Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177567
Expte. N º 177567 - Juzgado Civil y Comercial N°7
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PAEZ, ARMANDO RUBÉN C/ RIVAROLA, LUCAS AGUSTIN Y OTRO S/ ACCIÓN DE DESPOJO.” [c. 177567] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 12 mayo de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. a. El 12 de mayo de 2023 el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 departamental, Dr. Luis Diego Benvenuto Vignola, dictó sentencia definitiva en la que desestimó la demanda de despojo promovida por Armando Rubén Páez contra Lucas Agustín Rivarola y Nair María Florencia Luna en relación al lote ubicado en la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredón, designado como Circunscripción 04, Sección M, Manzana 57, Parcela 2, Matrícula 235346 del Partido de General Pueyrredón.
Para así decidirlo, consideró que la acción promovida por el Sr. Páez se encuentra prescripta. Juzgó demostrado que a la fecha en la que el actor dice que se produjo el despojo -noviembre de 2020- eran los demandados y no el reclamante quienes tenían la posesión del lote, la cual databa de octubre de 2019. Sobre esa base, concluyó que al momento en que se inició la acción, en marzo de 2021, el plazo anual regulado en el art. 2564 inc. “b” del CCyC ya se encontraba vencido.
El actor apeló la sentencia el 16 de mayo de 2023 y el 23 de ese mismo mes y año fundó su recurso. La réplica de la contraria fue presentada el 7 de junio de 2023.
En sus agravios, el accionante cuestiona el modo en que el juez valoró la factura expedida por la firma “Crespo” sobre las perforaciones del 20 de octubre de 2019. Destaca que el colega reclamó la presentación del original de dicho documento y a la demandada omitió acompañarlo. Objeta además el modo en que se valoró la negativa sobre la autenticidad de dicho documento.
Critica también el modo en que fueron valorados los relatos de los testigos propuestos por la demandada, apuntando contradicciones e imprecisiones. Reniega además la falta de consideración de las fotografías y actas contenidas en la causa penal, que dan cuenta de una construcción en desarrollo a noviembre de 2020. Cita los testigos propuestos por su parte, explicando cómo acreditan las premisas fácticas sostenidas en el escrito de demanda.
III. Tratamiento del recurso.
No concuerdo con la solución adoptada por el colega de primera instancia. A mi modo de ver, la acción no se encuentra prescripta y la demanda es procedente (art. 2241 del CCyC).
III.a. Como señalé en párrafos precedentes, el magistrado desestimó el reclamo del actor por considerar que los demandados poseen el lote desde octubre de 2020. Sobre esta última premisa razonó que, al momento del inicio de la acción posesoria, el plazo anual de prescripción regulado en el art. 2564 inc. “b” del CCyC se encontraba vencido.
Disiento con la solución puesto que, como correctamente destaca la recurrente, la premisa fáctica que sostiene al razonamiento decisional ha sido determinada en base a un elemento prueba que el propio magistrado había considerado inadmisible antes del llamado de autos para sentencia. Me refiero a la pretensa factura de una empresa perforadora llamada “Crespo”.
Al contestar la demanda los accionados acompañaron ese documento en una copia digital prácticamente ilegible. El magistrado en su despacho del 24/08/2021 designó al letrado de los demandados como depositario del original de dicho documento y previno a la parte de que debería acompañarlo ante el primer requerimiento del juzgado (v. providencia cit., apartado I).
El pedido del juez llegó el 16 de marzo de 2023, antes del dictado de la sentencia definitiva y ya vigente el Ac. 4013/21 de la SCBA (art. 1 de la Res. 1221 de la SCBA). En esa oportunidad, el colega requirió a la demandada para que presente los originales de la documentación adjunta a la contestación de demanda bajo apercibimiento de " tener por no acompañadas ésta (sic) en caso de incumplimiento" .
Los accionados nunca presentaron ese documento y el 21 de abril de 2023 el juez hizo efectivo el apercibimiento y dispuso tener « por no acompañados los originales de la documentación allegada en formato PDF en oportunidad del conteste de la demanda del día 19-08-2021 ». Esa documentación, lógicamente, incluía a la supuesta factura.
En este contexto, resulta objetable que la premisa central que justifica el rechazo de la demanda repose enteramente en un elemento de convicción que el propio decisor había declarado inadmisible y había eliminado del conjunto de pruebas susceptibles de ser evaluadas al momento de dictar su sentencia.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho, en numerosas ocasiones, que « no resulta admisible que el tribunal al tiempo de dictar sentencia se contradiga con sus propios actos procesales dictados durante la sustanciación del proceso y alcanzados por la preclusión y con la postura asumida por las partes durante la tramitación de la causa » (SCBA, causas 45412 del 14/5/1991, 88658 del 12/7/2006, 89471 del 07/3/2007, entre otros; mi voto en causa nro. 163951, -"A prea, Jorge M. "- del 03/10/2017).
Tampoco podría considerarse que la decisión del magistrado se sostiene igualmente al considerar el informe del supuesto autor de la factura (v. escrito electrónico del 22/04/2022).
Habiéndose declarado inadmisible la incorporación de un documento como prueba documental de una de las partes, debe considerarse igualmente inadmisible la prueba informativa en la que se pretende comprobar su autenticidad. Mal podría admitirse una expresión unilateral del representante de una empresa con relación a una pieza cuyo hipotético original ni el autor del informe, ni el propio juez de la causa han podido tener a la vista (en este último caso, peor aún, mediando una intimación expresa a la demandada para que sea presentado en el juzgado). Ambas pruebas, informativa y documental, se encuentran íntimamente conectadas entre sí por una relación de accesoriedad, pues una refiere o versa sobre una cualidad o circunstancia de la otra. Declarada inadmisible la principal, idéntica suerte debe asignársele a la accesoria (arg. art. 395 primer párrafo del CPCCBA).
III.b. A todo evento, aun si por hipótesis admitiera que existe un original de esa supuesta factura, tampoco comparto la valoración que de ella hiciera el magistrado de la instancia anterior.
Los demandados nunca dijeron que hicieron un pozo o siquiera intentaron probar la existencia de esa obra a octubre de 2019: invocaron la tenencia de esa factura como mero acto posesorio. En la contestación de demanda se dijo lacónicamente que « prueba de la ocupación es la factura de Crespo ». No puede el informe de “Crespo” operar como prueba de la realización de una obra material que los propios interesados no invocaron como un hecho susceptible de ser demostrado (art. 362 del CPCCBA). Por lo demás, “tener una factura” no es, en sí mismo, un acto posesorio en los términos del art. 1928 del CCyC.
En su caso, aun si aquel giro pretendió significar que los demandados hicieron o encargaron la realización de ese pozo, lo cierto es que no hay prueba directa de la realización de la obra, o evidencia alguna -distinta a ese documento- que pruebe su existencia. Esto no es un tema menor porque más allá de la escasa credibilidad de los testigos aportados por los demandados (tema sobre el que me abocaré en detalle en párrafos siguientes), de lo poco que puede leerse de la copia digital de esa alegada factura se advierte que: (1) el supuesto emisor utilizó en octubre de 2019 un talonario de facturas que había vencido del año anterior [ver fecha de vencimiento en el margen inferior], y (2) el encabezado anuncia que el propietario de la empresa es monotributista, y para abril de 2019, casi seis meses antes de emitir ese documento, la Administración Federal de Ingresos Públicos ya había dispuesto la obligatoriedad de la emisión de factura electrónica para todas las categorías de monotributo.
La irregularidad en la confección de ese documento y su nulo valor contable como factura (por no ser digital, por haber sido realizada en un talonario vencido, etc.) generan una severa sospecha en torno a la veracidad y sinceridad con la que fue creado (art. 384 del CPCCBA). Máxime si, reitero, no hay pruebas fehacientes de la existencia de ese pozo o de que, de existir, fue realizado en octubre de 2019 a manos -o a pedido de- los demandados.
En suma, y para resumir lo dicho hasta aquí: esa supuesta factura es un documento que fue eliminado del conjunto de elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia, por lo que no puede luego operar como la prueba basilar de la que se infiere la premisa fáctica de la decisión final del caso.
Y a todo evento, aun si existiera dicho documento, nada prueba en torno a un acto posesorio dado que (a) tener una factura no es un acto posesorio; (b) los accionados no alegaron y en su caso tampoco acreditaron la existencia y realización del pozo en octubre de 2019, y que supuestamente fue facturado en esa fecha (tampoco he hallado siquiera indicios de la obra en las numerosas actas policiales obrantes en las tres investigaciones penales preparatorias que obran en el expediente) y (c) el documento no tiene valor contable y posee indicios que hacen dudar sobre la veracidad de su contenido.
III.c. Tampoco comparto el modo en que fue valorada la prueba testimonial.
Los testigos aportados por los demandados dijeron que Luna y Rivarola tienen la casa en el lote desde 2018/2019 (testigo Adrián Salas) o que Rivarola comenzó a construir en 2017/2018 (testigo Ramona Inés Azula). El mismo Lucas Rivarola afirmó frente al juez que empezó a vivir en la propiedad desde 2017 aproximadamente. En este último caso, si bien podría tener alguna duda sobre si el codemandado entendió bien la pregunta y a qué se refería con vivir en el lote (y tal vez estaba respondiendo sobre sus supuestos actos posesorios), luego aclaró que junto a su pareja empezó a vivir desde esa fecha (minuto 3:50 en adelante). El juez insistió en este punto en el minuto 12:30, oportunidad en la que Rivarola reiteró que desde 2017 vive con su mujer en la propiedad. Luego cambió su relato y dijo que la casa la hizo más adelante y que “calcula” que la terminaron en 2019.
