de demostrar ni explicar la razón por la cual "los mecanismos específicos previstos por el ordenamiento jurídico vigente, no constituyen una vía idónea para la obtención del resultado que persigue” -como requirió el Sr. Juez-, dado que simplemente se está valiendo de los mecanismos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, como también del código de rito.
2.a. Tal como hemos sostenido con anterioridad, la prescripción es un instituto de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las incertidumbres (esta Sala, causa 130505, RR 94/21, del 18/11/2021; cfr. Salas, Acdeel E. - Trigo Represas, Félix A., Código Civil Anotado, Lexis Nº6803/006712; Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., Código Civil, Ed. Hammurabi, 2001, T. 6B, pág. 553/555; Pizarro, Ramón D., "Acerca de la prescripción liberatoria y su efecto extintivo de obligaciones", JA 2001-II-1232).
En ese sentido, cabe recordar que el art. 3949 del derogado Código Civil de Vélez establecía que "la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado de ejercer el derecho a la que ella se refiere"; de modo tal que solo se aludía a esta faceta del referido instituto a título de excepción, por lo que parte de la doctrina y jurisprudencia entendieron que debía ser interpuesta sólo y únicamente con el objeto de repeler un concreto reclamo judicial del acreedor.
2.b. Sin embargo, el advenimiento del actualmente vigente Código Civil y Comercial y la disposiciones de orden procesal que incorporó dicho cuerpo sobre la temática produjeron la disipación de cualquier incertidumbre, al establecer -de modo claro, puntual y concreto- en su art. 2551 que "La prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción".
De tal modo, en armonía con las leyes de procedimientos locales que regulan las llamadas acciones meramente declarativas, el actual codificador viene a reconocer, expresamente y además del camino de la excepción -ya plasmado en el derogado régimen-, la vía de la acción como modo alternativo de hacer valer este instituto, lo que evita que el deudor de la obligación prescripta tenga que esperar, como sucedía antes, a ser demandado.
Como una derivación de lo expuesto, aquella acción será procedente a través de las llamadas 'meramente declarativas', dentro del marco de un proceso de naturaleza jurisdiccional, quedando, desde luego, superadas las discusiones acerca de la constitucionalidad de estos procesos y resoluciones judiciales de mera certeza (Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial Comentado, La Ley, 2019, Tomo XI, coment. art. 2551; De Falco, Carlos M., "Estado actual de la prescripción para las acciones judiciales", RCCyC 2020 -mayo-, 221; Lendaro, Magalí - Márquez, José F., "La prescripción liberatoria por vía de acción", La Ley 2016-D, 637; cfr. Cám. Nac. Com., Sala F, del 03-05-2016, en "Menéndez").
2.c. Bajo tales premisas, la afirmación que porta el decisorio recurrido, en cuanto indica que el modo y oportunidad utilizado por la parte actora -un proceso autónomo- es contrario a la ley, no se ajusta a derecho, toda vez que, a riesgo de reiteración, es la propia norma de fondo la que ha establecido la potestad de plantear la prescripción de tal modo, sin necesidad de aguardar al requerimiento judicial previo de la eventual contraria y con un criterio amplio para su admisibilidad (art. cit.; cfr. Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal Culzoni, 2015, Tomo XI, pág. 328/329; Rivera, Julio C. - Medina, Graciela, Código Civil y Comecial de la Nación Comentado, La Ley, Tomo VI, pág. 640/641).
Y en ese sentido, cabe mencionar que el art. 2553 del Código Civil y Comercial mal puede constituir un obstáculo a este razonamiento, toda vez que el mismo no está destinado a regular los supuesto en los cuales la prescripción se deduce como acción, sino a la oportunidad en la cual puede ser planteada como defensa -tanto en los procesos de conocimiento o en los procesos ejecutivos-, eliminando así la conflictiva previsión introducida al art. 3962 del cuerpo derogado (cfr. Herrera, Marisa - Caramelo, Gustavo - Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, 2015, Tomo VI, pág. 279).
2.d. Finalmente, no huelga referir que la parte actora ha iniciado, de manera reciente, numerosos procesos judiciales contra el mismo demandado y por idéntica materia (ver adjunto); y habiendo compulsado cada uno de ellos en la Mesa de Entradas Virtual -con excepción de estas actuaciones y aquellas que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°22 de La Plata, que carece de pasos procesales públicos-, se advierte que el resto ha superado el test de admisibilidad inicial y se le ha dado curso a la pretensión, ordenando el pertinente traslado de demanda. Incluso más: en la de trámite por ante el órgano de igual fuero y territorio N°20, se ha presentado la demandada, quien se allanó al reclamo inicial (ver escrito del 8/11/2024).
Si bien el temperamento asumido por el Sr. Juez no es más que una derivación de su independencia y respetable criterio sobre la temática, evidentes razones de isonomía y tratamiento paritario de pretensiones que se exhiben como análogas, aconsejan también y por regla una conclusión como la mencionada (arts. 16 CN; 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 11 Const. PBA).
POR ELLO y fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el día 29 de octubre de 2024; debiendo, en su mérito, proveerse la demanda en la instancia de origen, de conformidad a los lineamientos aquí señalados. Las costas de Alzada se imponen por su orden, en virtud de tratarse de un agravio generado de oficio y la ausencia actual de parte contraria (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia