Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la competencia de este Tribunal. Rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la defensa.
II. Hacer lugar a la acción autónoma de nulidad por cosa juzgadaírrita promovida por la Agente Fiscal de Instrucción de la Séptima Nominación, declarando la nulidad absoluta de la Sentencia N° 204/24, dictada el 9 de diciembre de 2024 por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación.
III. Rechazar la homologación del acuerdo conciliatorio suscripto entre imputados y víctimas.
IV. Disponer la remisión de las actuaciones a la Fiscalía General a fin de que determine el Agente Fiscal que continuará con el trámite del proceso penal y se adopten las medidas necesarias para la prosecución de la causa en el marco del principio de legalidad.
V. Protocolizar, notificar y remitir a la Fiscalía General.
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: TRES
San Fernando del Valle de Catamarca, diez de febrero de dos mil veinticinco.
Este expte. Corte Nº 002/25, caratulados: “Acción de nulidad de cosa juzgadaírrita de la Sentencia nº 204/24 de expte. nº 452/24”.
CONSIDERANDO QUE:
1. El Juez de Control de Garantías de Primera Nominación mediante Sentencia N° 204/24, dictada con fecha 9 de diciembre de 2024, en autos Expte. Letra “N” n°12/2024, caratulados “Nieva, Guillermo Hernán; Arroyo, Diego Marcelo; Carrizo Camilo Alberto y Pacheco, Fernando Ariel p.ss.aa. Robo Doblemente Calificado por el Uso de Armas y por ser cometido en Poblado y en Banda en calidad de Coautores –F. I. N° 5 s/ Sobreseimiento en Expte. "D" N O 452/24 de U.J. N° 7”, resolvió “Ordenar el Sobreseimiento Total y Definitivo (Arts. 346, inc. 4° del Código Procesal Penal y 59 inc. 6° del Código Penal) de los imputados Guillermo Hernán Nieva, Diego Marcelo Arroyo, Camilo Alberto Carrizo y Fernando Ariel Pacheco, ya filiados en autos, en relación al delito de Robo Doblemente Calificado por el Uso de Armas y por ser cometido en Poblado y en Banda en calidad de Coautores (Arts. 166 inc. 2°, primer supuesto, 167 inc. 2° y 45 CP), que se les atribuía y en consecuencia disponer la inmediata libertad de los detenidos Diego Marcelo Arroyo y Fernando Ariel Pacheco”.
Contra dicha resolución, la agente del Ministerio Público Fiscal de Séptima Nominación interpone acción autónoma de nulidad por cosa juzgadaírrita respecto de la Sentencia n° 204/24 de fecha 9 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, argumentando que la decisión adoptada adolece de vicios que la hacen incompatible con el orden público; en razón de que resulta violatoria del artículo 16º de la Constitución Nacional en cuanto afecta al derecho de igualdad y dado que, a su entender, perjudica derechos de terceros víctimas de otra causa.
En ese sentido sostiene que los vicios constitutivos de la mentada Sentencia se evidencian en razón de que esta última ha sido dictada sin corroborar o verificar las particulares circunstancias que rodearon el acuerdo conciliatorio y extintivo de la acción penal deducida por su colega de la Quinta Nominación.
Explica que su pretensión se edifica sobre la base de considerar que un estudio detallado y minucioso de las circunstancias particulares de cada suscriptor del acuerdo -a la postre homologado-, permite concluir que sólo “en apariencia” los mismos estaban legitimados para suscribir un acuerdo en los términos del artículo 59º inciso 6to del Código Penal, y que también “sólo en apariencia” tal acuerdo puede ser legal, circunstancias estas que surgirían de una correcta valoración de la información recabada por dicha representante de los intereses sociales en autos Expte. n° 01/2025 a posteriori del dictado de la Sentencia atacada de nulidad.
Así las cosas, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal deja entrever en su memorial que la Sentencia n° 204/24 del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación ha sido dictada en menoscabo de principios fundamentales de orden constitucional y convencional, entre ellos, el debido proceso, la legalidad y la búsqueda de la verdad material; como asimismo que la nulidad intentada tiene basamento en el descubrimiento de pruebas nuevas y relevantes que, por haber sido omitidas o deliberadamente excluidas del debate procesal, impidieron que el Juzgado de Control de Garantías que dictó la resolución impugnada tuviera un adecuado conocimiento de los hechos investigados.
Al contestar la vista oportunamente corrida, el representante de los querellantes particulares, Dr. Rolando Federico Crook, se expide por el rechazo de la acción de nulidad. Expone argumentos referidos a la improcedencia de la acción y a la incompetencia del Tribunal y solicita se fije la audiencia prevista en el artículo 460º Código Procesal Penal.
Por su parte, el asistente técnico de los imputados, Dr. Pedro Justiniano Vélez, invoca falta de legitimación para plantear la nulidad, ausencia de causal de nulidad, y falta de alegación del perjuicio. Argumenta que el acuerdo ha sido legal y se ha llevado a cabo en un procedimiento regular. Denuncia desconocimiento del derecho por parte del Ministerio Público Fiscal. Considera que la pretensión del Ministerio Público Fiscal vulnera el principio ne bis in ídem. Solicita se rechace la nulidad intentada.
Finalmente, el Sr. Procurador General manifiesta que mantiene el planteo efectuado por la representante del Ministerio Público Fiscal.
2. Planteada de esa forma la acción autónoma de nulidad por cosa juzgadaírrita es preciso avocarnos al tratamiento de su admisibilidad formal y, en su caso, sobre su procedencia y la resolución que corresponde dictar.
En este orden de ideas cabe poner de resalto, en primer término, que el principio de cosa juzgada, consagrado en el artículo 18º de la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (artículo 75º inciso 22do de la Constitución Nacional), garantiza la estabilidad e inmutabilidad de las decisiones jurisdiccionales firmes.
Sin embargo se ha sostenido que son admisibles supuestos excepcionalísimos en los que se puede considerar que “… la consolidación de los hechos juzgados que caen bajo la autoridad inmutable de la cosa juzgada puede ceder (…) La sentencia es pasible de anulación si se muestra que el autor del mismo –órgano jurisdiccional- lo dictó con el consentimiento viciado –sea por error, dolo, violencia o en desmedro de su buena fe-, circunstancia que debe ser conocida con posterioridad al dictado de la resolución, puesto que si ello aconteciera antes el mismo proceso provee a la parte las herramientas para su saneamiento, en el marco de su desarrollo preclusivo…”. (Gozaíni, Osvaldo; “Revisión de la cosa juzgada, írrita y fraudulenta”, Edit. Ediar, Bs.As. 2015, pág. 64/65).
En el mismo sentido “Andrés Gil Domínguez entiende que: “La acción de nulidad por cosa juzgadaírrita es un proceso judicial cuyo objeto consiste en dejar sin efecto una sentencia firme cuando se verifican ciertas situaciones contrarias al principio preambular de “afianzar la justicia”. Indica que la revisibilidad de la cosa juzgada irrita tiene raigambre constitucional, y consecuentemente, se deriva del propio paradigma constitucional argentino.”
Agrega que una sentencia como un acto de un órgano de poder que vulnera derechos fundamentales, no está habilitada como tal aunque esgrima el ropaje formal de la cosa juzgada, por cuanto al colisionar con el orden público constitucional, lo procesal (de naturaleza instrumental) queda subsumido a lo estructural (determinado por la dimensión de los derechos fundamentales). (Cosa Juzgada, Tomo II, Director Roberto Loutayf Ranea, pág 1335, ed. Bibliotex)
En ese contexto, y en base a dicha premisa, la CSJN ha admitido excepciones a la inmutabilidad de la cosa juzgada (Fallos: 340:1982), resolviendo la procedencia de la acción de nulidad por cosa juzgadaírrita subordinada a la existencia de dolo o estafa procesal (Fallos: 254:320), o a la ausencia de un verdadero proceso contradictorio o de un juicio que concluyó con una sentencia fraudulenta o dictada en virtud de cohecho o violencia (Fallos: 279:54; 281:421) o, incluso, en aquéllos casos en que se incurrió en una grosera injusticia en el fallo (Fallos: 318:2068, 319:2527, 323:2562, 326:678).
Por tales motivos, la acción autónoma de nulidad se presenta como la herramienta posible para impugnar una sentencia firme cuestionada comoírrita o fraudulenta; y, en relación a ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha reconocido que dicho principio (inalterabilidad de la cosa juzgada) no puede operar como un obstáculo absoluto frente a situaciones de extrema injusticia o fraudes procesales que tornen ilusoria la tutela judicial efectiva (conf. CSJN, Fallos 254:320; 279:54; 283:66, entre otros).
De lo expuesto puede concluirse, sin temor a equívocos, que la acción de nulidad por cosa juzgadaírrita encuentra sustento en la necesidad de evitar que el poder jurisdiccional convalide resoluciones que, por haber sido dictadas con violación de principios esenciales del debido proceso, resultan manifiestamente incompatibles con los fines de la administración de justicia.
Independientemente de ello, entendemos también que la nulidad por cosa juzgadaírrita puede ser declarada de oficio en circunstancias excepcionales, puesto que si bien la regla general es que debe ser promovida por una parte interesada (como el Ministerio Público Fiscal o la víctima), el Tribunal puede declararla de oficio cuando advierta que una sentencia firme ha sido obtenida con fraude procesal, colusión, violación grave al debido proceso o irregularidades sustanciales que afecten el orden público y la tutela judicial efectiva.
