Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 19783
En Quilmes a los días del mes de julio del año 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara de Apelación, integrada por los Doctores Horacio Carlos Manzi y Eleazar Abel Reidel con la presencia del Señor Secretario, Doctor Federico Garelli, se trajeron a despacho, para dictar sentencia, los autos xx "C. J. D. c/ C. A. L. y otra s/ ACCION DE NULIDAD DE ACTO JURIDICO” (Expte. 19783).-
Y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley que dio el siguiente orden de votación: Doctores Eleazar Abel Reidel y Horacio Carlos Manzi.-
LA EXCELENTISIMA CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1a) ¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?
2a) ¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR REIDEL DIJO:
1. Han sido enviados los autos a este Tribunal, para analizar y resolver los recursos de apelación interpuestos por la actora y dos codemandadas (fs.536, 538 y 594), respecto de la sentencia dictada el 27 de junio de 2018 (513/533), por la Señora Juez de Primera Instancia quién, admitiendo parcialmente la demanda entablada por J. D. C. contra L. C. A. y M. E. P., declaró inoponible, respecto del actor, la operación de compraventa celebrada el día 28 de diciembre de 2012, instrumentada en la escritura Nro.812, autorizada por la escribana S. B. S., a los efectos de computar los valores a contemplar a fin de proceder a la liquidación de la sociedad conyugal sucedánea del divorcio del matrimonio C.-C.A.
2. Para así resolver, la Jueza a quo, entendió que la codemandada L.C. A., habiéndose divorciado de su cónyuge J. D. C. en el año 1994, utilizó el asentimiento conyugal otorgado en el año 1989, para vender, en diciembre de 2012, a su vecina y conocida M. E. P., el inmueble que perteneciera a la sociedad conyugal, defraudando los intereses del Sr. C..-
3. El actor, en su presentación de fs. 605/609, contestada a fs. 683/684, se agravió de la sentencia haciéndolo en los términos que sintéticamente transcribo:
Como surge del punto anterior, el A quo NO se ha pronunciado en relación al planteo de nulidad solicitado por esta parte, el cual ha sido normativamente fundado en el art 1331 del Código Civil Velezano… No se pronunció acerca de lo normado por el art 1331 Código Civil Velezano aplicable a la indivisión postcomunitaria, que sanciona expresamente con la nulidad el acto y resguarda los derechos del adquirente de buena fe.
El A quo incurre en arbitrariedad al no tratar el pedido de NULIDAD del acto atacado. Esta parte ha sostenido que en cumplimiento al art 1331 del Código Civil Velezano y por aplicación de las reglas de indivisión postcomunitaria, al haber sido una venta efectuada 18 años después de la sentencia de divorcio (la cual se encontraba inscripta y por tanto oponible a terceros) las partes ya no son cónyuges, sino condóminos y se requiere el CONSENTIMIENTO de ambos (ya no el asentimiento conyugal). Dada la falta de otorgamiento del consentimiento del condómino Calvino, el acto jurídico de enajenación es nulo en su totalidad, por aplicación del art 1331 CCN, aplicable al caso.
Por otra parte, la sentencia es arbitraria en tanto aparenta haber sido adoptada previamente, sin ser una derivación lógica de los argumentos y elementos probatorios producidos, intentando en (los propios términos utilizados por el A quo a fs. 531) proteger los derechos de ganancialidad del cónyuge defraudado, mantener la vigencia del acto escriturario y proteger a los derechos de la tercera adquirente de buena fe (sobre la supuesta buena fe del adquirente me expresaré en el siguiente agravio, ya que en el presente no tiene consecuencias la buena o mala fe del adquirente).
Todo ello, omitiendo ARBITRARIAMENTE la normativa aplicable (art 1331 Código Civil Velezano) que claramente determina los alcances de una venta de cosa ajena realizada por un condómino, sancionándola con la nulidad, sin importar que haya mediado buena fe por parte del adquirente.
2. SEGUNDO AGRAVIO: ARBITRARIEDAD y ABSURDO (relativo a la fundamentación abstracta, la valoración de la prueba y a la falta de pronunciamiento sobre el precio vil)
El a quo ha incurrido en un vicio lógico de absurdo, en cuanto al respecto, ha esbozado fundamentos abstractos, desatendiendo las circunstancias reales del caso y elementos probatorios producidos, los cuales o no han sido valorados o han sido valorados de manera absurda:
1. tanto la Sra C. como la Sra P. manifiestan que el valor de $400.000 (anticipo de $50.000 y saldo de $350.000 en seis cuotas) no es un precio VIL sino que se relaciona con la situación económica del momento de la venta.- (fs 146 y 146 vta), su carácter de residencial exclusivo; la inseguridad (fs 147 vta).-
Las pruebas ofrecidas por las partes (tanto la parte actora como las codemandadas) demuestran que es FALSO, siendo ello ignorado por el a quo.-
2. Si bien el a quo ha mencionado que a fs 280 de las presentes actuaciones, la Cámara Inmobiliaria de la Pcia. de Buenos Aires, contesta que, tal como lo manifiestan las demandadas, en el año 2012 se vivió una crisis inmobiliaria profunda, una de las peores de la última década. Esta prueba, en realidad, favorece a la posición del actor: …”.-
El a quo, a pesar de mencionar la prueba informativa transcripta, la interpreta de manera absurda al omitir considerar que la operación inmobiliaria celebrada entre las demandadas C. y P., a la luz de dicho informe, NO ES HABITUAL Y ESCAPA A LA LÓGICA DEL MERCADO INMOBILIARIO. En el año 2012 no era habitual la PESIFICACIÓN de las operaciones inmobiliarias y menos aún UNA PESIFICACIÓN QUE NO GUARDA RELACIÓN CON EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE.-
El a quo se aparta completamente de lo informado por el experto…
3. Que el precio por el cual se concretó la operación es IRRISORIO Y VIL ha sido ARBITRARIAMENTE OMITIDO POR EL A QUO, a pesar de estar debidamente probado en autos, con el solo argumento de encontrarse el mercado inmobiliario en crisis.
Más allá de la interpretación arbitraria o absurda, según el caso, de las pruebas señaladas, asimismo la sentencia impugnada omite el análisis razonado de pruebas conducentes para la correcta solución de la Litis, a saber:
* Que a fs 337/339 consta la declaración testimonial de P. F.. Quien…; (a la décima) que era inmueble de fácil venta; (a la décimo primera) que ratifica que hizo una tasación de dólares doscientos setenta mil, pero que las operaciones luego se concretan en pesos –suma en pesos equivalente a la tasación en dólares–; Que luego el representante de la demandada C. hizo nueve preguntas para tratar de desvirtuar la tasación efectuada por el martillero, invocando parámetros propios de una tasación técnica y formal, la cual F. no pudo realizar (como así tampoco ofrecer la propiedad a la venta) porque la propia Sra. C. NO colaboraba para que el inmueble sea vendido – tal como surge de la declaración testimonial–.
* Que a fs 388 el perito martillero designado en autos presenta pericia encomendada. Que a fs 389 vta manifiesta que el valor de tasación es de USD 285.000 .
El a quo ha utilizado un argumento ABSURDO Y ARBITRARIO para legitimar un precio GROSERAMENTE INFERIOR –probado– AL PRECIO DE MERCADO –probado–, sin existir circunstancias que así lo justifiquen –probado–.
Que el inmueble sito en la calle Videla … Quilmes, fue vendido por el apenas 28,5% del valor real y en 6 cuotas es un HECHO CIERTO Y PROBADO en las presentes actuaciones y fue ARBITRARIAMENTE IGNORADO por el A quo, causando un gravamen irreparable al actor.-
3. La codemandada, L.C.A., expresó agravios a fs.662/666 vta., que fueron replicados a fs.686/689. Allí sucintamente sostuvo:
La juzgadora de grado hizo una errónea interpretación del derecho vigente y de la conducta de las partes, pretendiendo se revoque el “cuarto considerando” en cuanto determina que la actora ha actuado de mala fe en fraude a la sociedad conyugal, cuestión que el demandante no ha probado en estos autos.-
En su tercer apartado argumenta que, “pese a desestimar todas las acciones deducidas, hace lugar a la misma en forma parcial y decreta la inoponibilidad de la venta en la liquidación de la comunidad de gananciales, cuestión que no fuera traída a la litis y que el actor debió haber planteado en este expediente, y no la Sra. Jueza en su sentencia. Lo resuelto, sin perjuicio que además no se encuentra legislado en la normativa aplicable al caso, ocasiones un gravamen irreparable no solamente a esta demandada sino a todas las partes intervinientes en este proceso. …, por ende al sentenciar conjuntamente con el rechazo de la demanda debió imponer al Sr. C. la carga de responder por todos los costos y costas ocasionados” .-
Por ello solicita se revoque la sentencia de Primera Instancia, rechazándose la demanda con costas, agregando que “Para el supuesto …que así no lo hiciere, se solicita se determine que siendo el acto jurídico plenamente válido, sólo será inoponible, respecto del actor, en la liquidación de la sociedad conyugal, es decir sólo respecto de su cónyuge, y a los fines de computarse en su caso y por el valor de venta…” .-
4. Por su parte la codemandada M. E. P. presentó extemporáneamente su expresión de agravios (ver fs.680).-
5. Habiendo consentido el llamado de autos para sentencia, abordaré los agravios precedentemente esbozados.-
En tal sentido señalo que ambos recurrentes coinciden en señalar la omisión de la Juez a quo en el tratamiento y resolución de la demanda de nulidad de la escritura pública de transmisión del dominio, cuestión esencial sometida a juzgamiento y en la anomalía de declarar la inoponibilidad de la venta, que no fue la pretensión deducida.-
Efectivamente y coincidiendo con tal crítica entiendo que la sentenciante omitió el tratamiento de la cuestión esencial sometida a su juzgamiento, decidiendo el tema litigioso en violación del principio de congruencia.-
En los pronunciamientos debe tenerse presente que la litis determina los límites de los poderes del juez, quien debe pronunciarse sobre todo lo que se reclama y sólo sobre lo que se pide: el principio iura novit curia tiene como límite en su aplicación el no alterar la relación procesal, para evitar poner en riesgo el derecho de defensa del adversario (SCBA C 121445).-
Por nuestra parte, hemos sostenido que las sentencias judiciales deben ser motivadas, de manera que la solución que consagren responda a los hechos comprobados en el litigio y permitan referir lo resuelto al derecho objetivo vigente. El deber de efectuar las debidas consideraciones de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, y fundar las sentencias, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, son el adecuado correlato del derecho de defensa de las partes.(Arts. 18 de la Constitución Nacional, 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs.As., 34 inc.4º y 163 incs. 4º y 5º del CPCB); (RSD-76-97 S 19/08/1997).-
Consecuentemente, atento que la Juez a quo omitió pronunciarse respecto de la esencial petición de nulidad de la escritura pública, expresamente planteada en la demanda, resolviendo en cambio que el citado instrumento resulta inoponible a las partes, ha violado el principio de congruencia, infringiendo lo dispuesto en el art.163 inc. 6 del Código Procesal, lo cual lleva aparejado la nulidad de la sentencia.-
6. Asimismo, dada la invalidez del pronunciamiento recurrido, corresponde que este Tribunal se aboque directamente al conocimiento y resolución de las cuestiones planteadas, asumiendo competencia positiva en el tratamiento de los temas motivo del conflicto (cfr. SCBA "Acuerdos y Sentencias", 1985-III-444; 1988-II-167; Ac. 49.681, sent. del 2-XI-1993, del voto del Dr. Soria en Ac.79404).
7. El caso, para la adecuada resolución, debe analizarse a la luz de la Doctrina Legal que tiene establecido que “Cuando sobreviene la disolución de la sociedad conyugal, el cónyuge no titular adquiere un derecho a la mitad indivisa de los bienes del otro. El título de ese derecho está constituido por la sentencia de divorcio o nulidad que acarrea dicha disolución, pero el derecho en tales condiciones será inoponible a terceros porque carecerá de publicidad (SCBA Ac.88788).-
En tal sentido Trigo Represas recuerda que “…la disolución de la sociedad conyugal actualiza la expectativa de cada uno de los esposos, respectivamente, a la mitad de todos los bienes gananciales existentes en ese momento (artículo 1271 del Código Civil)… De forma tal que, ínterin no se completan esos procedimientos, la sociedad conyugal extinguida deja sin embargo un estado temporario de indivisión post-comunitaria sobre esa masa de bienes cuyo destino final es ser liquidada; cuya regulación, en ausencia de preceptiva expresa, debe por analogía ajustarse a las disposiciones que rigen el condominio. Por ello es que, si la sociedad conyugal se ha disuelto por divorcio…, pero sin estar aún liquidada, al subsistir el pre aludido estatus de “indivisión” similar al condominio, resultará necesario el “asentimiento” del otro esposo para todo acto de disposición; pero éste funcionará acá de una manera distinta …, pasando a revestir la calidad de un verdadero acto de co-disposición, en razón de que desde la disolución ambos exesposos son ya condóminos o copropietarios de todos los bienes y cosas gananciales, correspondiendo entonces “a quién lo otorga el derecho de recibir la mitad del precio o del dinero recibido…” (“El asentimiento conyugal para los actos de disposición”, Editorial Lex, págs.62/63).-
De ello se infiere inequívocamente que la Sra. L. C. A., habiéndose divorciado del actor, Sr. J.D.C., no estaba en condiciones de vender por sí misma el inmueble adquirido por ella durante la vigencia de la sociedad conyugal porque, conforme la Doctrina Legal citada, a partir del divorcio, dicho bien pasó a formar parte del patrimonio de ambos, en indivisión postcomunitaria, cesando de pleno derecho el régimen de gestión separada que daba a cada cónyuge el poder de administrar y disponer de los bienes gananciales por ella adquiridos y cuya titularidad ostentaba durante la sociedad conyugal (arts. 213, 217, 1261, 1276, 1277, 1306, 1315 y conc. del C. Civil).-
8. Sin embargo, y he aquí el meollo de la cuestión, los hechos de la causa revelan lo siguiente:
8.1. La Sra. L.C.A., adquirió el inmueble motivo de autos el 1 de septiembre de 1988, siendo de estado civil casada con don J.D.C. (ver fs. 121/129, 40/41 y 293/296).-
8.2. Transcurrido un poco más de un año, el 2 de diciembre de 1989, don J.D.C., me
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