Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127482
GAL
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N° 127482; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº20 - LA PLATA
LOCIO SONIA BEATRIZ C/ B., M. N. Y OTROS S/ ACCION DE DESPOJO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los un días del mes de Septiembre de Dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127482, caratulada: "LOCIO SONIA BEATRIZ C/ B., M. N. Y OTROS S/ ACCION DE DESPOJO" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 629/634?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el señor Ángel Alberto Naya; rechazó las excepciones de falta de acción y de prescripción opuestas por los demandados B. y desestimó la demanda interpuesta por Sonia Beatriz Locio contra M. N. B., R. E. B., M. N. B. y M. B. y ocupantes; impuso las costas a la parte actora sustancialmente vencida, postergando la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (fs. 629/634).
II. Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación la actora (fs. 644), el que concedido libremente (fs. 645) se encuentra debidamente fundamentado en esta instancia (presentación electrónica del 27/05/2020). Corrido el traslado (28/05/2020), éste fue contestado por el demandado Ángel Alberto Naya (presentación de fecha 05/06/2020) y M. N. B., R. E. B. y M. N. B. (presentación del 05/06/2020). Luego de la vista de la Asesoría de Menores e Incapaces actuante (presentación del 09/06/2020), se llamaron autos para sentencia (11/06/2020).
III. La apelante se agravia de la sentencia de grado a la que tilda de arbitraria y conjetural, por no tener en cuenta la prueba que acredita los extremos legales exigidos para el progreso de la acción y porque entiende que omitió la existencia de hechos comprobados esencialmente relevantes.
Conceptualiza el fallo como contradictorio, alegando que exige de manera arbitraria la acreditación de extremos fácticos no requeridos por la ley sustantiva, desatendiendo la legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, tanto para el fondo de la cuestión como para el tratamiento de las excepciones. Todo ello, cree que genera evidentes y absurdas contradicciones que se reflejan en dicha sentencia.
Particularmente pone en crisis el progreso de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el accionado Naya, argumentando que éste fue el despojante de la posesión que ella ostentaba, siendo por ende la decisión adoptada contraria a lo dispuesto por art. 2241 CCyC. Agrega que la ley dispone una legitimación amplia y no es excluyente, que otorga un abanico de posibilidades de acción tendiente a proteger a la víctima del despojo de su posesión.
Destaca que todos los demandados actuaron con absoluta mala fe y que esto quedó acreditado, particularmente que Naya ingresó al inmueble como mero tenedor para luego intervertir el título realizando actos materiales con intención de excluirla de la posesión tal como lo fue el cambio de cerradura.
Discurre que el mero hecho de que este codemandado no haya estado presente en el momento de realizarse el mandamiento de constatación no lo exonera de legitimación dado que fue éste quien ejecutó el acto material de despojo.
Se duele asimismo de la incorrecta aplicación del art. 2241 CCyC en cuanto a la omisión de pruebas respecto del acto de desapoderación y que el mencionado artículo no requiere de violencia, clandestinidad, ni abuso de confianza.
Resalta que la sentencia de grado exigeéstos extremos para la procedencia de la acción incoada (despojo de la posesión mediante violencia, clandestinidad o abuso de confianza) que la propia ley no requiere en absoluto. Además que, eventualmente, su parte los ha probado debidamente.
Insiste en que el a quo ignoró prácticamente la totalidad de los elementos probatorios y que para la procedencia de la acción basta con acreditar la posesión, que se reconoce como acreditada en pasajes de la sentencia y el desapoderamiento o despojo -destacando que ella entregó la tenencia temporal al Sr. Naya mas no la posesión-, de la que fue desposeída mediante un evidente abuso de confianza. Aduna que tampoco se ha acreditado el eventual acuerdo y pago de $280.000 en su favor que menciona el demandado en su conteste. Concluye que pesa sobre Naya acreditar los hechos que él alega.
Reafirma que del iter documental surge el despojo: del boleto de compra y venta (fs.5/7), del mandamiento de constatación (fs. 71/72) y del “Contrato de venta de mejoras y cesión de derechos y acciones sobre el inmueble” (fs. 220/222), argumentando que de no haber mediado desapoderamiento es la suscripta quien debiera haber sido parte cedente de tales derechos y no el Sr. Naya.
Valora al respecto la absolución de posiciones de M. N. B. quien reconoce ser continuadora en la posesión de mala fe de Angel Alberto Naya.
Recalca sobre la interversión intentada por Naya quien de mero tenedor del bien, luego se manifiesta como poseedor y dueño.
Denuncia error en la sentencia en cuanto refiere que el hecho ventilado en autos generó una denuncia penal en la UFI 9 departamental, cuando en realidad esas actuaciones versan sobre robos en la propiedad.
Se agravia de la omisión del tratamiento de los restantes demandados (M. N. B., R. B., M. N. B., M. B.) como actuales ocupantes y sucesores de mala fe del despojante y de los hechos nuevos denunciados que versan sobre el contenido del contrato de venta de mejoras y cesión de derechos y acciones sobre el inmueble incorporado como documental por los demandados.
Señala que el inmueble designado en la demanda (Circunscripción III, Sección B, Chacha 67, parcela 8, partida: 344635, indicada bajo el N° 22 de la proyectada Manzana 5, de 10 x 48,30 metros -superficie total de 483 metros cuadrados-, el cual conforme croquis de venta que forma parte integrante en un todo con el boleto de compra y venta. Inmueble referenciado como N° 22 de la proyectada Manzana 5) es distinto y diferente del individualizado en el contrato presentado por los demandados (Circunscripción III, Sección B, Chacha 67, parcela 6, identificada con Partida: 055- 344633), cuestión que queda acreditada mediante el sistema de cartografía de ARBA de fs. 550/552 y lo expresado por el perito agrimensor en su informe.
Hace pie en la mala fe de los codemandados en los términos del art. 1902 CCyC quienes ingresaron al inmueble sin previo realizar las diligencias correspondientes a fin de conocer la situación tanto registral como extra registral de la cosa.
Finalmente, se disconforma de la errónea aplicación de costas respecto de las excepciones de falta de acción y prescripción sin hacer distingo alguno, las cuales fueran rechazadas por el a quo , omitiendo aplicar el art. 77 del CPCC que dispone que los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal y que la aplicación genérica del art. 68 del código de rito viola las disposiciones del debido proceso adjetivo en la materia.
IV. El demandado Naya contesta los agravios de la actora reafirmando su postura que no resultaba poseedor del inmueble a la fecha de realizarse el mandamiento de constatación.
Además, alega que no resulta despojante de la supuesta posesión de Locio y que no permaneció en el inmueble en carácter de simple tenedor sino como exconcubino de la actora.
Reputa como equivocada la vía elegida por la accionante para demandarlo.
Señala que se encuentra probado en la instancia que la legitimada activa fue desinteresada del mencionado bien con la entrega de $280.000, cediendo en su favor el boleto de compra venta del inmueble en cuestión y renunciando a todo reclamo sobre el mismo y que por ello, considerándose dueño, enajenó sus derechos en favor de M. N. B.
A su turno, el resto de los codemadados denuncian equivocación de la actora cuando sostiene que la única norma aplicable en cuanto a la viabilidad de la acción despojo es el art. 2241 CCyC, el que solo enmarca la procedencia de la acción de despojo ante la pérdida de tenencia o posesión de un bien y la consecuencia que opera en una sentencia favorable y no hace mención a la posesión viciosa a la que hace alusión el art. 1921 CCyC.
Destacan que la agraviada no logra probar que la posesión del codemandado Sr. Naya haya sido por abuso de confianza como tampoco que ellos tengan una posesión viciosa del inmueble.
Señalan que el CCyC coincide con lo que establecía el Código de Vélez Sarfield en los Artículos 2364 al 2372 inclusive, echando por tierra el argumento utilizado por la apelante en cuanto a que el CCyC no exige violencia, clandestinidad o abuso de confianza para ser procedente la acción de despojo.
Reseñan que surge de la prueba de autos la condición de poseedor a título de dueño de Ángel Alberto Naya sobre el bien y que no hay prueba del despojo de la posesión por abuso de confianza, advirtiendo que la Sra. Locio no efectuó denuncia penal por el hipotético abuso de confianza de parte del Sr. Naya.
Respecto de la alegación de la actora sobre que se tratan de distintos inmuebles el que se demanda y el del contrato entre Naya y el resto de los codemandados, afirman que no se tratan de propiedades diferentes a pesar de reconocer que existió un error de tipeo involuntario en el último de los instrumentos; que se trata de un mismo y único bien inmueble con la sola referencia equívoca en cuanto al Número de Parcela y Partida Inmobiliaria que por error se consignó en la cesión de derechos y acciones. Dicen que es el mismo ya que hay datos que coinciden como las medidas, superficie del inmueble y ubicación geográfica del mismo.
Niegan mala fe de su parte, diciendo que siempre obraron de buena fe sabiendo que Naya era poseedor a título de dueño y en el momento de la transferencia era ocupado solo por él, por lo que reputaron innecesario pedir informes al Registro de la Propiedad Inmueble.
Resaltan que Locio en tal caso debió recurrir a una acción reivindicatoria y no a la de despojo por cuanto ellos demostraron prima facie la posesión del bien, probando mediante la documental acompañada y las pruebas que se produjeron que son adquirentes de buena fe y a título oneroso de la posesión pública y pacífica del predio.
V. Abordando la tarea revisora encuentro que los agravios opuestos por la actora ponen en crisis el rechazo de la acción de despojo por ella iniciada.
V.1. A tales fines encuentro pertinente ilustrar tanto las cuestiones de hecho y derecho debatidas en estas actuaciones, como su resolución en la instancia de origen.
Desandando esta tarea, se evidencia que Sonia Beatríz Locio inicia una acción contra Ángel Alberto Naya a quien sindica como despojante, contra M. N. B., R. B., M. N. B. y M. B. a quienes caracteriza como actuales ocupantes y sucesores particulares de mala fe de Naya y contra ocupantes, tenedor/poseedor o intruso, todo ello en virtud del despojo total de la posesión que ostentaba sobre el inmueble objeto de autos (demanda fs. 137/159, punto “I”).
Justifica su legitimación activa, haciendo pie en los arts. 2241 y 2238 CCyC y en particular en el boleto de compra venta de fecha 12 de abril de 2010 mediante el cual adquirió la propiedad (punto “V” y “VI” fs. referidas) en inmobiliaria Munguillot.
Denuncia una relación amorosa con el accionado Naya, a partir de la cual éste se mudó a su vivienda en el mes de marzo de 2014 hasta diciembre de 2014 y que en esa fecha –producida la ruptura de la pareja- se lo dio en tenencia por 60 días porque no tenía donde ir y a cambio de $1500 de alquiler mensual. Refiere que su ex pareja abono los primeros dos cánones, que pasado ese plazo le dijo sin justificación alguna que no se iba a ir y que cambio la cerradura de la casa sin previo consentimiento de su parte (punto “VI” fs. referidas).
Indica que el resto de los demandados resultan poseedores de mala fe en virtud a lo dispuesto por el 1902 CCyC dado que no se ocuparon de examinar, previo a la adquisición, la documentación, antecedentes y constancias registrales (demanda fs. referidas).
Ángel Alberto Naya contesta la acción oponiendo su falta de legitimación pasiva, sosteniendo que no era poseedor del inmueble a la fecha de la demanda porque se había desprendido de ella mediante la venta de las mejoras y cesión de acciones y derechos sobre el inmueble el 22 de marzo de 2016 (v. contrato fs. 180/181 y fs. 192/197 vta.).
Reconoce la existencia de una relación de concubinato con la accionante “durante aproximadamente un año y medio de convivencia que culminó el 9 de enero de 2015” resaltando que ella hizo abandono del hogar porque se relacionó amorosamente con un vecino con el que se fue (punto “III” fs. referidas).
Respecto del bien en cuestión, señala que con anterioridad a la convivencia adquirieron el lote con su dinero y fondos y que -terminada la relación- ella se retiró acordando que él se quedaría con el predio y sus mejoras, agregando que además desinteresó a la accionante mediante la entrega de $280.000. Destaca que a partir de ese pago la legitimada activa cedió en su favor el boleto de compra venta y renunció a todo reclamo sobre el bien.
Denuncia que al momento de la separación, Locio se llevó subrepticiamente la documental (boleto, recibos, etc.) y que, a pesar de ello, luego él enajenó la propiedad a B. (contestación de demanda, fs. referidas).
Presentados a estar a derecho, M. N. B., R. E. B. y M. N. B., éstos últimos por sí y en representación de la menor de edad M. B., oponen excepción de falta de acción aduciendo ser adquirentes de buena fe, a título oneroso de la posesión pública y pacífica de la propiedad desde el año 2011 teniendo en cuenta la posesión antes ejercida por el cedente Ángel Alberto Naya (fs. 234/240).
Luego de oponer también la excepción de prescripción en los términos del art. 2564 inc. “b” CCyC, invocan que B. era compañero de trabajo de Naya, quien le ofreció el inmueble “del cual nos hace saber que ejercía la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida sobre el bien desde hacía más de cinco años” (punto “V” fs. referidas).
Producida la prueba pertinente, la sentencia de grado hace lugar a la falta de legitimación pasiva contra Naya en el entendimiento que éste no vivía ni ocupaba la propiedad al momento de efectuarse la constatación judicial de la propiedad (punto “III.1” fs. 629/634) y no recepta las de falta de acción (punto “III.2”) y prescripción (punto “III.3”).
Rechaza finalmente la acción intentada considerando que no se acreditó la turbación con violencia, clandestinidad o abuso de confianza a la posesión de la actora y que no se produjo prueba que Naya haya ingresado con ese carácter (fs. 629/634).
V.2. Expuesto el contexto fáctico, el marco normativo dispone que “las acciones posesorias según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor” agregando que “Hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o tenedor” (art. 2238 CCyC).
Por su parte, el art. 2241 CCyC dispone que “corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso, contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento. La acción puede ejercerse aun contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad…”, mientras que el art. 2245 CCyC enumera los legitimados: “Corresponden las acciones posesorias a los poseedores de cosas, universalidades de hecho o partes materiales de una cosa”, “los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor y pedir que éste sea reintegrado en la posesión, y si no quiere recibir la cosa, quedan facultados para tomarlos directamente”.
De la legislación en vigencia, surge la existencia de las acciones para mantener la posesión o tenencia en caso de turbación o para recuperarla en el supuesto de despojo que es la intentada en autos.
También da cuenta de las diferencias entre desapoderamiento y turbación, definiendo al primero como la exclusión absoluta del poseedor o tenedor y el segundo cuando acto turbatorio no se traduzca en una exclusión total. De ello se colige que será uno u otro supuesto dependiendo del éxito y grado del ataque perpetrado. A partir de ahí nacerá –según el caso– la acción de despojo (art. 2241) o bien de manutención (art. 2242 CCyC).
Respecto de la legitimación activa, a pesar de que los art. 2241 y 2242 parecen dejar en claro su alcance, el legislador en el art. 2245 lo trata expresamente. Este último artículo –como se dijo– la concede para este tipo de acciones a los poseedores de las cosas, otorgándosela también a los tenedores pero vía de excepción -por subrogación de los derechos ante la inacción de éste para recuperar la tenencia- o ante su negativa para tomarlo directamente. De ello concluyo que los tenedores, para la procedencia de la acción, quedan circunscriptos a los casos enumerados en el art. 2245 in fine CCyC, en virtud a la relación de poder del sujeto con la cosa (arts. 1908, 1909 y 1910 CCyC).
Por su parte, carga la legitimación pasiva de forma expresa sobre el autor de la desposesión, sus herederos y sucesores particulares de mala fe (art. 2241 CCyC).
V.3. Ahora bien, a fin de resolver la controversia objeto del recurso, se evidencia central la indagación y determinación sobre la existencia de la posesión en cabeza de la actora en los términos del art. 1909 CCyC. Caso afirmativo, habrá de analizarse si ésta resultó desposeída totalmente del inmueble o si por el contrario cedió o bien perdió aquélla en favor del codemandado Naya.
En este contexto, se advierte que Sonia Beatríz Locio efectivamente acreditó ser la adquirente de la propiedad, mediante el boleto de compra venta acompañado como prueba documental a fs. 5/7 (y reconocido como original en testimonial de reconocimiento de fs. 530) del que surge que los vendedores le entregaron la posesión de la unidad libre de todo ocupante a la fecha de la suscripción del instrumento (12 de abril de 2010, cláusula sexta fs. 5/7).
Asimismo, probó el pago de 62 cuotas establecidas en el instrumento mencionado de las que dan cuenta los recibos de fs. 8/70 emitidos en su favor (reconocidos como originales por la inmobiliaria emisora a fs. 469/473).
Además –con principal relevancia para la resolución- esta circunstancia es reconocida por el demandado Naya quien en su absolución de posiciones admitió que Locio firmó el boleto de compra venta (posición 1, fs. 520/521) y que ella tomó la posesión (posición 4), con la salvedad que depuso que lo hizo conjuntamente con él.
Contrariamente al reconocimiento expreso sobre la posesión de la contraparte, esta última afirmación no encuentra sustento probatorio alguno. Nótese que por ningún medio queda evidenciado: que el inicio de la posesión haya sido de modo conjunto o que la compra haya sido en realidad con dinero del accionado pero suscripto por la actora, ni que la legitimada activa se haya llevado subrepticia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.