En este contexto, y en apoyo a dicha tesitura, cabe traer a colación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de cosa juzgada no es absoluto y puede ceder en casos donde se haya utilizado como un medio para encubrir la impunidad o se haya dictado una decisión en desconocimiento de hechos esenciales o pruebas relevantes (Fallos 326:678, 319:2527).
En este sentido, un tribunal podría, en virtud de su potestad de control de legalidad, declarar de oficio la nulidad de una sentencia firme cuando su mantenimiento implique una afectación manifiesta a la justicia material.
Dicho esto, y a los fines de evaluar la admisibilidad y procedencia de la acción intentada, cabe recordar que la CSJN ha sostenido que no resulta óbice para el ejercicio de dicha acción “la falta de un procedimiento ritual expresamente previsto, ya que ésta circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que se impugnan” – Del dictamen del Procurador General al que remitió la Corte Suprema- (Fallos: 326:678, 319:2527); como asimismo que esta Sala Penal, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 049/2024, ha sentado como precedente que la acción autónoma de nulidad por cosa juzgadaírrita, en materia penal, corresponde sea sustanciada ante esta Corte de Justicia al amparo de las reglas de procedimiento establecidas para el recurso de revisión.
No obstante ello, resulta preciso dejar aclarado, en esta instancia extraordinaria, que la remisión a las normas del recurso de revisión, efectuada en el fallo mencionado, y en referencia al caso concreto traído a resolver, resulta aplicable en relación al procedimiento a través del cual se sustanciará la acción autónoma de nulidad en sede penal, más no con relación a los motivos que habilitan el recurso previstos en el artículo 476º del Código Procesal Penal, puesto que una interpretación distinta significaría el sin sentido de la aplicabilidad de la acción de nulidad por cosa juzgadaírrita en sede penal.
En efecto, si se exigiera que esta acción se ajustara estrictamente a los motivos establecidos en el artículo 476° del digesto penal adjetivo, su existencia carecería de sentido, pues bastaría con la interposición del recurso de revisión para atender las mismas cuestiones.
En ese sentido, y sentada la competencia de esta Corte de Justicia para entender en la acción interpuesta en estos obrados, resulta útil señalar que la doctrina y la jurisprudencia han delineado los requisitos para la procedencia de la acción de nulidad por cosa juzgadaírrita, a saber:
Existencia de una sentencia firme: La resolución cuya nulidad se pretende debe haber adquirido autoridad de cosa juzgada, ya sea material o formal.
Vicio grave en el proceso que condujo a la decisión impugnada: Debe verificarse la presencia de irregularidades sustanciales, tales como fraude procesal, colusión entre las partes, prevaricato judicial o cualquier otra circunstancia que impida considerar al fallo como una expresión legítima de la función jurisdiccional.
Injusticia extrema y verificable: La sentencia cuestionada debe resultar evidentemente contraria a la verdad material, al punto de que su mantenimiento afecte de manera irreparable el derecho a un juicio justo.
Apariencia de legalidad de la resolución atacada: La nulidad procede únicamente cuando la sentencia impugnada, pese a su apariencia formalmente válida, ha sido el resultado de una grave distorsión procesal.
Nuevos elementos de prueba: La aparición de hechos, pruebas o circunstancias ignoradas en el proceso original y que, de haber sido oportunamente valoradas, hubieran llevado a una decisión diferente.
El argumento central esgrimido por la defensa de los imputados en su memorial se basa en sostener que el Ministerio Público Fiscal, a través del dictamen del Dr. Hugo Costilla como Fiscal de la Quinta Nominación, avaló el acuerdo, solicitó su homologación, instó la declaración de extinción de la acción penal y requirió, en consecuencia, el sobreseimiento de los imputados. A partir de ello, la defensa intenta sostener que la Procuración General se encontraba impedida de cuestionar posteriormente la validez del pronunciamiento judicial.
Este argumento, sin embargo, carece de fundamento jurídico y constituye una interpretación errónea y deliberadamente sesgada del rol institucional del Ministerio Público Fiscal. La defensa ignora o pretende desconocer la estructura jerárquica y los principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, configurando así un intento de soslayar los yerros en la actuación del fiscal interviniente.
El artículo 70º del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público Fiscal debe adecuar su actuación a los principios de unidad de actuación, legalidad y objetividad, principios que garantizan una persecución penal coherente y uniforme, evitando decisiones aisladas que vulneren el orden público.
A su vez, el artículo 71º del mismo cuerpo normativo dispone que el Procurador General es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal y tiene la facultad exclusiva de fijar las políticas de persecución penal y de instruir a los fiscales sobre su cumplimiento.
En este marco, el dictamen emitido por el Dr. Costilla no solo fue una decisión aislada y unilateral, sino que además fue adoptada en abierta transgresión de las disposiciones jerárquicas y sin la debida intervención de la Procuración General.
La unidad de actuación del MPF no puede ser desvirtuada por la voluntad arbitraria de un solo fiscal, cuya actuación carece de representatividad institucional y, en este caso, resultó manifiestamente contraria a los principios de legalidad y de interés público.
Por lo tanto, el hecho de que un Fiscal de Instrucción haya solicitado la homologación del acuerdo y el sobreseimiento no impide que la Procuración General promueva su nulidad cuando se verifica que el acuerdo fue avalado en violación de normas esenciales y en claro perjuicio del orden público y de la correcta administración de justicia.
Otro aspecto grave que compromete la resolución impugnada es que el Fiscal de Instrucción omitió informar a la Procuración General sobre su decisión de solicitar la homologación del acuerdo, y por ende la extinción de la acción penal.
Esta omisión constituye una clara y deliberada violación de las instrucciones generales impartidas por la Procuración General (Instrucciones Generales N° 06/07, 02/14 y 01/20), que imponen a los fiscales la obligación de informar periódicamente sobre el avance de investigaciones vinculadas a hechos ilícitos graves o de alta sensibilidad social.
Asimismo, dicha omisión también implico la transgresión a la Resolución N° 02/2024 de la Fiscalía General que ratificó expresamente la exigencia de comunicar de inmediato hechos de gravedad y relevancia social, y de la Resolución N° 17/2024 reforzó aún más dicha obligación ante el reiterado incumplimiento por parte de algunos fiscales.
A pesar de que estas resoluciones fueron dictadas con anterioridad al sobreseimiento y de que el fiscal tenía pleno conocimiento de ellas, optó deliberadamente por ignorarlas. Este proceder generó un quiebre en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, privando a la Procuración General de su facultad de ejercer un control preventivo sobre la legalidad del acuerdo y evitando que se adoptaran las medidas necesarias para impedir la consumación de una resolución judicial manifiestamente inválida.
3. Que, en el caso bajo examen, y sin perjuicio de lo manifestado por la Agente Fiscal titular de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación en su escrito introductorio, por el Procurador General al emitir su opinión, por los querellantes particulares constituidos en el proceso, y por el defensor de los imputados al ejercer el derecho de defensa consagrado constitucionalmente, anticipamos que del análisis de las actuaciones, a la luz de principios elementales de justicia, surge la concurrencia de elementos suficientes para admitir la procedencia de la acción intentada y dar acogida favorable a la misma. Damos razones.
a.- De la compulsa de la causa se advierte que el titular de la Fiscalía de Instrucción Penal de Quinta Nominación, al momento de requerir la homologación del acuerdo suscripto entre imputados y víctimas, expresó que: “… En este contexto, la remisión del art. 59 inc. 6 del C.P. a las leyes procesales correspondientes, sin ningún otro agregado, y al menos en el estado actual de cosas, me llevan a darle operatividad al Convenio suscripto, desde que atendiendo el acuerdo reparador de las partes, ante la entidad de los hechos investigados, torna operativo tal instituto y que por otra parte no existe normativa que por el contrario prohíba su aplicación en tal sentido y que en definitiva quienes se vieron atravesados por el conflicto han llegado de modo consensuado y pacifico a una solución beneficiosa para ambos, a la vez que debe recordarse que los principios que rigen en la aplicación del derecho penal deben ser los de mínima intervención y última razón.- Como dije en el párrafo anterior no existe normativa que prohíba la aplicación del instituto requerido, motivo por el cual atendiendo al principio de legalidad, debe recordarse que "todo lo que no está prohibido, está permitido" (art. 19 de la C.N.), motivo por el cual ante la laguna existente, primó la resolución autocompositiva arribada…”.
Que dicho dictamen, adoptado por el juez de control de garantías en la sentencia atacada de nulidad, sostiene la operatividad del acuerdo de reparación integral en virtud de la remisión del artículo 59º inciso 6to del Código Penal a las leyes procesales, argumentando que no existe normativa que prohíba su aplicación y que, en ausencia de regulación específica, prima la resolución autocompositiva alcanzada por las partes, esto es sin la aplicación de ninguna limitación.
Sin embargo, dicho razonamiento no resulta adecuado en tanto abre un marco de discrecionalidad inaceptable en el contexto de una materia, como la penal, regida por el principio de legalidad y en la cual la búsqueda de la racionalidad en la decisión tanto en su contexto de justificación interna como externa debe ser estrictamente observada. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha sentado criterio en los autos “Reynoso, Gabriel p.s.a. lesiones graves calificadas, etc. –Recurso de Casación-” (SAC Nº 2094441), en donde si bien se sostuvo la vigencia del artículo 59º del Código Penal en el ámbito provincial a pesar de la ausencia de normativa procesal específica que lo reglamente, la mayoría del Alto Tribunal indicó que, en tanto el legislador local no dicte la norma procesal correspondiente, dicho vacío solo podría ser zanjado a través de instrucciones generales del Fiscal General de la Provincia - por tratarse de una ley de política criminal-, y no mediante interpretaciones judiciales aisladas que carezcan de respaldo normativo o directrices institucionales uniformes.
Por su parte, en su voto en discrepancia, la vocal Aída Tarditti, entendió que la respuesta dada por los votos precedentes no resulta acertada por cuanto excedía las competencias legales y constitucionales del Ministerio Público Fiscal y que, por esa razón, la laguna legal debía llenarse recurriendo a la aplicación analógica de otra ley, para lo cual se inclinó al nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063).
En este sentido, del fallo referido se desliza, y resulta aplicable a este caso, que la ausencia de una normativa local específica no puede suplirse por una mera remisión genérica al principio de "todo lo que no está prohibido, está permitido", pues ello llevaría a admitir arbitrariamente soluciones disímiles según cada caso concreto, sin la debida previsión legal, ni la garantía de uniformidad en la aplicación del derecho penal.
En efecto, aceptar esta interpretación permitiría la extinción de la acción penal en casos tan graves como un homicidio agravado o un abuso sexual con acceso carnal, simplemente por la existencia de un acuerdo entre las partes que implique el pago de una suma de dinero a la familia de la víctima o, en el segundo supuesto, a la propia víctima.
Esta postura, evidentemente, resulta inadmisible y contraria a cualquier noción de justicia y desvirtúa por completo la naturaleza y los fundamentos de las soluciones alternativas al proceso penal que derivan de los principios de oportunidad, puesto que dichos mecanismos no pueden aplicarse indiscriminadamente ni utilizarse para vaciar de contenido la persecución penal en delitos que afectan bienes jurídicos de alta relevancia, como la vida, la integridad sexual y la paz social, pues las alternativas procesales basadas en los principios de oportunidad buscan optimizar el ejercicio de la acción penal y garantizar una respuesta eficaz del sistema de justicia, pero nunca pueden erigirse en herramientas que habiliten la impunidad o que conviertan delitos de extrema gravedad -como en el presente caso- en meros conflictos patrimoniales sujetos a negociación privada.
De tal forma la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio no resulta procedente en contextos que comprometan derechos fundamentales o principios de orden público, y se hace necesario como imperativo de orden legal realizar un profundo análisis respecto a la naturaleza de los hechos imputados, en lugar de una aplicación indiscriminada del instituto en virtud de una pretendida laguna legal.
b.- Disipadas las dudas sobre la operatividad del artículo 59º inciso 6to del Código Penal, aun en ausencia de una regulación procesal penal específica en el ámbito local, es preciso enfatizar que los hechos investigados en el presente proceso no eran susceptibles de ser incluidos dentro del catálogo de delitos cuya acción penal puede extinguirse mediante los institutos de reparación integral o conciliación.
No debe perderse de vista que este mecanismo alternativo sólo resulta aplicable en supuestos estrictamente delimitados, en consonancia con el sentido de justicia que debe guiar la actividad jurisdiccional; y en este marco, su procedencia se restringe a delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas, o a delitos culposos, siempre que no se haya producido un resultado de lesiones graves o muerte.
Así han sido regulados estos institutos en las legislaciones procesales que ya los contemplan, como el Código Procesal Penal Federal y los códigos procesales de las provincias de San Luis, Jujuy y Buenos Aires, entre otras.
En efecto, y solo por citar alguno de esos casos, el artículo 34º del Código de Procedimientos Penal Federal expresa claramente que “… el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte…”; mientras que el artículo 225º del Código de Procedimientos Penales de la provincia de San Luis determina “CASOS EXCLUIDOS. No corresponderá la aplicación de lo dispuesto en los Artículos precedentes: a) Cuando el hecho haya producido una afectación a la seguridad común; b) Cuando el imputado tuviere antecedentes penales condenatorios por delitos dolosos y no haya purgado su condena; c) Cuando se tratare de hechos cometidos con el uso de armas, o con grave violencia física en las personas; d) Cuando se tratare de delitos cometidos contra la integridad sexual, previstos en los Artículos 119 segundo y tercer párrafo, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafos, y 130 del Código Penal; e) Cuando se tratare de hechos cometidos dentro de un contexto de violencia de género, familiar o de trato familiar, o motivados en razones discriminatorias; f) Cuando se tratare de delitos cometidos en contra de personas menores de edad o el imputado hubiere instrumentalizado a una persona menor inimputable para consumarlos”.
En este sentido, los criterios de oportunidad y la conciliación penal no pueden aplicarse en delitos de gravedad ni en aquellos que afecten bienes jurídicos de interés público tales como el “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda” que es la figura penal que se les endilgó a los imputados en el marco del proceso y que en concreto posee una pena en expectativa de hasta quince años de prisión.
De hecho, permitir la extinción de la acción penal en delitos graves mediante una simple reparación patrimonial podría generar una distorsión en el sistema de justicia, beneficiando a quienes cuentan con recursos económicos suficientes para evitar una condena, lo que atentaría contra los principios de equidad y legalidad, tal como expresa la representante del Ministerio Público Fiscal al interponer la acción autónoma de nulidad.
Por lo tanto, los criterios de oportunidad no pueden extenderse indiscriminadamente a todo tipo de delitos, sino que deben aplicarse en casos excepcionales y bajo parámetros rigurosos que atiendan a la gravedad y naturaleza del hecho, así como al impacto social que este genere.
La finalidad de estos institutos no es la impunidad, sino una alternativa viable en aquellos delitos en los que la conflictividad puede resolverse mediante mecanismos restaurativos, sin desatender el interés público ni los compromisos internacionales del Estado en materia de persecución penal.
En este contexto, resulta evidente que hechos delictivos como los analizados en la presente causa constituyen delitos particularmente graves que se edifican como un obstáculo para el avance y aplicación de institutos relacionados con criterios de oportunidad.
En efecto, conforme la determinación de los hechos formulada por el fiscal en oportunidad de la indagatoria de los imputados, estos habrían evidenciado una conducta organizada y premeditada actuando con una logística y organización previa teñida en todo momento de un alto contenido de violencia.
No pueden pasarse por alto en este análisis las circunstancias reveladas en la causa, especialmente las condiciones en las que se perpetró el asalto.
En primer lugar, el horario en que los delincuentes habrían ingresado al domicilio de las víctimas -en horas de la noche-, así como el número de atacantes según lo denunciado -cinco personas -, una de ellas con un extenso historial delictivo y reincidente por sexta vez (Diego Arroyo), mientras que otra continúa prófuga-.
En cuanto al modo de acceso, conforme fuera relatado en la causa y atento al estado de la investigación, se habría utilizado un control remoto universal, ocultaron sus rostros con remeras y barbijos, y antes de ingresar, cortaron el suministro eléctrico bajando las llaves térmicas.
Asimismo, del relato obrante en la investigación, surge que la ejecución del hecho se caracterizó por una violencia desmedida: maniataron a las víctimas con precintos, les cubrieron la boca con cinta adhesiva, y las golpearon brutalmente con patadas y puñetazos en zonas vitales del cuerpo. Luego, las arrastraron hasta la cocina mientras las amenazaban con asesinar a sus familiares.
Además, habrían empleado armas para agredir y amedrentar. De acuerdo con los hechos descriptos en la investigación, no solo apoyaron un cuchillo Tramontina en el cuello y las costillas de una de las víctimas, sino que también le provocaron un corte en la muñeca derecha. Otra de ellas sufrió un corte en el cuero cabelludo como consecuencia de un golpe en la cabeza con la culata de una pistola.
Por último, debe considerarse la magnitud del robo en términos de los elementos sustraídos y la planificación de la fuga, la cual incluyó la remoción del sistema DVR de las cámaras de seguridad con el evidente propósito de impedir la identificación de los responsables.
Igualmente, no puede pasar por desapercibido que los imputados, para ingresar furtivamente a la propiedad donde se encontraban las víctimas, habrían simulado ser miembros de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones; como asimismo que uno de los integrantes de la banda delictiva había sido declarado reincidente en la comisión de numerosos delitos, circunstancia además de tenerla por acreditada con el certificado de antecedentes agregado en la causa es uno de los fundamentos con los que la accionante da basamento a la acción autónoma de nulidad promovida.
Dichas circunstancias, fueron inexplicablemente ignoradas tanto por el Agente Fiscal de la Quinta Nominación como por el Juez de Control de Garantías interviniente en el proceso.
Resulta alarmante e inadmisible que, a pesar de la clara naturaleza de los hechos investigados, que excluían por completo la aplicación de la reparación integral como causal de extinción de la acción penal, ambas autoridades hayan optado por una resolución que desconoce la normativa vigente, vulnera el interés público, y sienta un peligroso antecedente de impunidad.
Tal omisión no solo denota una falta de rigor en la aplicación de la ley, sino que compromete seriamente la credibilidad del sistema de justicia penal, al permitir la utilización indebida de un instituto que jamás pudo haber sido aplicado en este caso concreto.
En consecuencia, la magnitud de los hechos y su impacto social impedían la utilización de este mecanismo, cuya finalidad es ofrecer una solución alternativa en conflictos penales menores, sin desnaturalizar la función del derecho penal ni comprometer los principios de justicia y equidad.
Por ende, la decisión del Juzgado de Control de Garantías de disponer el sobreseimiento total y definitivo de todos los imputados en estas condiciones desvirtúa por completo la finalidad del artículo 59º inciso 6to del Código Penal y vulnera los principios de justicia y equidad.
c.- Entiendo que otro de los aspectos particularmente graves de la sentencia impugnada es que el Juez de Control de Garantías omitió convocar una audiencia previa para verificar la validez del acuerdo conciliatorio, lo que afectó la transparencia y legalidad del proceso.
Tal como se reconoce en las mejores prácticas procesales y en la normativa comparada de diversas jurisdicciones que han regulado expresamente los institutos previstos en el artículo 59º inciso 6to del Código Penal, la audiencia previa resultaba imprescindible en estos casos, y su omisión no resulta un mero defecto formal, sino una infracción sustancial, ya que impidió al Tribunal cumplir con su deber de control sobre la legalidad, validez y procedencia del acuerdo.
La realización de dicha audiencia era esencial para garantizar: i.- Que las partes hayan suscrito el acuerdo de manera voluntaria, sin presiones ni coacción alguna; ii.- Que las víctimas comprendieran el verdadero alcance de la reparación integral y sus consecuencias jurídicas, evitando que acepten un acuerdo sin estar plenamente informadas de sus derechos; iii.- Que los imputados, en ejercicio de su derecho de defensa, expresaran su consentimiento libre e informado sobre el acuerdo y sus efectos; iv.- Que el acuerdo no vulnere el orden público ni afecte principios esenciales de la política criminal; y v.- Que se pudiera detectar posibles irregularidades en la negociación, neutralizando cualquier intento de fraude procesal, colusión entre las partes o prevaricato judicial.
De hecho, previo a la concertación del acuerdo, la querella -en el marco de un recurso de apelación en contra de la denegación de la prisión preventiva a uno de los imputados- ya había alertado sobre el peligro de que las víctimas fueran sometidas a nuevas amenazas o actos de violencia, lo que reforzaba la necesidad de una audiencia judicial en la que se asegurara que el consentimiento de las partes era libre y espontáneo.
En tal caso, la omisión de esta instancia fundamental impidió al Juez de Control verificar si el acuerdo representaba una verdadera solución restaurativa o si, por el contrario, era el resultado de presiones, amenazas o desigualdad entre las partes, lo que en sí mismo configura un grave defecto que compromete la validez del sobreseimiento dictado.
Como consecuencia de ello es válido sostener que el Juez de Control desconoció el principio de inmediación, el cual exige la participación directa y personal del juez en la evaluación de los acuerdos conciliatorios y en la verificación de la voluntariedad de las partes.
En un sistema procesal adversarial, el juez no puede basar su decisión exclusivamente en documentos o dictámenes fiscales sin ejercer un control real y efectivo sobre la legalidad del acuerdo, y en coincidencia con ello se ha señalado en múltiples oportunidades que la función judicial no puede reducirse a un análisis meramente documental, sino que debe incluir una valoración personal e inmediata de los sujetos procesales.
En este caso, la omisión de la audiencia previa no sólo privó al tribunal de la posibilidad de ejercer un control efectivo, sino que además llevó a que el sobreseimiento se dictara sin el mínimo estándar de garantías procesales exigibles en este tipo de procedimientos, y sin tomar las precauciones para evitar que la reparación integral se convierta en un mecanismo de impunidad para delitos graves o que se utilice para evadir la aplicación de sanciones penales.
d.- Más allá de las múltiples irregularidades analizadas en los considerandos precedentes, es necesario enfatizar una deficiencia procesal grave e insalvable que afecta la validez misma de la sentencia impugnada: su parte resolutiva omite pronunciarse de manera expresa y completa sobre los actos previos que condicionan el dictado del sobreseimiento, afectando así la lógica jurídica del fallo y vulnerando principios fundamentales del proceso penal.
La resolución impugnada dictó directamente el sobreseimiento de los imputados sin mencionar en su parte resolutiva la homologación del acuerdo de conciliación ni la extinción de la acción penal como consecuencia de dicho acto; y tal omisión no es un mero defecto formal, sino una irregularidad de tal magnitud que priva de sustento a la decisión judicial, haciéndola inválida y carente de efectos jurídicos.
El sobreseimiento por extinción de la acción penal no puede ser dispuesto sin que previamente el juez haya verificado y declarado, de manera expresa e indubitable, que el acuerdo de conciliación cumple con los requisitos legales y es jurídicamente admisible. Este control no es una mera formalidad, sino un requisito esencial para que el instituto de la reparación integral pueda operar válidamente como causal de extinción de la acción penal.
En tal sentido la lógica jurídica del artículo 59º inciso 6to del Código Penal exige que la extinción de la acción penal por reparación integral se realice conforme a lo previsto en las leyes procesales, lo que impone al juez la obligación de controlar la legalidad del acuerdo para determinar si es admisible, homologar expresamente el convenio -si lo considera procedente-, declarar de manera explícita la extinción de la acción penal como consecuencia de dicha homologación, y dictar el sobreseimiento de los imputados, solo después de cumplidos los pasos anteriores.
Sin embargo, la sentencia impugnada omitió consignar en su parte resolutiva la homologación del acuerdo y la consecuente extinción de la acción penal, lo que constituye un vicio de nulidad insalvable en los términos del artículo 408º inciso 5to del Código Procesal Penal.
En tal caso, la ausencia de una declaración expresa de homologación y extinción de la acción penal en la parte resolutiva genera una incongruencia lógica e invalida la decisión, ya que dispone el sobreseimiento sin fundamento normativo explícito, omitiendo consignar los presupuestos que habilitarían tal resolución.
En apoyo de ello adviértase que, desde el punto de vista jurídico y procesal, la parte resolutiva de una sentencia no puede dejar aspectos esenciales implícitos o supuestos, ya que constituye el acto jurisdiccional mediante el cual se define el conflicto penal y se imparten directivas claras para su cumplimiento. Todo lo que no se resuelve de manera expresa en la parte resolutiva carece de eficacia jurídica, pues los fundamentos de una sentencia, por sí solos, no tienen valor vinculante si no se reflejan de manera clara y precisa en el fallo mismo.
Por lo tanto, la sentencia impugnada adolece de un vicio insalvable que la torna nula, ya que, al omitir la homologación del acuerdo y la declaración de extinción de la acción penal en su parte resolutiva, el sobreseimiento dictado carece de sustento legal y deviene inválido
4. De lo expuesto en los considerandos precedentes, y considerando que la acción de nulidad por cosa juzgadaírrita es un proceso judicial cuyo objeto consiste en dejar sin efecto una sentencia firme cuando se verifican ciertas situaciones contrarias al principio preambular de “afianzar la justicia” surge con absoluta claridad que la sentencia impugnada adolece de graves vicios procesales y sustantivos que la tornan nula.
Su emisión en violación de principios esenciales del debido proceso, su falta de control judicial efectivo sobre el acuerdo conciliatorio, la omisión de una audiencia previa y la insuficiencia de su parte resolutiva constituyen irregularidades insalvables que vulneran el orden público y comprometen la legalidad del sistema de justicia penal.
La resolución atacada no solo desconoce la normativa vigente, los estándares procesales esenciales y causa un grave perjuicio irreparable, sino que además sienta un peligroso precedente de impunidad al permitir la aplicación de un instituto de extinción de la acción penal en un caso de extrema gravedad, sin cumplir con los requisitos mínimos que la ley exige.
La utilización indebida de la reparación integral en delitos de esta magnitud no solo es jurídicamente inviable, sino que también afecta la confianza en la administración de justicia y desvirtúa la finalidad misma del derecho penal.
Por todo ello, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
I. Declarar la competencia de este Tribunal. Rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la defensa.
II. Hacer lugar a la acción autónoma de nulidad por cosa juzgadaírrita promovida por la Agente Fiscal de Instrucción de la Séptima Nominación, declarando la nulidad absoluta de la Sentencia N° 204/24, dictada el 9 de diciembre de 2024 por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación.
III. Rechazar la homologación del acuerdo conciliatorio suscripto entre imputados y víctimas.
IV. Disponer la remisión de las actuaciones a la Fiscalía General a fin de que determine el Agente Fiscal que continuará con el trámite del proceso penal y se adopten las medidas necesarias para la prosecución de la causa en el marco del principio de legalidad.
V. Protocolizar, notificar y remitir a la Fiscalía General.
FIRMADO: Dra. María Fernanda Rosales Andreotti -Presidenta- Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria. CERTIFICO: Que la presente es copia fiel de original que obra agregado al protocolo respectivo. Conste.
Fin de la sentencia