El testimonio de Adrián Salas no resiste análisis: las preguntas hechas por el magistrado en la audiencia dejaron en claro que nada de lo que decía resultaba convincente o siquiera mínimamente verosímil. Aun cuando pueda considerar que una persona puede estar nerviosa al declarar o ser tímida o parca en su modo de expresarse, aquí las inconsistencias de la narrativa de Salas resultaron palmarias e indisimulables, ya sea con relación a la ubicación del lote, a la razón por la que visitaba el barrio, al hecho de que “vio” a Rivarola alambrar la propiedad, al modo en que respondía “2018, 2019” cada vez que le pedían alguna precisión temporal sobre la ocupación de la heredad, etcétera. Tan poco creíble era su declaración que el juez, con buen tino, tuvo que recordarle que mentir constituye un delito de falso testimonio.
Por lo demás, el relato del testigo Chaspman resulta genérico e impreciso y el de la Sra. Azula me pareció igualmente inverosímil, insistiendo -ante cada pregunta del juez dirigida a comprender cuál es la relación que tiene con los hechos controvertidos- en que su hija vive en frente y que por ello sabe todo lo que narra. Además, se contradijo en las fechas en las que dijo que conoció a Rivarola -hijo-, afirmando en un momento que lo conoce desde 2017 y luego desde 1999 (situación que motivó que el magistrado tenga que preguntarle al propio codemandado qué edad tiene pues el relato resultaba difícil de creer).
En otras palabras, sea por genéricos e imprecisos (Chaspman), o por inverosímiles (Salas y Azula), los relatos de los testigos de la demandada no logran demostrar la posesión de los Sres. Rivarola y Luna en las fechas que uno y otro mencionaron (2017, 2018 o 2019).
A ello debo agregar que la sola idea de que Luna y Rivarola construyeron y viven en la propiedad desde 2017, 2018 o 2019 resulta por completo inverosímil. Primero porque una rápida consulta a registros públicos y gratuitos emanados de fuentes de prestigio internacional, como la base de datos de imágenes satelitales de Google (a través de la aplicación Google Earth Pro) permite corroborar que para esos años el lote estaba completamente baldío y ninguna construcción habitable existía en él (la aplicación puede descargarse gratuitamente en https://www.google.com/intl/es-419/earth/versions/; punto específico consultado: latitud 38° 0'19.12"S, longitud 57°43'51.05"O, opción "historial de imágenes”).
Pero, además, si se evalúan las constancias obrantes en las diversas causas penales incorporadas al proceso, queda al descubierto la insinceridad en el relato de los demandados al momento de absolver posiciones.
En el parte policial del 16/11/2020 obrante en la IPP 08-00-024392-20/00 el oficial de la policía da cuenta de una vivienda que « se está edificando », lo cual es conteste con el relato del testigo Andrés Oscar Navarrete, vecino de la zona desde hace 17 años, quien al declarar el 18 de noviembre de 2020 dijo que la obra en el lote está “ hace dos semanas ” (fs. 17 de la IPP 08-00-024392-20/00). O sea: esa obra, según el testigo, fue realizada en noviembre de 2020.
En el escrito que la letrada defensora del Sr. Rivarola presentó en la instrucción penal citada el 26/11/2022 (v. fs. 21/3) el propio demandado no solo nada se dice sobre una edificación en los años 2017-2018-2019 (como narró él mismo y sus testigos en este proceso) sino que expresamente refiere a la noticia del embarazo de su mujer y a la decisión de recibir recién en julio de 2020 -y por vía de una supuesta cesión- la posesión del lote. La incompatibilidad entre el relato de los testigos que declararon en este proceso civil a propuesta de los demandados y la narrativa del Sr. Rivarola en la causa penal es notoria.
Pero no solo es inconsistente el relato de los demandados y el de sus propios testigos: tampoco hay uniformidad en la narrativa que el demandado expuso en sede penal y la que volcó en su contestación de la demanda en este proceso (y que intentó replicar al absolver posiciones).
Por caso, mientras que en la IPP 08-00-024392-20/00 Lucas Rivarola dijo que recibió la posesión del lote por vía de una cesión realizada en julio de 2020 con su suegro (Octavio Luna), al responder la demanda en este pleito el mismo codemandado dijo otra cosa. Afirmó -sugestivamente, sin dar fechas precisas- que el lote no estuvo al cuidado de Paez " ya que el mismo fue utilizado por el Sr. Octavio Luna inicialmente para luego ser cedidos sus derechos posesorios al Sr. Hugo Humberto Rivarola, ello conforme surge de la escritura N ° 54 pasada ante René Carlos Casas escribano titular del Registro N° 32 de General Pueyrredón" . Luego aclaró que el demandado -si bien son dos, entiendo que refiere al Sr. Rivarola- " ante la necesidad de construir una vivienda acudió a su abuelo quien cedió a su favor los derechos posesorios que poseía sobre el bien conjuntamente con el boleto que se adjunta ".
La inconsistencia en la narrativa es evidente: en sede penal Rivarola dijo ser cesionario de Octavio Luna en julio de 2020 en un negocio celebrado en forma oral. En este proceso, en cambio, Rivarola se presenta como cesionario de Hugo Humberto Rivarola (quien, a su vez, fue cesionario de Octavio Luna) mediante un negocio de fecha incierta e instrumentado por escrito en un boleto que se anuncia que se adjunta a la contestación de la demanda, pero que no se acompañó nunca. Además, la supuesta cesión de Hugo Humberto Rivarola y Octavio Luna se pretende probar con una escritura en la que no se instrumenta ningún acto traslativo de derechos: solo hay allí afirmaciones unilaterales de Luna con relación a pretensos derechos posesorios de los que dice ser titular, actuando el Sr. Humberto Rivarola como mero testigo.
Pero, además, ¿cómo puede ser que los demandados al absolver posiciones afirmen frente al juez que desde 2017 viven en la propiedad si habían dicho en sede penal que en julio de 2020 tuvieron la idea de pedirle el lote al Sr. Luna ante la noticia del embarazo de Luna? (v. fs. 22 de la IPP 08-00-024392-20/00).
En materia de actos propios, y tratándose específicamente de las alegaciones de los escritos postulatorios, el Ministro de Lázzari afirmó con acertado criterio que “ese universo [refiriéndose a los hechos y alegaciones que serán luego objeto de controversia] no puede ser constantemente modificado, acomodándolo según las circunstancias y las conveniencias , porque ello implica la violación de elementales deberes de buena fe y de la doctrina elaborada respecto de los actos propios (todo ello traducido en la fórmula "venire contra factum propium non valet")” (v. SCBA, Ac 88395, del 13-12-2006).
III.d. Más allá de todas estas contradicciones en el relato de los hechos, que sin duda debilitan la solidez argumental de la defensa de los accionados, lo cierto es que el Sr. Paez ha demostrado haberse comportado como dueño y ejercido actos posesorios sobre la heredad de modo continuado y reiterado desde por lo menos cuatro años antes del primer indicio de la presencia de los demandados en el lugar, en noviembre de 2020 (art. 1928 del CCYC).
Páez probó que realizó un estado parcelario en enero de 2017 contratando los servicios de un agrimensor (v. informe del agrimensor Panero adjunto al escrito del 15/03/2022), y probó además que compró material para alambrar el lote en fecha anterior a la ocupación de los accionados (v. testigo Pintos; minuto 48:20 en adelante). Más aún, acreditó que defendió férreamente su posesión acudiendo al auxilio de la fuerza púbica en al menos tres oportunidades (octubre de 2016 -IPP 08-01-020641-16/00, octubre de 2019 -IPP 08-00-030271-19/00- y noviembre de 2020 -IPP 08-00-24392-20-). En las primeras dos denuncias, el conflicto terminó disuelto y no perdió su relación de poder sobre la cosa (art. 1931 inc. “b” del CCyC); en el conflicto que motivó la última denuncia, producido el despojo a manos de los aquí demandados, actuó con premura y llevó su reclamo a la justicia civil y comercial dando inicio a este proceso.
Tampoco puedo dejar de destacar que Paez cuenta con título de fecha anterior al despojo de los demandados [boleto de compraventa de febrero de 2011 y escritura traslativa de dominio de abril de 2017] en tanto que estos últimos -como se vio- invocaron en sede civil y penal un confuso conjunto de relatos incompatibles entre sí que incluyen supuestas cesiones de derechos efectuadas en forma oral, boletos cuya existencia se ignora, escrituras con exposiciones civiles unilaterales de fecha posterior al título del accionante y alegaciones sobre la residencia en el lote en épocas en que se encontraba completamente baldío.
Si bien la vía escogida por el actor hace innecesario evaluar el derecho que una y otra parte tiene a la posesión, lo cierto es que « el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión » (art. 2270 del CCyC). Ello resulta especialmente relevante en el caso, dada la fecha del título del actor y en el hecho de que los demandados no lograron desvirtuar la presunción que el art. 1914 del CCyC regula a favor del acci
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