Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124366
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.366 "LOCIO SONIA BEATRIZ C/ B. M. N. Y OTROS S/ ACCION DE DESPOJO"
I. Los accionados M. N., R. E. B. y M. N. B. -estos últimos también por la representación de M. B.- deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en que los planteos traídos no eran propios de las vías incoadas, declaró mal concedidos los de nulidad articulados y los reputó inoficiosos a los fines regulatorios (arts. 296, CPCC y 30, ley 14.967; v. resol. de 9-III-2022, escrito electrónico "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 30-III-2022 y su archivo adjunto titulado como "REF+FirmasOlografas.pdf").
En el caso, en lo que interesa destacar y en el marco de una acción de despojo, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, hizo lugar -por un lado- a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Ángel Alberto Naya, -por el otro- denegó las defensas de falta de acción y de prescripción articuladas por los codemandados M. N. B., R. E. B. y M. N. B. -estos últimos dos, además, por la representación de su hija menor M. B.- y, finalmente, desestimó la demanda interpuesta por Sonia Beatriz Locio contra los accionados. En consecuencia, el Tribunal de Alzada rechazó la mencionada excepción de falta de legitimación pasiva, hizo lugar a la demanda instaurada y condenó a los codemandados a restituir a la actora el inmueble que individualizó (v. sents. de 19-II-2020 y 1-IX-2020, junto con su aclaratoria de fecha 14-IX-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de razonabilidad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, acceso a la justicia, igualdad, legalidad y a ser oído (arts. 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 19, CADH; 3, 19 y 20, CDN; 1, 4, 11, 16, 17 y 18, Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad; v. págs. 19, 25/37 y 39, adjunto cit.).
II.2. Sostienen, que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, declaró -sin dar fundamentos suficientes- mal concedidos los remedios locales. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía (v. págs. 19/39, adjunto cit.).
En tal sentido, aducen que la decisión atacada no trató debidamente los planteos -que entienden esenciales- esgrimidos en las vías de nulidad -que ahora reproducen- referidos a que la Cámara omitió ponderar y decidir que a ellos no los alcanzaba la acción de despojo, dado que resultaban ser poseedores de buena fe y a título oneroso del inmueble objeto de autos. Y afirman que dichos agravios eran suficientes para acreditar que la Cámara había realizado un estudio parcializado de los temas traídos a discusión y, en consecuencia, demostrar la nulidad de su fallo (v. págs. 19/25, adjunto cit.).
Denuncian, también, que este Tribunal incumplió el mandato legal que deriva del art. 297 del Código de Procedimiento Civil y Comercial local, en tanto rechazó los recursos extraordinarios de nulidad sin haber conferido vista previa a la Procuración General. Ello implica -a su modo de ver- un claro déficit, que conlleva una afectación de los derechos constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, acceso a la justicia e interés superior del niño. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 305:1945; 320:1291; 232:1250; 325:1347; entre otros) y la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Furlán y familiares" (CIDH, sent. de fecha 31-VIII-2012).
En razón de lo expuesto, peticionan que el pronunciamiento objetado sea revocado y se ordene dictar uno nuevo (v. págs. 25/35, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 8-IV-2022 y escrito electrónico de fecha 11-IV-2022), el mismo fue contestado por la actora (v. escrito electrónico de fecha 22-IV-2022).
IV.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que los planteos referidos a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba (en el presente, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la admisibilidad de los remedios extraordinarios de nulidad y el cumplimiento de recaudos formales en el dictado de la resolución atacada) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio sustentado por este Tribunal para declarar mal concedidos los carriles locales, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo objetado -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos deducidos, insistiendo con los agravios allí expuestos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta (v. págs. 19/25 y 35/39, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Por otro lado, en cuanto a los cuestionamientos emparentados con la falta de vista a la Procuración General y la supuesta afectación de derechos y garantías de la niña menor de edad (v. págs. 25/35, adjunto cit.), resultan -éstos- planteos que carecen de sustento, en tanto su interés superior se vio resguardado por el recurso federal planteado por los padres -que aquí se resuelve- y por las sucesivas actuaciones del Asesor de Incapaces interviniente (v. escritos electrónicos de fechas 14-III-2022 y 11-IV-2022), órgano al que el Código Civil y Comercial le encomienda actuar en el ámbito judicial -de manera complementaria o principal- en resguardo de los derechos e intereses de las personas en situación de vulnerabilidad (arts. 103 y 608 inc. "d", CCCN). De allí que, tampoco en este aspecto, la vía deducida porte un agravio que lo torne admisible (arg. art. 3 inc. "c", Ac. 4/07, CSJN; doctr. causa C. 122.771, "L. M. S/ Abrigo", resol. de 25-IX-2019; e.o.).
IV.4. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta violación de normas constitucionales y convencionales (derechos de razonabilidad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, acceso a la justicia, igualdad, legalidad y a ser oído; arts. 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 19, CADH; 3, 19 y 20, CDN; 1, 4, 11, 16, 17 y 18, Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad; v. págs. 19, 25/37 y 39, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que citan, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.921, "Pucará S.A.", resol. de 27-V-2015; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.344, "Cooperativa Industrial", resol. de 11-XII-2020; C. 124.347, "C. E. S. N. S/ Abrigo", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:34:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 10:26:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2022 16:52:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 14:33:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2022 12:21:48 hs. bajo el número RR-340-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia