Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80991
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de La Matanza.
B.80.991 "S. L. A. C/ ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA MATANZA Y OTRO/A S/ ACCION DECLARATIVA (TRAM. SUMARISIMO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. L. A. S. promueve acción declarativa de certeza contra la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Matanza y la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la "ilegalidad, ilicitud e ilegitimidad" ( sic ) de la potestad ejercida por las demandadas al someterla a un sumario administrativo en carácter de imputada, con posterioridad a una denuncia relativa a la difusión no consentida de imágenes íntimas suyas entre integrantes del cuerpo de bomberos al que pertenece.
En ese marco, pide que se declare la inconstitucionalidad del Capítulo I, Articulo I-009, inciso i) del Código de Ética Bomberil, así como de la resolución que lo aprobara, en tanto afirma que "la política de la federación y de Bomberos Voluntarios de Matanza es no respetar la perspectiva de género ni aplicar prescripción de la acción".
Al respecto, manifiesta que "resulta jurídicamente aplicable al caso el instituto de la prescripción de la acción previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, así como la plena vigencia y aplicación de la ley 26.485, con enfoque de perspectiva de género, en las actuaciones internas de instituciones privadas".
Por último, requiere el dictado de una medida cautelar innovativa tendiente a obtener la suspensión inmediata del sumario y el levantamiento de su pase a situación de disponibilidad, hasta tanto se resuelva la presente acción (v. escrito de inicio de 11-II-2026).
II. Las actuaciones fueron radicadas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de La Matanza, cuyo titular se declaró incompetente para entender en ellas.
Para así decidir, ponderó que las asociaciones demandadas se encuentran alcanzadas por el régimen de la ley 10.917, que, entre otras cuestiones, reconoce el carácter de servicio público a las actividades de los cuerpos activos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y establece su sujeción a controles estatales específicos.
Sobre dicha base, concluyó que las demandadas revisten el carácter de personas públicas no estatales (art. 2 inc. 3, ley 12.008) y que la controversia se vincula con el ejercicio de funciones regidas por el derecho administrativo, encuadrando en los arts. 1°, 2° inc. 3° y 3° de la ley 12.008.
En consecuencia, dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo departamental (v. resol. de 12-III-2026).
A su turno, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental rechazó la competencia que le fuera atribuida. Consideró que la pretensión deducida se dirige a obtener tutela jurisdiccional frente a la actuación de personas jurídicas de derecho privado y señaló que de la demanda no surge que la acción se dirija contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ni contra la Municipalidad de La Matanza.
En ese marco, concluyó que la acción incoada es de naturaleza estrictamente civil y que no se encuentran reunidos los presupuestos que habilitan la competencia del fuero contencioso administrativo, en tanto la materia debatida no deriva del ejercicio de función administrativa en los términos del art. 1° del código adjetivo.
En virtud de lo expuesto, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101— (v. resol. de 1-IV-2026).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
IV. A los fines de determinar el órgano judicial que deberá conocer definitivamente en el asunto, es menester señalar, preliminarmente, que para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; entre muchas otras).
Desde esa perspectiva, si bien las entidades demandadas revisten la condición de personas jurídicas de derecho privado, la controversia se vincula con actuaciones disciplinarias previstas en el Código de Ética Bomberil, aprobado por disposición 4/07 de la Dirección Provincial de Defensa Civil, cuyas decisiones son susceptibles de revisión ante la Dirección General de Defensa Civil de la Provincia en lo concerniente a la legalidad de los procedimientos y al resguardo de las garantías de defensa (conf. Capítulo V, apartado V-011 del referido cuerpo normativo).
V. Sobre tales bases, cabe concluir que, a la luz de los términos en que ha sido promovida la demanda, el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
Ello es así, en tanto la situación que se ventila excede el marco de una estricta relación de derecho privado para proyectarse sobre un procedimiento disciplinario cuya juridicidad se encuentra vinculada al ejercicio de potestades sujetas al control de órganos estatales.
En efecto, la actora procura que se declare la ilegitimidad de las actuaciones desarrolladas en su contra en el marco del procedimiento referido y cuestiona la validez constitucional de disposiciones contenidas en el Código de Ética Bomberil. A ello se suma que tales planteos requieren, según sostiene, la aplicación de derechos y garantías reconocidos en la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales —particularmente los previstos en su art. 6 incs. b) y f), relativos a la violencia institucional y mediática, respectivamente—, así como del instituto de la prescripción previsto por la legislación civil y comercial, cuya aplicación —afirma— es indebidamente omitida por las entidades demandadas.
Cabe recordar, en este sentido, que el art. 22 de la citada ley 26.485 habilita una atribución flexible de competencia en razón de la materia, que este Tribunal ha aplicado en diversos precedentes para dirimir conflictos jurisdiccionales según el tipo y modalidad de violencia denunciada, incluso reconociendo la intervención del fuero contencioso administrativo cuando la situación se inscribe en el ámbito del derecho público (doctr. causas B. 76.872, "R., V. R.", resol. de 24-II-2021; B. 77.555, "G., F. A.", resol. de 20-XII-2021; B. 78.047, "C., A. C.", resol. de 27-VI-2022; B. 79.120, "A., V. S.", resol. de 29-XII-2023; B. 79.619, "S.", resol. de 13-XI-2024; B. 79.721, "F.", resol. de 13-XI-2024; B. 79.737, "G.", resol. de 12-XII-2024 y B. 80.559, "C.", resol. de 12-II-2026, e.o.).
En tales condiciones, la controversia exige examinar la validez de decisiones adoptadas al amparo de ese régimen normativo y la legalidad de las facultades ejercidas en su aplicación, cuya revisión se articula en sede administrativa ante órganos provinciales con competencia específica —en el caso, la Dirección General de Defensa Civil—, y cuyo conocimiento definitivo corresponde a los tribunales del fuero contencioso administrativo (arts. 1, 2 y concs., ley 12.008).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza el órgano que continúe interviniendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de La Matanza.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2026 16:01:16 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:43:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:15:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:38:30 hs. bajo el número RR-598-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia