Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76498
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.76.498 “PRATS, JUAN MIGUEL C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ S/ ACCION DECLARATIVA (SUMARISIMO)”
I. En las presentes actuaciones, la Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial San Isidro, determinó que la presente acción -deducida en los términos de la ley 11.723- tramitaría según las normas del proceso sumarísimo (arts. 496 y 613 del CPCC) y decretó una medida cautelar de no innovar ordenando a la comuna de Vicente López suspender cualquier obra y/o proyecto y/o licitación y/o modificación que afecte el sector conocido como "Reserva Ecológica Vicente López" tanto continental, acuático como insular si hubiere, hasta tanto el municipio demandado acredite y/o acompañe el acto administrativo pertinente, sus antecedentes e informe de impacto ambiental que autorizaron las obras cuestionadas. Todo ello bajo apercibimiento de responsabilizar civil y/o penalmente a los funcionarios públicos y/o, en su caso, secretarios/subsecretarios directivos de las áreas o ministerios que correspondan, decisión que se adoptó sin analizar los requisitos exigidos para el dictado de una medida precautoria y para la cual no brindó ningún fundamento (v. primer despacho de fecha 18 de mayo de 2020).
II. A su turno la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, luego de aceptar intervenir en la presente causa, declaró que, por tratarse de una demanda interpuesta en los términos de la ley 11.723 ante acciones del Estado que se denunciaban como generadoras de daño ambiental, se trataba de un caso propio de la competencia del fuero contencioso administrativo, por lo que dispuso que el expediente debía remitirse -oportunamente- al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial San Isidro que en turno correspondiera.
Asimismo, haciendo lugar a la apelación deducida por la demandada, revocó la resolución de grado en cuanto ordenó la suspensión de las obras en la Reserva Ecológica de Vicente López. No obstante ello, dispuso que previo a que se haga efectivo el levantamiento de la suspensión, la Comuna debería acreditar en autos y controlar en el marco de sus competencias, que la empresa encargada de la obra cumpla con el Programa de Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad (PGASS) conforme fuera solicitado por la Dirección de Política y Control Ambiental, según lo establecido por los arts. 3 y 4 del Decreto 1747/20 (v. resolución de Cámara de fecha 23 de junio de 2020).
II.1. Para así resolver, comenzó por señalar que la presente demanda se trataba -más allá del trámite que le fuera impreso por la jueza de grado- de una acción de amparo ambiental regida por la ley 11.723 "Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Provincia de Buenos Aires" y, en ese marco, siguiendo la doctrina de esta Suprema Corte emanada de la cuas B. 74.491 "Mancuso" (sent. de fecha 9 de diciembre de 2016), determinó que correspondía su intervención y la competencia del fuero contencioso administrativo provincial.
II.2. Más tarde, pasando a analizar el cuestionamiento contra la procedencia de la cautelar dispuesta y después de reseñar algunas constancias que se desprendían del expediente administrativo agregado a la causa, juzgó que no se encontraban -en ese estado liminar del proceso- configurados los extremos requeridos para el dictado de una medida cautelar como la cuestionada. Ello en tanto no se advertía prima facie , que se hubiere desvirtuado la presunta legitimidad que reviste el acto administrativo atacado y a partir del cual se diera inicio a las obras para la construcción del Corredor Ribereño de Vidente López.
Recordó que el presupuesto de verosimilitud del derecho ha de ser examinado con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento en tanto tales actos gozan de la presunción de constitucionalidad y legalidad, principio que reconoce como excepción -sostiene- la previa declaración de invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, circunstancia esta última que no fue alegada en autos.
Bajo tales parámetros de análisis, observó la existencia del Estudio de Impacto Ambiental que fuera solicitado por la Municipalidad demandada a la firma IATASA Ingeniería, que dicho estudio fue aprobado por medio del Decreto N°1747/2020 emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal (en su carácter de Autoridad Ambiental Municipal) declarando ambientalmente apta la Construcción del Corredor Ribereño que se emplazara en el parque publico.
Asimismo advirtió que la especialista que estuviera a cargo de realizar el estudio antes mencionado se encuentra inscripta en el registro de profesionales del OPDS, considerando en ese marco de situación que la Comuna dio cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto n°4780/05 respecto del proyecto. Por ello, considerando las características de la obra, entendió que no era necesaria participación del OPDS en el procedimiento de aprobación del informe de impacto ambiental (art. 10 de la ley 11723).
En este contexto y mas allá de si la ley 10.907 resultaba aplicable o no al presente -tema que integra el debate de fondo- y siendo el OPDS la autoridad de aplicación de dicha norma, juzgó, en el limitado y estrecho marco cautelar, que de todos modos el Organismo Provincial participó activamente en el procedimiento, efectuando una inspección en la reserva, solicitando información que le fue enviada, sin que surja de autos oposición por parte del Organismo al informe enviado como así tampoco se manifestó ninguna objeción al avance de las obras que ya se estaban realizando en la zona de la Reserva el día de la mencionada inspección. Sumando a ello, destacó que surgía del expediente administrativo que la declaración de impacto ambiental aprobada por la comuna el 30 de abril de 2020, fue remitida al OPDS para que tome conocimiento.
En tales condiciones revocó la medida cautelar. III. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 06/07/2020 13:27:23 p. m.) el que fue concedido (v. resolución de Cámara de fecha 8 de julio de 2020).
En su presentación cuestiona el levantamiento de la medida cautelar denunciando violación lisa, llana y flagrante del art. 4 de la ley 25675 y de toda su normativa, implicando dicha violación la conculcación de la ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires, el art. 28 de la Constitución provincial; arts. 41,43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; la ley 10.907 de Reservas Nacionales; el decreto 4765/83 que crea el APE (área Protegida Ecológica); la Convención de Humedales amparada por ley 23.919; ordenanza 35.791/17; decreto 207/11 de Vicente López y la ley de Régimen de Reservas Naturales protección vinculada y apoyada por la ley 26.639. Todo ello -sostiene- en contradicción del principio precautorio previsto en el art. 4 de la ley 25.675, antes citado.
IV. La impugnación no puede prosperar, atento a la ostensible insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esa exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.588, "Fox", resol. de 4-VII-2018).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a al luz de la normativa aplicable y de las constancias obrantes en la causa- consideró no configurados los extremos requeridos para el dictado de la medida por la que se procura la suspensión cautelar de las obras sobre la Reserva Ecológica de Vicente López.
Tal fundamento que se esgrime en el asiento jurídico del fallo atacado no logra ser desvirtuado por las manifestaciones realizadas por el impugnante, en tanto éste se ha limitado a discrepar airadamente con lo resuelto, pero sin efectuar una idónea impugnación de las motivaciones que estructuran la sentencia de Cámara desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido violación de la ley.
Por otra parte, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 76.300, "La Biznaga", resol. de 11-III-2020), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019).
Particularmente ha dicho también esta Corte, que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas y desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (doctr. Causa A. 73.186, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018).
IV.2. Si bien lo manifestado hasta aquí basta para desestimar la vía intentada, cabe agregar -para mayor satisfacción del recurrente- que es doctrina consolidada de este Tribunal, que en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, deviene insuficiente aquel remedio cuyos argumentos más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
IV.3. Finalmente es dable recordar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. doctr. causas A. 70.702, "Ponce", sent. del 29-II-2012; A. 70.553, "Ginnetty", sent. del 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. del 6-XI-2013).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2020 11:58:35 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:14:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2020 12:48:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:29 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia