Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78679
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del Departamento Judicial de La Plata, órgano ante el cual, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental.
B.78.679 "ROMERO MARÍA MAGDALENA C/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DECLARATIVA (SUMARIO) -CONFLICTO DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. La señora María Magdalena Romero promueve, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, una pretensión de sentencia declarativa de certeza contra el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se haga cesar con el estado de incertidumbre relativo al dominio de un bien inmueble del que alega ser propietaria y del cual actualmente no podría disponer, en razón de lo dispuesto por el organismo provincial en el marco del expediente administrativo Nº 2307-8302-2009.
En tal sentido, pone de manifiesto que en el mes de abril del año 2009 adquirió de Cristian Alejandro Oviedo un lote ubicado en la localidad de Manuel B. Gonnet, en el Partido de La Plata, y respecto del cual, por un lapso considerable de tiempo, habría ejercido la posesión de forma pacífica e ininterrumpida. Sin embargo, refiere que en el año 2020 se le informó -en el devenir de la mentadas actuaciones administrativas- que sobre el inmueble litigioso pesaba una medida restrictiva, debido a un proceso penal en el que el señor Oviedo, junto a otras personas, se encontraba imputado por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público, aunque -también aclara- todos ellos fueron sobreseídos posteriormente.
Así, puesto que no habría razón aparente que justifique el accionar de la demandada y en vista del daño patrimonial que tal conducta le irrogaría en su condición de adquirente de buena fe y a título oneroso, es que se presenta a esta instancia.
II. La causa se radicó directamente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del Departamento Judicial de La Plata. Ello, a pedido de la actora y por razones de economía procesal, toda vez que este órgano se encontraba entendiendo en los autos "Romero, María Magdalena s/ Diligencias Preliminares" (expte. nº 36.159).
Empero, el titular del organismo se declaró incompetente, pues consideró que, en vista del sujeto demandado como del objeto de la pretensión, los obrados subsumían en la cláusula general del contencioso administrativo y en otras normas jurisdiccionales específicas (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov.; 1 y 12 inc. 4, CCA) -ver proveído electrónico de fecha 4-XI-2022-.
Por su parte, habiendo salido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del mismo departamento judicial, su magistrada subrogante también rehusó de conocer en el asunto.
Invocando doctrina de este Tribunal, estimó que la controversia planteada, la cual "...consiste en determinar la normativa aplicable que rige en relación a la titularidad y publicidad del derecho real de dominio de la actora", correspondía, conforme la regla de exclusión del art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, al conocimiento del fuero civil y comercial.
Por ello, en la consideración de que en autos debía continuar interviniendo el órgano preactuante, tuvo por configurada la contienda negativa de competencia y elevó las actuaciones a esta Suprema Corta para que la dirima (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-) -v. resol. electrónica de fecha 31-III-2023-.
III. Asiste razón a la jueza en lo contencioso administrativo.
Al respecto, es preciso recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo ese enunciado normativo, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles -tal el supuesto del sub lite - son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y, por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018 y B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018; B. 76.674, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 19-III-2021; B. 77.252, "Brochon", resol. de 6-IX-2021 y B. 77.512, "Valeika", resol. de 20-XII-2021, e.o.).
Mismo temperamento ha adoptado cuando las acciones se promueven con el fin de tutelar derechos o relaciones reales sobre bienes inmuebles (cfr. arts. 2238 y concs., Cód. Civ. y Com.; doctr. B. 77.150, "Asociación Civil Entidad Mármol Norte", resol. 17-VI-2021; B. 77.008, "Zaballa", resol. de 12-VII-2021; B. 77.326, "Billiani", resol. de 15-X-2021; B. 77.308, "Custiriano", resol. de 11-XI-2021; B. 78.397, "Municipalidad de La Matanza", resol. de 7-XII-2022 y B. 78.566, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 6-VI-2023).
También se dijo que tal situación no varía aun cuando el caso se haya podido originar en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de una de las personas enumeradas en el art. 166 in fine de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (doctr. causas B. 71.924, "Fran Constructora SA", resol. de 12-III-2014; B. 73.120, "Noriega", resol. de 8-VII-2014; B. 74.322, "Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría", resol. de 10-V-2017; B. 78.010, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022 y B 79.015, "Municipalidad de La Plata", resol. de 14-II-2024).
IV. Sobre tales bases, en atención a los hechos expuestos en el escrito de inicio, y más allá de que la demandada sea uno de los sujetos mencionados en el art. 166, quinto párrafo, de la Carta local, surge con claridad que la vía intentada en este caso se erige con el objeto de tutelar un derecho real de dominio, en tanto lo que peticiona la reclamante a través de la presente acción es que -en definitiva- se "...ordene la liberación del dominio y el pleno uso y goce del mismo" (ver apdo. IV, párr. decimosexto, de la demanda).
V. Siendo ello así, quedando definida la competencia del fuero civil y comercial para entender en estos casos, es oportuno señalar, también, la correspondencia que guarda la presente causa con las actuaciones "Romero, María Magdalena s/ Diligencias Preliminares" (expte. nº 36.159), iniciadas el 23 de mayo de 2020 por la actora en el mentado juzgado en lo civil y comercial Nº14 de La Plata (según se desprende de la consulta realizada en la MEV). Ello por cuanto, en aquella oportunidad, la demandante promovió diligencias preliminares con el objeto de que el ente registral provincial le remitiera el expediente administrativo -adjuntado en la presente como prueba documental-, de modo tal de poder preparar un juicio posterior a los efectos de mantener incólume el derecho real de dominio -que aquí quiere hacer valer- sobre el inmueble litigioso.
VI. A tenor de los fundamentos arriba expuestos y sumado a la estrecha relación que guardan las presentes con el citado expediente, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe interviniendo en la litis .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 del Departamento Judicial de La Plata, órgano ante el cual, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 15:12:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:33:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:13:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 19:59:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:51:55 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 09:01:03 hs. bajo el número RR-191-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia