Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 136708
JS
GARCIA LUCIANA C/ VILLAVERDE VIVIANA ELISABET S/ ACCION POSESORIA DE DESPOJO
Causa: 136708
La Plata, 26 de Marzo de 2024.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 28 de febrero de 2024, el Sr. Juez de la instancia señaló que si bien el presente proceso el mismo se inicia como "materia a categorizar", el tipo correcto es "Acción posesoria de despojo"; por lo que dispuso la recaratulación de las presentes actuaciones y la designación de un mediador.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la parte actora, a través del recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 6 de marzo de 2024; donde comenzó por referir que lo decidido no se ajusta a derecho y lesiona seriamente la protección constitucional del debido proceso y defensa en juicio de su parte, ya que deja de lado expresas normas vigentes del derecho procesal e institutos de tal índole que no han sido derogados de ninguna manera; además que, en virtud del mal encuadre jurídico, se cambia el modo del proceso y también se considera aplicable la ley de mediación obligatoria, cuando en realidad ésta, en el interdicto de recobrar, no tiene aplicación alguna.
Luego adujo que el referido interdicto no cuenta con una nomeclatura especial para ser presentada ante la Receptoría General de Expedientes, por lo que, luego de consultar en tal dependencia y siguiendo lo indicado, escogió “Materia a Categorizar", aclarando su objeto en el escrito, con expresa cita de las normas adjetivas aplicables, que no han derogadas ni ha perdido la condición de resultar derecho positivo y vigente.
Continuó diciendo que si bien el Sr. Juez es el director del proceso, dicha condición no permite modificar su trámite, cuando el mismo ha sido iniciado bajo las normas que regulan un instituto que se encuentra vigente, y donde tales modificaciones tiene consecuencia inmediatas desfavorables, en punto a la vía procesal aplicable y a la designación de un mediador.
En este último sentido, afirmó que, al obrar de tal modo, ha modificado el ámbito de competencia de la ley 13.951 y su decreto reglamentario, habida cuenta que los interdictos han quedado exceptuados de tal instancia previa; que la propia naturaleza de esta vía -sumarísima y, en el de recobrar, prácticamente de ejecución- se protege el corpus posesorio y quedan exceptuados de toda intervención que no sea la del juzgador, ante la celeridad del trámite y la esencia del propio instituto, que intenta evitar las vías de hecho.
2.a. Liminarmente, se impone poner de resalto la loable actitud asumida por el Magistrado de la instancia de origen, quien, en épocas tempranas del proceso y en ejercicio de facultades que le son propias (art. 34, 36, 336 y ccs. del CPCC), ha efectuado una lectura consciente de las actuaciones y, con motivo de ello, ha calificado jurídicamente la pretensión.
2.b. Ahora bien, no obstante ello, es lo cierto que después de una consciente compulsa de la doctrina y jurisprudencia elaborada con posterioridad al dictado del Código Civil y Comercial en torno a las acciones posesorias y los interdictos, no logramos identificar una línea uniforme que justifique, sin dudas, la readecuación del trámite que dispusiera el Magistrado en este estadio procesal.
En efecto, como fruto de esa labor, hemos evidenciado posturas que siguen sosteniendo su independencia conceptual y diferente ámbito de aplicación (cfr. Ventura, Gabriel B., "Las defensas posesorias en el...", LL 2015-E, 1190; Abreut de Begher, Liliana, "Acciones posesorias...", RDC 2018-1, pág. 119, pto. 6; CC0002 QL 20429 S 11/07/2019); otras que aluden a un "monismo renovado" -considerando a los interdictos como regulación procesal de las acciones posesorias- (Quadri, Gabriel H., "De acciones posesorias e interdictos...", en RCCyC 2017 -febrero-, 92; Costantino, Juan A., "Influencias recíporocas...", RDP 2022-2, pág. 277, pto. 3; CC0000 PE 3431 69/2019 S 13/06/2019); también las que refieren a un "debilitamiento" de los interdictos, los que adquieren efectos secundarios, pues su trámite, en la mayoría de los casos, se identifica con las acciones posesorias (Arazi, Roland, "Las acciones posesorias en el...", disponible en la web de Fundesi; CC0000 TL 90857 RSD 236/18, del 14/8/2018); e incluso están las que sugieren que las acciones policiales han sido "absorbidas" por las posesorias (Guardiola, Juan José, "La protección de las relaciones de poder...", en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50636; Saucedo, Ricardo J., "La defensa de las relaciones de poder...", JA 2015-II, 1179, pto. VII.9.ii).
Ese listado, aunque huelgue aclarar, es simplemente enunciativo de algunas de las miradas que se brindan sobre el tópico. Sin embargo, es suficientemente ejemplificador para evidenciar que -como en muchos aspectos de la ciencia jurídica- existen numerosas opiniones en sentidos diversos sobre el mismo punto.
Así pues, no obstante descartar el agravio relativo al tipo de trámite -toda vez que aun cuando se tome como interdicto o como acción posesoria, el mismo será por regla sumarísimo (arts. 2246 del Código Civil y Comercial y 609 del CPCC)-, consideramos que asumir una decisión de ésta índole en una etapa embrionaria de las actuaciones y sobre un tema tan discutido, no luce como tarea imprescindible ni conveniente; máxime cuando el planteo actoral no conlleva, al menos en esta instancia, conculcación de norma alguna, sino que se ha ajustado a la regulación procesal vigente (art. cit.).
De igual manera, no es posible olvidar que, antes de plantear su demanda, tanto la parte actora como el letrado de la misma han diseñado su caso, fijando una estrategia procesal que tiene por objetivo obtener una declaración judicial favorable a su postura y su eventual ejecución. Desde ya, sin abrir debate alguno sobre la suerte que habrá de correr la pretensión inicial, entendemos que, en principio y salvo que se evidencie una conducta merecedora de objeción, es necesario y aconsejable respetar esa lectura prospectiva, no sólo por el derecho que tiene el accionante a hacerlo, sino porque será la contraria quien, con la misma posibilidad, podrá brindar el debate que considere pertinente (arg. art. 330 del CPCC).
Lejos de importar un abandono de las funciones de director y gestor del proceso, asumir esta postura conlleva, en verdad, el respeto por la libertad de los justiciables a argumentar su caso de la forma que consideren más conveniente (art. 14, 18 CN); lo que termina de convencernos de la procedencia del recurso.
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el día 28 de febrero de 2024, en cuanto dispuso su recaratulación; debiendo proveerse, en la instancia de origen, de conformidad a la vía procesal escogida por la parte actora. Costas de Alzada por su orden, atento tratarse de un agravio generado de oficio (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia