Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en razón de la naturaleza y el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.759, "Izurieta, Matías Julián contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 348/363 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 370/374 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Matías Julián Izurieta y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleadora autoasegurada- a abonar en un único pago la reparación derivada del accidente de trabajo sufrido y diferencias de prestaciones por minusvalía laboral temporaria, conforme lo normado por los arts. 11 apartado 4, 13 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, además del adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 348/363 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que, como consecuencia del infortunio acontecido el día 19 de agosto de 2014, el accionante padece una incapacidad laboral del 58,74% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 349 vta./350 vta.).
Con relación a la modalidad de pago del capital, sostuvo que -teniendo en cuenta el señalado porcentaje- resultaba aplicable -en principio- el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, que establece que el importe de la acreencia debe ser abonada bajo la modalidad de renta. Sin embargo, de seguido, expuso el a quo que el pago periódico se encontraba derogado por la ley 26.773, por lo que -en definitiva- correspondía utilizar la formula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de acuerdo -sostuvo- con lo ordenado en el art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 (v. fs. 360). Sobre esta norma, el tribunal -por mayoría- explicó que, si bien en una causa anterior tramitada ante sus estrados decretó su inconstitucionalidad por exceso reglamentario, una nueva reflexión lo llevaba a rever esa postura. De modo que, en el caso, resolvió decretar su validez constitucional (v. fs. 359 vta.).
En virtud de ello, hizo lugar a la acción deducida por Matías Julián Izurieta contra la Provincia de Buenos Aires y determinó que, conforme las prescripciones contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, al dependiente le correspondía percibir la suma de $1.369.526,89 (53 x $19.638,70 x 58,74% x 2,24), a la que adicionó $273.905,37 (art. 3 de la ley 26.773) y $231.948 (art. 11 apdo. 4 inc. "a" de la ley 24.557).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 370/374 vta.), en el que desarrolla los agravios que he de describir a continuación.
II.1. En primer lugar, cuestiona la definición por la cual el juzgador determinó el importe del resarcimiento -reconocido en un solo pago aplicando el art. 2 inc. 2 del decreto 472/14-, utilizando la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, destinado -señala- a la determinación de prestaciones dinerarias vinculadas a incapacidades laborales menores o iguales al 50% de minusvalía. Manifiesta que el fallo transgrede la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada de los precedentes L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016).
II.2. Plantea la invalidez constitucional del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 en cuanto establece para el cálculo de la indemnización de los trabajadores con incapacidad mayor al 50% y menor al 66% la forma de pago único, remitiendo a la formula indemnizatoria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 372 vta. y 373). Afirma que la primera de las normas citadas avanza en la esfera del poder legislativo, pues incurre en un grosero exceso reglamentario y vulnera derechos consagrados en la Constitución nacional.
II.3. Denuncia que el órgano de grado cambia de postura respecto de la constitucionalidad del dispositivo, y ahora la acoge sin dar argumento alguno para decidir en ese sentido.
Asevera que el a quo "...no desarrolla cuales son los motivos que conducen a este cambio de postura del tribunal, ni se pronuncia concretamente sobre agravios constitucionales denunciados en la demanda y que motivan el planteo de inconstitucionalidad por violar el decreto 472/14 lo dispuesto en los arts. 14 bis, 17, 28, 99 apartado 3 primer párrafo y 75 inc. 22 de la CN..." (rec., fs. 373 vta.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
Invierto el orden de los agravios por razones metodológicas y abordo -en primer término- el embate dirigido a objetar la declaración de constitucionalidad del art. 2 inc. 2 del decreto 472/14.
III.1. De los antecedentes de la causa, cuya síntesis obra en el apartado inaugural, opino que asiste razón al quejoso sobre el yerro del pronunciamiento, bajo la denuncia de ausencia de motivación en la respuesta brindada al planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito de inicio con relación a la citada norma. De la lectura de la sentencia se advierte que la conclusión sobre el tema constitucional llevado a su conocimiento se limita a un escueto párrafo que refiere un cambio de postura respecto a la opinión vertida en otros casos, pero no brinda despliegue argumental para fundar la declaración de congruencia constitucional frente al expreso pedido de invalidez articulado al promover la demanda (v. fs. 144 in fine y vta.).
Desprovisto de todo sustento jurídico a la luz del planteo sometido a su consideración por la parte actora, el órgano de origen arribó a una decisión teñida de arbitrariedad, que -como tal- obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998; L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014; L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019 y L. 120.182, "B., C. M.", sent. de 17-II-2021).
Sabido es que constituye deber de los magistrados motivar sus fallos (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, CPCC; 47 y 63, ley 11.653) y no es ocioso insistir en que esa obligación no fue abastecida mediante una mera referencia a un cambio de posición sin brindar razones suficientes para así decidir. Máxime si ello importa per se la única réplica a una concreta petición vinculada nada menos que a la tacha de invalidez constitucional de una norma esgrimida de modo expreso por una de las partes.
III.2. En definitiva, el interesado logra evidenciar el yerro del pronunciamiento, por lo que propongo hacer lugar al remedio interpuesto y casar el fallo con los alcances expuestos. En consecuencia, los autos deberán remitirse a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento abordando debidamente la cuestión debatida.
III.3. Atento la solución arribada, considero que pierde virtualidad el tratamiento de las restantes criticas ensayadas.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado de conformidad con lo indicado en la presente decisión. En consecuencia, la causa deberá volver al tribunal de grado para que, con diferente integración, proceda conforme lo dicho en el punto III.2. de la presente.
Costas por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Si bien este Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que reclama la recurrente, esto es, que la prestación por incapacidad laboral superior al 50% y menor al 66% debe ser calculada utilizando la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, esos pronunciamientos -"Manrique Obregón" y "De la Cuadra"- fueron dictados antes de la aparición del decreto 472/14 que en su art. 2 inc. 2 expresamente dispone que los damnificados por una incapacidad de ese tenor percibirán la prestación cuantificada según la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de aquella ley.
Toda vez que dicha norma reglamentaria es, atento su vigencia temporal, aplicable en la especie, el adecuado análisis de su encaje constitucional -oportunamente requerido por la ahora impugnante- resulta insoslayable.
En ese contexto, adhiero al voto del colega que inicia el acuerdo habida cuenta del dogmatismo con que el tópico fue abordado por el juzgador de origen. Lo relevante no es el cambio de criterio que exhibe el Tribunal de origen sino la ausencia de motivación para afirmar la validez constitucional del dispositivo.
II. En razón de lo expuesto, adhiero al voto emitido en primer término.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en razón de la naturaleza y el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:50:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia