Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y, 2) desestimar la queja traída en relación al de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
C. 126.494 "PERTECARINI, CÉSAR LUIS Y OTROS C/ PINO SIEGLE O PINO SIEGLER, JUAN Y OTROS S/ ACCIÓN NULIDAD INST. PÚBLICO"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la sentencia que, a su turno hiciera lugar a las pretensiones de nulidad de testamento y donación ejercidas por Carina Vivian, Flavio Adrián y César Luis Pertecarini contra Juan Pino Siegler, Ismenia Juana Pino Siegler, Tatiana Henriette Jaccard Siegler y María Gabriela Suárez y, en consecuencia, declaró la nulidad de las escrituras n°14 -testamento- y n°15 -donación- autorizadas por la escribana María Gabriela Suárez el 20 de enero de 2003, que beneficiaron a los demandados. También se ordenó la pertinente comunicación al Colegio de Escribanos, a sus efectos (v. sent. de 9-II-2022 y 6-VI-2022).
Contra dicho pronunciamiento, la notaria María Gabriela Suárez interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrt. electr. de 24-VI-2022), los que fueron concedidos (v. resolución de 5-X-2022). En la misma oportunidad la Cámara expresó que, en lo referente al depósito previo, la parte recurrente había solicitado el beneficio de litigar sin gastos en este mismo expediente para que tramite por vía incidental (v. escrito de 24-VI-2022). Aclaró que en el juzgado de primera instancia se le advirtió que debería ocurrir por la vía procesal correspondiente, dando ingreso al expediente directamente por Receptoría General de Expedientes (v. prov. de 13-VII-2022). Así, luego de diversas contingencias vinculadas a esta petición (v. revocatoria con apelación en subsidio de 4-VIII-2022 y providencia de 11-VIII-2022), finalmente el Tribunal de Alzada, en relación a la vía de inaplicabilidad de ley, considerando que aún se encontraba pendiente el pedido de la referida franquicia, le concedió el plazo de tres meses para que acreditara la concesión de la misma bajo apercibimiento de intimar a satisfacer el depósito y, de corresponder, el franqueo respectivo (art. 280, CPCC; v. resol. de 5-X-2022).
Cumplido el lapso otorgado, la Cámara hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto en relación al depósito previo e intimó a la recurrente a efectuar el mismo por la suma de $2.268.500, bajo apercibimiento de declarar desierto el mencionado recurso (v. interlocutoria de 27-II-2023).
Posteriormente, el Tribunal de Alzada tuvo por no presentados los escritos ingresados por el abogado Bertoncello en el carácter de gestor procesal -presentaciones de fecha 6 y 8 de marzo de 2023 articulando en la primera de ellas revocatoria contra la resolución de 27 de febrero-, en atención a no haberse acreditado las urgencias que el art. 48 del ordenamiento procesal requiere. Acto seguido, en esa línea de razonamiento, concluyó que la providencia de fecha 27 de febrero de 2023 se mantenía y, estando notificada, verificó el vencimiento del plazo acordado a la recurrente para cumplir con el depósito previo (v. punto 2 de la resol. de 31-III-2023). Así, hizo efectivo el apercibimiento contenido en la mentada resolución y declaró desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 280 cuarto párrafo, CPCC; v. resol. de 31-III-2023).
Frente a tal resolución, la impugnante dedujo una queja ante esta Corte (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 19-IV-2023 y sus archivos adjuntos).
Recibida la causa principal por el recurso concedido, se agregó la queja a la misma (v. providencia de 10-V-2023).
II. Pasando a analizar el recurso extraordinario de nulidad otorgado, cabe señalar que dicha vía sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas Ac. 99.055, "Fabiani", resol. de 10-VI-2009; C. 110.656, "Archimio", resol. de 2-II-2011; C. 120.707, "Farías", resol. de 1-VI-2016; C. 121.448, "Castaño", resol. de 29-XI-2017 y C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018).
En el supuesto que se considera, si bien se denuncia la infracción de los citados arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, lo cierto es que, en los breves argumentos esbozados en el escrito en cuestión no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos constitucionales, sino que en rigor, esgrime de modo genérico una serie de tópicos vinculados a cuestiones procesales anteriores a la sentencia (indebida integración de la litis) y probatorias, expresando una crítica al acierto jurídico del fallo. Tales planteos, orientados a controvertir el mérito de la decisión, no resultan propios del recurso bajo estudio sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.041, "Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 123.454, "Bravo", resol. de 6-XI-2019; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 123.777, "Anselmi", resol. de 27-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.072, "Malmierca", resol. de 21-X-2020 y C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021).
Por otra parte, en cuanto a la invocada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, corresponde agregar que reiteradamente ha sostenido esta Corte que aquélla sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fallo de 6-VI-2022; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.520, "Fernández", resol. de 23-IX-2021).
En tales condiciones, cabe concluir que el mencionado carril impugnativo ha sido mal concedido (art. 296, CPCC; doctr. causas C. 119.062, "Arzu", resol. de 25-VI-2014; C. 119.280, "Oviedo", resol. de 12-XI-2014; C. 120.395, "Oksientiuk", resol. de 16-III-2016).
Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017 y C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018).
III. Abordando el recurso de hecho traído en relación a la vía de inaplicabilidad de ley, cabe señalar que, en el caso, vencido el lapso de tres meses fijado por el Tribunal de Alzada para acreditar el beneficio de litigar sin gastos, la parte no ha cumplido con tal emplazamiento, ni tampoco con el que posteriormente se le efectuara para satisfacer el depósito exigido en el art. 280 del ordenamiento ritual y ello finalmente motivó el decreto de deserción (v. resols. de 5-X-2022, 27-II-2023 y 31-III-2023).
Al respecto, se impone observar que -más allá de las manifestaciones del recurrente sobre la temporaneidad del beneficio de litigar sin gastos en orden a la eximición de la carga del art. 280 citado-, lo cierto es que, frente a la solicitud del mismo, el juzgador de primera instancia resolvió que debía iniciarlo ante la Receptoría General de Expedientes y, luego de ello, la Cámara claramente consideró pendiente el pedido de la franquicia y le otorgó el plazo de tres meses para lograr su concesión y así eximirse de la carga en cuestión, ello bajo expreso apercibimiento de exigir el depósito (v. resols. cits. en el relato efectuado en el acápite I de la presente). Frente a ello, el impugnante no desplegó ninguna actividad en tal sentido que le permitiera obtener la franquicia y luego, ante la intimación a depositar, tampoco cumplió con el referido emplazamiento.
En la queja traída, la recurrente pese a las decisiones dictadas en la instancia en dicha línea de análisis que le dieron la posibilidad de eximirse de la referida carga -y, luego de fenecido el plazo dado, la alternativa de satisfacerla- no se hace cargo de rebatir contundentemente los fundamentos en que se sustentara la declaración de deserción e insiste con planteos vinculados al órgano ante el cual a su entender debía promover el beneficio y a los escritos que luego la Cámara tuvo por no presentados vinculados a la intimación (v. escrito de queja citado).
En esta temática deviene pertinente recordar que el término de tres meses otorgado originalmente por la Cámara, coincidente con el establecido por esta Corte en el precedente Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002), se fijó por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios a fin de la obtención del beneficio de litigar sin gastos definitivo (conf. doctr. causas C. 107.150, "Nenicka", resol. de 28-IV-2010; C. 107.858, "Salvo", resol. de 23-II-2011; C. 105.147, "Tomassini", resol. de 30-III-2011; C. 111.854, "Giannettino,", resol. de 7-IX-2011; C. 121.411, "Fleitas Torres", resol. de 12-IV-2017; C. 121.791, "L. Y. V.", resol. de 27-VI-2018; C. 123.806, "Leys", resol. 27-V-2020).
Por lo demás, a mayor abundamiento, se aclara también que no se observan en el presente las especiales circunstancias que se han tenido en cuenta en casos arribados a esta Corte, en donde se contempló la diligencia puesta de manifiesto por la parte en la conclusión del trámite que no había podido lograrse dentro del plazo, por razones ajenas a su voluntad. En el presente caso, a pesar del tiempo transcurrido desde que se interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (24-VI-2022) no se ha acreditado la correcta iniciación del beneficio de litigar sin gastos ante la Receptoría General de Expedientes -tal como fuera propuesto por el juez de primera instancia en fecha 13-VII y 11-VIII-2022-. En tales circunstancias, la deserción decretada luego de vencido el plazo fijado -y aún después del otorgado para cumplir con el depósito- resulta ajustada a derecho (conf. doctr. causas C. 116.532, "Berlari", resol. de 21-III-2012; C. 118.941 "Fisco de la Pcia. de Bs. As.", resol. de 18-VI-2014; C. 121.791 y C. 123.806, cits.).
Finalmente, cabe agregar que no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de distintos derechos y garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020; C. 122.192, "Barco", resol. de 19-IV-2021).
Lo expuesto determina, sin más, el rechazo de la queja articulada en relación al recurso de inaplicabilidad de ley (arts. 280 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y, 2) desestimar la queja traída en relación al de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/04/2024 13:53:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2024 09:41:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:38:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:04:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:39:07 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:52:10 hs. bajo el número RR-233-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia