Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.170 “FULCO FERNANDO GABRIEL Y OTROS S/ ACCION DECLARATIVA(SUMARIO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Gabriel Fernando Fulco, la señora María Verónica Wilcke y la Asociación Civil Albanueva SA -a través de su apoderado- promueven pretensión declarativa de certeza, con el objeto de que esclarezca el método de distribución del Impuesto Inmobiliario respecto del inmueble identificado con la partida N°057-95294-3 entre los copropietarios del “Barrio Albanueva”, sito en la localidad de Tigre.
Al respecto, relatan que el predio en donde se emplaza el referido proyecto inmobiliario, por el momento no se ha subdividido ni se encuentra aún sujeto al régimen de propiedad horizontal y que, en consecuencia, continúa siendo gerenciado por la figura jurídica de transición creada al efecto por el desarrollador del barrio privado.
El señor Fulco y la señora Wilcke sostienen que, por no haberse finalizado la obra, ni efectuado la división correspondiente y tampoco haberse extendido las pertinentes escrituras traslativas de dominio, el mencionado impuesto debe ser prorrateado entre los copropietarios aplicando el mismo coeficiente de distribución que se utilizado para el pago de las expensas.
Por su parte, la asociación afirma que debe acudirse a un parámetro semejante al empleado para la generación del tributo “a la riqueza”; es decir, que deberá abonar una suma mayor aquel propietario o propietaria que posea un terreno más extenso o una construcción más lujosa, o bien, quien tenga un lote mejor ubicado. Lo contrario, a su entender, supondría una manifiesta inequidad.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº16 del Departamento Judicial de San Isidro, cuya magistrada se inhibió de intervenir en el asunto. Para así decidir, sostuvo que el hecho de que el señor Fulco y la señora Wilcke invocaran su condición de poseedores a título de dueños de unas parcelas determinadas ubicadas en el complejo inmobiliario podría resultar de interés para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para procurar el cobro del mentado impuesto y que, por consiguiente, debía recurrirse a normas de derecho público para decidir la cuestión (v. resol. de 14-IV-2021).
Contra dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que la naturaleza de la relación substancial era de derecho civil, dado que de modo alguno se controvertía la procedencia o cuantía del tributo, el que era abonado por la Asociación Civil Albanueva SA -por la formalidad jurídica transitoria del conjunto inmobiliario en desarrollo- y que el planteo versaba sobre la manera en que debía ser soportado internamente por los copropietarios (v. presentación de fecha 26-IV-2021). Sin embargo, sendos recursos fueron rechazados por extemporáneos (v. proveído de 28-IV-2021).
En atención a ello, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. No obstante, la jueza suplente a cargo del órgano se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por considerar que el caso se encontraba regido por normas de derecho privado, en virtud de lo cual, se hallaría excluido del ámbito de su conocimiento -conf. art. 4 inc. 1, CCA-. En particular, resaltó que del relato efectuado en el escrito inicial no advertía la existencia de un obrar estatal o una omisión de su parte, en el ejercicio de funciones administrativas que provocara la intervención del fuero especializado (v. resol. de 31-V-2021).
Devueltos los obrados al juzgado de origen, éste mantuvo su primigenia postura. De este modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En primer lugar, es preciso recordar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
Así, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas, cabe ponderar que en la especie los actores pretenden que el órgano jurisdiccional despeje la duda respecto del mecanismo que debe emplearse a fin de prorratear o distribuir -internamente-, entre los aparentes compradores de los lotes que componen el “Barrio Albanueva”, los montos abonados en concepto de Impuesto Inmobiliario correspondiente a la partida N° 057-95294-3, que actualmente son afrontados por el titular registral del predio ubicado en la localidad de Tigre. Esto, hasta tanto se haga efectiva la subdivisión del inmueble y se lo someta al régimen de propiedad horizontal.
En autos no se ha cuestionado la liquidación o percepción del Impuesto Inmobiliario, como así tampoco quien de momento resulta ser sujeto pasivo de tal tributo ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Antes bien, se pretende dilucidar un asunto que atañe a la relación que une -a través de los respectivos boletos de compraventa suscriptos- a los adquirentes de determinadas parcelas de un barrio privado con quien ejerce la administración del consorcio conformado de hecho.
En razón de ello, es dable concluir que se trata de una contienda regida primariamente por normas de derecho privado y que, por ende, se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 166, Const. prov.; 1, 2, 4 inc. 1, 7 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 del Departamento Judicial de San Isidro, el órgano que continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 11:27:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 12:56:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/08/2021 16:04:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 19:07:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 20:28:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia