Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122692
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 122.692 "MOORE, CELINA Y GIGOUX, ENRIQUE MARIA C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S. A. S/ ACCION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la decisión del Juzgado de Paz de Pehuajó que, a su turno, había rechazado la acción interpuesta en los términos del art. 10 bis de la ley 24.240 por Celina Moore y Enrique María Gigoux contra Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., por medio de la cual se reclamaba el cobro de la suma asegurada y daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de seguro que los vinculaba con la demandada (v. sents. de 26-II-2018 y 8-V-2018).
Frente a ello, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 29-V-2018).
La Cámara concedió el primero y denegó el segundo por insuficiencia del valor del agravio en el marco del recaudo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, teniendo en cuenta para ello el monto de la demanda rechazada ($229.977,80; y considerando la Acordada 3.896/2018, v. resol. de 3-VII-2018). La vía declarada inadmisible motivó la articulación de una queja ante esta Corte (v. presentación de 13-VII-2018 y escrito electrónico de 24-X-2018, art. 292, CPCC).
II. Ingresando en el análisis del recurso extraordinario de nulidad, mediante el cual se aduce la preterición de un tópico esencial, se anticipa que éste no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central de la litis , vinculada con el progreso de la acción, ha sido abordada expresamente sólo que en sentido desfavorable para la parte interesada (v. págs. 1/5 de la sentencia electrónica). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con el depósito efectuado y la ponderación de las constancias fácticas, se erigen en un cuestionamiento al acierto jurídico de la sentencia, las que resultan extrañas a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. 255 vta./256; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. Con relación al recurso de hecho traído, surge del mismo un cuestionamiento hacia la cámara que, para denegar el remedio, entendió que no mediaba en el caso cuestión federal, circunstancia que consideran los impugnantes una extralimitación de sus atribuciones; a la vez que critican la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en lo referido al recaudo del monto mínimo para recurrir (v. escrito de queja del 13-VII-2018 y copia de escrito papel del 24-X-2018, art. 292, CPCC).
Al respecto cabe señalar que alegada la existencia de cuestión federal -aduciendo arbitrariedad y citando normas constitucionales-, a fin de superar el valladar de la summa gravaminis , carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478) condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas a fin de limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en las presentes actuaciones - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.732, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020 y C. 123.581, "Angelini", resol. de 19-IV-2021).
Por otra parte, en punto a la pretendida inconstitucionalidad del requisito previsto por el art. 278 cit., cabe recordar que esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (conf. causas C. 116.566, "Pacheco", resol. de 18-IV-2012; C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019 y C. 123.344, "Cooperativa Industrial Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda.", resol. de 29-VII-2020 y C. 123.581, cit.).
Finalmente, y en atención a la construcción argumental en la que se enmarcó el planteo de inconstitucionalidad referido precedentemente, viene al caso recordar que el supuesto excepcional previsto en el art. 55 de la ley 11.653 -tal como el recurrente lo expone- se refiere al procedimiento laboral, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (doctr. causas C. 108.979, "Cacheda", resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 122.454, "Gimenez", resol. de 16-V-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 123.804, "Lalanne,", resol. de 29-VII-2020 y C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI) ", resol. de 31-III-2021).
Por otro lado, y en orden a la denuncia de transgresión de la garantía de igualdad que en tal punto esgrime, deviene pertinente recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que la igualdad que contempla la Constitución comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, conforme a la legislación vigente (conf. causas Ac. 98.574, "Mazza", resol. de 2-V-2007; C. 116.433, "Pertierra", resol. de 7-III-2012 y C. 119.437, "Choque", resol. de 3-XII-2014), por lo que su planteo en tal sentido deviene inatendible.
Para concluir, luego de abordadas las cuestiones traídas en la queja, corresponde destacar que esta Corte, en casos como el presente, tiene dicho que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 cit. se encuentra representado para los actores recurrentes por el capital reclamado en la demanda que fuera rechazada (doctr. causas C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017; C. 122.757, cit.; C. 124.209, "Saavedra", resol. de 25-XI-2020 y C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021), monto que -tal como lo señaló el Tribunal de Alzada- es de doscientos veintinueve mil novecientos setenta y siete pesos con ochenta centavos ($ 229.977,80; v. fs. 285. y resol. de 3-VII-2018), y no alcanza el mínimo para recurrir exigido por la norma citada (art. 278, CPCC -según ley 14.141- y Acordada 3.890/18), sin que corresponda a tales fines adicionar intereses a dicha suma (conf. causas C. 120.655, "Belizan", resol. de 15-XI-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.565, "Calderon", resol. de 29-VIII-2018; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel"y C. 122.856, "Rodriguez", ambas resols. de 18-II-2021 y C. 123.150, "Bugallo", resol. de 19-IV-2021).
Corresponde entonces el rechazo de la vía de hecho articulada (arts. 278 y 292 cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) desestimar la queja traída por el de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:12:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:27:23 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia