Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79847
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría. se le radicará la causa para la prosecución de su trámite.
B.79.847 "SPONZA OLGA ALICIA C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC.1 LEY 12.008"
I. La señora Olga Alicia Sponza promueve una acción declarativa de certeza contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), con miras a que se aclare su situación jurídica como conviviente del señor Jorge Raúl Lazo, el cual, de acuerdo a las constancias acompañadas en autos, se encuentra fallecido.
Señala que dicho requerimiento se efectúa con el propósito de solicitar a posteriori el beneficio de pensión que legalmente le correspondería; ello, tras haber convivido y mantenido una relación afectiva de varios años con el mencionado causante, quien en vida se desempeñaba como chofer de remises.
II. El expediente se radicó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de Mercedes.
La titular del órgano, como primera diligencia, dispuso imprimirle el trámite sumario al proceso y correr traslado de la demanda (v. proveído de 5-IX-2023), lo que finalmente se hizo efectivo con el libramiento de la cédula electrónica de fecha 2 de octubre de 2023 -dirigida al domicilio denunciado por el IPS-.
Transcurridos los diez días previstos para dicha sustanciación y no habiéndose presentado el ente traído a juicio, la magistrada decretó su rebeldía (v. proveído de 13-XI-2023) y seguidamente dictó el auto con el que se dio inicio a la etapa probatoria, mediante el cual, entre otras cosas, se fijaron las fechas para que los testigos propuestos por la señora Sponza prestaran declaración testimonial (v. proveído de 6-III-2024).
Una vez realizadas las audiencias testimoniales por la vía telemática -salvo la correspondiente a uno de los testigos, de cuyo testimonio se desistió- (v. acta de audiencia de 15-V-2024 y proveído de 16-V-2024), se tuvo por certificado el vencimiento del plazo para la producción de la prueba ofrecida (v. proveído de 26-VI-2024).
No obstante, a raíz de lo informado por el IPS y a pedido de la parte demandante, se libró una nueva cédula de traslado, esta vez al domicilio electrónico denunciado por la Fiscalía de Estado (conf. art. 1, decreto ley 7.543/69; v. contestación de oficio, escrito y providencia de 25-IX-2024, 1-X-2024 y 9-x-2024, respectivamente).
Como corolario de ello, en fecha 28-X-2025 se presentó el apoderado del Fisco -en tanto legítimo representante del IPS-, quien, además de interponer un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que dispusiera el primigenio traslado -esto, por haber sido efectuado en el domicilio incorrecto-, opuso una excepción de incompetencia, alegando, al respecto de esto último, que, dado el tenor de las actuaciones y la naturaleza del sujeto demandado, correspondía que estas tramitaran ante el fuero contencioso administrativo (v. escrito mencionado).
Ante este escenario, la jueza interviniente dio acogida al planteo formulado y, por consiguiente, se declaró incompetente para seguir conociendo en el asunto. Para sí decidir, ponderó en lo esencial el carácter de sujeto público de la demandada, como así también el precepto en virtud del cual toda actividad de dichos entes se presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas (conf. arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 incs. 1 y 2, CCA).
Así las cosas, dispuso la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso N°1 departamental, para que allí continuara su tramitación (v. resol. de 9-XII-2024).
Radicadas las actuaciones ante ese órgano jurisdiccional, su magistrado rechazó la competencia que se le endilgara tras considerar que la inhibitoria de su par previniente, sopesando el estado en que se encontraba el trámite del expediente, resultaba extemporánea.
Puntualizó, además, que dicha declaración de incompetencia se había formulado incluso antes de abordar cuestiones vinculadas a la validez de ciertos trámites del proceso -esto, dada la errónea notificación del primer traslado de la demanda interpuesta-.
De este modo, denunció formalmente la existencia de una contienda negativa, con lo cual elevó los obrados a esta Suprema Corte para que sea resuelta en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 14-II-2025).
III.1. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal Contencioso Administrativo aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166, Const. prov. y 1 inc. 1, CCA). La actividad de dichos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de las tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso para cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (art. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
III.2. Bajo estas premisas, tratándose el sub lite de un reclamo efectuado contra el IPS con el propósito de dar inicio -con posterioridad- a la tramitación de un beneficio previsional, siendo el referido demandado un ente descentralizado perteneciente a la órbita de la Provincia de Buenos Aires, es dable afirmar que incumbe a la jurisdicción contencioso administrativa su conocimiento y resolución.
IV. Dicho esto, corresponde abordar la cuestión de la temporaneidad de la inhibitoria de la jueza de origen -algo que el magistrado en lo contencioso administrativo reputó primordial a la hora de rechazar su propia intervención-.
Al respecto, no es posible sostener que la actividad desplegada en autos por aquella haya dado lugar a la preclusión; esto, en cuanto su pronunciamiento declinatorio no se efectuó de oficio ni fue consentido por las partes, sino que tuvo lugar ante la excepción de incompetencia esgrimida por la Fiscalía de Estado en tiempo oportuno -es decir, una vez concretado el traslado de la demanda en el domicilio denunciado a tal fin-.
Lo antedicho, sin perjuicio de las observaciones que se formularen a otros aspectos de la tramitación del proceso.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes el órgano que continúe entendiendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría. se le radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 de aquel departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:03:50 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:41 hs. bajo el número RR-426-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia