Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125560
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por este Tribunal el 14 de abril de 2023, tener por no presentada la contestación del apoderado de la citada en garantía de fecha 27 de febrero de 2023 -a las 11:34:36 hs.- y reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 11, Ac. 4/07; 34, inc. 5, 257 y sigs., Cód. cit.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.560 "DIEZ, JORGE RAÚL Y OTRA C/ TOYOTA ARGENTINA S.A. S/ ACCIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR"
I. El apoderado de la firma "El Desconfío S.A." deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia (arts. 278 y 292, CPCC; v. resol. de 19-XII-2022; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 28-XII-2022 y su archivo adjunto identificado como "CARÁTULA...").
En el caso, la Cámara interviniente, por un lado, confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda promovida por Desconfío S.A. atribuyéndose condición de consumidora y la reclamación del daño punitivo solicitada tanto por aquella sociedad como por Silvana María Alemano y Jorge Raúl Diez, en calidad de consumidores equiparados. Y, por el otro, dispuso devolver los actuados al juzgado de origen para que se aborde la pretensión respecto de la indemnización peticionada por Diez y Alemano como damnificados, aspecto sobre el que no se había expedido la sentencia de primera instancia (v. sent. de 12-XII-2021 en el documento adjunto al trámite "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 27-II-2022).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de acceso a la justicia, protección de los consumidores y usuarios, propiedad, debido proceso, legalidad, defensa en juicio, tutela judicial e igualdad ante la ley (arts. 17, 18, 19, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.; 3 y 15 de las "100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad"; v. págs. 4/5, 18/21 y 38, adjunto "CARATULA..." cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación del derecho vigente y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, desestimó -con exceso ritual- la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 331:1090; 337:659; 343:354; 344:81; 327:367; 340:172; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión atacada descartó -equivocadamente, según su entender- los agravios federales que asegura haber planteado. Y en razón de ello, con base en la ley de procedimiento laboral provincial 11.653 -que menciona como equiparable al presente caso- que debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el citado art. 278 del Código de rito para, de ese modo, ingresar al estudio del recurso de inaplicabilidad de ley, cuyos agravios replica (v. págs. 17/37, adjunto cit.).
II.3. Arguye, finalmente que, si bien las cuestiones de derecho procesal y las referidas a los hechos y las pruebas no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona los citados derechos constitucionales y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente (v. págs. 21/22, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 3-II-2023 y trámites identificados como "OFICIO RECIBIDO" de fechas 10-II-2023 y 10-III-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la citada en garantía doctor Morgan (v. presentación electrónica titulada "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 27-II-2023, a las 11:34:36 hs.) y por el apoderado de la firma demandada (v. presentación electrónica titulada "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 27-II-2023, a las 11:43:26hs.).
Este Tribunal mediante la providencia simple de fecha 14 de abril de 2023 intimó al doctor Morgan para que acompañe en el plazo de cinco (5) días como documento adjunto en PDF la contestación del recurso extraordinario federal enviada electrónicamente, cumplimentando las reglas fijadas en los arts. 1 y 11 de la Acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que fue notificado en debida forma y bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito en cuestión (v. "datos del trámite", "notificación electrónica" en "PROVEÍDO" cit., arts. 10, 12 y 13, Anexo Ac. 4.013/21, t.o. Ac. 4.039/21).
Vencido el plazo fijado y ante el incumplimiento de la mentada intimación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, tener por no presentada la contestación de fecha 27 de febrero de 2023 -a las 11:34:36 hs.- y reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 11, Ac. 4/2007 de la CSJN; 34, inc. 5, 257 y sigs., Cód. cit.).
IV.1. Respecto del remedio federal, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para rechazar la demanda incoada, la insuficiencia del valor de los agravios traídos, conforme el art. 278 del CPCC y la denunciada vulneración a la ley 24.240), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de queja intentado. En efecto, no sólo insiste el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada, sino también con los invocados en el remedio local de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de esta Corte por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de la vía de hecho por parte de este Tribunal (v. págs. 17/37, adjunto "CARATULA" cit.; págs. 13/17 del trámite "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 27-II-2022 y de su documento adjunto las págs. 45/51; resol. en crisis cit.).
IV.3. En lo que atañe a la alegación del derecho a recurrir (v. págs. 20/21, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Por otro lado, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17, 18, 19, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.; 3 y 15 de las Reglas de Brasilia; v. págs. 4/5, 18/21 y 38, adjunto "CARATULA..." cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; C. 123.616, "Banco Mayo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.308, "Hernández", resol. de 27-IV-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por este Tribunal el 14 de abril de 2023, tener por no presentada la contestación del apoderado de la citada en garantía de fecha 27 de febrero de 2023 -a las 11:34:36 hs.- y reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 11, Ac. 4/07; 34, inc. 5, 257 y sigs., Cód. cit.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 13:59:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:36:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:46:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:13:12 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 13:58:39 hs. bajo el número RR-690-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia