Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75811
B.75.811 "COOP. DE ELECTRIFICACION RURAL Y OTS. SERVICIOS PUBLICOS DE BRANDSEN LTDA. C/ ESTADO NACIONAL (MRIO. ECONOMIA - SECR. DE ENERGIA) S/ ACC. MERAMENTE DECL. --DECLARACION DE TRIBUNAL COMPETENTE—"
La Plata, 22 de mayo de 2019.
I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a fs. 2011/2016 declararse incompetente para continuar interviniendo en la acción declarativa iniciada por la Cooperativa de Electrificación Rural y otros Servicios Públicos de Brandsen Limitada contra el Estado Nacional y EDELAP SA, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las cláusulas de los pliegos de bases y condiciones para la privatización de la ex SEGBA SA y de la concesión otorgada por el decreto PEN 1795/92 a EDELAP SA, en tanto dichas normas habrían desconocido la jurisdicción provincial en la materia y, con ello, llevado a una indebida convergencia de dos prestatarias del servicio de distribución eléctrica dentro de una misma área.
Interesa destacar que el Máximo Tribunal federal se desprendió de las actuaciones luego de que las partes se expidiesen acerca de la injerencia en la controversia de la ley 26.675, del acta del 18 de marzo de 2011, del decreto PEN 1853/11 y del decreto provincial 1745/11, en tanto que con su vigencia la cuestión pudo haber devenido abstracta. Cabe señalar que a través de lo anterior se produjo la transferencia de la respectiva jurisdicción regulatoria a la Provincia de Buenos Aires, que pasó a ser la autoridad concedente con relación a EDELAP SA. Para más, se alegó que con el dictado de la mencionada ley se habría reconocido que la Cooperativa actora tenía exclusividad dentro del partido de Brandsen. Esta última, asimismo, remarcó que mantenía interés en el conflicto dado que un pronunciamiento sobre el fondo la habilitará a reclamar por daños y perjuicios.
Atento a todo esto, la Corte concluyó que el juicio debía continuar su tramite por ante los tribunales de esta provincia. Ello así, pues de un lado reputó que, con el apuntado traspaso, el Estado Nacional ya no podía ser considerado uno de los titulares de la relación jurídica en la que se sustentaba la pretensión, por lo que había cesado una de las razones que otrora justificaron la intervención del fuero federal. Y de otro, sostuvo que el entuerto ahora versaba acerca de una cuestión regida por el derecho público local, motivo por el cual tampoco procedía la instancia originaria del art. 117 de la Constitución Nacional en lo tocante a la Provincia de Buenos Aires traída como tercero.
Así las cosas, ordenó remitir los actuados a esta Suprema Corte para que se expida en punto al órgano judicial competente para continuar conociendo en el asunto en sede provincial.
II. Independientemente de si, en efecto, el Estado Nacional ha quedado absolutamente desligado de la contienda atento a que la causa -que de lo contrario presumiblemente hubiese devenido abstracta- se mantiene activa por la circunstancia de que la Cooperativa de Electrificación Rural y otros Servicios Públicos de Brandsen Limitada planea reclamar por los daños y perjuicios que le habría generado un marco contractual y normativo instrumentado y aplicado por autoridades federales, corresponde igualmente dar cumplimiento con el mandato de fs. 2016.
III. No hallándose afectada la competencia originaria que los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial le confían a esta Suprema Corte para decidir acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos (doctr. causas B. 73.095, "Axat Della Croce", resol. de 20-XI-2014; I. 73.998, "Sindicato del Personal de Reposición Externa y Merchandising", resol. de 24-V-2016 e I. 74.725, "Miño Domínguez", resol. de 7-II-2018), es menester recordar que el art. 166, párrafo final, de la Carta local consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Sobre la base de lo expuesto, surge que el caso enfrenta a dos concesionarias provinciales del servicio público de distribución de energía eléctrica con motivo de la denunciada inconstitucionalidad de la legislación que anteriormente fijó sus áreas de concesión respectivas, además de vincular a la Provincia de Buenos Aires en su carácter de autoridad concedente y regulador de dicha actividad en la órbita local.
En tales condiciones, el pleito subsume en la cláusula general del contencioso administrativo (art. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causa B. 64.745, "Consorcio de Gestión de Puerto de Bahía Blanca", resol. de 23-X-2002), además de orillar otras reglas atributivas de jurisdicción más específicas (arg. arts. 2 incs. 2 y 6, CCA). Siendo así, corresponde por Secretaría remitir los obrados a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados pertenecientes al fuero contencioso administrativo (art. 5 inc. 1 y arg. inc. 2 aps. "c" y "d", CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Debiendo la causa seguir su trámite en la jurisdicción provincial, por Secretaría remítanse las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata, para su adjudicación mediante sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1, 5 inc. 1 y arg. inc. 2 aps. "c" y "d", CCA).
Regístrese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 234
Fin de la sentencia